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Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2009 , mes de Agosto , fecha 04/08/2009

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Texto de la página 45 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos



El Peruano Lima, martes 4 de agosto de 2009

NORMAS LEGALES

400175

la misma había sido planteada fuera del plazo de tres días previsto en los artículos 716° y 743° del Código Procesal Civil. La denunciante califica de arbitrario dicho proceder, arguyendo que el investigado no tuvo en cuenta que el plazo para observar la pericia era de cinco días y no de tres, de conformidad con lo establecido en el artículo 37° de la Ley N° 26636 (Ley Procesal del Trabajo) que, por ser una norma especial que regula la materia laboral ­como era el caso analizado- se aplica con preferencia al Código Procesal Civil. Al respecto, es de precisar que el proceso signado con el Nº 04-2004 sobre Reconocimiento de Años de Servicio y Pago de Créditos Laborales, era uno de naturaleza laboral regido por las normas de la Ley N° 26636. Esta ley, en su artículo 37° establece, en efecto, que: "...el informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta días. Es puesto en conocimiento de las partes, las que pueden formular sus observaciones en el término de cinco días, acompañando de ser pertinente pericias de parte. Las observaciones deben ser resueltas por el Juez y sólo en el caso de ser declaradas fundadas total o parcialmente se ordenará que se emita un nuevo informe...". Sin embargo, dicha norma está incardinada en el Título II, Capítulo I, Subcapítulo IV de la referida Ley Procesal del Trabajo, que regula la actividad procesal probatoria, no existiendo en dicho cuerpo Legal, norma específica que regule el plazo para la observación de la pericia en la etapa de ejecución de un proceso laboral, puesto que su artículo 78°, sólo se refiere al trámite de observación de la liquidación, mas no al plazo para hacerlo, lo que sí está regulado expresamente en el Código Procesal Civil, precisamente en los artículos invocados por el denunciado, que establecen un plazo de tres días. Sétimo: Que, en este contexto normativo, la decisión del investigado de considerar que el plazo para la observación de la liquidación en la etapa de ejecución era de tres días, conforme al Código Procesal Civil, ante la inexistencia de norma expresa que regule dicha situación en la Ley Procesal del Trabajo, no resulta irrazonable, por lo que si bien su posición pudo resultar perjudicial para los intereses de una de las partes, no se evidencia en ello un ánimo doloso que configure la tipicidad del delito de ABUSO DE AUTORIDAD denunciado, pues su decisión se sustentó en una verificación objetiva del cumplimiento del plazo previsto en la ley que consideró aplicable al caso, de manera tal que ante la falta de cuestionamiento oportuno, dio por aprobada la liquidación de intereses formulada por los peritos judiciales, cuyo contenido es de responsabilidad exclusiva de éstos. Adicionalmente, cabe señalar que si bien la empresa denunciante aduce no haber sido notificada de las Resoluciones N° 62, que desestimó la observación a la pericia, y N° 63, que aprobó la pericia de liquidación de intereses y requirió su pago, lo cierto es que de las constancias de notificación de fs.1027 vta. y 1036-1038, se desprende que ambas resoluciones habrían sido notificadas el 23.01.07 a las 16.40 horas en el Jr. Huanuco s/n, a la persona de Sonia Inocente Palomino, esto es, en el domicilio fijado y a la persona autorizada mediante escrito presentado el 16.01.07 (fs.986); domicilio que fue variado recién el 25.01.07, como es de verse del escrito de fs.1047, por lo que, habiendo actuado en base a los referidos asientos de notificación, no se advierte en este extremo irregularidad alguna en el desempeño funcional del investigado. Octavo: Que, el marco normativo que regula el embargo en forma de retención está establecido en el Código Procesal Civil, Título IV -Proceso Cautelar-, Capítulo II -Medidas cautelares específicas-, Subcapítulo 1 -Medidas para futura ejecución forzada-, cuyas normas señalan: Artículo 657° (vigente a la fecha de los hechos): Embargo en forma de retención:"Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición del Juez";

