PARTIDO PAIS PARA TODOS

- Focalización dinámica y transparente: implementar un Catastro único y actualizado permanentemente, con focalización híbrida basada en ingresos, pobreza multidimensional y vulnerabilidad, interoperabilidad de datos, actualización continua y mecanismos de acceso y control ciudadano fortalecido. - Aprobar una política social actualizada, “Creciendo con Oportunidades”, orientada a una protección social adaptativa y a la reducción multidimensional de la pobreza, que incorpore a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en paquetes integrales de servicios, reduzca brechas urbanas y rurales y active respuestas automáticas en frente a choques. - Fortalecer los programas sociales: i) Ampliar JUNTOS TPI e implementar las transferencias en alta y baja secundaria, ii) Ampliar la cobertura y la pensión de Pensión 65 (alcanzando personas con discapacidad) y Contigo, iii) Implementar “Conecta territorio” plataformas de servicios multisectoriales, iv) Fortalecer y ampliar la infraestructura social a través de FONCODES.

• Disminuir la pobreza en al menos 8 a 10 p.p. al 2031. • Incremento el acceso al paquete integrado de servicios en 10 a 15 p.p. al 2031. • Ampliar la cobertura entre el 65 al 75% del sistema de focalización respecto a la población nacional. • Duplicar la cobertura de JUNTOS TPI e implementar TAS y TAB. • Triplicar la cobertura de CONTIGO e incrementar la subvención gradualmente al 2031. • Ampliar la cobertura de Pensión 65 e incrementar la subvención al 2031.

• % de hogares en condición de pobreza. • % de usuarios de programas que acceden al Paquete Integrado de Servicios Priorizados. • % de niños con seguimiento nominal y alertas activas resueltas. • % cobertura efectiva de JUNTOS, Pensión 65 y CONTIGO según población objetivo. • % atenciones en la plataforma Conecta Territorio operativas en ámbitos urbanos y rurales priorizados. • % de hogares pobres y vulnerables que acceden a infraestructura social mejorada. • % de confianza de los beneficiarios y de la ciudadanía en general, en los programas sociales.

Garantizar atención oportuna y resolutiva fortaleciendo el primer nivel y las redes integradas, con abastecimiento asegurado, referencia efectiva y expansión de herramientas digitales e inteligencia artificial. Descentralizar especialidades para que se traten fuera de Lima. Fortalecer la capacidad de atención especializada en el interior del país.

• Lograr que (mayor igual) 80% de establecimientos del primer nivel alcancen abastecimiento (mayor igual) 85% (2031). • Reducir en (mayor igual) 30% el tiempo mediano de espera para especialidades priorizadas vs 2025 (2031). • Implementar telemedicina operativa en (mayor igual) 70% de establecimientos de RIS priorizadas (2028) y (mayor igual) 90% (2031). • Reducir en (mayor igual) 30% el gasto de bolsillo vs 2025 (2031). • Incrementar equipamiento y recursos humanos especializados en regiones.

• % de establecimientos I-1 a I-4 con abastecimiento =85% de medicamentos esenciales (MINSA). •% Tiempo mediano de espera para consulta especializada y cirugías priorizadas (SIS/MINSA). • % de establecimientos en RIS priorizadas con telemedicina operativa (MINSA) y especialidades descentralizadas. • % de personas que salen de sus lugares de residencia para atención médica. •% de actualización de petitorios, tanto PNUME como especializados, con transparencia y responsabilidad. • % de equipamiento en salud asignado a regiones. • % de recursos especializados para atención de salud, con foco en regiones. • % de centros del interior del país fortalecidos. • % de especialistas que atienden en el interior del país.

Recuperación real de aprendizajes y cierre de brechas con foco en lectura y matemáticas. Escuelas seguras y conectadas, mejor gestión docente y soporte al estudiante en territorios priorizados; incluyendo educación cívica e intercultural.

• Incrementar en (mayor igual) 15 p.p. el logro satisfactorio en lectura y matemática vs línea base 2025 en territorios priorizados (2031). • Intervenir (mayor igual) 80% de locales educativos priorizados (2031). • Reducir en (mayor igual) 20% la deserción en secundaria vs 2025 en territorios priorizados (2031).

• % de estudiantes con logro satisfactorio en lectura y matemática (evaluaciones nacionales). • % de locales educativos priorizados intervenidos (infraestructura y servicios). • Tasa de asistencia y permanencia en secundaria (MINEDU/INEI).

Garantizar igualdad de derechos y protección efectiva para mujeres y poblaciones vulnerables, fortaleciendo cuidados, empleo formal y acceso a servicios. - Sistema Nacional de Cuidados con: i) expansión de los servicios de cuidado; ii) integración del cuidado con empleo formal, salud, educación y protección social; iii) profesionalización del sector. - Elevar el empleo formal, igualdad económica y participación de las mujeres con incentivos a la contratación formal, certificación de igualdad salarial, monitoreo de paridad en cargos públicos y fortalecimiento del marco legal contra violencia y acoso. - Reducir violencia contra mujeres: estrategia integral de prevención, protección y sanción, que incluya la reforma de comisarías, la implementación de una plataforma digital interoperable PNP, MIMP, MINSA y sistema de Justicia. - Protección integral de la niñez y adolescencia: i) actualización de la Estrategia Nacional contra el Trabajo Infantil, conincentivos presupuestales; ii) Ventanilla única de Protección a la Niñez de respuesta intersectorial; y iii) paquetes integrales para hogares con trabajo infantil (protección social, permanencia escolar e inspección laboral). - Incluir a las personas con discapacidad y en situación de dependencia mediante la creación de RedCuida, la accesibilidad en la transformación digital del Estado y el desarrollo de red de empleo. - Economía plateada

