PARTIDO PAIS PARA TODOS
Partido Politico - Elecciones 2026
Datos del Partido
Partido político
02/08/2024
VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL
36,870
81.50%
Principios e Ideario
Se rige por el respeto al orden constitucional, encaminado al desarrollo económico y social de la nación, acatando los estamentos internos democráticos del partido, que permitirá canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población a fin de ser consideradas en la toma de decisión gubernamental, dentro de la libertad de expresión, transparencia y control de los recursos y los demás principios plasmados en el Ideario que rigen al PARTIDO PAÍS PARA TODOS. Fuente: Estatutos.
Presidencia 3 candidatos
Senadores DU 24 candidatos
Senadores DM 48 candidatos
Diputados 123 candidatos
Parlamento Andino 9 candidatos
Documentos del Plan
Dimension social
La reforma de la política social en el Perú es urgente ante la persistencia de la pobreza y la limitada capacidad del Estado para abordarla de manera diferenciada en ámbitos urbano y rural. La ausencia de un enfoque efectivo de pobreza multidimensional, sumada a una focalización ineficiente y a la débil articulación entre programas, ha limitado la cobertura, la calidad y el impacto de las intervenciones. Es necesario reforzar el seguimiento, evaluaciones de impacto y recupere la confianza pública en la política social.
- Focalización dinámica y transparente: implementar un Catastro único y actualizado permanentemente, con focalización híbrida basada en ingresos, pobreza multidimensional y vulnerabilidad, interoperabilidad de datos, actualización continua y mecanismos de acceso y control ciudadano fortalecido. - Aprobar una política social actualizada, “Creciendo con Oportunidades”, orientada a una protección social adaptativa y a la reducción multidimensional de la pobreza, que incorpore a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en paquetes integrales de servicios, reduzca brechas urbanas y rurales y active respuestas automáticas en frente a choques. - Fortalecer los programas sociales: i) Ampliar JUNTOS TPI e implementar las transferencias en alta y baja secundaria, ii) Ampliar la cobertura y la pensión de Pensión 65 (alcanzando personas con discapacidad) y Contigo, iii) Implementar “Conecta territorio” plataformas de servicios multisectoriales, iv) Fortalecer y ampliar la infraestructura social a través de FONCODES.
• Disminuir la pobreza en al menos 8 a 10 p.p. al 2031. • Incremento el acceso al paquete integrado de servicios en 10 a 15 p.p. al 2031. • Ampliar la cobertura entre el 65 al 75% del sistema de focalización respecto a la población nacional. • Duplicar la cobertura de JUNTOS TPI e implementar TAS y TAB. • Triplicar la cobertura de CONTIGO e incrementar la subvención gradualmente al 2031. • Ampliar la cobertura de Pensión 65 e incrementar la subvención al 2031.
• % de hogares en condición de pobreza. • % de usuarios de programas que acceden al Paquete Integrado de Servicios Priorizados. • % de niños con seguimiento nominal y alertas activas resueltas. • % cobertura efectiva de JUNTOS, Pensión 65 y CONTIGO según población objetivo. • % atenciones en la plataforma Conecta Territorio operativas en ámbitos urbanos y rurales priorizados. • % de hogares pobres y vulnerables que acceden a infraestructura social mejorada. • % de confianza de los beneficiarios y de la ciudadanía en general, en los programas sociales.
Salud que no llega a tiempo: primer nivel debilitado, colas, desabastecimiento, falta de personal, equipamiento, especialización y emergencias sin respuesta oportuna. Brechas severas entre Lima y regiones, y saturación de hospitales.
Garantizar atención oportuna y resolutiva fortaleciendo el primer nivel y las redes integradas, con abastecimiento asegurado, referencia efectiva y expansión de herramientas digitales e inteligencia artificial. Descentralizar especialidades para que se traten fuera de Lima. Fortalecer la capacidad de atención especializada en el interior del país.
• Lograr que (mayor igual) 80% de establecimientos del primer nivel alcancen abastecimiento (mayor igual) 85% (2031). • Reducir en (mayor igual) 30% el tiempo mediano de espera para especialidades priorizadas vs 2025 (2031). • Implementar telemedicina operativa en (mayor igual) 70% de establecimientos de RIS priorizadas (2028) y (mayor igual) 90% (2031). • Reducir en (mayor igual) 30% el gasto de bolsillo vs 2025 (2031). • Incrementar equipamiento y recursos humanos especializados en regiones.
• % de establecimientos I-1 a I-4 con abastecimiento =85% de medicamentos esenciales (MINSA). •% Tiempo mediano de espera para consulta especializada y cirugías priorizadas (SIS/MINSA). • % de establecimientos en RIS priorizadas con telemedicina operativa (MINSA) y especialidades descentralizadas. • % de personas que salen de sus lugares de residencia para atención médica. •% de actualización de petitorios, tanto PNUME como especializados, con transparencia y responsabilidad. • % de equipamiento en salud asignado a regiones. • % de recursos especializados para atención de salud, con foco en regiones. • % de centros del interior del país fortalecidos. • % de especialistas que atienden en el interior del país.
Aprendizajes en riesgo y brechas educativas: estudiantes sin niveles básicos de lectura y matemática; infraestructura y conectividad insuficientes, deserción y desigualdad territorial que limita oportunidades.
Recuperación real de aprendizajes y cierre de brechas con foco en lectura y matemáticas. Escuelas seguras y conectadas, mejor gestión docente y soporte al estudiante en territorios priorizados; incluyendo educación cívica e intercultural.
• Incrementar en (mayor igual) 15 p.p. el logro satisfactorio en lectura y matemática vs línea base 2025 en territorios priorizados (2031). • Intervenir (mayor igual) 80% de locales educativos priorizados (2031). • Reducir en (mayor igual) 20% la deserción en secundaria vs 2025 en territorios priorizados (2031).
• % de estudiantes con logro satisfactorio en lectura y matemática (evaluaciones nacionales). • % de locales educativos priorizados intervenidos (infraestructura y servicios). • Tasa de asistencia y permanencia en secundaria (MINEDU/INEI).
Mujeres y protección de poblaciones vulnerables: Persisten brechas estructurales de género y exclusión social con desigualdades laborales y salariales, baja participación política de mujeres, sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado, discriminación, violencia de género, trabajo infantil, barreras para la inclusión a personas con discapacidad y alta vulnerabilidad de las personas adultas mayores. Limitada accesibilidad de la Infraestructura, barreras de empleo formal; falta de servicios especializado. La respuesta del Estado es fragmentada y poco articulada.
