PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE

Construir una educación pública liberadora, inclusiva y de calidad, orientada a la formación integral, la identidad nacional y la igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos.

• Reducir la deserción escolar a = 5 % al 2031 • Cobertura educativa universal en educación básica al 2030 • 100 % de cobertura en educación inicial (3–5 años) al 2030 • Reducir la brecha urbano–rural de aprendizajes en = 50 % al 2030

• Tasa de deserción escolar (%) • Cobertura educativa por nivel (inicial, primaria, secundaria) • Brecha de aprendizajes urbano–rural (%) • Ratio alumno/docente

Garantizar los derechos sociales fundaméntales como responsabilidad indelegable del Estado, asegurando acceso universal, gratuito y dé calidad a educación, salud, agua potable y saneamiento.

• 100 % de la población con acceso a agua potable al 2031 • 100 % de la población con saneamiento básico al 2031 • Cobertura efectiva de salud = 95 % al 2031 • Analfabetismo reducido a 0 % al 2031

• Cobertura de acceso a agua potable (%) • Cobertura de saneamiento básico (%) • Cobertura efectiva de servicios de salud (%) • Tasa de analfabetismo (%)

Fortalecer la universidad pública como pilar de justicia social y desarrollo nacional, ampliando y democratizando el acceso a la educación superior, incrementando vacantes, descentralizando la oferta universitaria hacia las regiones y garantizando gratuidad, calidad y pertinencia social de la formación académica.

• Incrementar de manera sustantiva las vacantes en universidades públicas, avanzando hacia un aumento de al menos 50 % a nivel nacional. • Crear y poner en funcionamiento nuevas universidades públicas regionales, priorizando regiones históricamente excluidas, antes del 2030. • Garantizar el financiamiento suficiente y sostenido de las universidades públicas, asegurando gratuidad real y condiciones adecuadas de funcionamiento. • Reducir las brechas territoriales y sociales en el acceso a la educación superior pública, priorizando a jóvenes de zonas rurales, amazónicas y de menores ingresos. • Fortalecer el rol de la universidad pública en la investigación, la formación profesional y el desarrollo nacional, articulándola con las necesidades productivas y sociales del país.

• Número de vacantes en universidades públicas a nivel nacional • Distribución regional de vacantes en educación superior pública • Número de universidades públicas regionales creadas o fortalecidas • Presupuesto público asignado a universidades públicas (%) • Tasa de acceso a educación superior pública de jóvenes de sectores populares (%)

Garantizar la igualdad sustantiva y efectiva, mediante políticas públicas y acciones afirmativas del Estado que eliminen toda forma de discriminación estructural por género, origen étnico o condición de discapacidad, asegurando participación equitativa, autonomía económica y acceso real al poder y a los derechos.

• Reducir de manera progresiva la brecha salarial de género hasta niveles residuales al 2030, garantizando igual remuneración por trabajo de igual valor. • Alcanzar la paridad de género en los altos cargos públicos, avanzando hacia una participación equilibrada de mujeres en la toma de decisiones del Estado. • Incrementar de forma sostenida la participación de pueblos indígenas en instancias de representación y gestión pública, con enfoque plurinacional e intercultural. • Ampliar la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, eliminando barreras estructurales y garantizando ajustes razonables. • Institucionalizar políticas públicas con enfoque de género, interculturalidad y discapacidad en todos los niveles de gobierno.

• Brecha salarial de género (%) • Participación de mujeres en cargos directivos y de alta responsabilidad pública (%) • Participación de pueblos indígenas en instancias de decisión pública (%) • Participación laboral y social de personas con discapacidad (%) • Existencia y cobertura de políticas públicas con enfoque de género, intercultural y de discapacidad

Fortalecer y universalizar la protección social como derecho, priorizando a la población en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante un sistema articulado de programas sociales bajo rectoría del Estado, orientado a garantizar condiciones de vida dignas y reducir estructuralmente la desigualdad social.

• Garantizar la cobertura total de los hogares en pobreza extrema por el sistema de protección social, asegurando atención integral y sostenida. • Ampliar de manera progresiva la cobertura de los programas sociales, avanzando hacia la universalización de la protección social basada en derechos. • Integrar y fortalecer los programas sociales bajo una estrategia nacional única, superando la dispersión y el asistencialismo. • Vincular los programas de protección social con empleo, salud, educación y vivienda, para reducir de forma estructural la pobreza.

• Cobertura efectiva de programas de protección social (%) • Número de hogares beneficiarios de programas sociales • Porcentaje de hogares en pobreza extrema cubiertos por el sistema de protección social • Nivel de articulación e integración entre programas sociales (índice de gestión social)

Regularizar la propiedad urbana y transformar integralmente los barrios populares, garantizando seguridad jurídica, acceso universal a servicios básicos, infraestructura adecuada y condiciones de vida dignas, como parte del derecho a la vivienda y a la ciudad, bajo conducción y planificación del Estado.

• Otorgar 500,000 títulos de propiedad urbana al 2030, priorizando asentamientos humanos y barrios populares históricamente excluidos. • Concluir el saneamiento físico-legal de los principales asentamientos humanos del país, avanzando hacia la eliminación progresiva de barriadas sin título. • Intervenir integralmente barrios populares, incorporando servicios básicos, infraestructura urbana y equipamiento comunitario. • Avanzar hacia la eliminación de asentamientos humanos sin seguridad jurídica, garantizando el derecho a la vivienda y a la ciudad.

• Número de títulos de propiedad urbana otorgados a familias de sectores populares • Porcentaje de asentamientos humanos con saneamiento físico-legal concluido • Número de barrios populares intervenidos integralmente (servicios, vías, equipamiento) • Cobertura de servicios básicos en barrios regularizados (%)

Implementar un sistema universal de pensiones digno, solidario y público, garantizado por el Estado, que asegure ingresos suficientes en la vejez, elimine la exclusión previsional y forme parte de un sistema integral de protección social basado en derechos.

• Garantizar que la totalidad de adultos mayores cuenten con una pensión o ingreso básico garantizado al 2030, como derecho social. • Elevar progresivamente el monto de las pensiones, asegurando que se ubiquen por encima de la línea de pobreza. • Reducir sustancialmente la exclusión previsional, incorporando a trabajadores independientes, rurales y del sector informal. • Fortalecer el financiamiento público del sistema previsional, priorizando la solidaridad intergeneracional sobre el lucro privado.

• Cobertura previsional de la población adulta mayor (%) • Monto promedio de pensión en relación con la línea de pobreza • Porcentaje de adultos mayores sin acceso a ningún sistema previsional • Participación del financiamiento público en el sistema de pensiones (%)

Restituir y fortalecer los derechos laborales y la negociación colectiva como pilares de la justicia social, la dignificación del trabajo y la democracia laboral, garantizando la organización sindical, la protección efectiva del trabajador y el rol activo del Estado en la regulación de las relaciones laborales.

