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Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2010 , mes de Junio , fecha 02/06/2010

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Texto de la página 55 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos



El Peruano Lima, miércoles 2 de junio de 2010

NORMAS LEGALES

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organismos de administración de justicia (doctrina jurisprudencial). Asimismo, con ello se garantiza que por un lado, ante casos similares, estos altos organismos jurisdiccionales se encuentren vinculados por sus decisiones anteriores (precedente vinculante horizontal) y, por otro, que las instancias jurisdiccionales inferiores se encuentren vinculadas a las decisiones de los máximos organismos de administración de justicia (precedente vinculante vertical). 15. En nuestro ordenamiento jurídico la doctrina del precedente vinculante se encuentra regulada, en el ámbito constitucional, por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, según la cual "Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo.", mientras que, en el ámbito de la justicia ordinaria, ha sido integrada por el artículo 301º - A del Código de Procedimientos Penales, que establece que "Las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituyen precedente vinculante cuando así lo expresen las mismas, precisando el extremo de su efecto normativo." y por el artículo 400º del Código Procesal Civil, al señalar que "La Sala Suprema Civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente." Siendo necesario reiterar, según lo mencionado en el acápite precedente, que la interpretación de las leyes efectuada por el Tribunal Constitucional tiene preeminencia sobre la interpretación efectuada por los órganos jurisdiccionales ordinarios. 16. También respecto a la aplicación de la fuerza vinculante de la jurisprudencia en el ámbito constitucional, debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional no solo puede encontrarse contenida en los procesos de control abstracto como el de inconstitucionalidad, sino también en los procesos de control concreto como el habeas corpus, amparo o habeas data, que también contienen criterios o principios que se derivan de la interpretación de la Constitución, cuyo reconocimiento por el Tribunal Constitucional vincula, bajo responsabilidad, a este mismo organismo (precedente vinculante horizontal) y a los demás órganos de administración de justicia (precedente vinculante vertical), en casos sustancialmente similares y siempre que dicha fuerza vinculante sea expresamente considerada en la propia sentencia, de conformidad con lo establecido en la primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el tercer párrafo del artículo VI y en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. VI.3. SOBRE LAS NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS IMPLICADAS EN EL PRESENTE CASO 17.- La actividad económica de juegos de casino y tragamonedas, que fue incluida en el rubro de la empresa demandante Textiles Artesanales S.A.C., fue inicialmente regulada por la Ley Nº 27153, publicada el 09.07.1999, la misma que fue modificada en parte por la Ley Nº 27232, estableciéndose, a través del Decreto Supremo Nº 132-99-EF, del 11.08.1999, el procedimiento para determinar el impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, y, en relación a la imposición de sanciones por infracción de las normas antes mencionadas, se expidió el Decreto Supremo Nº 010-2000-ITINCI, del 29.05.2000 (Reglamento Procedimiento de Comiso y Clausura). Posteriormente, se emitió el Reglamento de la Ley Nº 27153, mediante el Decreto Supremo Nº 0092002-MINCETUR del 13.11.2002. 18.- Ante la expedición de la Ley Nº 27153, 5,416 ciudadanos interpusieron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, contra sus artículos 5º, 6º, 7º, 10º, literales "b" y "c", 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 25º, literal "d", 29º, 31º, literal "a", 32º, literales "a" y "b", 38º, 39º, 41.2º, Primera y Segunda Disposición Transitoria (Expediente Nº 0009-

2001-AI), sobre la cual recayó la sentencia del 29.01.2002, que la declaró FUNDADA EN PARTE y, en consecuencia "inconstitucionales los artículos 38.1, 39, Segunda y Primera Disposición Transitoria de la Ley N.º 27153, ésta última disposición en la parte que señala un "máximo de (120) ciento veinte días calendario"; y, por conexión, el artículo 1 de la ley 27232, en la parte que establece `(60) sesenta días calendario'... e INFUNDADA en lo demás que contiene. Del referido pronunciamiento del supremo intérprete de la Constitución, se desprende por argumento en contrario, la confirmación de la constitucionalidad de las normas objeto de demanda, que no fueron declaradas inconstitucionales. 19.- Al haberse producido un vacío normativo por la declaratoria de inconstitucionalidad referida en el párrafo precedente, el propio Tribunal Constitucional en una resolución de aclaración dispuso que "...las empresas dedicadas a la explotación de los juegos de casino y tragamonedas deberán sujetarse a lo que ­mientras no entre en vigencia la ley definitiva­ el Congreso establezca en una norma transitoria...". Ante ello, con fecha 26.07.2002, se dictó la Ley Nº 27796, que en sus artículos 17º y 18º sustituyó los artículos 38º (Base imponible del impuesto) y 39º (Tasa del impuesto) de la Ley Nº 27153, incorporando en sus disposiciones transitorias la regulación de los plazos de adecuación a la norma, que anteriormente eran regulados en las disposiciones transitorias de la Ley Nº 27153. 20. Al solicitarse a través de un proceso de Amparo, la inaplicación, entre otras normas, del artículo 17º (sustitutiva del artículo 38º de la Ley Nº 27153), así como de la Tercera y Décima Disposiciones Transitorias de la Ley Nº 27796, el Tribunal Constitucional, por sentencia del 02.02.2006 (Expediente Nº 4227-2005-PA/TC, Royal Gamming S.A.C.), constituida como precedente vinculante, declaró infundada la demanda, ratificando la constitucionalidad de las referidas normas, y estableciendo que "dichos preceptos resultan de plena aplicación en todo tipo de procesos, quedando proscrita su inaplicación por parte de los jueces en ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las normas", lo cual evidentemente implicó que dichas normas continúen surtiendo los efectos plenos que manifestaron desde el inicio de su vigencia (con la modificatoria posteriormente introducida por la Ley Nº 27796). VI.4. SOBRE
LA CONDUCTA DE LOS MAGISTRADOS DENUNCIADOS

21. De los actuados se aprecia que los jueces superiores investigados, integrantes de la Sala Mixta Descentralizada de Chota ­ Distrito Judicial de Cajamarca, expidieron la resolución Nº 13, de fecha 22.12.2006 (fs.241/246), revocando la resolución del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chota (resolución Nº 09, del 26.09.2006, de fs.208/217)), que declaró infundada la demanda presentada por Textiles Artesanales S.A.C, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, "respecto a la vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y libertad de determinación e inaplicación de los artículos 38 y 39 de la ley 27153", y, reformándola, la declararon fundada, disponiéndose "la inaplicación al caso particular de los artículos 38º y 39º de la Ley Nº 27153, modificada mediante Ley Nº 27796, a las empresas TEXTILES ARTESANALES S.A.C., MASARIS S.A., PROYECCIONES RECREATIVAS S.A.C. Y MIDAS INVERSIONES S.A.C., desde su entrada en vigencia, hasta que se expidió la ejecutoria vinculante del Tribunal Constitucional, publicado en el Diario Oficial `El Peruano', el quince de febrero del dos mil seis, expediente Nº 4227-2005PA/TC en el caso Royal Gaming; por la que la referida inaplicación no surte efecto con posterioridad a la aludida ejecutoria...". 22. Los magistrados denunciados sustentaron su decisión en la aplicación de la garantía del control difuso de las normas, al considerar que "la imposición del impuesto a los casinos y tragamonedas establecidos por los artículos 38º y 39º de la Ley Nº 27153 modificada por la Ley Nº 27796, vulnera el principio de igualdad ante la Ley..." y, no obstante considerar que no era necesario apartarse del precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 4227-2005-PA/TC, por no existir identidad de derechos vulnerados, empero,

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