Garantizar igualdad de derechos y protección efectiva para mujeres y poblaciones vulnerables, fortaleciendo cuidados, empleo formal y acceso a servicios. - Sistema Nacional de Cuidados con: i) expansión de los servicios de cuidado; ii) integración del cuidado con empleo formal, salud, educación y protección social; iii) profesionalización del sector. - Elevar el empleo formal, igualdad económica y participación de las mujeres con incentivos a la contratación formal, certificación de igualdad salarial, monitoreo de paridad en cargos públicos y fortalecimiento del marco legal contra violencia y acoso. - Reducir violencia contra mujeres: estrategia integral de prevención, protección y sanción, que incluya la reforma de comisarías, la implementación de una plataforma digital interoperable PNP, MIMP, MINSA y sistema de Justicia. - Protección integral de la niñez y adolescencia: i) actualización de la Estrategia Nacional contra el Trabajo Infantil, conincentivos presupuestales; ii) Ventanilla única de Protección a la Niñez de respuesta intersectorial; y iii) paquetes integrales para hogares con trabajo infantil (protección social, permanencia escolar e inspección laboral). - Incluir a las personas con discapacidad y en situación de dependencia mediante la creación de RedCuida, la accesibilidad en la transformación digital del Estado y el desarrollo de red de empleo. - Economía plateada
· Elevar empleo formal femenino y juvenil. · Expandir significativamente la cobertura del Sistema Nacional de Cuidados. · Reducir brechas salariales y avanzar hacia paridad real en cargos públicos. · Reducir feminicidios, reincidencia y tiempos de atención de denuncias. · Reducir trabajo infantil y ampliar atención integral a niños y adolescentes. · Incrementar en 5% anual la inclusión laboral y acceso a cuidados de personas con discapacidad y adultas mayores.
· % de población dependiente que accede a servicios formales de cuidado. · % Empleo formal femenino y juvenil. · % de empresas y entidades con certificación de igualdad salarial. · % de mujeres en cargos públicos y servicio civil. · % de denuncias de discriminación atendidas y sancionadas. · % de denuncias atendidas por CEM oportunamente · % de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil y víctimas de violencia o abuso sexual atendidos en una ventanilla única · % de personas con discapacidad en edad de trabajar que participan en el mercado laboral · % de personas dependientes que acceden a al menos un servicio formal de cuidado.
Anemia infantil e inseguridad alimentaria: niños y niñas empiezan la vida con desventaja por fallas en prevención, tamizaje y atención oportuna. Hogares vulnerables que no logran una dieta nutritiva y suficiente.
Cero tolerancia a la anemia. Reducir radicalmente la anemia infantil y la inseguridad alimentaria con intervención focalizada y paquete de servicios para la primera infancia, combinando prevención, atención oportuna y soporte alimentario, en territorios priorizado; con seguimiento nominal y resultados medibles.
• Disminuir la anemia en 6–35 meses en al menos 5 p.p. por año. • Reducir inseguridad alimentaria moderada/severa en al menos 10 p.p. vs 2025 (2031). • Alcanzar (mayor igual) 90% de tamizaje y suplementación oportuna en territorios priorizados (2031).
• % de niños 6–35 meses con anemia (ENDES/INEI). • % de hogares con inseguridad alimentaria moderada/severa (ENAHO/INEI). • % de niños con tamizaje y suplementación oportuna (MINSA/SIS).
Dimension economica
Comercio Exterior y Inserción en Comercio Exterior e inserción en Cadenas Globales de Valor: • Canasta exportadora concentrada en primarios: poco valor agregado y baja diversificación. • Inserción limitada en cadenas globales: pocas exportaciones intermedias/servicios y escasos encadenamientos. • Aduanas y logística lentas y costosas; trámites que encarecen y retrasan exportaciones. • Brechas de infraestructura (puertos, carreteras y pasos fronterizos) reducen competitividad, especialmente de MYPE exportadoras.
Aumentar exportaciones e inversión con más valor agregado y menos costo logístico, integrando MYPE y regiones a cadenas globales de valor. - Diversificar la canasta exportadora hacia bienes y servicios con mayor valor agregado. - Aduanas y logística más rápidas: simplificar trámites, digitalizar procesos y reducir tiempos/costos por operación. - Infraestructura para competir: priorizar corredores logísticos, puertos y pasos fronterizos clave. - Promoción comercial focalizada y apertura de mercados según sectores con potencial. - MYPE exportadora: asistencia técnica, financiamiento y encadenamientos productivos. - Aprovechar acuerdos comerciales para internacionalizar empresas y atraer inversión, articulado al Plan Crecer Productivo.
· Incrementar sostenidamente la participación de exportaciones no tradicionales y con mayor valor agregado en la canasta exportadora. · Reducir los tiempos y costos logísticos y aduaneros de exportación. · Mejorar la capacidad y eficiencia de puertos y fronteras estratégicas, reduciendo cuellos de botella. · Aumentar significativamente el número de MYPE exportadoras, especialmente en regiones. · Profundizar la inserción del Perú en cadenas globales de valor, con mayor participación de bienes intermedios y servicios.
· Índice de concentración de exportaciones · Participación de exportaciones no tradicionales (%). · Participación de exportaciones no primarias (% del total). · Tiempo promedio y costo logístico–aduanero por operación de exportación. · Capacidad portuaria y tiempos de despacho en puertos y pasos fronterizos clave. · Número y porcentaje de MYPE que exportan regularmente. · Exportaciones intermedias y encadenamientos productivos vinculados a mercados externos.
Sectores estratégicos como motores de crecimiento: • Concentración productiva y exportadora: dependencia de primarios expone a choques externos y limita crecimiento sostenido. • Bajo valor agregado y encadenamientos débiles incluso en minería, agroexportación y turismo. • Sub-aprovechamiento de sectores intensivos en empleo territorial (turismo, cultura y economía del cuidado), hoy con alta informalidad y baja productividad. • Rezago en energías limpias y servicios intensivos en conocimiento (software, servicios digitales, ingeniería, diseño e industrias creativas) que generan empleo calificado y competitividad de largo plazo.
Convertir sectores con potencial —minería sostenible, agroexportación moderna y turismo productivo— en motores de crecimiento y empleo formal: más valor agregado, más encadenamientos y transición verde. - Minería sostenible con proveedores: encadenamientos mineros y metalmecánicos; CITEs y mesas ejecutivas para innovación, estándares y cumplimiento ambiental; trazabilidad y eficiencia energética para reducir conflictos y subir productividad. - Agroexportación con transformación: más valor agregado, certificaciones y tecnología; pequeños productores conectados a cadenas con asistencia, financiamiento y asociatividad; agroindustria alineada a portafolios regionales. - Turismo productivo y sostenible: corredores turísticos que integren cultura, gastronomía y economías locales; formalización progresiva, capacitación y digitalización; empleo formal femenino y juvenil; industrias creativas como sector productivo con financiamiento vía COFIDE y fondos concursables. - Servicios modernos y economía del conocimiento: impulsar servicios digitales e industrias creativas como nuevos motores de crecimiento; integrar transición energética y economía verde como ventaja competitiva.
· Incrementar sostenidamente la participación de sectores estratégicos no primarios en el PBI. · Aumentar el empleo formal y la productividad en minería sostenible, agroexportación y turismo. · Elevar las exportaciones no tradicionales, agroindustriales y de servicios modernos. · Avanzar en la transición energética y reconversión productiva sostenible.