• Aprobar una Nueva Ley General del Trabajo al 2026, que restituya los derechos laborales recortados y fortalezca la negociación colectiva. • Incrementar de manera sostenida el número y la cobertura de convenios colectivos en todos los sectores económicos, públicos y privados. • Fortalecer la protección efectiva de los derechos laborales, reduciendo las prácticas antisindicales y la vulneración de derechos fundamentales en el trabajo. • Garantizar condiciones legales y materiales para el ejercicio pleno de la libertad sindical, como base de la democracia en el ámbito laboral.

• Número de convenios colectivos vigentes a nivel nacional • Cobertura de la negociación colectiva sobre la población trabajadora (%) • Índice de cumplimiento de derechos laborales • Número de organizaciones sindicales activas y registradas

Garantizar trabajo digno, estable y con derechos laborales universales, fortaleciendo la protección del Estado, la inspección laboral y la formalización productiva, como pilares para la justicia social, la dignificación del trabajo y el fortalecimiento del mercado interno.

• Reducir la tasa de informalidad laboral del 70 % al 50 % al 2031, priorizando sectores con mayor precarización. • Incrementar de manera sustantiva la capacidad inspectiva del Estado, triplicando el número de inspectores y fiscalizaciones laborales de SUNAFIL. • Incorporar progresivamente a millones de trabajadores a la formalidad laboral, garantizando derechos laborales y acceso a seguridad social. • Fortalecer la fiscalización y sanción efectiva frente a la explotación laboral, especialmente en sectores de alta informalidad.

• Tasa de informalidad laboral de la población ocupada (%) • Número de inspecciones laborales realizadas anualmente • Número de trabajadores incorporados a la formalidad laboral • Cobertura de derechos laborales y de seguridad social (%)

Reducir estructuralmente la pobreza y la desigualdad social, mediante la construcción de un Estado de bienestar con derechos sociales garantizados, redistribución de la riqueza, fortalecimiento de la protección social y generación de condiciones materiales para una vida digna del pueblo.

• Reducir la pobreza extrema a niveles residuales al 2030, priorizando hogares en situación de mayor vulnerabilidad. • Reducir de manera sostenida la pobreza total, avanzando hacia niveles estructuralmente menores al 10 % al 2031. • Disminuir significativamente la desigualdad social, reflejada en la mejora del coeficiente de Gini. • Ampliar la cobertura efectiva de los programas de protección social, garantizando su articulación con empleo, vivienda y servicios básicos.

• Tasa de pobreza total de la población (%) • Tasa de pobreza extrema de la población (%) • Índice de desigualdad de ingresos (coeficiente de Gini) • Cobertura de programas de protección social (%)

Democratizar el acceso a la educación superior pública y técnico-productiva como derecho fundamental, ampliando y fortaleciendo la oferta educativa estatal, descentralizando la educación superior hacia las regiones y articulándola con la industrialización, la soberanía productiva y el desarrollo nacional.

• Incrementar de manera significativa las vacantes en universidades públicas, priorizando a estudiantes de regiones históricamente excluidas. • Crear y poner en funcionamiento entre 40 y 50 universidades públicas regionales, fortaleciendo la descentralización educativa antes del 2030. • Garantizar que todas las universidades públicas cuenten con presupuesto suficiente y funcionamiento pleno, asegurando gratuidad real y calidad educativa. • Fortalecer la educación técnico-productiva pública, garantizando al menos cinco(5) institutos público de excelencia por región, vinculado a las necesidades productivas locales y nacionales. • Reducir la migración juvenil por motivos educativos, mediante la ampliación de la oferta pública regional de educación superior.

• Número de vacantes en universidades públicas • Número de universidades públicas regionales en funcionamiento • Número de institutos públicos técnico-productivos fortalecidos o creados • Distribución regional de la oferta de educación superior pública • Presupuesto público asignado a universidades e institutos públicos

Reducir drásticamente la anemia, la desnutrición y la mortalidad evitable, mediante políticas preventivas, atención primaria fortalecida y acción intersectorial del Estado.

• Reducir la mortalidad materna a menos de 30 muertes por cada 100,000 nacidos vivos al 2031, priorizando regiones con mayor riesgo. • Reducir la mortalidad infantil a menos de 10 muertes por cada 1,000 nacidos vivos al 2031. • Reducir de manera sostenida la prevalencia de anemia infantil, priorizando niñas y niños menores de 5 años, con enfoque territorial. • Reducir de forma significativa la desnutrición crónica infantil, con intervenciones integrales de salud, nutrición, agua y saneamiento. • Garantizar que la mayoría de gestantes cuenten con controles prenatales completos y oportunos, fortaleciendo la atención primaria. • Institucionalizar el seguimiento nutricional infantil como práctica regular del sistema público de salud, con énfasis preventivo y comunitario.

• Tasa de mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos • Tasa de mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos • Prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 5 años (%) • Prevalencia de desnutrición crónica infantil (%) • Porcentaje de gestantes con controles prenatales completos • Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con seguimiento nutricional regular • Porcentaje de atenciones preventivas resueltas en el primer nivel de atención

Implementar un modelo nacional de salud preventiva y comunitaria, basado en el programa “Médicos de la Familia”, que garantice atención primaria integral, seguimiento permanente de las familias y comunidades, y acción preventiva sobre los determinantes sociales de la salud, fortaleciendo el primer nivel de atención como eje del sistema público de salud.

• Implementar el programa Médicos de la Familia a nivel nacional, priorizando zonas rurales, periurbanas y amazónicas al 2031. • Asignar un equipo de Médicos de la Familia a cada territorio definido, garantizando cobertura progresiva de la población. • Lograr que la mayoría de atenciones de salud se resuelvan en el primer nivel de atención, reduciendo la sobrecarga hospitalaria. • Reducir de manera sostenida las hospitalizaciones por enfermedades prevenibles, mediante prevención y seguimiento comunitario. • Disminuir significativamente la anemia y la desnutrición infantil, como resultado del enfoque preventivo, familiar y territorial. • Institucionalizar la visita domiciliaria preventiva como práctica regular del sistema público de salud.

• Número de equipos de Médicos de la Familia implementados a nivel nacional • Porcentaje de familias adscritas a un equipo de salud familiar • Porcentaje de atenciones de salud resueltas en el primer nivel de atención • Tasa de hospitalizaciones por enfermedades prevenibles • Prevalencia de anemia y desnutrición infantil • Número de visitas domiciliarias preventivas realizadas

Reconstruir y fortalecer integralmente la red pública nacional de salud y el recurso humano sanitario, cerrando las brechas territoriales heredadas del modelo neoliberal mediante inversión pública prioritaria y planificación estatal, garantizando el derecho universal a la salud, la formación y especialización permanente del personal sanitario, y consolidando a los hospitales públicos como hospitales docentes, pilares de un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

• Construcción y puesta en funcionamiento de 100 Hospitales Docentes Especializados y 1,000 centros de salud públicos a nivel nacional, priorizando regiones históricamente postergadas, al 2031. • Alcanzar como mínimo 3 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes en todas las regiones del país al 2031. • Lograr como mínimo 34 médicos por cada 10,000 habitantes, con distribución equitativa entre regiones al 2031. • Garantizar que la mayoría de establecimientos de salud cuenten con equipamiento básico completo y personal suficiente, asegurando funcionamiento efectivo del primer y segundo nivel de atención. • Reducir de manera sustantiva las brechas regionales en infraestructura y personal sanitario, priorizando zonas rurales, amazónicas y de frontera.

