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Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2000 , mes de Septiembre , fecha 23/09/2000

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Texto de la página 36 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos



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NORMAS LEGALES

Lima, sábado 23 de setiembre de 2000

La ventaja más importante de esta teoría es que ya no interesan las grandes diferencias que puedan existir entre las legislaciones nacionales, tales como la prelación de los créditos o el objetivo principal del sistema concursal que se aplique (ya sea éste protección del crédito, conservación de las empresas, salvaguardar puestos, etc.). Dicha teoría es coherente con lo establecido por el marco normativo nacional vigente. El Código Civil, en el Libro correspondiente a Derecho Internacional Privado, establece como regla general en su Artículo 2057 que los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional9 . Asimismo, el Artículo 2061 del Código Civil establece lo siguiente: Artículo 2061.- Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho peruano sea el aplicable para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de las acciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes situados en el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro. (el subrayado es nuestro) De la norma transcrita se desprende que, cuando se trate de pretensiones referidas al ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes (en general), las autoridades peruanas tienen siempre competencia si éstas se interponen contra personas domiciliadas en el país. Es decir, establece una regla general y obligatoria para todas las universalidades de bienes, si la persona se encuentra domiciliada en territorio peruano. El requisito referido a la aplicabilidad del derecho de acuerdo a las normas de Derecho Internacional Privado sólo condiciona las acciones contra aquellas personas no domiciliadas en el país. El segundo párrafo de este artículo especifica que para el patrimonio declarado en quiebra por otro Estado ­que conforme a lo anterior se aplicaría solamente para personas no domiciliadas en territorio peruano-, debe respetarse la competencia peruana respecto de los bienes situados en el Perú. Del orden lógico planteado en el artículo transcrito, se desprende que esto último se refiere a personas no domiciliadas en territorio peruano. Por ello, la Sala considera que la jurisdicción peruana es competente para conocer los procedimientos de insolvencia de manera obligatoria, cuando se trate de personas domiciliadas en el país, como en el presente caso. Sin embargo, la autoridad concursal peruana no será obligatoriamente competente si se trata de personas que no se encuentren domiciliadas en el territorio peruano, pero sí en lo que se refiere a los bienes situados en el Perú10 , mediante un "procedimiento secundario de insolvencia". De la interpretación desarrollada se desprende que nuestro ordenamiento jurídico establece en materia concursal que la competencia de la autoridad concursal peruana es obligatoria para las personas domiciliadas en territorio peruano, el cual constituiría el "procedimiento principal" de insolvencia. Por otro lado, respecto de personas no domiciliadas en el Perú, la autoridad concursal peruana sólo será competente previo reconocimiento de la sentencia extranjera que declare la insolvencia de dicha persona, y respecto de aquellos bienes que se encuentren ubicados en el territorio peruano. Este último procedimiento constituiría un "procedimiento secundario de insolvencia". Asimismo, nuestra normativa concursal señala que es aplicable a la reestructuración económica y financiera, disolución y liquidación, y quiebra de las empresas, así como los mecanismos para la reprogramación global de obligaciones contraídas con anterioridad al estado de insolvencia11 . Esto, entendiéndose por empresa aquéllas establecidas de hecho o constituidas en el país al amparo de cualquiera de las modalidades contempladas en la legislación nacional, inclusive las sucursales en el Perú de organizaciones o sociedades extranjeras. Es decir, nuestro sistema de derecho internacional privado en materia concursal es un sistema de atracción, el mismo que además es improrrogable cuando se refiere a personas jurídicas domiciliadas en el país, conforme a

la interpretación concordada de las normas antes citadas. La Sala ha establecido en anteriores oportunidades12 que las reglas para determinar la competencia territorial en materia concursal deben otorgar a los agentes del mercado seguridad jurídica respecto del lugar en el cual se deberían tramitar los procedimientos concursales de los otros agentes con los cuales mantiene relaciones jurídico patrimoniales, en el caso que éstos ingresen en estado de insolvencia. La aplicación de las disposiciones en materia de análisis debe estar orientada a lograr el cumplimiento de los fines y objetivos del derecho concursal, cautelando por igual los intereses y derechos de todas las partes que pudieran resultar afectadas por un estado de insolvencia, es decir, la propia empresa insolvente y el universo de sus acreedores. La Sala considera que la interpretación conforme a la teoría de los procedimientos secundarios de insolvencia no sólo se desprende de nuestra normatividad en materia de competencia jurisdiccional internacional, sino que es conforme con los principios y fines del derecho concursal. En su voto discordante, el señor Cárdenas ha señalado que el Artículo 2105 del Código Civil reconoce la validez de una jurisdicción extranjera en materia de concursos, cuando ésta se haya pactado. El Artículo 2105 del Código Civil señala lo siguiente: Artículo 2105.- El reconocimiento en el Perú de una sentencia extranjera de quiebra debe cumplir con los requisitos de notificación y publicidad previstos en la ley peruana para las quiebras de carácter nacional. Los efectos de la quiebra decretada en el extranjero y reconocida en el Perú, se ajustarán a la ley peruana en lo que respecta a los bienes situados en el Perú y a los derechos de los acreedores. El juez procederá de acuerdo a lo establecido en la ley peruana en cuanto a la formación, administración y liquidación de la masa en el Perú, satisfaciendo los derechos de los acreedores domiciliados y las acreencias inscritas en el Perú, según la graduación señalada en la ley de quiebras.

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CODIGO CIVIL, Artículo 2057.- Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional. EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CODIGO CIVIL.- "La última parte del artículo citado deja a salvo, sin embargo, la competencia jurisdiccional peruana para conocer de las acciones relativas al patrimonio declarado en quiebra, cuando existan bienes situados en la República, por considerar que el forum rei situs (foro del lugar de situación de los bienes) presenta una vinculación fáctica y efectiva tan robusta con los bienes y con los acreedores locales en el caso de la quiebra internacional, que se impone razonablemente a la concepción jurídica que cohesiona la universalidad, en la medida de lo dispuesto en el título IV del libro X." TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, Artículo 2.- Ambito de aplicación y aplicación preferente de la Ley.- La presente Ley establece las normas aplicables a la reestructuración económica y financiera, disolución y liquidación, y quiebra de las empresas, así como los mecanismos para la reprogramación global de obligaciones contraídas con anterioridad al estado de insolvencia. Artículo 1.- Definiciones.- Para efectos de la aplicación de las normas de la presente Ley, se tendrán en cuenta las definiciones siguientes: (... Empresa.- Toda organización económica y autónoma en la que confluyen ) los factores de producción, capital y trabajo, con el objeto de producir bienes o prestar servicios, establecida de hecho o constituida en el país al amparo de cualquiera de las modalidades contempladas en la legislación nacional. Se incluye a las sucursales en el Perú de organizaciones o sociedades extranjeras.

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A modo de ejemplo, mediante Resolución N° 061-97-TDC emitida el 3 de marzo de 1997, en el expediente N° 005-96-CSA, esta Sala resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado, toda vez que la solicitud de declaración de insolvencia había sido tramitada en la entonces Comisión de Salida del Mercado (Lima) ­hoy Comisión de Reestructuración Patrimonial-, entidad que no resultaba competente para conocer de la solicitud de declaración de insolvencia contra una empresa domiciliada en Chimbote.

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