· Participación de sectores estratégicos no primarios en el PBI. · Empleo formal generado en minería, agroexportación, turismo y sectores asociados. · Exportaciones no tradicionales, agroindustriales y de servicios modernos. · Productividad sectorial. · Indicadores de sostenibilidad (eficiencia energética, reconversión verde).
Capital humano, juventud e innovación tecnológica: brechas persistentes de capital humano donde el Perú presenta rezagos significativos en habilidades técnicas y digitales; una proporción importante de trabajadores no cuenta con las competencias requeridas por sectores productivos modernos. Desconexión entre educación, mercado laboral e innovación. Oferta formativa no alineada con necesidades productivas territoriales ni con sectores estratégicos, limitando empleabilidad y productividad. Juventud subutilizada, parte relevante de jóvenes está fuera de educación y empleo formal. Baja inversión en innovación y adopción tecnológica, gasto I+D alejado de estándares regionales y OCDE, frenando sofisticación y escalamiento.
Cerrar brechas de capital humano e impulsar innovación aplicada para crear empleo formal y productividad, con foco en jóvenes y territorios rezagados. - Formación técnica y superior alineada a sectores priorizados del Plan Crecer Productivo, articulando universidades, institutos, CITEs, sector privado y cooperación internacional - Inserción laboral juvenil: formación dual, certificación de competencias y prácticas en empresas. - I+D aplicada en territorio: red nacional de CITEs para pilotos, transferencia tecnológica y escalamiento productivo. - Becas y formación técnica territorial vinculadas a Portafolios Productivos Regionales y demanda real del mercado.
· Incrementar la empleabilidad y formalización de jóvenes en sectores productivos. · Reducir brechas territoriales de acceso a formación técnica y tecnológica. · Aumentar progresivamente la inversión en innovación y adopción tecnológica. · Fortalecer el vínculo entre empresas, centros tecnológicos y academia.
· Nivel de competencias técnicas y digitales de la fuerza laboral · Tasa de empleo juvenil formal. · Gasto en I+D (% del PBI). · Número de empresas que acceden a servicios de innovación y transferencia tecnológica. · Productividad laboral en sectores priorizados.
Formalización laboral y empleo digno: • Informalidad estructural: más del 70% de la población ocupada trabaja informalmente, concentrada en microempresas de baja productividad. • Empleo de baja calidad y bajos ingresos: el trabajador informal gana menos y tiene coberturas reducidas de salud, pensiones y protección. • Brechas de género: la carga de cuidado no remunerado reduce la participación laboral formal femenina. • La precariedad y la informalidad explican la baja productividad laboral agregada, por debajo de países comparables y del promedio OCDE.
Reducir informalidad y subir la calidad del empleo con una ruta simple de formalización: menos costo de entrada, más beneficios y reglas claras. -Simplificación de regímenes MYPE con reducción temporal y gradual de aportes laborales y tributarios en los primeros años, evitando saltos bruscos de costos y facilitando la transición a la formalidad. - Formalización paso a paso: facilidades administrativas + acceso a crédito/compras públicas/programas productivos + fiscalización gradual; acompañamiento antes que sanción. - Sistema nacional de cuidados con enfoque territorial: guarderías y servicios para niños y dependientes para liberar tiempo y facilitar empleo formal femenino. Incluye a personas con discapacidad tanto en cuidado como fomento de empleo. - Integrar cuidado-empleo-productividad: que la mayor participación laboral se traduzca en empleo formal, productividad e ingresos. - Empleo juvenil y femenino: incentivos a la contratación formal, formación dual y certificación de competencias. - Plataforma de Servicios Laborales Digitales: contratar, afiliar, pagar y acceder a beneficios en minutos, reduciendo costo y tiempo de formalización.
· Reducir la informalidad laboral en al menos 10 p.p. · Incrementar el empleo formal en MYPE de manera sostenida, especialmente fuera de Lima. · Reducir el costo efectivo de entrada a la formalidad. · Elevar la participación laboral femenina por encima del 65 %. · Aumentar significativamente el empleo juvenil formal, con énfasis en primer empleo. · Expandir la cobertura de servicios de cuidado en zonas urbanas y rurales priorizadas. · Incluir personas con discapacidad en sistema de cuidados y fomento de primer empleo. · Reducir el tiempo y costo de contratación formal mediante digitalización. · Nuevas contrataciones formales vía la plataforma digital.
· Tasa de informalidad laboral (% de ocupados). · Empleo formal creado en MYPE (número y %). · Costo laboral y tributario efectivo de entrada a la formalidad para MYPE (% del salario/ventas). · Participación laboral femenina (%). · Empleo juvenil formal. · Cobertura de servicios de cuidado (número de plazas / % de población objetivo). · Tiempo y costo de contratación formal. · Uso de la Plataforma de Servicios Laborales Digitales
Modernización del sistema de pensiones: • Cobertura previsional crítica: más del 70% de la PEA no accede a pensión contributiva por la alta informalidad. • Sistema fragmentado (ONP/AFP con reglas distintas) y poco competitivo entre administradoras; baja confianza ciudadana. • Trayectorias laborales reales (aportes irregulares y discontinuos) dejan fuera a independientes e informales. • Ahorro previsional insuficiente: saldos bajos no aseguran pensiones adecuadas incluso entre quienes cotizan.
Construir un sistema previsional universal, simple y sostenible: piso mínimo para todos, competencia real, incentivos para el ahorro, y pensiones vinculadas a aportes. Los pilares son: -Pilar 1. Protección básica universal Pensión universal básica no contributiva equivalente a la pensión de Programa ¨Pensión 65¨ financiada por el Estado para adultos mayores sin pensión, administrada operativamente por la ONP. Se garantiza piso mínimo de protección en vejez, independiente de historia laboral. Se reduce pobreza y protege a quienes nunca pudieron cotizar, financiándose con reasignación de gasto tributario ineficiente. -Pilar 2. Contributivo con pensión mínima garantizada Sistema contributivo donde público y privado compiten. La ONP incorpora cuentas, que registran los aportes de cada afiliado y calculan la pensión con reglas actuariales claras. El Estado complementa solo para garantizar pensión mínima. -Pilar 3. Contributivo voluntario Ahorro voluntario y microahorro digital (redondeo de pagos, aportes pequeños frecuentes) con incentivos tributarios simples, seguros complementarios y ahorro vinculado a salud preventiva adaptado a ingresos variables de trabajadores independientes e informales para aumentar continuidad de aportes y atraer trabajadores informales.
· Incrementar sostenidamente la cobertura previsional. · Mejorar el nivel de ahorro y reducir costos del sistema. · Recuperar la confianza ciudadana en el sistema previsional.
· Cobertura previsional (% de la PEA). · Ahorro previsional acumulado. · Costos y nivel de competencia del sistema.
Competencia e inclusión financiera: • Baja competencia bancaria: alta concentración y spreads elevados que encarecen el crédito. • Acceso limitado a crédito productivo para hogares y MYPE, especialmente fuera de Lima, por costos y falta de información. • Uso intensivo de efectivo reduce trazabilidad, eleva riesgos y dificulta formalización y productividad. • Sin inclusión financiera efectiva, se frena inversión, empleo y crecimiento territorial.