· Elevar empleo formal femenino y juvenil. · Expandir significativamente la cobertura del Sistema Nacional de Cuidados. · Reducir brechas salariales y avanzar hacia paridad real en cargos públicos. · Reducir feminicidios, reincidencia y tiempos de atención de denuncias. · Reducir trabajo infantil y ampliar atención integral a niños y adolescentes. · Incrementar en 5% anual la inclusión laboral y acceso a cuidados de personas con discapacidad y adultas mayores.

· % de población dependiente que accede a servicios formales de cuidado. · % Empleo formal femenino y juvenil. · % de empresas y entidades con certificación de igualdad salarial. · % de mujeres en cargos públicos y servicio civil. · % de denuncias de discriminación atendidas y sancionadas. · % de denuncias atendidas por CEM oportunamente · % de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil y víctimas de violencia o abuso sexual atendidos en una ventanilla única · % de personas con discapacidad en edad de trabajar que participan en el mercado laboral · % de personas dependientes que acceden a al menos un servicio formal de cuidado.

Cero tolerancia a la anemia. Reducir radicalmente la anemia infantil y la inseguridad alimentaria con intervención focalizada y paquete de servicios para la primera infancia, combinando prevención, atención oportuna y soporte alimentario, en territorios priorizado; con seguimiento nominal y resultados medibles.

• Disminuir la anemia en 6–35 meses en al menos 5 p.p. por año. • Reducir inseguridad alimentaria moderada/severa en al menos 10 p.p. vs 2025 (2031). • Alcanzar (mayor igual) 90% de tamizaje y suplementación oportuna en territorios priorizados (2031).

• % de niños 6–35 meses con anemia (ENDES/INEI). • % de hogares con inseguridad alimentaria moderada/severa (ENAHO/INEI). • % de niños con tamizaje y suplementación oportuna (MINSA/SIS).

Aumentar exportaciones e inversión con más valor agregado y menos costo logístico, integrando MYPE y regiones a cadenas globales de valor. - Diversificar la canasta exportadora hacia bienes y servicios con mayor valor agregado. - Aduanas y logística más rápidas: simplificar trámites, digitalizar procesos y reducir tiempos/costos por operación. - Infraestructura para competir: priorizar corredores logísticos, puertos y pasos fronterizos clave. - Promoción comercial focalizada y apertura de mercados según sectores con potencial. - MYPE exportadora: asistencia técnica, financiamiento y encadenamientos productivos. - Aprovechar acuerdos comerciales para internacionalizar empresas y atraer inversión, articulado al Plan Crecer Productivo.

· Incrementar sostenidamente la participación de exportaciones no tradicionales y con mayor valor agregado en la canasta exportadora. · Reducir los tiempos y costos logísticos y aduaneros de exportación. · Mejorar la capacidad y eficiencia de puertos y fronteras estratégicas, reduciendo cuellos de botella. · Aumentar significativamente el número de MYPE exportadoras, especialmente en regiones. · Profundizar la inserción del Perú en cadenas globales de valor, con mayor participación de bienes intermedios y servicios.

· Índice de concentración de exportaciones · Participación de exportaciones no tradicionales (%). · Participación de exportaciones no primarias (% del total). · Tiempo promedio y costo logístico–aduanero por operación de exportación. · Capacidad portuaria y tiempos de despacho en puertos y pasos fronterizos clave. · Número y porcentaje de MYPE que exportan regularmente. · Exportaciones intermedias y encadenamientos productivos vinculados a mercados externos.

Convertir sectores con potencial —minería sostenible, agroexportación moderna y turismo productivo— en motores de crecimiento y empleo formal: más valor agregado, más encadenamientos y transición verde. - Minería sostenible con proveedores: encadenamientos mineros y metalmecánicos; CITEs y mesas ejecutivas para innovación, estándares y cumplimiento ambiental; trazabilidad y eficiencia energética para reducir conflictos y subir productividad. - Agroexportación con transformación: más valor agregado, certificaciones y tecnología; pequeños productores conectados a cadenas con asistencia, financiamiento y asociatividad; agroindustria alineada a portafolios regionales. - Turismo productivo y sostenible: corredores turísticos que integren cultura, gastronomía y economías locales; formalización progresiva, capacitación y digitalización; empleo formal femenino y juvenil; industrias creativas como sector productivo con financiamiento vía COFIDE y fondos concursables. - Servicios modernos y economía del conocimiento: impulsar servicios digitales e industrias creativas como nuevos motores de crecimiento; integrar transición energética y economía verde como ventaja competitiva.

· Incrementar sostenidamente la participación de sectores estratégicos no primarios en el PBI. · Aumentar el empleo formal y la productividad en minería sostenible, agroexportación y turismo. · Elevar las exportaciones no tradicionales, agroindustriales y de servicios modernos. · Avanzar en la transición energética y reconversión productiva sostenible.