• Número de hospitales y centros de salud públicos operativos y equipados • Camas hospitalarias por 1,000 habitantes, desagregadas por región • Médicos por 10,000 habitantes, desagregados por región • Porcentaje de establecimientos de salud con equipamiento básico completo y personal suficiente • Brecha regional de infraestructura y recursos humanos en salud (%)

Implementar un Sistema Único de Salud universal, gratuito, preventivo e integrado, financiado y conducido por el Estado, que garantice atención oportuna y equitativa para toda la población, incorporando inversión privada de manera complementaria, estrictamente regulada y sin concentración oligopólica, subordinada al interés público y a la planificación sanitaria nacional.

• Cobertura universal de salud para toda la población al 2031, mediante el Sistema Único de Salud. • Como mínimo 80 % de atenciones resueltas en el primer nivel de atención, priorizando prevención y atención primaria. • Incrementar el gasto público en salud hasta alcanzar al menos 10 % del PBI, asegurando financiamiento sostenible del sistema. • Reducir el gasto de bolsillo de los hogares en salud a no más de 10 % al 2031. • Integrar prestadores privados al Sistema Único de Salud bajo contratos regulados, tarifas controladas y sin concentración de mercado. • Eliminar prácticas oligopólicas en el sector salud, mediante fiscalización efectiva y sanción a la concentración indebida de servicios y medicamentos.

• •Cobertura efectiva de salud (%) • Porcentaje de atenciones resueltas en el primer nivel de atención • Gasto público en salud como porcentaje del PBI • Gasto de bolsillo de los hogares en salud (%) • Participación de prestadores privados regulados dentro del Sistema Único de Salud (%) • Número de sanciones aplicadas por prácticas monopólicas u oligopólicas en el sector salud

Modernizar integralmente la infraestructura educativa pública, garantizando conectividad digital universal y condiciones dignas de aprendizaje en todo el territorio nacional.

• 0 % de instituciones con infraestructura precaria al 2030 • 100 % de instituciones educativas públicas con Internet al 2030 • 100 % de escuelas con agua, saneamiento y energía al 2031

• Porcentaje de instituciones educativas con infraestructura adecuada • Porcentaje de escuelas públicas con acceso a Internet • Porcentaje de escuelas con servicios básicos completos

Modernizar y tecnificar la agricultura nacional mediante asistencia técnica estatal, investigación, acceso a tecnología y crédito público, para elevar la productividad agrícola y mejorar los ingresos rurales.

• Incrementar el rendimiento agrícola en 30 % al 2031 • Alcanzar 80 % de productores con asistencia técnica estatal • Tecnificación prioritaria en zonas de agricultura familiar.

• Rendimiento promedio agrícola (TM/ha) • Porcentaje de productores con asistencia técnica permanente • Número de proyectos de tecnificación agraria implementados

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo productivo, con inversión pública sostenida y descentralización del sistema nacional de innovación.

• Elevar la inversión en I+D al 1 % del PBI al 2031 • Centros de innovación productiva en todas las macrorregiones • Articulación efectiva entre Estado, academia y sector productivo

• Inversión en I+D(Investigación y Desarrollo) (% del PBI) • Número de centros de innovación productiva regionales • Proyectos de innovación productiva financiados

Integrar el territorio nacional mediante infraestructura productiva y energética estratégica, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la articulación económica interregional.

• Gasoducto Sur Peruano concluido antes del 2030 • Reducción significativa de costos logísticos interregionales • Integración productiva efectiva de todas las macrorregiones

• Número de proyectos estratégicos de integración ejecutados • Reducción de costos logísticos interregionales (%) • Kilómetros de infraestructura estratégica construida

Desarrollar industrias estratégicas nacionales, bajo conducción estatal, para sustituir importaciones, fortalecer la soberanía productiva y generar empleo nacional.

• Planta nacional de fertilizantes operativa al 2028 • Reducir la importación de fertilizantes y diésel en al menos 30 %, Consolidando la soberanía productiva, energética y alimentaria del país.

• Producción nacional de insumos estratégicos (TM) • Reducción de importaciones estratégicas (%) • Número de industrias estratégicas estatales operativas

Impulsar la industrialización nacional descentralizada, con innovación tecnológica y liderazgo del Estado, para generar valor agregado, empleo digno y soberanía productiva.

• Incrementar la manufactura al 15 % del PBI al 2031 • Implementar polos industriales descentralizados en al menos 10 regiones • Generación sostenida de empleo industrial

• Participación de la manufactura en el PBI (%) • Número de polos industriales descentralizados implementados • Empleo industrial generado

Impulsar la transición energética soberana, diversificando la matriz energética con fuentes renovables y fortaleciendo el rol planificador del Estado en el sector energético.

• Alcanzar 40 % de la matriz eléctrica con energías renovables al 2031 • Parques solares, eólicos y microhidroeléctricos operativos en todas las regiones • Reducción progresiva de la dependencia de combustibles fósiles

• Participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional (%) • Capacidad instalada de energías renovables (MW) • Número de proyectos de energías renovables implementados

Recuperar la soberanía energética nacional, priorizando el abastecimiento interno, el control estatal de los recursos estratégicos y el acceso universal a energía asequible para la población.

• Alcanzar 1 millón de nuevas conexiones de gas natural al 2030 • Incrementar la participación de la producción nacional en el consumo interno • Petroperú operando al menos 3 lotes estratégicos al 2031

• Número de conexiones domiciliarias de gas natural • Participación de la producción nacional de hidrocarburos en el consumo interno (%) • Número de lotes estratégicos bajo control estatal

Desarrollar infraestructura hídrica multipropósito bajo liderazgo del Estado, orientada al riego agrícola, generación energética y control de inundaciones, para garantizar seguridad alimentaria, soberanía energética y desarrollo productivo nacional.

• Incorporar 1 millón de hectáreas con riego tecnificado al 2030 • Incrementar la generación hidroeléctrica renovable en +1,500 MW al 2031 • Ejecución de proyectos hídricos estratégicos en todas las macrorregiones

• Superficie agrícola incorporada con riego tecnificado (ha) • Capacidad instalada de generación hidroeléctrica renovable (MW) • Número de proyectos hídricos multipropósito ejecutados

Transformar el sistema tributario en un instrumento de justicia fiscal y redistribución de la riqueza, haciendo que los sectores de mayores ingresos y rentas extraordinarias contribuyan de manera efectiva al financiamiento del desarrollo nacional, eliminando privilegios tributarios injustificados.

• Elevar la presión tributaria al 20 % del PBI al 2031, mediante una reforma tributaria progresiva. • Incrementar sostenidamente la recaudación tributaria, priorizando impuestos directos a grandes rentas y patrimonios. • Eliminar progresivamente las exoneraciones tributarias injustificadas, especialmente aquellas que benefician a grandes grupos económicos. • Aumentar la participación de los impuestos directos en la recaudación total, fortaleciendo la progresividad del sistema fiscal.