Bajar el costo del crédito y ampliar el financiamiento productivo para hogares y MYPE, especialmente fuera de Lima, con más competencia y más información. - Open Banking y Open Finance para aumentar competencia, transparencia y reducir spreads. - Más actores y más innovación: habilitar y escalar fintechs y soluciones digitales (incluida oferta rural y regional) con regulación proporcional al riesgo. - Crédito ligado a formalización productiva: integrar pagos digitales, facturación y billeteras para construir historial crediticio y reducir asimetrías. - Menos efectivo, más trazabilidad: incentivos para uso de medios de pago digitales como puerta de entrada a crédito y servicios financieros.
· Reducción sostenida del spread bancario promedio respecto a línea base 2025. · Aumento del crédito al sector privado. · Incremento significativo del acceso al crédito para MYPE, especialmente fuera de Lima. · Mayor uso de pagos digitales, reduciendo progresivamente uso intensivo de efectivo. · Expansión del ecosistema fintechs, con soluciones rurales y regionales. · Uso generalizado de trazabilidad digital en la evaluación crediticia de pequeños negocios.
· Spread bancario promedio (tasa activa – tasa pasiva). · Crédito al sector privado (% del PBI). · Acceso al crédito productivo de MYPE. · Uso de medios de pago digitales. · Número de actores financieros no bancarios (fintechs) regulados y operativos. · % de operaciones crediticias que incorporan información de trazabilidad digital (pagos, facturación, billeteras).
Estado digital, seguro e interoperable: • Estado fragmentado: trámites duplicados, no interoperables y con alta presencialidad. • Altos costos administrativos y pérdidas de eficiencia; barreras directas a la formalización de MYPE y trabajadores independientes. • Digitalización parcial: se digitalizaron trámites aislados sin rediseñar procesos ni asegurar interoperabilidad. • El resultado es más vueltas, más costo y baja confianza en el Estado para cumplir y emprender.
Convertir al Estado en una sola plataforma digital interoperable: menos vueltas, menos costo y más formalización. - Priorizar y rediseñar los trámites más usados y costosos (constitución de empresa, RUC, licencias municipales, contratos laborales, ESSALUD, AFP/ONP, certificados y pagos) para que sean 100% digitales. - Interoperabilidad obligatoria: RENIEC, SUNAT, MTPE, ESSALUD, SBS y Poder Judicial comparten datos con estándares comunes y seguridad -Plataforma Digital Única del Estado: un solo punto para todas las entidades, que concentre trámites, pagos, notificaciones y seguimiento en tiempo real, evitando duplicidades y reduciendo costos. -Identidad digital única para trámites seguros, firma de documentos, realizar pagos y acceder a servicios públicos y financieros. -Acceso inclusivo: puntos de acceso digital (MAC digitales) en mercados, municipios, centros poblados y espacios de alta afluencia, garantizando conectividad y acompañamiento para cerrar brechas digitales.
· Trámites más usados y costosos integrados en una plataforma digital única. · Reducir sustancialmente tiempos y costos administrativos. · Reducir el costo administrativo promedio de formalización y cumplimiento vs 2025 (2031). · Integrar al menos las 10 entidades con mayor interacción ciudadana y empresarial al 2031. · Uso generalizado de identidad digital para trámites y pagos públicos.
· % de trámites del Estado integrados en la Plataforma Digital Única. · % de trámites totalmente digitales (sin papel ni presencialidad). · Tiempo promedio de realización de trámites clave. · Costo de cumplimiento administrativo para MYPE. · Número de entidades interoperables (RENIEC, SUNAT, MTPE, ESSALUD, SBS, PJ). · % de confianza ciudadana en procesos y trámites del Estado · % de uso de trámites digitales v. presenciales.
Transformación productiva y territorial: • Alta concentración en materias primas y baja diversificación productiva: vulnerabilidad a choques y poca creación de valor. • Desigualdad territorial persistente (brechas INCORE e IDH entre regiones) que limita empleo e ingresos. • Economías ilegales se expanden y coinciden territorialmente con informalidad y pobreza, debilitando Estado y mercado. • Sin transformación productiva, el país reproduce dependencia, desigualdad y captura territorial
Impulsar desarrollo productivo territorial que cree empleo formal y nuevos motores de crecimiento, reduciendo la dependencia de economías ilegales. Se implementará el Plan "Crecer Productivo" con dos ejes: - Productividad y formalización en sectores donde está el empleo: agricultura tradicional, pesca artesanal, comercio, economía forestal amazónica y economía del cuidado. - Escalamiento e inserción global de sectores con potencial: agroindustria, minería sostenible, energía, servicios digitales y turismo sostenible. Instrumentos de ejecución: - Mesas ejecutivas por región/sector para destrabar cuellos de botella. - Sandboxes regulatorios productivos regionales para probar soluciones y reducir costos de cumplimiento. - Red de CITEs fortalecida para innovación, adopción tecnológica y transferencia productiva. - Portafolios Productivos Regionales con metas, responsables y ruta de inversiones públicas y privadas.
· Incrementar la participación de sectores no primarios en el PBI regional (2031) · Incrementar la tasa de empleo formal versus línea base 2025. · Incrementar el ingreso real per cápita en las regiones priorizadas al 2031. · Reducir la tasa de pobreza al cierre del 2031. · Reducir el número de departamentos con presencia significativa de actividades ilegales hacia 2031, priorizando la erradicación sostenida en territorios críticos en al menos el 60%.
· Tasa de empleo formal en regiones · Mejora de productividad y mayor inversión en sectores · Participación de sectores no primarios en el PBI regional (%) · Ingreso real per cápita en regiones priorizadas · Tasa de pobreza en regiones con alta informalidad · Número de departamentos con presencia significativa de actividades ilegales.
Productividad, inversión y clima de negocios • El crecimiento potencial se desplomó: de 6% (2004–2013) a menos de 3% en la última década; la PTF está estancada. • Economía dual: microempresas de baja productividad conviven con pocas firmas grandes; baja competencia y barreras de entrada. • Inversión privada en caída sostenida por trabas regulatorias, permisos costosos y baja coordinación público-privada. • Mercados concentrados y altos costos de cumplimiento castigan especialmente a MYPE y regiones.
Destrabar inversión y subir productividad: menos traba, más competencia y reglas estables para invertir. - Simplificación regulatoria multisectorial: revisión y eliminación de sobrecostos; evaluación ex ante y ex post de la carga regulatoria. -Agenda de inversión privada 2030 con: certidumbre jurídica, estabilidad regulatoria; simplificación de permisos; y mesas ejecutivas para sectores estratégicos. - Ventanilla única territorial para permisos y promoción de inversiones, articulada con ProInversión y gobiernos regionales. - Estado pro-competencia: intervenciones regulatorias y de supervisión para abrir mercados, bajar barreras de entrada y reducir concentración. - Inversión pública alineada a retorno: modernizar Invierte.pe, priorizar por impacto/retorno (no por gasto), y usar unidades ejecutoras especializadas para grandes proyectos cuando corresponda.