· Participación de sectores estratégicos no primarios en el PBI. · Empleo formal generado en minería, agroexportación, turismo y sectores asociados. · Exportaciones no tradicionales, agroindustriales y de servicios modernos. · Productividad sectorial. · Indicadores de sostenibilidad (eficiencia energética, reconversión verde).

Cerrar brechas de capital humano e impulsar innovación aplicada para crear empleo formal y productividad, con foco en jóvenes y territorios rezagados. - Formación técnica y superior alineada a sectores priorizados del Plan Crecer Productivo, articulando universidades, institutos, CITEs, sector privado y cooperación internacional - Inserción laboral juvenil: formación dual, certificación de competencias y prácticas en empresas. - I+D aplicada en territorio: red nacional de CITEs para pilotos, transferencia tecnológica y escalamiento productivo. - Becas y formación técnica territorial vinculadas a Portafolios Productivos Regionales y demanda real del mercado.

· Incrementar la empleabilidad y formalización de jóvenes en sectores productivos. · Reducir brechas territoriales de acceso a formación técnica y tecnológica. · Aumentar progresivamente la inversión en innovación y adopción tecnológica. · Fortalecer el vínculo entre empresas, centros tecnológicos y academia.

· Nivel de competencias técnicas y digitales de la fuerza laboral · Tasa de empleo juvenil formal. · Gasto en I+D (% del PBI). · Número de empresas que acceden a servicios de innovación y transferencia tecnológica. · Productividad laboral en sectores priorizados.

Reducir informalidad y subir la calidad del empleo con una ruta simple de formalización: menos costo de entrada, más beneficios y reglas claras. -Simplificación de regímenes MYPE con reducción temporal y gradual de aportes laborales y tributarios en los primeros años, evitando saltos bruscos de costos y facilitando la transición a la formalidad. - Formalización paso a paso: facilidades administrativas + acceso a crédito/compras públicas/programas productivos + fiscalización gradual; acompañamiento antes que sanción. - Sistema nacional de cuidados con enfoque territorial: guarderías y servicios para niños y dependientes para liberar tiempo y facilitar empleo formal femenino. Incluye a personas con discapacidad tanto en cuidado como fomento de empleo. - Integrar cuidado-empleo-productividad: que la mayor participación laboral se traduzca en empleo formal, productividad e ingresos. - Empleo juvenil y femenino: incentivos a la contratación formal, formación dual y certificación de competencias. - Plataforma de Servicios Laborales Digitales: contratar, afiliar, pagar y acceder a beneficios en minutos, reduciendo costo y tiempo de formalización.

· Reducir la informalidad laboral en al menos 10 p.p. · Incrementar el empleo formal en MYPE de manera sostenida, especialmente fuera de Lima. · Reducir el costo efectivo de entrada a la formalidad. · Elevar la participación laboral femenina por encima del 65 %. · Aumentar significativamente el empleo juvenil formal, con énfasis en primer empleo. · Expandir la cobertura de servicios de cuidado en zonas urbanas y rurales priorizadas. · Incluir personas con discapacidad en sistema de cuidados y fomento de primer empleo. · Reducir el tiempo y costo de contratación formal mediante digitalización. · Nuevas contrataciones formales vía la plataforma digital.

· Tasa de informalidad laboral (% de ocupados). · Empleo formal creado en MYPE (número y %). · Costo laboral y tributario efectivo de entrada a la formalidad para MYPE (% del salario/ventas). · Participación laboral femenina (%). · Empleo juvenil formal. · Cobertura de servicios de cuidado (número de plazas / % de población objetivo). · Tiempo y costo de contratación formal. · Uso de la Plataforma de Servicios Laborales Digitales

Construir un sistema previsional universal, simple y sostenible: piso mínimo para todos, competencia real, incentivos para el ahorro, y pensiones vinculadas a aportes. Los pilares son: -Pilar 1. Protección básica universal Pensión universal básica no contributiva equivalente a la pensión de Programa ¨Pensión 65¨ financiada por el Estado para adultos mayores sin pensión, administrada operativamente por la ONP. Se garantiza piso mínimo de protección en vejez, independiente de historia laboral. Se reduce pobreza y protege a quienes nunca pudieron cotizar, financiándose con reasignación de gasto tributario ineficiente. -Pilar 2. Contributivo con pensión mínima garantizada Sistema contributivo donde público y privado compiten. La ONP incorpora cuentas, que registran los aportes de cada afiliado y calculan la pensión con reglas actuariales claras. El Estado complementa solo para garantizar pensión mínima. -Pilar 3. Contributivo voluntario Ahorro voluntario y microahorro digital (redondeo de pagos, aportes pequeños frecuentes) con incentivos tributarios simples, seguros complementarios y ahorro vinculado a salud preventiva adaptado a ingresos variables de trabajadores independientes e informales para aumentar continuidad de aportes y atraer trabajadores informales.

· Incrementar sostenidamente la cobertura previsional. · Mejorar el nivel de ahorro y reducir costos del sistema. · Recuperar la confianza ciudadana en el sistema previsional.

· Cobertura previsional (% de la PEA). · Ahorro previsional acumulado. · Costos y nivel de competencia del sistema.

