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Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2007 , mes de Mayo , fecha 13/05/2007

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Texto de la página 18 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos



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NORMAS LEGALES

El Peruano Lima, domingo 13 de mayo de 2007

de incidencia negativa sobre su conducta, de allí que se haya mencionado que adquirió sus bienes de manera progresiva, los cuales fueron declarados por el evaluado en sus respectivas declaraciones juradas y que existe coincidencia entre los bienes declarados y la información proporcionada por la Oficina Registral de Lima y Callao; y el hecho de dejar constancia que no declaró los haberes percibidos por el PNUD, responde a una situación que se relaciona con lo determinado en le proceso disciplinario que le siguió la OCMA y que a la postre derivó en sanción de suspensión que le impuso dicho órgano de control, la cual ha sido consentida por el evaluado al no haberlo cuestionado oportunamente en la vía respectiva; no obstante, es preciso aclarar que a fojas 259 obra la declaración jurada presentada por el evaluado en enero de 1997, consignando en el rubro Ingresos Personales -Actividad Docente el monto de US$ 5,833.3 percibido entre el 30-3 al 31-05-96 mediante contrato con PNUD, lo cual mereció que la OCMA lo observara y le requiriera una aclaración al respecto, pues resulta evidente que la docencia universitaria se ejerce conjuntamente con la magistratura fuera del horario y dentro de los límites que establece la ley; habiendo presentado el evaluado su aclaración mediante escrito del 19/02/1997 que obra a fojas 269, por lo que a este respecto es menester dejar aclarada tal situación, lo cual, sin embargo, no enerva en modo alguno la decisión de no renovarle la confianza al evaluado. Que, en lo concerniente al rubro de producción jurisdiccional, es de anotar que no se ha incurrido en falta de valoración, o ausencia de análisis, pues como se ha señalado en la resolución, la información sobre este rubro es incompleta y disímil, razón que no ha permitido una calificación específica, situación que el mismo recurrente advierte en su escrito al señalar que no se ha alcanzado toda la información y que la alcanzada es muy diminuta, hecho que de ningún modo afecta negativamente la evaluación del magistrado, por no ser una causa imputable a su persona, dejándose constancia que la decisión de no renovarle la confianza deriva de otras razones consideradas expresamente como negativas en la resolución. Por lo demás, el hecho que el evaluado adjunte en su recurso parte de la información sobre este rubro, no altera en modo alguno lo analizado por el CNM, ya que al momento de la evaluación no lo ha tenido a la vista, al no existir dicha información en su expediente; en tal sentido, igualmente no existe afectación al debido proceso en este extremo. Que, en lo referente al cuestionamiento que hace el recurrente sobre el análisis de la calidad de sus resoluciones presentadas al proceso de evaluación y ratificación, es el caso señalar que el hecho de haberse considerado el primer grupo de 10 resoluciones analizadas por el especialista, no le resta validez al análisis de las deficiencias encontradas en las mismas, puesto que dicho grupo de resoluciones corresponde sólo a una muestra que el propio magistrado presentó para su evaluación, de manera que no es coherente la pretensión que se considere un número mayor de resoluciones para ser utilizado como parámetro válido de evaluación, pues en ese caso podría considerarse que el análisis se haga de la totalidad de las resoluciones emitidas por el magistrado durante su periodo de evaluación lo cual es objetivamente imposible. Cabe señalar, asimismo, que no es un argumento de justificación válido el hecho que la Academia de la Magistratura (AMAG) no haya implantado o impulsado un modelo definido de sentencia, pues es bien sabido que todo magistrado tiene el deber de capacitarse permanentemente para el mejor ejercicio de su función, no sin antes dejar constancia que, de acuerdo al informe que obra a fojas 564, el Dr. Garrote Amaya sólo asistió a 03 cursos impartidos por la AMAG en el año 1998, por lo que mal podría considerar que no recibió capacitación al respecto. Asimismo, la objeción que el evaluado hace sobre la especialidad del profesional asignado por el CNM, no enerva en modo alguno la validez del análisis efectuado, toda vez que se encuentra dentro del marco de referencia previsto por el artículo 20° del Reglamento, tanto más si se tiene en cuenta que dicho especialista tiene la condición de Profesor Principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Que, en cuanto al cuestionamiento sobre el rubro capacitación, es un hecho objetivo que consta en el expediente, que el Dr. Garrote Amaya no ha demostrado una preocupación por capacitarse permanentemente, tal