• Presión tributaria como porcentaje del PBI • Recaudación tributaria total anual (S/) • Recaudación adicional proveniente de impuestos progresivos (S/) • Número de exoneraciones tributarias eliminadas o reformadas • Participación de impuestos directos en la recaudación total (%)

Formalizar progresivamente el empleo y la producción, garantizando derechos laborales, fortaleciendo la industria nacional y ampliando la base tributaria sin precarizar el trabajo.

• Reducir la informalidad laboral al 50 % al 2031 • Incorporar millones de trabajadores a la formalidad • Incremento sostenido de la base tributaria laboral

• Tasa de informalidad laboral (%) • Número de trabajadores formalizados • Recaudación tributaria asociada a formalización (S/)

Fortalecer la producción ganadera nacional mediante crianza tecnificada, apoyo estatal y organización comunitaria, reduciendo la dependencia de importaciones y garantizando seguridad alimentaria.

• Duplicar la producción nacional de carne y pollo al 2031 • Criaderos comunitarios operativos en todas las regiones • Reducción sustantiva de importaciones alimentarias

• Producción anual nacional de carne y pollo (TM) • Número de criaderos comunitarios operativos • Participación de producción nacional en consumo interno (%)

Desarrollar el turismo nacional y regional como actividad estratégica de desarrollo, empleo e identidad cultural, promoviendo circuitos turísticos descentralizados y turismo sostenible con participación comunitaria.

• Implementar 9 corredores turísticos regionales activos • Incrementar en 50 % los ingresos turísticos al 2031 • Generación sostenida de empleo turístico descentralizado.

• Número de corredores turísticos regionales implementados • Ingresos por turismo regional (USD) • Empleo directo generado por turismo regional.

Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria nacional, fortaleciendo los mercados internos, la infraestructura de acopio, comercialización y logística agrícola, priorizando el consumo interno sobre la exportación.

• Mercados mayoristas operativos en todas las regiones al 2028 • Incremento del 50 % del volumen agrícola comercializado internamente al 2031 • Integración efectiva de pequeños productores al mercado nacional.

• Número de mercados mayoristas públicos implementados • Volumen de productos agrícolas comercializados en mercados internos (TM); Participación de pequeños productores en mercados internos (%) • Participación de pequeños productores en mercados internos (%).

Transformar el modelo económico primario-exportador hacia una Economía Popular con Mercados, con un Estado planificador, industrializador y redistribuidor, que impulse la industrialización nacional, el valor agregado y la diversificación productiva.

• Incrementar la participación de la industria manufacturera al 20 % del PBI nacional al 2030. • Incrementar sostenidamente el valor agregado industrial nacional, priorizando sectores estratégicos y encadenamientos productivos internos. • Desarrollar al menos cinco cadenas productivas industriales estratégicas nacionales con liderazgo del Estado. • Incrementar de manera sostenida el empleo industrial formal a nivel nacional. • Reducir la dependencia de insumos importados en sectores estratégicos, fortaleciendo la producción nacional.

• Participación de la industria manufacturera en el PBI nacional (%) • Participación del valor agregado industrial nacional en el PBI (%) • Número de cadenas productivas industriales estratégicas impulsadas por el Estado • Participación del empleo industrial en el empleo total (%) • Participación de insumos y producción nacional en sectores estratégicos (%)

Detener la pérdida de bosques amazónicos y restaurar los ecosistemas forestales, garantizando la soberanía del Estado sobre el territorio, la protección efectiva de los pueblos indígenas y amazónicos, y una gestión sostenible de los bosques bajo liderazgo público y enfoque de justicia ambiental.

• Alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonía al 2030, mediante control estatal efectivo y erradicación de actividades ilegales. • Reforestar y restaurar de manera sostenida los ecosistemas amazónicos, avanzando hacia millones de hectáreas recuperadas al 2031. • Fortalecer la presencia integral del Estado en territorios amazónicos, garantizando vigilancia ambiental, control territorial y protección de los pueblos indígenas. • Consolidar un modelo de gestión forestal soberano y sostenible, que priorice la conservación, el uso racional del bosque y el bienestar de las comunidades amazónicas.

• Tasa anual de deforestación en la Amazonía (hectáreas por año) • Superficie de bosques amazónicos restaurados o reforestados (hectáreas) • Número de territorios indígenas con protección y vigilancia ambiental efectiva • Número de operativos estatales contra la tala y minería ilegal

Promover una ciudadanía ambiental crítica y organizada, fortaleciendo la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo y la participación social, bajo liderazgo del Estado, para la defensa del patrimonio natural, la sostenibilidad y el ejercicio consciente de los derechos ambientales.

• Incorporar de manera obligatoria la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo nacional, fortaleciendo el currículo y la formación docente. • Capacitar progresivamente al personal docente en enfoque ambiental, garantizando calidad y pertinencia pedagógica. • Implementar programas comunitarios de educación y participación ambiental en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad ambiental. • Fortalecer la conciencia ambiental y la participación organizada de la ciudadanía, como base de la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible.

• Porcentaje de instituciones educativas que incorporan educación ambiental en su currículo • Número de docentes capacitados en educación ambiental • Número de programas comunitarios de educación y vigilancia ambiental • Nivel de participación ciudadana en iniciativas ambientales locales

Implementar un ordenamiento territorial ecológico y económico de carácter vinculante, bajo conducción del Estado, que oriente el uso del territorio de manera preventiva, soberana y sostenible, priorizando la protección de la vida, los ecosistemas, los derechos de las comunidades y el desarrollo nacional planificado

• Aprobar e implementar una Ley Marco de Ordenamiento Territorial de carácter vinculante, consolidando la rectoría del Estado sobre el uso del territorio. • Implementar Zonas Económicas Ecológicas vinculantes en todo el territorio nacional, articuladas a los planes de desarrollo regional y nacional. • Reducir progresivamente los conflictos socioambientales, mediante planificación preventiva y decisión pública soberana sobre el territorio. • Garantizar que los proyectos de inversión se adecúen al ordenamiento territorial, priorizando la protección ambiental, social y cultural.

• Número y porcentaje de Zonas Económicas Ecológicas (ZEE) aprobadas e implementadas con carácter vinculante • Número de instrumentos de ordenamiento territorial articulados a la planificación nacional • Número de conflictos socioambientales activos vinculados al uso del territorio • Porcentaje de proyectos de inversión evaluados conforme al ordenamiento territorial

Impulsar una transición energética justa y soberana, diversificando la matriz energética con energías renovables, fortaleciendo el control y la planificación estatal del sector energético, y garantizando acceso universal a energía limpia, segura y asequible para la población.