Bajar el costo del crédito y ampliar el financiamiento productivo para hogares y MYPE, especialmente fuera de Lima, con más competencia y más información. - Open Banking y Open Finance para aumentar competencia, transparencia y reducir spreads. - Más actores y más innovación: habilitar y escalar fintechs y soluciones digitales (incluida oferta rural y regional) con regulación proporcional al riesgo. - Crédito ligado a formalización productiva: integrar pagos digitales, facturación y billeteras para construir historial crediticio y reducir asimetrías. - Menos efectivo, más trazabilidad: incentivos para uso de medios de pago digitales como puerta de entrada a crédito y servicios financieros.

· Reducción sostenida del spread bancario promedio respecto a línea base 2025. · Aumento del crédito al sector privado. · Incremento significativo del acceso al crédito para MYPE, especialmente fuera de Lima. · Mayor uso de pagos digitales, reduciendo progresivamente uso intensivo de efectivo. · Expansión del ecosistema fintechs, con soluciones rurales y regionales. · Uso generalizado de trazabilidad digital en la evaluación crediticia de pequeños negocios.

· Spread bancario promedio (tasa activa – tasa pasiva). · Crédito al sector privado (% del PBI). · Acceso al crédito productivo de MYPE. · Uso de medios de pago digitales. · Número de actores financieros no bancarios (fintechs) regulados y operativos. · % de operaciones crediticias que incorporan información de trazabilidad digital (pagos, facturación, billeteras).

Convertir al Estado en una sola plataforma digital interoperable: menos vueltas, menos costo y más formalización. - Priorizar y rediseñar los trámites más usados y costosos (constitución de empresa, RUC, licencias municipales, contratos laborales, ESSALUD, AFP/ONP, certificados y pagos) para que sean 100% digitales. - Interoperabilidad obligatoria: RENIEC, SUNAT, MTPE, ESSALUD, SBS y Poder Judicial comparten datos con estándares comunes y seguridad -Plataforma Digital Única del Estado: un solo punto para todas las entidades, que concentre trámites, pagos, notificaciones y seguimiento en tiempo real, evitando duplicidades y reduciendo costos. -Identidad digital única para trámites seguros, firma de documentos, realizar pagos y acceder a servicios públicos y financieros. -Acceso inclusivo: puntos de acceso digital (MAC digitales) en mercados, municipios, centros poblados y espacios de alta afluencia, garantizando conectividad y acompañamiento para cerrar brechas digitales.

· Trámites más usados y costosos integrados en una plataforma digital única. · Reducir sustancialmente tiempos y costos administrativos. · Reducir el costo administrativo promedio de formalización y cumplimiento vs 2025 (2031). · Integrar al menos las 10 entidades con mayor interacción ciudadana y empresarial al 2031. · Uso generalizado de identidad digital para trámites y pagos públicos.

· % de trámites del Estado integrados en la Plataforma Digital Única. · % de trámites totalmente digitales (sin papel ni presencialidad). · Tiempo promedio de realización de trámites clave. · Costo de cumplimiento administrativo para MYPE. · Número de entidades interoperables (RENIEC, SUNAT, MTPE, ESSALUD, SBS, PJ). · % de confianza ciudadana en procesos y trámites del Estado · % de uso de trámites digitales v. presenciales.

Impulsar desarrollo productivo territorial que cree empleo formal y nuevos motores de crecimiento, reduciendo la dependencia de economías ilegales. Se implementará el Plan "Crecer Productivo" con dos ejes: - Productividad y formalización en sectores donde está el empleo: agricultura tradicional, pesca artesanal, comercio, economía forestal amazónica y economía del cuidado. - Escalamiento e inserción global de sectores con potencial: agroindustria, minería sostenible, energía, servicios digitales y turismo sostenible. Instrumentos de ejecución: - Mesas ejecutivas por región/sector para destrabar cuellos de botella. - Sandboxes regulatorios productivos regionales para probar soluciones y reducir costos de cumplimiento. - Red de CITEs fortalecida para innovación, adopción tecnológica y transferencia productiva. - Portafolios Productivos Regionales con metas, responsables y ruta de inversiones públicas y privadas.

· Incrementar la participación de sectores no primarios en el PBI regional (2031) · Incrementar la tasa de empleo formal versus línea base 2025. · Incrementar el ingreso real per cápita en las regiones priorizadas al 2031. · Reducir la tasa de pobreza al cierre del 2031. · Reducir el número de departamentos con presencia significativa de actividades ilegales hacia 2031, priorizando la erradicación sostenida en territorios críticos en al menos el 60%.

· Tasa de empleo formal en regiones · Mejora de productividad y mayor inversión en sectores · Participación de sectores no primarios en el PBI regional (%) · Ingreso real per cápita en regiones priorizadas · Tasa de pobreza en regiones con alta informalidad · Número de departamentos con presencia significativa de actividades ilegales.

Destrabar inversión y subir productividad: menos traba, más competencia y reglas estables para invertir. - Simplificación regulatoria multisectorial: revisión y eliminación de sobrecostos; evaluación ex ante y ex post de la carga regulatoria. -Agenda de inversión privada 2030 con: certidumbre jurídica, estabilidad regulatoria; simplificación de permisos; y mesas ejecutivas para sectores estratégicos. - Ventanilla única territorial para permisos y promoción de inversiones, articulada con ProInversión y gobiernos regionales. - Estado pro-competencia: intervenciones regulatorias y de supervisión para abrir mercados, bajar barreras de entrada y reducir concentración. - Inversión pública alineada a retorno: modernizar Invierte.pe, priorizar por impacto/retorno (no por gasto), y usar unidades ejecutoras especializadas para grandes proyectos cuando corresponda.