Artículo 658°: Ejecución de la retención. "El Secretario interviniente sentará el acta de embargo en presencia del retenedor, a quien le dejará la cédula de notificación correspondiente, haciendo constar el dicho de éste sobre la posesión de los bienes y otros datos relevantes. Si se niega a firmar, dejará constancia de su negativa"; Artículo 659°: Falsa declaración del retenedor."Si el intimado para la retención niega falsamente la existencia de créditos o bienes, será obligado a pagar el valor de éstos al vencimiento de la obligación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar"; Artículo 660°: Doble pago. "Si el retenedor, incumpliendo la orden de retener, paga directamente al afectado, será obligado a efectuar nuevo pago a la orden del Juzgado. Contra esta decisión procede apelación sin efecto suspensivo". Queda claro, entonces, que el objeto de esta medida cautelar es asegurar el efectivo cumplimiento de lo resuelto en el proceso instaurado, impidiendo que el demandado disponga de sus bienes, a fin de que pueda responder con ellos al cumplimiento de la sentencia que se dicta. Por ello, el retenedor, atendiendo a la orden judicial de embargo, luego de verificar la existencia de fondos disponibles en las cuentas de la demandada, debe retenerlos y efectuar el depósito del dinero en el Banco de la Nación a la orden del Juzgado, no pudiendo efectuar el pago en dicho acto y directamente a los beneficiarios de la medida cautelar, por ser contrario a lo previsto en la ley; esta última acción descrita es precisamente la que se verificó en el caso del Juez investigado, pues en su Resolución N° 01 del cuaderno cautelar, indebidamente dispuso que debía pagarse en la diligencia de embargo, el 40% de la suma ordenada retener, al demandante Arturo Alberto Cavalie Cornejo y el 60% a su abogado (debido al contrato de cesión de derechos obrante a fs.436). De lo que se colige que al haber dispuesto que la medida cautelar de embargo en forma de retención a favor del citado demandante se efectúe de manera distinta a la prevista, se vulneró el texto expreso y claro de las normas que regulan dicha modalidad de embargo, por lo que el magistrado investigado habría incurrido en el delito de PREVARICATO denunciado. No puede sostenerse lo mismo en cuanto al monto de la orden de pago emitida por el investigado pues ésta se sustentó en la liquidación de intereses practicada por los peritos judiciales, cuyo contenido es de responsabilidad exclusiva de éstos, en su condición de órganos de auxilio judicial. Noveno: Que, el artículo 2º inciso 24), literal "f" de la Constitución Política establece taxativamente, los supuestos en que la detención resulta legítima, esto es, cuando existe mandato escrito y motivado del juez, o cuando es realizada por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. En el presente caso, se tiene que la detención contra los funcionarios del Banco de Crédito del Perú, Witber López Malaverry y César Nilton Aguirre Huamán, en su calidad de Gerente y Supervisor de Operaciones del Banco de Crédito, respectivamente, fue dispuesta por el magistrado denunciado en la Resolución Nº 1 de fecha 29.01.07, cuando concedió la medida cautelar cuestionada, siendo efectivizada al día siguiente, cuando se llevó a cabo la diligencia de embargo en forma de retención en las instalaciones de la entidad bancaria y los citados funcionarios comunicaron al Juez que no podían hacer efectivo su mandato porque habían otros embargos anteriores contra la empresa Telefónica del Perú que tenían la calidad de preferentes, según consta en el acta de fs.126-130. De ello se deduce que si bien existió un mandato judicial que autorizaba la detención, cierto es que dicho mandato no resulta arreglado a derecho, no sólo porque no constituía un apercibimiento expresamente previsto en la ley en los casos de embargo en forma de retención, sino además porque, si bien la detención por 24 horas es una facultad coercitiva del Juez prevista en el artículo 53° inciso 2) del Código Procesal Civil, ella procede frente a quien se resiste al mandato judicial sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia, lo que sólo puede apreciarse en el momento de la actuación procesal y no de antemano, no resultando de aplicación cuando existan motivos que justifiquen el incumplimiento

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