• Alcanzar una participación sustantiva de energías renovables en la matriz eléctrica nacional, avanzando hacia al menos 40 % de generación eléctrica renovable al 2031. • Incrementar la capacidad instalada de energías renovables, priorizando proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos de pequeña escala y energías limpias descentralizadas. • Fortalecer el rol del Estado en la planificación y conducción de la transición energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. • Garantizar acceso universal a energía limpia y asequible, especialmente en zonas rurales y amazónicas, como parte del derecho al desarrollo

• Participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional (%) • Capacidad instalada de generación eléctrica renovable (MW) • Porcentaje de inversión pública en proyectos de energía renovable • Cobertura de acceso a energía eléctrica limpia y sostenible (%)

Transitar hacia una economía circular y un sistema de residuos sólidos con enfoque de residuos cero, bajo rectoría del Estado, fortaleciendo la gestión pública, la responsabilidad extendida del productor y la valorización de residuos, para proteger la salud, el ambiente y el bienestar de la población.

• Eliminar progresivamente los botaderos de residuos a nivel nacional, avanzando hacia su erradicación total antes del 2030. • Incrementar de manera sostenida la valorización de residuos sólidos, avanzando hacia que al menos la mitad de los residuos generados sean reciclados o reaprovechados. • Fortalecer la gestión pública de residuos sólidos en los gobiernos locales, con financiamiento, asistencia técnica y control estatal. • Consolidar un modelo de economía circular, reduciendo la presión sobre ecosistemas y mejorando la calidad ambiental y sanitaria de las ciudades

• Porcentaje de residuos sólidos valorizados (reciclaje, reutilización, compostaje) • Número de botaderos erradicados y clausurados • Porcentaje de municipios con sistemas públicos integrales de gestión de residuos • Cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios formales

Mejorar sustantivamente la calidad del aire y proteger la salud pública, mediante una regulación estricta de las emisiones contaminantes, el fortalecimiento del transporte público sostenible y la intervención activa del Estado para reducir las fuentes de contaminación urbana, garantizando el derecho a un ambiente sano

• Reducir de manera significativa los niveles de PM2.5 en las principales ciudades del país, priorizando Lima y las grandes áreas urbanas. • Implementar sistemas de monitoreo de calidad del aire en todas las ciudades principales, con información pública y control estatal. • Avanzar en la reconversión progresiva del transporte urbano hacia tecnologías limpias y transporte público masivo, reduciendo emisiones contaminantes. • Disminuir la carga de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire, como resultado de políticas ambientales y de transporte sostenibles.

• Concentración promedio anual de material particulado fino (PM2.5) en zonas urbanas • Número de ciudades con monitoreo continuo y público de calidad del aire • Porcentaje de flota vehicular con estándares ambientales limpios • Incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a contaminación del aire

Garantizar la seguridad hídrica del país como derecho humano fundamental, mediante un enfoque integral de cuenca, la protección efectiva de glaciares, lagunas y fuentes de agua, y la gestión soberana y pública del recurso hídrico, asegurando acceso sostenible y equitativo para toda la población.

• Proteger de manera efectiva las principales lagunas y glaciares del país, priorizando aquellas que abastecen a poblaciones, agricultura y ecosistemas estratégicos. • Implementar planes integrales de gestión de cuencas en todo el territorio nacional, fortaleciendo la rectoría del Estado sobre el agua. • Garantizar el acceso sostenible y seguro al agua potable para la población, reduciendo brechas territoriales y sociales. • Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático en materia hídrica, asegurando la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.

• Número de glaciares y lagunas con protección legal y control efectivo • Porcentaje de cuencas hidrográficas con planes de gestión integral implementados • Cobertura de acceso sostenible al agua potable (%) • Presupuesto público destinado a conservación de fuentes hídricas

Conservar y recuperar las especies y ecosistemas estratégicos del país, fortaleciendo la protección efectiva del patrimonio biológico nacional, ampliando las Áreas Naturales Protegidas bajo liderazgo del Estado y garantizando una gestión soberana, sostenible y con participación de las comunidades.

• Ampliar progresivamente las Áreas Naturales Protegidas hasta cubrir aproximadamente el 30 % del territorio nacional, fortaleciendo su gestión y control efectivo. • Implementar planes de conservación en ecosistemas estratégicos y de alta biodiversidad, priorizando aquellos en mayor riesgo. • Incrementar la protección efectiva de especies amenazadas, articulando conservación científica, control estatal y participación comunitaria. • Fortalecer la capacidad del Estado para la gestión y defensa de la biodiversidad, consolidando la soberanía ecológica del país. • las ANP del 17 % al 30 % del territorio nacional

• Porcentaje del territorio nacional bajo protección efectiva (Áreas Naturales Protegidas) • Número de ecosistemas estratégicos con planes de conservación implementados • Número de especies protegidas con acciones de conservación activa • Presupuesto público destinado a la conservación de la biodiversidad

Combatir frontalmente los delitos ambientales y erradicar las economías ilegales que depredan el territorio, recuperando áreas degradadas y fortaleciendo la fiscalización, el control y la presencia integral del Estado, en defensa del patrimonio natural, la soberanía nacional y los derechos de las comunidades afectadas.

• Reducir de manera sostenida y progresiva las áreas afectadas por minería y tala ilegal, mediante operativos integrales y control territorial permanente. • Erradicar la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas, garantizando su protección efectiva bajo conducción del Estado. • Recuperar y restaurar territorios degradados por actividades ilegales, priorizando ecosistemas estratégicos y zonas de alto valor ambiental. • Fortalecer el sistema de fiscalización y sanción ambiental, reduciendo la impunidad y desarticulando redes criminales ambientales.

• Número de operativos estatales contra minería y tala ilegal • Superficie de áreas degradadas recuperadas (hectáreas) • Número de Áreas Naturales Protegidas con control y vigilancia efectiva • Casos de delitos ambientales con sanción administrativa o penal

Proteger el patrimonio natural y fortalecer la resiliencia climática del país, mediante el liderazgo activo del Estado, la regulación efectiva de las actividades económicas, la transición ecológica justa y solidaria, y la implementación de políticas de adaptación y mitigación con enfoque de justicia climática y territorial.

• Reducir de manera significativa las emisiones nacionales de GEI, avanzando hacia una disminución de al menos 30 % al 2030, en coherencia con compromisos climáticos y soberanía ambiental. • Disminuir progresivamente la vulnerabilidad climática del país, priorizando territorios rurales, amazónicos y costeros altamente expuestos. • Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático, implementando planes territoriales de resiliencia climática. • Garantizar una transición ecológica justa, protegiendo a las poblaciones más afectadas y evitando que los costos recaigan sobre el pueblo trabajador.

• Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) • Índice de vulnerabilidad climática a nivel nacional y regional • Porcentaje del presupuesto público destinado a adaptación y mitigación climática • Número de territorios vulnerables con planes de adaptación climática implementados

Tratar integralmente las aguas residuales urbanas e industriales, bajo liderazgo del Estado, para proteger los ecosistemas acuáticos y la salud pública, garantizando el derecho a un ambiente sano y poniendo fin a la contaminación sistemática generada por el modelo de desarrollo irresponsable.

