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Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2007 , mes de Enero , fecha 16/01/2007

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Texto de la página 31 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos



El Peruano Lima, martes 16 de enero de 2007

NORMAS LEGALES

337709

Declaran fundado recurso de apelación y declaran fundada denuncia contra Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, por la comisión de supuesto delitos de abuso de autoridad y prevaricato
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 1612-2006-MP-FN. Lima, 29 de diciembre de 2006 VISTO: El Oficio Nº 1147-2006-MP-F.SUPR.CI-CB, remitido por la Fiscalía Suprema de Control Interno, elevando el Expediente Caso Nº 309-2005, debiendo resolverse el Recurso de Queja entendido como Apelación, presentado por Jaime Peralta Mamani contra la Resolución Nº 800-MP-FN-FSCI, de fecha 06.09.06, que declara infundada la denuncia que interpusiera contra los doctores Oswaldo Mamani Coaquira, Max Marco Delfín Rivera Dueñas y Gregorio Lozada Cueva, Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, por presuntos delitos de Abuso de Autoridad y Prevaricato; y, CONSIDERANDO: Que el recurrente considera de ilegal la impugnada, sosteniendo que no se han tomado en cuenta los fundamentos de la denuncia y los medios probatorios que la sustentan, reiterando que los magistrados denunciados, encabezados por Oswaldo Mamani Coaquira, contra quien se han presentado una serie de denuncias y quejas, emitieron resolución imponiendo arbitrariamente a su defensor Edson Fuentes Rivera y a su persona la medida disciplinaria de multa, la misma que ascendió a 05 Unidades de Referencia Procesal, por el solo hecho de haber presentado como medio de prueba de la recusación formulada, una copia legalizada por Notario Público. Que del estudio y análisis de los actuados se advierten suficientes elementos indiciarios objetivos y subjetivos que hacen presumir que los magistrados denunciados habrían incurrido en la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad y Prevaricato, previstos y penados en los artículos 376º y 418º del Código Penal, respectivamente, al haber ordenado un acto arbitrario en perjuicio del denunciante y de su abogado patrocinador, mediante la Resolución Nº 0025-2005, de fecha 29.9.05 (fs. 06), acto consistente en la imposición de una multa equivalente a 5 Unidades de Referencia Procesal, en la tramitación del proceso civil Nº 2005-0403, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios, seguido por la magistrada doctora Penélope Nájar Pineda con la Dirección Regional de Transportes, la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros Virgen de Fátima -que el recurrente representa- y otros, por la sola presentación de una copia certificada notarialmente del título de nombramiento como Juez Titular de la demandante (fs. 42), como medio de prueba de la recusación formulada contra el Juez de la causa. Que el comportamiento abusivo a través de la imposición de la citada medida disciplinaria es significativo y ha comprometido de modo no removible los intereses de los afectados, extralimitándose los investigados en sus funciones, habiendo ido más allá de lo reglado por los artículos 9º, 184º inciso 12) y 292º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pese a tener pleno conocimiento que la recusación formulada contra el juez natural del proceso no constituía un obrar de mala fe, menos un pedido malicioso, dilatorio o manifiestamente ilegal y que el medio probatorio que sustentaba la misma, tampoco devenía en prueba prohibida, imperfecta, ilegal, entre otras, sino permitida por ley, articulación sobre la cual bastaba emitir un juicio sin recurrir al ejercicio abusivo del derecho, prohibido ciertamente por el artículo II del

Título Preliminar del Código Civil, de manera que mal utilizando la independencia y la potestad discrecional no se puede presumir como "inaudita" la prueba presentada, cuya certificación viene de un acto solemne y formal practicado por un Notario, que lo hace público en aplicación del artículo 235º del Código Procesal Civil, y en todo caso, de imperar la duda sobre su autenticidad, tal cuestionamiento se debió ventilar con arreglo a ley y de ninguna manera a través del prejuzgamiento, pues no se podía presumir de inválido dicha instrumental y disponer arbitrariamente la imposición de la medida disciplinaria referida, atentando contra el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela jurisdiccional pretendida por la parte demandada. Que además de la concreción del acto arbitrario en la resolución cuestionada, se advierte de parte del Colegiado un proceder lesivo, manifiestamente prevaricador, contra el abogado de la defensa y el hoy denunciante, atentando contra la prohibición de toda autoridad de impedir al abogado el ejercicio del derecho a la defensa o a prestar asesoramiento a sus patrocinados ante las autoridades judiciales, facultades irrestrictas, previstas en el artículo 293º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y contra los principios y derechos jurisdiccionales de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional y de no ser privado del derecho a la defensa, insoslayables por cualquier autoridad al resolver un caso puesto en cuestión como en el que nos ocupa, los mismos que se encuentran previstos en los artículos 139º incisos 3) y 14) de la Constitución Política del Perú y 2º del Código Procesal Civil. Que en este orden de ideas, el Recurso de Apelación debe declararse fundado y los hechos denunciados ventilarse y esclarecerse en sede jurisdiccional. En consecuencia, con lo resuelto por la Fiscalía Suprema de Control Interno a fs. 85 y a tenor de lo previsto en el artículo 159º de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por Jaime Peralta Mamani contra la Resolución Nº 800-MP-FN-FSCI, de fecha 6.9.06, expedida a fs. 85; y REVOCANDO la misma, se declara FUNDADA la denuncia presentada contra los doctores Oswaldo Mamani Coaquira, Max Marco Delfín Rivera Dueñas y Gregorio Lozada Cueva, Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, por supuestos delitos de Abuso de Autoridad y Prevaricato. Remítanse los actuados al Fiscal llamado por ley. Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento de la presente Resolución a los señores Presidentes del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia, al Jefe del Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, al Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno y a los interesados, para los fines pertinentes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA Fiscal de la Nación 15783-3

Aprueban realización del Curso Virtual "El Rol del Fiscal en el Nuevo Modelo Procesal Penal", dirigido a fiscales del Distrito Judicial de La Libertad
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 029 -2007-MP-FN Lima, 12 de enero de 2007

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