· Aumento de la PTF mayor a 0,5 p.p. anual. · Inversión privada mayor a 22 % del PBI. · Reducción de tiempos regulatorios en 30–40 %. · Destrabar de manera sostenida proyectos estratégicos de inversión privada y público-privada, con foco territorial. · Priorizar al menos 80 % de la inversión pública según criterios de retorno y mejorar la tasa de ejecución de proyectos estratégicos, y reducir retrasos. · Incrementar sostenidamente el número de intervenciones pro-competencia en sectores estratégicos.

· Crecimiento de la PTF. · Inversión privada (% del PBI). · Tiempo promedio de obtención de permisos y licencias. · Número de proyectos de inversión privada destrabados vía mesas ejecutivas y ventanilla única. · Ejecución de cartera de proyectos priorizados de inversión privada (% del portafolio) · Número de intervenciones pro-competencia en sectores estratégicos.

Hacer que cada sol de inversión pública se traduzca en obras útiles, a tiempo y sin corrupción: buena formulación, buena priorización y ejecución rápida. - Ordenar el ciclo de inversión: separar formulación, evaluación de viabilidad y aprobación; solo proyectos priorizados en la PMI entran al presupuesto. - Presupuesto multianual realista: PMI alineada a techos de gasto y sostenibilidad fiscal, con cartera financiable y cronograma creíble. - Contratación pública más simple y más rápida, manteniendo estándares técnicos y transparencia, así como uso de tecnología. - Capacidades técnicas obligatorias: acreditación de unidades formuladoras y certificación de elaboradores de expedientes técnicos; análisis costo-beneficio estandarizado como regla, para impacto en proyectos priorizados. - Cartera manejable: límites al tamaño de la cartera activa según capacidad fiscal y de ejecución subnacional; revisión periódica de calidad del gasto de inversión.

· Incrementar sostenidamente la tasa de ejecución de la inversión pública, reduciendo retrasos y sobrecostos. · Reducir significativamente el número de obras paralizadas. · Disminuir los tiempos de aprobación y ejecución de proyectos. · Lograr que la mayoría de los proyectos de inversión pública cuenten con análisis costo–beneficio y evaluación técnica previa. · Mejorar la calidad promedio de la cartera de inversión pública, medida a través de evaluaciones periódicas de calidad del gasto.

· Tasa de ejecución de la inversión pública (%). · Número de obras paralizadas. · Tiempo promedio de aprobación y ejecución de proyectos. · % de proyectos con análisis costo–beneficio estandarizado. · Número de evaluaciones de calidad del gasto de inversión

Blindar la estabilidad macroeconómica y recuperar el espacio fiscal con reglas claras, instituciones fuertes y mejor recaudación; fortaleciendo la credibilidad institucional. Resguardar autonomía del BCRP: designación de autoridades técnicas e independientes que conduzcan la política monetaria de manera prudente y responsable, preservando la estabilidad de precios y el control de la inflación. - Cerrar la puerta al gasto sin financiamiento y eliminar la iniciativa de gasto del Congreso. - Marco macrofiscal vinculante 2026-2031: senda multianual de déficit, gasto y deuda aprobada por el Congreso (corresponsabilidad entre poderes), con mecanismos automáticos de corrección. - Presupuesto con trazabilidad: transparencia y coherencia estricta entre marco macrofiscal y presupuesto; justificación pública de supuestos y cifras. - Consejo Fiscal con acceso oportuno a información macrofiscal y presupuesto; alertas tempranas y seguimiento permanente. -Reforma tributaria progresiva . -Revisión Integral de Gastos Tributarios y eliminación de exoneraciones ineficientes. - Régimen MYPE único, simple y sin "saltos" - Empresas públicas (p. ej., Petroperú) con disciplina fiscal

· Convergencia a cumplimiento de regla fiscal: convergencia de déficit fiscal y mantenimiento en 1 % del PBI y estabilización de la deuda pública por debajo del 30%. · Presión tributaria: aumento gradual hacia 17 % del PBI. · Gasto tributario: reducción de 2,2 % del PBI a 1,5 % en 3 años. · Mantener o mejorar el grado de inversión y asegurar una perspectiva estable durante todo el período 2026–2031. · Reducir progresivamente los rescates y apoyos financieros a empresas públicas, con un tope explícito anual y tendencia decreciente al 2031. Todo apoyo sujeto a planes de reestructuración y metas verificables.

· Déficit fiscal del SPNF (% del PBI). · Deuda pública del SPNF (% del PBI). · Presión tributaria (% del PBI). · Gasto tributario (% del PBI). · Grado de inversion · Transferencias del Estado a empresas públicas (% del PBI)

Modernizar el sistema de descentralización para mejorar la provisión de servicios públicos, fortalecer el desarrollo territorial y asegurar una asignación más equitativa y eficiente de los recursos entre territorios. - Ordenar la estructura territorial, estableciendo requisitos técnicos y fiscales para la creación de nuevas municipalidades, reduciendo fragmentación y duplicidades. -Fortalecer los gobiernos regionales como nivel intermedio, otorgándole mayor capacidad para formular y coordinar políticas en salud, educación y seguridad. -Reemplazar transferencias discrecionales por un sistema de financiamiento predecible, oportuno y condiconado a resultados. -Reformar la distribución del canon, haciéndola más equitativa y con un fondo de estabilización para reducir volatilidad y desigualdades territoriales. -Reformular el FONCOMUN, redistribuyendo recursos según brechas, necesidades de gasto y capacidad de recaudación local. -Fortalecer capacidades regionales y locales en gestión pública, planificación y ejecución del gasto.