· Aumento de la PTF mayor a 0,5 p.p. anual. · Inversión privada mayor a 22 % del PBI. · Reducción de tiempos regulatorios en 30–40 %. · Destrabar de manera sostenida proyectos estratégicos de inversión privada y público-privada, con foco territorial. · Priorizar al menos 80 % de la inversión pública según criterios de retorno y mejorar la tasa de ejecución de proyectos estratégicos, y reducir retrasos. · Incrementar sostenidamente el número de intervenciones pro-competencia en sectores estratégicos.
· Crecimiento de la PTF. · Inversión privada (% del PBI). · Tiempo promedio de obtención de permisos y licencias. · Número de proyectos de inversión privada destrabados vía mesas ejecutivas y ventanilla única. · Ejecución de cartera de proyectos priorizados de inversión privada (% del portafolio) · Número de intervenciones pro-competencia en sectores estratégicos.
Inversión pública eficiente: • Se gasta mucho y se logra poco: baja calidad de proyectos y brechas de infraestructura que no se cierran. • Formulación y evaluación débiles; ejecución lenta con sobrecostos, retrasos y obras paralizadas. • Duplicidad de funciones y cuellos de botella en Invierte.pe y en la cadena de aprobación/ejecución. • La ineficiencia reduce el impacto del gasto de inversión y frena productividad y competitividad territorial.
Hacer que cada sol de inversión pública se traduzca en obras útiles, a tiempo y sin corrupción: buena formulación, buena priorización y ejecución rápida. - Ordenar el ciclo de inversión: separar formulación, evaluación de viabilidad y aprobación; solo proyectos priorizados en la PMI entran al presupuesto. - Presupuesto multianual realista: PMI alineada a techos de gasto y sostenibilidad fiscal, con cartera financiable y cronograma creíble. - Contratación pública más simple y más rápida, manteniendo estándares técnicos y transparencia, así como uso de tecnología. - Capacidades técnicas obligatorias: acreditación de unidades formuladoras y certificación de elaboradores de expedientes técnicos; análisis costo-beneficio estandarizado como regla, para impacto en proyectos priorizados. - Cartera manejable: límites al tamaño de la cartera activa según capacidad fiscal y de ejecución subnacional; revisión periódica de calidad del gasto de inversión.
· Incrementar sostenidamente la tasa de ejecución de la inversión pública, reduciendo retrasos y sobrecostos. · Reducir significativamente el número de obras paralizadas. · Disminuir los tiempos de aprobación y ejecución de proyectos. · Lograr que la mayoría de los proyectos de inversión pública cuenten con análisis costo–beneficio y evaluación técnica previa. · Mejorar la calidad promedio de la cartera de inversión pública, medida a través de evaluaciones periódicas de calidad del gasto.
· Tasa de ejecución de la inversión pública (%). · Número de obras paralizadas. · Tiempo promedio de aprobación y ejecución de proyectos. · % de proyectos con análisis costo–beneficio estandarizado. · Número de evaluaciones de calidad del gasto de inversión
Estabilidad macroeconómica, sostenibilidad fiscal y reforma tributaria: incumplimiento reiterado de la regla fiscal (2,7 % del PBI en 2023 y 3,5 % en 2024), riesgo de deterioro de la deuda pública, alta ineficiencia del gasto público, presión tributaria persistentemente baja (14,4 % del PBI en 2024, frente a 21,3 % en ALC y 33,9 % en la OCDE), gasto tributario elevado e ineficiente (2,2 % del PBI estimado del 2026 y 2,7% de la recaudación proyectada, concentrado en beneficios con bajo impacto en inversión y empleo), aprobación de leyes de gasto sin financiamiento y riesgos fiscales asociados a empresas públicas (Petroperú).
Blindar la estabilidad macroeconómica y recuperar el espacio fiscal con reglas claras, instituciones fuertes y mejor recaudación; fortaleciendo la credibilidad institucional. Resguardar autonomía del BCRP: designación de autoridades técnicas e independientes que conduzcan la política monetaria de manera prudente y responsable, preservando la estabilidad de precios y el control de la inflación. - Cerrar la puerta al gasto sin financiamiento y eliminar la iniciativa de gasto del Congreso. - Marco macrofiscal vinculante 2026-2031: senda multianual de déficit, gasto y deuda aprobada por el Congreso (corresponsabilidad entre poderes), con mecanismos automáticos de corrección. - Presupuesto con trazabilidad: transparencia y coherencia estricta entre marco macrofiscal y presupuesto; justificación pública de supuestos y cifras. - Consejo Fiscal con acceso oportuno a información macrofiscal y presupuesto; alertas tempranas y seguimiento permanente. -Reforma tributaria progresiva . -Revisión Integral de Gastos Tributarios y eliminación de exoneraciones ineficientes. - Régimen MYPE único, simple y sin "saltos" - Empresas públicas (p. ej., Petroperú) con disciplina fiscal
· Convergencia a cumplimiento de regla fiscal: convergencia de déficit fiscal y mantenimiento en 1 % del PBI y estabilización de la deuda pública por debajo del 30%. · Presión tributaria: aumento gradual hacia 17 % del PBI. · Gasto tributario: reducción de 2,2 % del PBI a 1,5 % en 3 años. · Mantener o mejorar el grado de inversión y asegurar una perspectiva estable durante todo el período 2026–2031. · Reducir progresivamente los rescates y apoyos financieros a empresas públicas, con un tope explícito anual y tendencia decreciente al 2031. Todo apoyo sujeto a planes de reestructuración y metas verificables.
· Déficit fiscal del SPNF (% del PBI). · Deuda pública del SPNF (% del PBI). · Presión tributaria (% del PBI). · Gasto tributario (% del PBI). · Grado de inversion · Transferencias del Estado a empresas públicas (% del PBI)
Dimension ambiental
Descentralización y desarrollo territorial: alta fragmentación municipal, duplicación de funciones entre niveles de gobierno, débil capacidad de los gobiernos regionales, mala distribución del canon, transferencias poco equitativas y baja articulación territorial, lo que limita la provisión eficiente de servicios y el cierre de brechas.
Modernizar el sistema de descentralización para mejorar la provisión de servicios públicos, fortalecer el desarrollo territorial y asegurar una asignación más equitativa y eficiente de los recursos entre territorios. - Ordenar la estructura territorial, estableciendo requisitos técnicos y fiscales para la creación de nuevas municipalidades, reduciendo fragmentación y duplicidades. -Fortalecer los gobiernos regionales como nivel intermedio, otorgándole mayor capacidad para formular y coordinar políticas en salud, educación y seguridad. -Reemplazar transferencias discrecionales por un sistema de financiamiento predecible, oportuno y condiconado a resultados. -Reformar la distribución del canon, haciéndola más equitativa y con un fondo de estabilización para reducir volatilidad y desigualdades territoriales. -Reformular el FONCOMUN, redistribuyendo recursos según brechas, necesidades de gasto y capacidad de recaudación local. -Fortalecer capacidades regionales y locales en gestión pública, planificación y ejecución del gasto.
