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Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2009 , mes de Noviembre , fecha 16/11/2009

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Texto de la página 21 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos



El Peruano Lima, lunes 16 de noviembre de 2009

NORMAS LEGALES

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ha vulnerado el principio de motivación e independencia ­imparcialidad y debido proceso, consagrados en el artículo 139º incisos 2, 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, con infracción del artículo 184º incisos 1° y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atentando contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndolo en el concepto público, lo que lo hace pasible de la sanción de destitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31º numeral 2 de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura; Cuadragésimo Primero.- Que, en lo que respecta al cargo imputado en el segundo pedido de destitución, cabe señalar que de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que los expedientes judiciales números 0852006, 081-2006, 088-2006, 275-2006, 086-2006, 0872006 y 082-2006 corresponden a demandas judiciales planteadas contra la Empresa Telefónica del Perú S.A.A, en vía de proceso de ejecución en los que se pretendía "... El estricto cumplimiento del Acta de Conciliación Extrajudicial-Acta de Compromiso de fecha 30 de marzo de 1995, la misma que conjuntamente con el Convenio de Homologación de Condiciones de Trabajo y de Remuneraciones los mismos que se encuentran en forma expresa contenidas en el Texto Unico Ordenado de los Convenios Colectivos de fecha catorce de junio de mil novecientos noventiseis, ... debiéndose pagar la suma de ..., por concepto de homologación de sueldo y/o reajuste de remuneraciones de pactos colectivos, más intereses legales, costas y costos"; Cuadragésimo Segundo.- Que, en ese sentido se demandaba la ejecución a título de conciliación extrajudicial del Acta de Homologación de condiciones de trabajo y de remuneración, específicamente del acuerdo contenido en el punto 4° por el que las partes convienen en " Homologar las remuneraciones de los trabajadores de Entel con las que perciben los trabajadores provenientes de CPT, mediante un proceso de incremento de remuneraciones a los trabajadores provenientes de Entel que concluirá el 30 de noviembre de 1997", plazo de vencimiento que los demandantes consideran que ha transcurrido en exceso, por lo que en virtud de dicha Acta y de la liquidación que contiene la operación aritmética que se traduce en prestación líquida es que solicitan la expedición de mandato ejecutivo a fin que la empresa demandada cumpla con pagarles lo que les corresponde por ley; Cuadragésimo Tercero.- Que, el artículo 76º de la Ley Procesal de Trabajo señala que son títulos de ejecución las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación judicial o extrajudicial, las resoluciones administrativas firmes y los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos; Cuadragésimo Cuarto.- Que, en el caso de actas de conciliación, el artículo 102º de la citada Ley señala que la conciliación es de dos clases: privada y administrativa, la primera de ellas es voluntaria y puede realizarse ante una entidad o ante un conciliador individual, debiendo, para su validez, ser homologada por una Sala Laboral ante solicitud de cualquiera de las partes, la segunda es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador, encontrándose a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible; Cuadragésimo Quinto.- Que, por lo expuesto el acta cuya ejecución se pretendía no cumplía con las características citadas en el considerando precedente, puesto que para que la misma sea considerada como un título de ejecución, como un Acta de Conciliación Extrajudicial debió ser homologada por un pronunciamiento de una Sala Laboral, por lo que dicha Acta no constituía en esencia una Acta de Conciliación que pudiera ejecutarse judicialmente; Cuadragésimo Sexto.- Que, asimismo, en el expediente N° 082-2006, la Sala Civil de Cañete revocó la resolución emitida por el procesado que admitió a trámite la demanda y reformándola la declaró improcedente aduciendo, entre otras cosas, que dicha Acta para que sea considerada como un Acta de Conciliación Extrajudicial tiene que ser homologada por una Sala Laboral; Cuadragésimo Séptimo.- Que, asimismo, es menester señalar que los procesos de ejecución se ciñen necesariamente de manera supletoria a lo normado por el

artículo 689º del Código Procesal Civil, en el sentido que la obligación contenida en el título debe ser cierta, expresa y exigible, y en el caso de tratarse de una obligación de dar suma de dinero, esta debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética, criterio que se condice con la naturaleza del proceso de ejecución en el que no existe etapa probatoria puesto que lo que se quiere es el cumplimiento de una obligación cuyas características deben desprenderse de manera indubitable del texto mismo del título, puesto que de conformidad con el último párrafo del artículo 77º de la Ley Procesal de Trabajo "el demandado sólo puede oponerse si acredita con prueba documental el cumplimiento de la obligación"; Cuadragésimo Octavo.- Que, en ese sentido, cabe señalar que, el compromiso que se pretendía ejecutar era el de homologar remuneraciones a los trabajadores provenientes de la ex Entel Perú con los provenientes de la CPT, siendo la única forma de verificar su cumplimiento, determinar en principio si en efecto al demandante le asistía este derecho, así como si en el plazo pactado la empresa había incumplido total o parcialmente con lo acordado y finalmente si los montos de los petitorios (que en todos los casos provenían de liquidaciones de parte) en efecto correspondían a lo adeudado por Telefónica del Perú, todo lo que no puede discutirse en un proceso de ejecución; Cuadragésimo Noveno.- Que, asimismo, a mayor abundamiento, de conformidad con las planillas de los demandantes correspondientes a los expedientes números 275, 088 y 085-2006, ninguno de ellos laboraba en la ciudad de Cañete, sino los dos primeros en Lima y el tercero en Ica, incluso la Sala Civil de Cañete al conocer en grado de apelación los procesos de ejecución números 86-2006 y 87-2006 ha declarado fundada la excepción de falta de competencia, al determinar en estos casos, no sólo que no habían laborado en Cañete, sino que tampoco tenían domicilio real en esta ciudad sino, de acuerdo a sus documentos de identidad, domiciliaban en Ucayali; sin embargo, dichas demandas fueron admitidas por el procesado y ordenó el pago de las sumas solicitadas; Quincuagésimo.- Que, se ha acreditado que el doctor Dulanto Santini ha admitido, en los expedientes judiciales 085-2006, 081-2006, 088-2006, 275-2006, 086-2006, 087-2006 y 082-2006, todos ellos correspondientes a demandas judiciales planteadas contra Telefónica del Perú S.A.A, en vía de proceso de ejecución, las respectivas demandas y ordenó la ejecución de un documento que no se encontraba dentro del catálogo de Títulos pasibles de ejecución, y dispuso el pago de sumas de dinero que no estaban expresamente contenidas en el documento que se pretendía ejecutar, con lo cual se crea convicción que el magistrado investigado, ha vulnerado los principios de independencia e imparcialidad, así como el debido proceso consagrado en el artículo 184º incisos 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atentando contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndolo en el concepto público, lo que lo hace pasible de la sanción de destitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31º numeral 2 de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura; Quincuagésimo Primero.- Que, el Código de Ética del Poder Judicial, aprobado en Sesiones de Sala Plena de fechas 9, 11 y 12 de marzo del 2004, establece en su artículo 2º que "El Juez debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus funciones públicas y privadas; asimismo, el artículo 3º de dicho Código establece que "El Juez debe actuar con honorabilidad y justicia, de acuerdo al Derecho, de modo que inspire confianza pública en el Poder Judicial"; Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, considera que hay motivos suficientes para aplicar en este caso la sanción de destitución, por lo que en uso de las facultades previstas por los artículos 154º inciso 3 de la Constitución Política, 31 numeral 2, 32 y 34 de la Ley 26397, y 35 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo y estando a lo acordado por unanimidad por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en sesión de 21 de mayo de 2009;

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