es así que durante todo el periodo de evaluación sólo ha concurrido a 6 eventos como ponente, 3 como asistente y a 3 seminarios en la AMAG en el año 1998, habiendo concluido estudios de maestría en el año 1999 sin haberse graduado hasta la fecha, actitud que no se condice con los principios previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 6° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública N° 27815, el primero referido a la eficiencia en la calidad de la función que ejerce el servidor público, procurando obtener una capacitación permanente y, el segundo, a la idoneidad, entendida como aptitud técnica y legal para ejercer la función jurisdiccional; en ese sentido, el magistrado debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones; exigencias que no ha observado adecuadamente el evaluado. Asimismo, si bien señaló haber desempeñado la docencia universitaria en el año 2003, al momento de la evaluación no existía documento alguno que lo acreditara, pues la evaluación se sustenta en elementos de juicio objetivos, por lo que el hecho que el recurrente adjunte a su recurso la constancia correspondiente, no significa que la valoración efectuada haya sido incorrecta, pues el CNM no lo tuvo a la vista al momento de la evaluación; por lo que, igualmente, no existe afectación al debido proceso en esta parte de la resolución. Que, resulta evidente que durante el proceso de evaluación y ratificación del Dr. Garrote Amaya se han reunido suficientes elementos de juicio de carácter objetivo, como los antecedentes referidos a las sanciones disciplinarias impuestas, entre las que resalta la suspensión impuesta por hechos sumamente graves, como es haber violado el principio y deber de la exclusividad de la función jurisdiccional al celebrar contrato privado a través del PNUD para prestar servicios como consultor a tiempo completo y dedicación exclusiva, haber dejado de ejercer la magistratura sin obtener licencia previa para ello conforme a ley, no haberse reintegrado a sus funciones al vencimiento de la misma, incurriendo en abandono de cargo y haber percibido doble remuneración proveniente del tesoro público pues se le efectuó el pago de sus remuneraciones como Vocal Superior; asimismo, se destaca el hecho de no haberse reintegrado a sus funciones al término de su designación como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa sino que pasó a integrar el grupo de asesores del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Infantes Mandujano, quien por su propio dicho ya se sabía que estaba inmerso en irregularidades, sin embargo aceptó trabajar con él varios meses; también la opinión desfavorable obtenida en los referéndum del Colegio de Abogados de Lima; las deficiencias en la formulación de sus resoluciones, lo cual se refleja en la escasa preocupación por capacitarse adecuada y permanentemente, teniéndose en cuenta también los resultados del examen psicométrico y psicológico practicado al evaluado cuyo contenido es reservado conforme a ley, factores que han determinado que el Pleno del CNM, no le renueve la confianza para un nuevo periodo, en cumplimiento de la función que le confiere el inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política del Perú. Que, no habiéndose acreditado afectación alguna al debido proceso, el recurso de extraordinario interpuesto por el doctor Durbin Juan Garrote Amaya, deviene en infundado. Que, estando a lo expuesto y a lo acordado por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en sesión del dos de mayo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39° del Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 1019-2005-CNM. SE RESUELVE: Primero.- Declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto por el doctor Durbin Juan Garrote Amaya, contra la Resolución N° 016-2007-PCNM, por la cual se resuelve no renovarle la confianza y, en consecuencia, no ratificarlo en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Segundo.- Disponer la ejecución inmediata de la resolución de no ratificación citada en el punto anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41° del Reglamento de Proceso de Evaluación y Ratificación de

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