• Garantizar el tratamiento total de las aguas residuales urbanas en las principales ciudades del país, priorizando aquellas con mayor población y carga contaminante. • Ampliar y modernizar la infraestructura pública de tratamiento de aguas residuales, asegurando operación sostenible y control estatal. • Reducir progresivamente la contaminación de ríos, lagos y mar, mejorando los indicadores de calidad del agua a nivel nacional. • Fortalecer la fiscalización y sanción a actividades industriales contaminantes, protegiendo la salud de la población y los ecosistemas acuáticos.

• Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas • Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas • Número de plantas de tratamiento de aguas residuales operativas • Índice de calidad del agua en ríos, lagos y zonas costeras

Impulsar una cooperación internacional solidaria para el desarrollo soberano, priorizando la cooperación Sur–Sur, la complementariedad entre pueblos y el intercambio técnico, científico y productivo, en beneficio del desarrollo nacional y la integración de los países del Sur Global.

• Implementación del Programa “Misiones Solidarias Perú” al 2027, como política permanente de cooperación internacional soberana. • Ejecución sostenida de misiones solidarias y proyectos de cooperación técnica con países de América Latina, África y Asia. • Fortalecimiento de la cooperación Sur–Sur en sectores estratégicos como salud, educación, energía, agricultura y gestión de recursos naturales. • Posicionamiento del Perú como actor solidario y soberano en el Sur Global, sin subordinación a agendas hegemónicas.

• Número de programas de cooperación Sur–Sur implementados • Número de misiones solidarias internacionales ejecutadas por el Estado peruano • Número de proyectos de cooperación técnica activa con países del Sur Global • Sectores estratégicos beneficiados por la cooperación internacional solidaria

Fortalecer la diplomacia cultural, educativa y científica como instrumento de soberanía nacional, integración de los pueblos y proyección internacional de la identidad pluricultural del Perú, promoviendo el intercambio de saberes, la cooperación académica y la ciencia al servicio del desarrollo nacional.

• Suscripción de más de 200 convenios culturales, educativos y científicos internacionales al 2030, priorizando cooperación Sur–Sur y regional. • Implementación anual del Festival Internacional de Culturas Andino-Amazónicas, como espacio de proyección cultural soberana del Perú. • Incremento sostenido de intercambios académicos y científicos, con participación de universidades públicas e institutos nacionales de investigación. • Posicionamiento de la cultura y la ciencia como ejes permanentes de la política exterior peruana.

• Convenios culturales y Número de convenios culturales y educativos internacionales suscritos • Número de programas de intercambio académico y científico activos • Número de eventos culturales internacionales promovidos por el Estado peruano • Participación de instituciones públicas de educación e investigación en redes internacionales • suscritos • Intercambios académicos realizados • Eventos culturales internacionales

Escasa participación de los pueblos indígenas y ausencia del enfoque plurinacional e intercultural en la política exterior, lo que reproduce una diplomacia excluyente, monocultural y desvinculada de la diversidad histórica y cultural del país.

• Creación de la Dirección de Diplomacia Plurinacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores al 2026. • Implementación de agregadurías culturales indígenas en embajadas estratégicas antes del 2030. • Incorporación progresiva de servicios consulares interculturales, incluyendo atención en lenguas originarias, en misiones diplomáticas priorizadas. • Participación regular de representantes de pueblos indígenas en agendas y foros internacionales, en coordinación con el Estado.

• Existencia de un órgano especializado en diplomacia plurinacional (sí/no) • Número de agendas diplomáticas con participación de pueblos indígenas • Número de agregadurías culturales indígenas creadas en el servicio exterior • Número de servicios consulares que incorporan atención intercultural y lenguas originarias

Defender y restituir la soberanía nacional en los ámbitos militar, económico y de los recursos estratégicos, garantizando el control estatal sobre decisiones fundamentales, eliminando mecanismos de subordinación externa y afirmando la autonomía del Perú en el marco del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

• Aprobación de la Ley de Neutralidad Militar del Estado Peruano al 2026, prohibiendo bases militares extranjeras permanentes y garantizando independencia en defensa. • Auditoría integral y soberana de los Tratados de Libre Comercio y acuerdos estratégicos antes del 2028, con revisión de cláusulas lesivas al interés nacional. • Ejecución plena y cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en defensa del territorio y la soberanía nacional. • Fortalecimiento del control estatal sobre decisiones estratégicas en defensa y economía, asegurando autonomía decisoria del Estado.

• Existencia de presencia militar extranjera en territorio nacional (sí/no) • Número de tratados internacionales y acuerdos estratégicos auditados • Número de controversias territoriales y jurídicas resueltas conforme al derecho internacional • Grado de control estatal sobre sectores y recursos estratégicos (normativo/institucional)

Diversificar soberanamente las relaciones exteriores del Perú en un mundo multipolar, fortaleciendo vínculos políticos, económicos, culturales y de cooperación bajo el principio de no alineamiento activo, autodeterminación de los pueblos y defensa del interés nacional.

• Apertura de al menos 10 nuevas misiones diplomáticas al 2031, priorizando Asia, África, Eurasia y Medio Oriente. • Ampliar sustantivamente la cooperación activa del Perú con países del Sur Global, diversificando socios estratégicos más allá de los bloques tradicionales. • Incrementar la suscripción de acuerdos de cooperación Sur–Sur, en áreas clave como energía, ciencia, salud, educación e infraestructura. • Consolidar una política exterior multipolar y no alineada, con presencia efectiva del Perú en espacios internacionales alternativos y soberanos.

• Número de nuevas misiones diplomáticas abiertas en regiones estratégicas • Número de acuerdos de cooperación política, económica, científica y cultural suscritos • Número de socios estratégicos no tradicionales incorporados a la política exterior peruana • Participación del Perú en mecanismos de cooperación Sur–Sur y multipolar

Recuperar el liderazgo regional del Perú e impulsar una integración latinoamericana soberana, solidaria y multipolar, fortaleciendo los mecanismos de concertación política, cooperación regional y articulación económica, en defensa de la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo común de la región.

• Reincorporación plena del Perú a UNASUR al 2026, como mecanismo de integración soberana sudamericana. • Ejercer liderazgo activo y propositivo en CELAC y CAN al 2031, con agenda propia y posiciones soberanas. • Impulsar al menos 5 iniciativas regionales estratégicas lideradas por el Perú en materia de integración política, cooperación económica, salud, educación o infraestructura regional. • Posicionar al Perú como actor clave en la articulación latinoamericana, promoviendo la unidad regional frente a desafíos globales.

• Participación activa del Perú en mecanismos de integración regional (UNASUR, CELAC, CAN) • Número de iniciativas políticas, económicas y sociales regionales impulsadas por el Perú • Número de proyectos de cooperación regional liderados o co-liderados por el Perú • Número de cumbres y espacios de concertación regional organizados o presididos por el Perú.

Reafirmar la soberanía, independencia y autodeterminación de la política exterior peruana, construyendo una diplomacia soberana, no alineada y activa, orientada a la defensa del interés nacional, la integración regional solidaria, el multilateralismo democrático y el protagonismo del Perú en el escenario internacional.