· Reducir la creación de municipalidades sin viabilidad técnica y fiscal. · Incrementar sostenidamente la ejecución y calidad del gasto regional. · Disminuir la volatilidad del gasto asociada al canon mediante el fondo de estabilización. · Reducir la discrecionalidad en transferencias, aumentando la proporción asignada por reglas claras. · Aumentar la participación de ingresos propios y transferencias redistributivas en el financiamiento subnacional. · Mejorar los índices de capacidad institucional de gobiernos regionales.
· Número de municipalidades creadas. · % de ejecución del gasto regional. · Volatilidad del canon (variación interanual). · Índices de capacidad institucional subnacional · Composición de ingresos subnacionales: · % de recursos ordinarios, · % de ingresos propios y recursos determinados (canon, FONCOMUN). · % de transferencias asignadas con reglas objetivas.
Amazonía bajo amenaza: economías ilegales y delitos ambientales, pérdida de bosques y aumento de riesgos climáticos que afectan salud, agua y productividad.
Recuperar el control en la Amazonía y fortalecer resiliencia climática: combatir economías ilegales, reducir deforestación y proteger vidas e infraestructura ante desastres.
Reducir deforestación anual en (mayor igual) 20% vs línea base 2025 (2031). • Incrementar en (mayor igual) 30% los resultados operativos contra economías ilegales vs 2025 (2031). • Implementar sistemas de alerta temprana en (mayor igual) 80% de zonas priorizadas (2028) y (mayor igual) 100% (2031). • Aumentar ejecución de inversión de prevención y gestión de riesgo en (mayor igual) 10 p.p. vs 2025 (2031).
• Hectáreas de deforestación anual (MINAM) • Operativos e incautaciones vinculadas a economías ilegales (PNP/Fiscalías) • % de población en zonas priorizadas con sistemas de alerta temprana operativos (INDECI) • Inversión de prevención y gestión de riesgo ejecutada (% del PIM) (MEF)
Agua y saneamiento que fallan: continuidad baja, calidad irregular y brechas rurales; servicios con baja sostenibilidad y pérdidas elevadas.
Garantizar agua segura y saneamiento sostenible: mejorar continuidad y calidad, fortalecer operación y mantenimiento y cerrar brechas con enfoque urbano-rural por fases.
Elevar continuidad a =18 horas/día en ciudades priorizadas (2031) • Lograr =90% de cloración adecuada en sistemas priorizados (2030) y sostener al 2031 • Incrementar cobertura de saneamiento rural en =10 p.p. vs 2025 (2031) • Reducir agua no facturada en EPS priorizadas en =10 p.p. vs 2025 (2031)
Horas promedio de continuidad de agua en ciudades priorizadas (SUNASS) • % de muestras con cloración adecuada (MINSA/SUNASS) • Cobertura de saneamiento rural (INEI) • Índice de agua no facturada (pérdidas) en EPS priorizadas (SUNASS)
Desconexión territorial: carreteras y conectividad digital insuficientes que encarecen alimentos, frenan empleo y limitan acceso a servicios.
Conectar el Perú: mejorar corredores viales y ampliar internet de calidad, priorizando rutas productivas y zonas rurales para bajar costos y abrir oportunidades.
• Intervenir (rehabilitar/mantener) =15,000 km en corredores priorizados (2026–2031) • Incrementar conectividad a internet en centros poblados rurales en =20 p.p. vs 2025 (2031) • Reducir tiempo/costo de transporte en corredores priorizados en =10% vs 2025 (2031) • Alcanzar cobertura 4G en 100% de capitales de provincia y avanzar a 5G donde sea viable (2031)
• Km de vías nacionales/departamentales/vecinales intervenidas en corredores priorizados (MTC) • % de centros poblados rurales con conectividad a internet (MTC/OSIPTEL) • Tiempo de viaje y costo de transporte en corredores priorizados (MTC) • Cobertura 4G/5G en capitales de provincia (OSIPTEL)
Dimension institucional
Eje Estratégico 5. Prevención social y justicia juvenil. Corrupción y trámites que frenan el país: coimas, decisiones capturadas y burocracia que retrasa inversión, obras y servicios, generando desconfianza ciudadana. Impunidad, los delitos no reciben sanción efectiva o prescriben por el excesivo plazo transcurrido desde su inicio y tramitación, a lo que se suma el insuficiente número de órganos jurisdiccionales y fiscalías permanentes, y un alto número de órganos transitorios.
Tolerancia cero a la corrupción y un Estado que responde: integridad, digitalización de trámites clave, transparencia radical y destrabe de inversión con control y rendición de cuentas. Investigaciones rápidas al igual que los casos judicializados priorizando la tramitación y resolución de delitos de alto impacto (extorsión, sicariato, crimen organizado, corrupción de funcionarios y violencia familiar y contra mujeres y niños). Evitar la excesiva rotación de jueces y fiscales por la provisionalidad en los cargos, promoviendo la titularidad con base en la meritocracia.
• Implementar modelo de integridad en 100% de ministerios (2027) y gobiernos regionales (2029) • Reducir en (mayor igual) 30% el tiempo promedio de 10 trámites priorizados (2031) • Aumentar la ejecución de inversión pública en (mayor igual) 10 p.p. vs 2025 (2031) • Reactivar (mayor igual) 70% de obras priorizadas paralizadas (2028) y culminar (mayor igual) 60% al 2031 •Programa de incentivos subnacionales para más eficiencia y menos trámites, utilizando IA y blockchain. • Incrementar en (mayor igual) 20% la tasa de resolución de los procesos de delitos de alto impacto (sentencia/decisión final) vs 2025 (2031). • Incrementar en (mayor igual) 80% la tasa de jueces y fiscales titulares con selección trasparente y por méritos. • Aumentar en (mayor igual) 50% los procesos de selección y evaluación del desempeño de jueces y fiscales.
• % de entidades del Ejecutivo con modelo de integridad implementado y evaluado (PCM) • Tiempo promedio de 10 trámites priorizados (por sector) (PCM) • Ejecución de inversión pública (% del PIM) (MEF) • % de obras priorizadas reactivadas y culminadas (MEF/Contraloría) • % de gobiernos subnacionales que reducen trámites más utilizados • % de procesos que se digitalizan, usando IA y blockchain • % de investigaciones y casos de delitos de alto impacto, generalmente de naturaleza compleja. • % de fiscales titulares y provisionales. • % de jueces titulares, provisionales y supernumerarios. • Número de procesos de selección y de evaluación del desempeño a jueces y fiscales.
Eje Estratégico 5. Prevención social y justicia juvenil. Acceso a la justicia de manera diferenciada, en especial de los sectores vulnerables, Elevado número de víctimas desprotegidas.
Expandir la justicia para brindar acceso y tutela efectiva a las poblaciones de zonas de frontera, rurales y vulnerables, Ampliar y fortalecer la cobertura de justicia itinerante.
• Ampliar cobertura de atención a víctimas en territorios priorizados: +50% vs 2025 (2031), implementando en 30% los juzgados mixtos y fiscalías en poblaciones lejanas, zonas de frontera y vulnerables. • Creación en (mayor igual) 30% de órganos del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. • Incrementar en (mayor igual) 50% el número de defensores públicos.