· Reducir la creación de municipalidades sin viabilidad técnica y fiscal. · Incrementar sostenidamente la ejecución y calidad del gasto regional. · Disminuir la volatilidad del gasto asociada al canon mediante el fondo de estabilización. · Reducir la discrecionalidad en transferencias, aumentando la proporción asignada por reglas claras. · Aumentar la participación de ingresos propios y transferencias redistributivas en el financiamiento subnacional. · Mejorar los índices de capacidad institucional de gobiernos regionales.

· Número de municipalidades creadas. · % de ejecución del gasto regional. · Volatilidad del canon (variación interanual). · Índices de capacidad institucional subnacional · Composición de ingresos subnacionales: · % de recursos ordinarios, · % de ingresos propios y recursos determinados (canon, FONCOMUN). · % de transferencias asignadas con reglas objetivas.

Recuperar el control en la Amazonía y fortalecer resiliencia climática: combatir economías ilegales, reducir deforestación y proteger vidas e infraestructura ante desastres.

Reducir deforestación anual en (mayor igual) 20% vs línea base 2025 (2031). • Incrementar en (mayor igual) 30% los resultados operativos contra economías ilegales vs 2025 (2031). • Implementar sistemas de alerta temprana en (mayor igual) 80% de zonas priorizadas (2028) y (mayor igual) 100% (2031). • Aumentar ejecución de inversión de prevención y gestión de riesgo en (mayor igual) 10 p.p. vs 2025 (2031).

• Hectáreas de deforestación anual (MINAM) • Operativos e incautaciones vinculadas a economías ilegales (PNP/Fiscalías) • % de población en zonas priorizadas con sistemas de alerta temprana operativos (INDECI) • Inversión de prevención y gestión de riesgo ejecutada (% del PIM) (MEF)

Garantizar agua segura y saneamiento sostenible: mejorar continuidad y calidad, fortalecer operación y mantenimiento y cerrar brechas con enfoque urbano-rural por fases.

Elevar continuidad a =18 horas/día en ciudades priorizadas (2031) • Lograr =90% de cloración adecuada en sistemas priorizados (2030) y sostener al 2031 • Incrementar cobertura de saneamiento rural en =10 p.p. vs 2025 (2031) • Reducir agua no facturada en EPS priorizadas en =10 p.p. vs 2025 (2031)

Horas promedio de continuidad de agua en ciudades priorizadas (SUNASS) • % de muestras con cloración adecuada (MINSA/SUNASS) • Cobertura de saneamiento rural (INEI) • Índice de agua no facturada (pérdidas) en EPS priorizadas (SUNASS)

Conectar el Perú: mejorar corredores viales y ampliar internet de calidad, priorizando rutas productivas y zonas rurales para bajar costos y abrir oportunidades.

• Intervenir (rehabilitar/mantener) =15,000 km en corredores priorizados (2026–2031) • Incrementar conectividad a internet en centros poblados rurales en =20 p.p. vs 2025 (2031) • Reducir tiempo/costo de transporte en corredores priorizados en =10% vs 2025 (2031) • Alcanzar cobertura 4G en 100% de capitales de provincia y avanzar a 5G donde sea viable (2031)

• Km de vías nacionales/departamentales/vecinales intervenidas en corredores priorizados (MTC) • % de centros poblados rurales con conectividad a internet (MTC/OSIPTEL) • Tiempo de viaje y costo de transporte en corredores priorizados (MTC) • Cobertura 4G/5G en capitales de provincia (OSIPTEL)

Tolerancia cero a la corrupción y un Estado que responde: integridad, digitalización de trámites clave, transparencia radical y destrabe de inversión con control y rendición de cuentas. Investigaciones rápidas al igual que los casos judicializados priorizando la tramitación y resolución de delitos de alto impacto (extorsión, sicariato, crimen organizado, corrupción de funcionarios y violencia familiar y contra mujeres y niños). Evitar la excesiva rotación de jueces y fiscales por la provisionalidad en los cargos, promoviendo la titularidad con base en la meritocracia.

• Implementar modelo de integridad en 100% de ministerios (2027) y gobiernos regionales (2029) • Reducir en (mayor igual) 30% el tiempo promedio de 10 trámites priorizados (2031) • Aumentar la ejecución de inversión pública en (mayor igual) 10 p.p. vs 2025 (2031) • Reactivar (mayor igual) 70% de obras priorizadas paralizadas (2028) y culminar (mayor igual) 60% al 2031 •Programa de incentivos subnacionales para más eficiencia y menos trámites, utilizando IA y blockchain. • Incrementar en (mayor igual) 20% la tasa de resolución de los procesos de delitos de alto impacto (sentencia/decisión final) vs 2025 (2031). • Incrementar en (mayor igual) 80% la tasa de jueces y fiscales titulares con selección trasparente y por méritos. • Aumentar en (mayor igual) 50% los procesos de selección y evaluación del desempeño de jueces y fiscales.