• Consolidar una política exterior soberana y no alineada al 2031, basada en la autodeterminación de los pueblos y la defensa del interés nacional. • Posicionar al Perú como actor propositivo en foros multilaterales regionales y globales, impulsando iniciativas propias en materia política, económica, social y ambiental. • Incrementar sostenidamente la participación activa del Perú en espacios multilaterales estratégicos, con liderazgo diplomático y agenda propia. • Fortalecer el reconocimiento internacional del Perú como Estado soberano, independiente y comprometido con el multilateralismo democrático.

• Número de posicionamientos internacionales soberanos adoptados por el Estado peruano • Nivel de participación del Perú en foros multilaterales estratégicos • Número de iniciativas diplomáticas propias impulsadas por el Perú • Reconocimientos y liderazgos asumidos por el Perú en espacios multilaterales

Fortalecer la resocialización y reinserción social de la población penitenciaria, garantizando programas educativos, productivos y de formación laboral bajo responsabilidad del Estado, como parte de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y justicia social.

• Reducir de manera sostenida la tasa de reincidencia delictiva a nivel nacional, como resultado de políticas efectivas de resocialización. • Ampliar significativamente la cobertura de programas educativos y productivos en los centros penitenciarios, priorizando la formación laboral y técnica. • Implementar programas integrales de reinserción social, incluyendo acompañamiento post-penitenciario y articulación con empleo y educación. • Reorientar el sistema penitenciario hacia la rehabilitación y la justicia social, superando el enfoque punitivo heredado del modelo neoliberal.

• Tasa de reincidencia delictiva (%) • Porcentaje de personas privadas de libertad incorporadas a programas educativos • Porcentaje de internos participantes en programas productivos y laborales • Número de centros penitenciarios con programas integrales de resocialización

Modernizar la seguridad ciudadana bajo conducción estatal, fortaleciendo la infraestructura tecnológica pública, los sistemas de videovigilancia, la respuesta integrada ante emergencias y la inteligencia preventiva, garantizando control público, uso soberano de la tecnología y protección de los derechos ciudadanos.

• Implementar sistemas públicos integrados de videovigilancia en la totalidad de distritos críticos, bajo control estatal y articulación interinstitucional, al 2031. • Consolidar un sistema nacional único de atención de emergencias, garantizando cobertura progresiva en todo el territorio nacional. • Reducir de manera sostenida los tiempos de respuesta ante emergencias, mediante modernización tecnológica y coordinación operativa. • Fortalecer la inteligencia preventiva y el control territorial del Estado, utilizando tecnología pública al servicio de la seguridad ciudadana.

• Porcentaje de distritos con sistemas públicos de videovigilancia integrados • Tiempo promedio de respuesta ante emergencias • Número de centros de monitoreo y control integrados a nivel nacional y regional • Porcentaje de distritos conectados al sistema nacional de atención de emergencias

Recuperar y transformar los barrios y espacios públicos como territorios de convivencia, organización popular y prevención social del delito, mediante inversión pública, planificación urbana con enfoque social y participación activa de la comunidad, garantizando el derecho a la ciudad y a entornos seguros para el pueblo.

• Recuperar progresivamente barrios y espacios públicos en territorios de mayor vulnerabilidad, priorizando zonas con alta incidencia delictiva. • Incorporar de manera sostenida a jóvenes y comunidades organizadas en programas de prevención y convivencia, fortaleciendo el tejido social. • Implementar programas comunitarios de cultura, deporte y organización vecinal en los barrios intervenidos. • Contribuir a la reducción de la violencia y la percepción de inseguridad, como resultado de la presencia estatal y la acción comunitaria.

• Número de barrios y espacios públicos recuperados integralmente • Número de jóvenes y vecinos beneficiarios de programas comunitarios • Número de programas de prevención social y convivencia implementados • Porcentaje de barrios intervenidos con participación organizada de la comunidad

Prevenir la delincuencia juvenil desde un enfoque de inclusión social y derechos, garantizando a la juventud acceso efectivo a educación, cultura, deporte, empleo digno y oportunidades de desarrollo integral, mediante políticas públicas articuladas y presencia activa del Estado en los territorios.

• Incorporar progresivamente a un número significativo de jóvenes en situación de riesgo a programas integrales de prevención social, priorizando territorios con alta incidencia delictiva. • Implementar programas de prevención juvenil en todos los distritos de alta vulnerabilidad, articulando educación, cultura, deporte y empleo. • Reducir la incidencia de delitos cometidos por jóvenes, como resultado de políticas sostenidas de inclusión social. • Fortalecer la participación juvenil en espacios comunitarios y productivos, promoviendo el protagonismo de la juventud en la construcción de seguridad y convivencia.

• Número de jóvenes incorporados a programas integrales de prevención social • Porcentaje de jóvenes en situación de riesgo atendidos por programas del Estado • Número de programas preventivos implementados a nivel nacional y territorial • Tasa de participación juvenil en actividades educativas, culturales y deportivas públicas

Prevenir, sancionar y erradicar integralmente la violencia de género y los feminicidios, garantizando protección efectiva, justicia oportuna y reparación a las víctimas, mediante una acción articulada del Estado con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y responsabilidad pública.

• Reducir de manera sostenida y progresiva la incidencia de feminicidios a nivel nacional, priorizando territorios de mayor riesgo. • Garantizar que la gran mayoría de denuncias por violencia de género cuenten con medidas de protección oportunas, implementadas en plazos breves. • Reducir los tiempos de respuesta del Estado en la atención y protección de víctimas, fortaleciendo servicios especializados y presencia territorial. • Incrementar la sanción efectiva de los delitos de violencia de género, reduciendo la impunidad y fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia.

• Tasa de feminicidios a nivel nacional • Porcentaje de denuncias de violencia de género con medidas de protección dictadas • Tiempo promedio de respuesta estatal para la protección de víctimas • Número de casos de violencia de género con sentencia firme

Recuperar la confianza ciudadana en la seguridad pública, fortaleciendo la presencia integral del Estado en los territorios, promoviendo la participación organizada de la comunidad y consolidando una seguridad ciudadana democrática, preventiva y al servicio del pueblo.

• Incrementar de manera sostenida la percepción de seguridad ciudadana, avanzando hacia que una amplia mayoría de la población se sienta segura en su barrio al 2031. • Elevar progresivamente la confianza ciudadana en la Policía Nacional, como resultado del fortalecimiento institucional, la ética pública y el servicio efectivo a la comunidad. • Implementar mecanismos de participación comunitaria en seguridad ciudadana en los territorios de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo la prevención social del delito. • Consolidar una relación de cooperación entre Estado y comunidad, superando la desconfianza heredada del modelo de seguridad represivo y excluyente.

• Percepción de seguridad ciudadana en el barrio (%) • Nivel de confianza ciudadana en la Policía Nacional (%) • Porcentaje de barrios con organizaciones comunitarias de prevención activas • Frecuencia de acciones de seguridad con participación vecinal

Integrar y fortalecer el sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional, regional y local, articulando de manera efectiva a la Policía Nacional, los gobiernos subnacionales y el sistema de justicia bajo conducción del Estado, con enfoque territorial, preventivo y de derechos, para recuperar el control estatal y garantizar seguridad al pueblo.