· Número de juzgados y fiscalías en zonas de frontera, rurales y donde se registra alto índice de sectores vulnerables · Porcentaje de víctimas en especial de los grupos vulnerables, mujeres y niños. · Porcentaje de medidas de protección otorgadas a las mujeres y los integrantes del grupo familiar. · Porcentaje de servicios de defensa pública y de atención a víctimas. (MIMP/MINJUSDH).
Eje Estratégico 5. Prevención social y justicia juvenil. Justicia lenta: grave retardo en la tramitación y resolución de los procesos que demoran años, excediendo los plazos procesales y una vez culminados las sentencias no se ejecutan en plazos oportunos promoviéndose amparos y hábeas corpus por este retardo, a lo que se suma la sobrecarga a nivel fiscal y judicial.
Acelerar la justicia, con el cumplimiento de los plazos en las diversas etapas procesales con gestión, tecnología, e inteligencia artificial, Conversión de órganos fiscales y jurisdiccionales transitorios en permanentes. Creación de órganos jurisdiccionales y fiscales que sean necesarios para brindar justicia confiable, oportuna y sin pausa.
Reducir el tiempo mediano de tramitación en las etapas de los procesos (mayor igual) 30% vs línea base 2025 en casos priorizados (2031) • Justicia sin pausa: creación de juzgados transitorios de descarga procesal. • Convertir (mayor igual) 100% los órganos fiscales y jurisdiccionales transitorios en permanentes. •Incrementar en (mayor igual) 20% la tasa de resolución de los procesos (sentencia/decisión final) vs 2025 (2031). •Elevar en (mayor igual) 20% la tasa de casos con sentencia ejecutada.
· % de procesos judiciales de todas las especializaciones. · % de denuncias, carpetas fiscales y formalizaciones de investigación preparatoria en sede penal. · Tiempo promedio en la tramitación de las diligencias preliminares investigaciones preparatorias, etapa intermedia, y juzgamiento, con énfasis en los casos priorizados (MP/PJ). · Número de casos priorizados con sentencia/decisión final (PJ) y de casos con sentencias no ejecutadas.
Eje Estratégico 5. Prevención social y justicia juvenil. Ausencia de un modelo efectivo de intervención diferenciada, escasa especialización institucional y limitada atención a trayectorias de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Implementar un modelo nacional de intervención diferenciada en el sistema de justicia juvenil, basado en perfiles de riesgo y trayectorias, que asegure la especialización institucional, y el acompañamiento a adolescentes, con énfasis en la desvinculación de dinámicas criminales.
100% de adolescentes en conflicto con la ley penal incorporados al modelo de intervención diferenciada según perfil y trayectorias delictivas.
% de adolescentes en conflicto con la ley penal incorporados a un modelo de intervención diferenciada conforme a lineamientos nacionales.
Eje Estratégico 4. Sistema penitenciario y control de líderes criminales. Crisis estructural del INPE.
Reforma real del sistema penitenciario sobre la base de un rediseño institucional con sustento normativo, operativo y presupuestal, que defina claramente funciones, estructura, carrera del personal penitenciario y mecanismos de control, garantizando capacidades reales de control, clasificación de internos y resocialización.
100% del modelo institucional del sistema penitenciario implementado, con marco normativo, estructura, presupuesto y hoja de ruta ejecutada. 100% de los cargos directivos sujetos a procesos de evaluación y depuración. 100% de personal penitenciario incorporado al régimen de carrera penitenciaria (reformulada)
· % de implementación de un nuevo modelo institucional penitenciario con marco normativo aprobado, estructura organizacional definida, presupuesto asignado y hoja de ruta de transición ejecutada. · % de cargos directivos renovados mediante procesos de evaluación. · % de personal penitenciario incorporado al régimen de carrera penitenciaria (reformulada).
Eje Estratégico 4. Sistema penitenciario y control de líderes criminales. Uso de celulares y otros dispositivos de comunicación en establecimientos penitenciarios, que permiten la dirección de actividades delictivas (extorsión, amenazas, coordinación criminal) desde el interior de los penales.
Eliminar las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios mediante la inhabilitación efectiva de la señal de telecomunicaciones dentro y en los perímetros penitenciarios, la implementación de sistemas tecnológicos de detección de dispositivos, y la articulación obligatoria con las empresas operadoras de telecomunicaciones bajo un esquema de responsabilidad regulada y supervisión permanente del Estado.
100% de establecimientos penitenciarios con señal de telecomunicaciones inhabilitada en los cuadrantes penitenciarios definidos. Reducción (mayor igual) 90% de incidentes delictivos originados desde penales, respecto a la línea base 2025.
· % de establecimientos penitenciarios con señal de telecomunicaciones efectivamente inhabilitada en su interior y en el perímetro (cuadrantes penitenciarios definidos). · Número de incidentes delictivos verificados originados desde establecimientos penitenciarios.
Eje Estratégico 4. Sistema penitenciario y control de líderes criminales. Penales utilizados como centros de operación criminal debido a fallas en el aislamiento efectivo, control del personal y uso de tecnología.
Neutralizar el mando criminal desde cárceles separando a los líderes en regímenes especiales Neutralizar la capacidad de mando y control de los líderes criminales mediante la implementación de regímenes especiales de máxima seguridad, con aislamiento físico y comunicacional efectivo, control reforzado del personal penitenciario, monitoreo permanente y protocolos diferenciados de custodia.
100% de los líderes de organizaciones criminales de alta peligrosidad recluidos en regímenes de máxima seguridad con aislamiento efectivo.
% de líderes criminales identificados que se encuentran recluidos en regímenes de máxima seguridad con aislamiento físico y comunicacional efectivo.
Eje Estratégico 3. Fortalecimiento institucional y gobernanza del sistema de seguridad. Limitada capacidad del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) para ejercer su rol de instancia rectora del sistema de seguridad ciudadana, evidenciada en una baja traducción de acuerdos en acciones concretas y en la débil utilidad de los planes de seguridad ciudadana (nacionales y locales) como instrumentos efectivos de conducción, priorización y combate al crimen.
Reformar la gobernanza y conducción estratégica del sistema de seguridad ciudadana, mediante la redefinición de las funciones del CONASEC, la vinculación efectiva de sus acuerdos a acciones y resultados, y la transformación de los planes de seguridad ciudadana en instrumentos operativos y de seguimiento. Incorporar medidas vinculadas a seguridad nacional, cuando el fenómeno criminal lo requiera.
(mayor igual) 70% de los acuerdos del CONASEC cumplidos con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.
% de acuerdos del CONASEC que cuentan con responsables, plazos definidos y seguimiento de cumplimiento.
Eje Estratégico 3. Fortalecimiento institucional y gobernanza del sistema de seguridad.Bajo uso de tecnología en investigación criminal.
Modernizar la investigación y persecución penal adquiriendo tecnología (software UFED cellebrite).
(mayor igual) 70% de investigaciones.