• % de entidades del Ejecutivo con modelo de integridad implementado y evaluado (PCM) • Tiempo promedio de 10 trámites priorizados (por sector) (PCM) • Ejecución de inversión pública (% del PIM) (MEF) • % de obras priorizadas reactivadas y culminadas (MEF/Contraloría) • % de gobiernos subnacionales que reducen trámites más utilizados • % de procesos que se digitalizan, usando IA y blockchain • % de investigaciones y casos de delitos de alto impacto, generalmente de naturaleza compleja. • % de fiscales titulares y provisionales. • % de jueces titulares, provisionales y supernumerarios. • Número de procesos de selección y de evaluación del desempeño a jueces y fiscales.

Expandir la justicia para brindar acceso y tutela efectiva a las poblaciones de zonas de frontera, rurales y vulnerables, Ampliar y fortalecer la cobertura de justicia itinerante.

• Ampliar cobertura de atención a víctimas en territorios priorizados: +50% vs 2025 (2031), implementando en 30% los juzgados mixtos y fiscalías en poblaciones lejanas, zonas de frontera y vulnerables. • Creación en (mayor igual) 30% de órganos del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. • Incrementar en (mayor igual) 50% el número de defensores públicos.

· Número de juzgados y fiscalías en zonas de frontera, rurales y donde se registra alto índice de sectores vulnerables · Porcentaje de víctimas en especial de los grupos vulnerables, mujeres y niños. · Porcentaje de medidas de protección otorgadas a las mujeres y los integrantes del grupo familiar. · Porcentaje de servicios de defensa pública y de atención a víctimas. (MIMP/MINJUSDH).

Acelerar la justicia, con el cumplimiento de los plazos en las diversas etapas procesales con gestión, tecnología, e inteligencia artificial, Conversión de órganos fiscales y jurisdiccionales transitorios en permanentes. Creación de órganos jurisdiccionales y fiscales que sean necesarios para brindar justicia confiable, oportuna y sin pausa.

Reducir el tiempo mediano de tramitación en las etapas de los procesos (mayor igual) 30% vs línea base 2025 en casos priorizados (2031) • Justicia sin pausa: creación de juzgados transitorios de descarga procesal. • Convertir (mayor igual) 100% los órganos fiscales y jurisdiccionales transitorios en permanentes. •Incrementar en (mayor igual) 20% la tasa de resolución de los procesos (sentencia/decisión final) vs 2025 (2031). •Elevar en (mayor igual) 20% la tasa de casos con sentencia ejecutada.

· % de procesos judiciales de todas las especializaciones. · % de denuncias, carpetas fiscales y formalizaciones de investigación preparatoria en sede penal. · Tiempo promedio en la tramitación de las diligencias preliminares investigaciones preparatorias, etapa intermedia, y juzgamiento, con énfasis en los casos priorizados (MP/PJ). · Número de casos priorizados con sentencia/decisión final (PJ) y de casos con sentencias no ejecutadas.

Implementar un modelo nacional de intervención diferenciada en el sistema de justicia juvenil, basado en perfiles de riesgo y trayectorias, que asegure la especialización institucional, y el acompañamiento a adolescentes, con énfasis en la desvinculación de dinámicas criminales.

100% de adolescentes en conflicto con la ley penal incorporados al modelo de intervención diferenciada según perfil y trayectorias delictivas.

% de adolescentes en conflicto con la ley penal incorporados a un modelo de intervención diferenciada conforme a lineamientos nacionales.

Reforma real del sistema penitenciario sobre la base de un rediseño institucional con sustento normativo, operativo y presupuestal, que defina claramente funciones, estructura, carrera del personal penitenciario y mecanismos de control, garantizando capacidades reales de control, clasificación de internos y resocialización.

100% del modelo institucional del sistema penitenciario implementado, con marco normativo, estructura, presupuesto y hoja de ruta ejecutada. 100% de los cargos directivos sujetos a procesos de evaluación y depuración. 100% de personal penitenciario incorporado al régimen de carrera penitenciaria (reformulada)

· % de implementación de un nuevo modelo institucional penitenciario con marco normativo aprobado, estructura organizacional definida, presupuesto asignado y hoja de ruta de transición ejecutada. · % de cargos directivos renovados mediante procesos de evaluación. · % de personal penitenciario incorporado al régimen de carrera penitenciaria (reformulada).

Eliminar las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios mediante la inhabilitación efectiva de la señal de telecomunicaciones dentro y en los perímetros penitenciarios, la implementación de sistemas tecnológicos de detección de dispositivos, y la articulación obligatoria con las empresas operadoras de telecomunicaciones bajo un esquema de responsabilidad regulada y supervisión permanente del Estado.

100% de establecimientos penitenciarios con señal de telecomunicaciones inhabilitada en los cuadrantes penitenciarios definidos. Reducción (mayor igual) 90% de incidentes delictivos originados desde penales, respecto a la línea base 2025.

· % de establecimientos penitenciarios con señal de telecomunicaciones efectivamente inhabilitada en su interior y en el perímetro (cuadrantes penitenciarios definidos). · Número de incidentes delictivos verificados originados desde establecimientos penitenciarios.

Neutralizar el mando criminal desde cárceles separando a los líderes en regímenes especiales Neutralizar la capacidad de mando y control de los líderes criminales mediante la implementación de regímenes especiales de máxima seguridad, con aislamiento físico y comunicacional efectivo, control reforzado del personal penitenciario, monitoreo permanente y protocolos diferenciados de custodia.

