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Normas Legales Oficiales Relacionadas a Empresas u Organismos en el año 2011 , mes de Junio , fecha 30/06/2011

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Texto de la página 21 de Normas Legales relacionadas a empresas u organismos peruanos



El Peruano Lima, jueves 30 de junio de 2011

NORMAS LEGALES

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Asimismo, el procesado expresó que la OCMA, en su resolución Nº 53 de 09 de mayo de 2008, reconoció que la doctora Giovanna Villanueva Gamarra, admitió a trámite la demanda, cuyo cargo de avocamiento indebido ha sido archivado por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de Huánuco; y, agrega que él se encontraba de vacaciones cuando se presentaron las demandas, desvirtuándose el argumento del indebido interés de asumir competencia, no existiendo una justa dosificación en las sanciones propuestas; Sexto: Que, en cuanto al cargo atribuido en el literal B) el magistrado procesado adujo que él no admitió a trámite las demandas y que la imputación resulta falsa, por cuanto Macario Ferrer Acosta e Irene Jordán Santisteban han sido trabajadores de la empresa demandada, y que la propia empresa en mención ingresó fianzas a favor de ellos; asimismo, aduce que en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la causa Nº 0633-2007-PA.TC de 11 de mayo de 2007, sobre demanda de Amparo interpuesta en su contra, se reconoció el derecho del demandante, al ordenar que la empresa cumpla con la cláusula segunda del acta de arreglo de pliego de reclamos de 1988-1989 de 22 de agosto de 1988, y que debían reintegrarse las sumas dejadas de percibir; Sétimo: Que, sobre el cargo atribuido en el literal C) el magistrado argumentó que él no admitió la demanda y por lo tanto no dispuso la actualización de la deuda, ya que este acto procesal se encuentra contenido en el auto de ejecución (auto admisorio), por lo que a su parecer no ha contravenido el inciso primero del artículo 184º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; reiterando que la actualización se produjo con el auto admisorio, en el que él no intervino, resultando aplicable el principio de objetividad; asimismo, expresa que en la propuesta de destitución interpuesta en su contra no se tomó en cuenta el principio de causalidad; Octavo: Que, en lo que respecta al cargo A) es preciso analizar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico a qué órgano jurisdiccional le correspondía el conocimiento de los citados procesos de ejecución judicial; Que, de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que tanto la señora Irene Jordán Santisteban como el señor Macario Ferrer Acosta, interpusieron demanda de ejecución de resolución judicial expedida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, respecto de la Acción de Amparo interpuesta por la Federación de Trabajadores de Entel Perú, hoy Telefónica del Perú, contra la Empresa Entel Perú S.A., para que diera cumplimiento a la segunda cláusula del Acta de Arreglo de Pliego de Reclamos 1988 ­ 1989 de 22 de agosto de 1998, misma que fue declarada fundada por resolución de 27 de febrero de 1989, confirmada por resolución de Vista de 25 de julio de 1989, y por Ejecutoria de 29 de mayo de 1992 declararon No Haber Nulidad en la sentencia de Vista precitada, declarándose fundada la Acción de Amparo interpuesta; Que, a tenor de lo antes expuesto es que se procederá a determinar a qué órgano jurisdiccional le correspondía el conocimiento de las demandas interpuestas y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que las mismas se interpusieron antes del 1º de enero de 2004, es que a tales demandas les era aplicable la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo (vigente hasta el 1º de enero de 2004), así como su complementaria, la Ley Nº 25398, que complementa las disposiciones de la Ley Nº 23506, en materia de Hábeas Corpus y Amparo, la que en su artículo 27 señala expresamente "(...) Las resoluciones finales consentidas o ejecutoriadas que recaigan en las Acciones de Garantía, serán ejecutadas por el Juez, Sala o Tribunal que las conoció en Primera Instancia, en el modo y forma que establecen los Títulos XXVIII y XXX, Sección Segunda, del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. (...)"; Que, al respecto, como es de público conocimiento, la Ley 23506 no estableció un procedimiento especial para la ejecución de las sentencias estimatorias, situación que fue materia de las normas complementarias establecidas por la Ley Nº 25398, cuyo artículo 27 señaló que la sentencia definitiva debe ser ejecutada por el órgano que conoció en primer grado la demanda, en el modo y forma establecidos en los Títulos XXIII y XXX. Sección Segunda,