% de investigaciones con soporte tecnológico (software UFED cellebrite).
Eje Estratégico 3. Fortalecimiento institucional y gobernanza del sistema de seguridad. Limitada articulación interinstitucional entre PNP–MP y otras entidades en la investigación de delitos complejos (extorsión, homicidio, minería ilegal, secuestro, tráfico ilícito de drogas).
Mejorar la coordinación interinstitucional en investigaciones de delitos complejos.
Incrementar en (mayor igual) 30% la tasa de resolución de investigaciones de delitos complejos con sentencia y decisión final
% de investigaciones de delitos complejos con sentencia y decisión final (PJ).
Eje Estratégico 3. Fortalecimiento institucional y gobernanza del sistema de seguridad. Debilidades estructurales en la Policía Nacional del Perú, asociadas a un diseño organizacional que ya no funciona, limitada profesionalización y especialización, deficiencias en la gestión del personal y ausencia de una reforma institucional implementada, pese a reiterados anuncios gubernamentales, lo que reduce el trabajo transparente, y la capacidad operativa, preventiva y de investigación de la institución.
Implementar una reforma institucional efectiva de la Policía Nacional del Perú, basada en un rediseño organizacional, fortalecimiento de la carrera policial, especialización de funciones y mejora de la gestión del personal, con plazos definidos y mecanismos de seguimiento, evitando reformas parciales o meramente declarativas.
(mayor igual) 70% de componentes de la reforma implementados en regiones priorizadas. 100% del personal policial incorporado a un sistema de carrera, evaluación y especialización funcional.
· % de componentes prioritarios de la reforma policial implementados · % de efectivos asignados a funciones acorde a su especialización · % de personal policial evaluado periódicamente
Eje Estratégico 2. Hechos delictivos y seguridad cotidiana. Baja denuncia de delitos ante la Policía Nacional, asociada a desconfianza institucional y percepción de ineficacia en la atención policial.
Incrementar la denuncia de delitos mediante la mejora de la atención policial al ciudadano y el fortalecimiento de la confianza en la respuesta institucional y mejorando la interacción policía–ciudadanía.
Incrementar % de víctimas que realizaron denuncias por algún hecho delictivo en 2031 al 30% (línea de base, 2025: 19%).
% de víctimas que realizaron denuncias por algún hecho delictivo.
Eje Estratégico 2. Hechos delictivos y seguridad cotidiana. Elevada percepción de inseguridad ciudadana asociada a una respuesta policial insuficiente, caracterizada por limitada presencia preventiva, tiempos de respuesta prolongados y débil visibilidad del accionar policial en el territorio, lo que reduce el efecto disuasivo frente al delito.
Mejorar la seguridad cotidiana mediante el fortalecimiento del patrullaje policial disuasivo, visible y focalizado en zonas de mayor incidencia delictiva, optimizando los tiempos de respuesta y la articulación con serenazgos municipales, con el objetivo de incrementar la presencia preventiva y la confianza ciudadana.
Reducir la percepción de inseguridad en 2031 al 50% (línea de base, octubre de 2025: 85.9%). Incrementar % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por parte de la PNP en 2031 al 50% (línea de base, 2025: 28.9%). Incrementar % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por parte del serenazgo en 2031 al 70% (línea de base, 2025: 48.1%).
· % de percepción de inseguridad en el país. · % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por la PNP · % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por serenazgo
Eje Estratégico 2. Hechos delictivos y seguridad cotidiana Alta incidencia de delitos patrimoniales (hurto y robo) en zonas urbanas, junto con un incremento sostenido de estafas —especialmente cometidas mediante modalidades digitales y engaños sistemáticos— que afectan la seguridad cotidiana, generan pérdidas económicas y debilitan la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta del Estado.
Reducir la incidencia de hurto, robo y estafas mediante estrategias focalizadas de prevención situacional y operativa, fortaleciendo la presencia policial en puntos críticos, la investigación de delitos patrimoniales y la adaptación de las capacidades policiales a las nuevas modalidades de estafa, especialmente en entornos urbanos y digitales.
Reducir victimización urbana nacional en 2031 al 15% (línea de base, octubre de 2025: 24,5%).
Porcentaje de victimización por hechos delictivos
Eje Estratégico 1. Violencia letal y crimen organizado Alta rentabilidad de las economías ilegales (tráfico ilícito, minería ilegal y lavado de activos) que fortalece financieramente al crimen organizado, le permite diversificar sus actividades y sostener su capacidad de violencia y corrupción.
Reducir la capacidad financiera del crimen organizado mediante el fortalecimiento de la investigación penal de los flujos financieros ilícitos, otorgando a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) capacidades de investigación penal en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
100% de organizaciones criminales priorizadas con flujos financieros ilícitos intervenidos.
% de organizaciones criminales priorizadas con flujos financieros ilícitos identificados e intervenidos.
Eje Estratégico 1. Violencia letal y crimen organizado Limitada capacidad del sistema de justicia para identificar, investigar y desarticular organizaciones criminales (nacionales y extranjeras) de manera integral, lo que permite su permanencia, recomposición y expansión, incluso a espacio formales.
Fortalecer la capacidad del Estado, especialmente del sistema de justicia, para identificar y desarticular organizaciones criminales nacionales y extranjeras mediante investigaciones complejas orientadas a estructuras, roles y redes, y una coordinación interinstitucional sostenida entre la Policía, el Ministerio Público y otras entidades competentes.
100% de organizaciones criminales nacionales y extranjeras identificadas y desarticuladas
% de organizaciones criminales nacionales y extranjeras identificadas y Desarticuladas mediante investigaciones complejas
Eje Estratégico 1. Violencia letal y crimen organizado Expansión de la extorsión como práctica sistemática de financiamiento y control territorial de bandas y organizaciones criminales, y aparición de ‘aventureros’ (oportunistas del crimen), con impacto directo en actividades económicas formales e informales.
Debilitar la extorsión y el control territorial de bandas y organizaciones criminales mediante acciones focalizadas de prevención (limitar la aparición de aventureros), control (atacando sus finanzas) y persecución del delito (con el trabajo coordinado de PNP-MP-PJ-INPE), orientadas a reducir su incidencia y capacidad de intimidación.
Reducir la tasa de victimización por extorsión por cada 100 habitantes mayores de 15 años y más de edad, a nivel nacional, de 0.9 a 0.6
Tasa de victimización por extorsión por cada 100 habitantes mayores de 15 años y más de edad (ENAPRES)
Eje Estratégico 1. Violencia letal y crimen organizado. Incremento sostenido de la violencia homicida a nivel nacional, con concentración territorial en determinadas regiones y ciudades, asociado a criminalidad organizada, disputas violentas y limitada capacidad de prevención y control del Estado
Reducir la violencia homicida a nivel nacional mediante intervenciones focalizadas en territorios de mayor incidencia, fortaleciendo la capacidad de prevención, control y respuesta del Estado frente a la violencia letal.
Reducir la tasa de homicidios de 8.6 (2021) a 6 por cada 100 mil habitantes.
Tasa de homicidios por 100 mil hab. (CEIC)