100% de los líderes de organizaciones criminales de alta peligrosidad recluidos en regímenes de máxima seguridad con aislamiento efectivo.

% de líderes criminales identificados que se encuentran recluidos en regímenes de máxima seguridad con aislamiento físico y comunicacional efectivo.

Reformar la gobernanza y conducción estratégica del sistema de seguridad ciudadana, mediante la redefinición de las funciones del CONASEC, la vinculación efectiva de sus acuerdos a acciones y resultados, y la transformación de los planes de seguridad ciudadana en instrumentos operativos y de seguimiento. Incorporar medidas vinculadas a seguridad nacional, cuando el fenómeno criminal lo requiera.

(mayor igual) 70% de los acuerdos del CONASEC cumplidos con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.

% de acuerdos del CONASEC que cuentan con responsables, plazos definidos y seguimiento de cumplimiento.

Modernizar la investigación y persecución penal adquiriendo tecnología (software UFED cellebrite).

(mayor igual) 70% de investigaciones.

% de investigaciones con soporte tecnológico (software UFED cellebrite).

Mejorar la coordinación interinstitucional en investigaciones de delitos complejos.

Incrementar en (mayor igual) 30% la tasa de resolución de investigaciones de delitos complejos con sentencia y decisión final

% de investigaciones de delitos complejos con sentencia y decisión final (PJ).

Implementar una reforma institucional efectiva de la Policía Nacional del Perú, basada en un rediseño organizacional, fortalecimiento de la carrera policial, especialización de funciones y mejora de la gestión del personal, con plazos definidos y mecanismos de seguimiento, evitando reformas parciales o meramente declarativas.

(mayor igual) 70% de componentes de la reforma implementados en regiones priorizadas. 100% del personal policial incorporado a un sistema de carrera, evaluación y especialización funcional.

· % de componentes prioritarios de la reforma policial implementados · % de efectivos asignados a funciones acorde a su especialización · % de personal policial evaluado periódicamente

Incrementar la denuncia de delitos mediante la mejora de la atención policial al ciudadano y el fortalecimiento de la confianza en la respuesta institucional y mejorando la interacción policía–ciudadanía.

Incrementar % de víctimas que realizaron denuncias por algún hecho delictivo en 2031 al 30% (línea de base, 2025: 19%).

% de víctimas que realizaron denuncias por algún hecho delictivo.

Mejorar la seguridad cotidiana mediante el fortalecimiento del patrullaje policial disuasivo, visible y focalizado en zonas de mayor incidencia delictiva, optimizando los tiempos de respuesta y la articulación con serenazgos municipales, con el objetivo de incrementar la presencia preventiva y la confianza ciudadana.

Reducir la percepción de inseguridad en 2031 al 50% (línea de base, octubre de 2025: 85.9%). Incrementar % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por parte de la PNP en 2031 al 50% (línea de base, 2025: 28.9%). Incrementar % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por parte del serenazgo en 2031 al 70% (línea de base, 2025: 48.1%).

· % de percepción de inseguridad en el país. · % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por la PNP · % de población que manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio por serenazgo

Reducir la incidencia de hurto, robo y estafas mediante estrategias focalizadas de prevención situacional y operativa, fortaleciendo la presencia policial en puntos críticos, la investigación de delitos patrimoniales y la adaptación de las capacidades policiales a las nuevas modalidades de estafa, especialmente en entornos urbanos y digitales.

Reducir victimización urbana nacional en 2031 al 15% (línea de base, octubre de 2025: 24,5%).

Porcentaje de victimización por hechos delictivos

Reducir la capacidad financiera del crimen organizado mediante el fortalecimiento de la investigación penal de los flujos financieros ilícitos, otorgando a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) capacidades de investigación penal en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

100% de organizaciones criminales priorizadas con flujos financieros ilícitos intervenidos.

% de organizaciones criminales priorizadas con flujos financieros ilícitos identificados e intervenidos.

Fortalecer la capacidad del Estado, especialmente del sistema de justicia, para identificar y desarticular organizaciones criminales nacionales y extranjeras mediante investigaciones complejas orientadas a estructuras, roles y redes, y una coordinación interinstitucional sostenida entre la Policía, el Ministerio Público y otras entidades competentes.

100% de organizaciones criminales nacionales y extranjeras identificadas y desarticuladas

% de organizaciones criminales nacionales y extranjeras identificadas y Desarticuladas mediante investigaciones complejas

Debilitar la extorsión y el control territorial de bandas y organizaciones criminales mediante acciones focalizadas de prevención (limitar la aparición de aventureros), control (atacando sus finanzas) y persecución del delito (con el trabajo coordinado de PNP-MP-PJ-INPE), orientadas a reducir su incidencia y capacidad de intimidación.

Reducir la tasa de victimización por extorsión por cada 100 habitantes mayores de 15 años y más de edad, a nivel nacional, de 0.9 a 0.6

Tasa de victimización por extorsión por cada 100 habitantes mayores de 15 años y más de edad (ENAPRES)

Reducir la violencia homicida a nivel nacional mediante intervenciones focalizadas en territorios de mayor incidencia, fortaleciendo la capacidad de prevención, control y respuesta del Estado frente a la violencia letal.

Reducir la tasa de homicidios de 8.6 (2021) a 6 por cada 100 mil habitantes.

Tasa de homicidios por 100 mil hab. (CEIC)