del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto sean compatibles con su naturaleza; Que, es más, dicho dispositivo legal resulta concordante con el artículo 714 del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de interposición de las demandas, que señala: "Los títulos de ejecución judicial se ejecutan ante el juez de la demanda. Los demás se rigen por las reglas generales de la competencia"; y, el artículo 77 de la Ley Procesal de Trabajo, en cuanto a la ejecución de resoluciones establece que "(...) Es competente el mismo Juez que conoció la demanda (...)", por lo que en el presente caso resulta inobjetable que el órgano competente para ejecutar las resoluciones, de conformidad con las normas expuestas, que son de obligatorio cumplimiento, era el mismo órgano que expidió la resolución en primera instancia, esto es, el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, pues la sentencia materia de ejecución judicial provenía de dicho órgano jurisdiccional; desvirtuándose con lo expuesto lo alegado por el magistrado procesado y acreditándose su responsabilidad en este cargo; Noveno: Que, asimismo, si bien la Constitución Política del Estado consagró la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, como principio del cual están premunidos todos los jueces, ello no implica que de tal principio se colija que pueden colisionar la libertad de criterio jurisdiccional con la exigencia de responsabilidad por parte de quienes ostentan el control disciplinario, precisamente por mandato de la Constitución y de la Ley; Que, si bien es cierto en numerosas ocasiones se ha pretendido presentar la responsabilidad de los jueces como la otra cara de la independencia, como cuestiones separadas, esto no es así, ya que un juez absolutamente independiente habría, por eso mismo, de ser irresponsable y, al contrario, un juez absolutamente responsable, que hubiera de rendir cuentas a una instancia superior o ajena de todos los aspectos de su actividad, dependería por entero de dicha instancia, por lo que independencia y responsabilidad son principios instrumentales en la configuración del juez, puesto que ambos se dirigen al mismo fin que es el de asegurar la sumisión al ordenamiento jurídico, de modo que responsabilidad e independencia no aparecen como ideas contrapuestas, sino que guardan una relación de complementariedad, son, pues, principios que se complementan entre sí; Que, la independencia judicial se presenta pues como una garantía para los justiciables cuando el juez administra justicia, ya que el mismo sólo está sometido al ordenamiento jurídico, encontrando en éste su límite y frontera, traspasado el cual nace la responsabilidad que puede ser civil, penal o administrativa disciplinaria; Que, el reconocimiento de la independencia judicial no significa otorgarle a los jueces inmunidad absoluta, ni que ante cualquier intento del ejercicio de la potestad correctora los mismos pretendan refugiarse en su libre criterio jurisdiccional, por el contrario, los jueces deben ser concientes que su labor puede y debe ser controlada por un órgano distinto a él y que éste órgano deberá buscar que el juez cumpla con las reglas del debido proceso y la tutela procesal efectiva, y aplique correctamente la constitución y las leyes, así como cumpla con los deberes propios de su función, ya que la responsabilidad no cuestiona la independencia judicial sino que la reafirma, pues como ha quedado dicho, ambas son interdependientes entre sí; Que, las inconductas funcionales o faltas disciplinarias vendrían a estar constituidas por aquellos comportamientos indebidos, ya sean activos u omisivos, que, sin ser delitos, resulten contrarios a los deberes y prohibiciones de los magistrados en el ejercicio de su actividad y sean merecedores de una sanción disciplinaria; Que, el incumplimiento de los deberes impuestos al juez pueden ser incardinados en la responsabilidad disciplinaria, sin dañar el principio de independencia, tanto si afecta a los elementos externos al acto de juzgar como si se tratan de resoluciones, que por su desvinculación del ordenamiento jurídico pueden considerarse como anormales, abusivas, desconsideradas o realizadas con manifiesta desviación de la disciplina jurídica; Que, en el presente caso el doctor Miraval Zapata se ha desvinculado del ordenamiento jurídico, vulnerando el artículo 27º de la Ley 25398, norma que no presentaba ninguna duda o incertidumbre respecto a su aplicación, puesto que la misma señala expresamente que el Juez

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