• Implementar comandos integrados de seguridad en la totalidad de distritos con alta criminalidad, garantizando patrullaje articulado y acción coordinada del Estado al 2031. • Incrementar sostenidamente los operativos conjuntos interinstitucionales, priorizando territorios críticos y economías ilegales. • Reducir los tiempos de respuesta ante hechos delictivos, mediante coordinación efectiva entre policía, municipios y justicia. • Consolidar un sistema nacional de seguridad ciudadana articulado, superando la fragmentación institucional heredada del modelo neoliberal.

• Porcentaje de distritos con comando unificado de seguridad ciudadana • Número de operativos conjuntos ejecutados entre PNP, gobiernos locales y justicia • Porcentaje de territorios críticos con presencia articulada del Estado • Tiempo de respuesta interinstitucional ante hechos delictivos

Fortalecer y reconstruir la Policía Nacional como una institución pública democrática, ética y al servicio del pueblo, elevando su capacidad operativa, profesionalización y presencia territorial, erradicando prácticas de corrupción y garantizando su subordinación al poder civil, el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana con enfoque preventivo.

• Incrementar progresivamente el número de efectivos policiales, fortaleciendo la presencia territorial del Estado, hasta alcanzar aproximadamente 200,000 efectivos al 2031. • Elevar la cobertura policial a niveles adecuados por población, avanzando hacia estándares que permitan una atención oportuna y preventiva. • Implementar un sistema integral de formación, capacitación y evaluación permanente, garantizando profesionalismo, ética pública y respeto a los derechos humanos. • Reducir sustancialmente las prácticas de corrupción dentro de la institución, fortaleciendo el control interno y la rendición de cuentas. • Incrementar la confianza ciudadana en la Policía Nacional, como resultado del fortalecimiento institucional y el servicio efectivo al pueblo.

• Número total de efectivos policiales en servicio activo • Número de policías por cada 1,000 habitantes • Porcentaje de efectivos con formación y capacitación continua certificada • Número de procesos disciplinarios y de control interno concluidos • Nivel de confianza ciudadana en la Policía Nacional (%)

Desarticular integral y sostenidamente las organizaciones criminales y las economías ilegales, recuperando el control territorial y estratégico del Estado, fortaleciendo la acción coordinada del sistema de justicia y seguridad, y atacando las estructuras financieras, logísticas y políticas que sostienen al crimen organizado.

• Desarticular al menos 200 organizaciones criminales de alto impacto antes del 2028, priorizando aquellas vinculadas a economías ilegales estratégicas. • Incrementar de manera sostenida la incautación y recuperación de bienes ilícitos, destinándolos a programas de seguridad, prevención y desarrollo social. • Recuperar progresivamente el control estatal en territorios capturados por el crimen organizado, mediante presencia integral del Estado. • Fortalecer la persecución penal del crimen organizado, incrementando los casos con sentencia firme y reduciendo la impunidad.

• Número de organizaciones criminales desarticuladas • Valor de bienes y activos ilícitos incautados (S/) • Número de operaciones conjuntas de inteligencia y control territorial ejecutadas • Porcentaje de territorios críticos con presencia efectiva del Estado • Casos de crimen organizado con sentencia firme

Reducir estructuralmente la violencia y la criminalidad, mediante una política integral de seguridad ciudadana con enfoque preventivo y de derechos, basada en la inclusión social, la recuperación del control territorial por parte del Estado, el fortalecimiento de la seguridad pública democrática y la articulación intersectorial para atacar las causas sociales del delito.

• Reducir de manera sostenida la tasa de homicidios a nivel nacional, avanzando hacia una disminución significativa al 2031. • Disminuir progresivamente la tasa de victimización delictiva, priorizando los territorios con mayor incidencia de violencia. • Implementar programas integrales de prevención social del delito en todos los distritos de alta conflictividad, con participación comunitaria y enfoque territorial. • Incrementar la percepción de seguridad y confianza ciudadana en la seguridad pública, como resultado del fortalecimiento del Estado y la cohesión social.

• Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes • Tasa de victimización delictiva a nivel nacional (%) • Porcentaje de distritos con presencia efectiva de programas de prevención social del delito • Nivel de percepción de seguridad ciudadana (%)

Transformar integralmente la administración pública para ponerla al servicio del interés general y del pueblo, erradicando prácticas clientelares y privilegios, estableciendo criterios objetivos de idoneidad, ética y responsabilidad pública, y fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar derechos y ejecutar políticas de justicia social.

• 100 % de funcionarios públicos sujetos a evaluación de desempeño • Gobierno electrónico integral implementado al 2027 • Reducción sustantiva de la burocracia y tiempos de atención

• Porcentaje de funcionarios públicos sujetos a procesos regulares de evaluación y control del desempeño • Porcentaje de trámites y servicios públicos digitalizados • Número de evaluaciones integrales de desempeño institucional realizadas • Tiempo promedio de atención de trámites prioritarios al ciudadano

Reconocer constitucionalmente al Perú como un Estado plurinacional, garantizando los derechos políticos, territoriales, culturales y de justicia comunal de los pueblos originarios andinos y amazónicos, como base de una democracia intercultural e inclusiva.

• Estado plurinacional reconocido en la Nueva Constitución • 100 % de pueblos originarios con mecanismos de representación • Justicia intercultural integrada al sistema nacional

• % de funcionarios incorporados a regímenes meritocráticos • % de trámites digitalizados • Número de evaluaciones de desempeño realizadas

Erradicar la corrupción estructural del Estado, fortaleciendo la independencia del sistema de justicia, el control y la fiscalización ciudadana, y sancionando efectivamente a funcionarios y grupos de poder que se benefician del saqueo de los recursos públicos.

• Incremento sostenido de sentencias firmes en casos de corrupción grave. • Recuperación efectiva de activos públicos provenientes de corrupción. • Reducción significativa del tiempo de investigación y sanción de delitos de corrupción. • Mejora sostenida del desempeño del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI).

• Número de casos de corrupción con sentencia firme • Tasa de sanción efectiva en casos graves (%) • Monto de activos públicos recuperados por corrupción (S/) • Tiempo promedio de resolución de casos de corrupción • Puntaje del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI)

Desmontar el marco legal neoliberal de la Constitución de 1993, eliminando los candados constitucionales que protegen intereses privados y contratos lesivos al Estado, recuperando la capacidad soberana del Estado para planificar, intervenir, nacionalizar sectores estratégicos y redistribuir la riqueza en favor de las mayorías.

• Eliminación del total de los candados constitucionales neoliberales lesivos al Estado antes de 2030. • Revisión integral de 100 % de contratos estratégicos lesivos al Estado • Incremento de la participación estatal en sectores estratégicos clave.

• Número de artículos constitucionales modificados o derogados • Número de contratos-ley revisados, renegociados o anulados • Participación del Estado en sectores estratégicos (%)

Descentralizar efectivamente el poder político, económico y fiscal, construyendo un Estado plurinacional que garantice la participación directa de las regiones y del pueblo en la toma de decisiones, incrementando significativamente el porcentaje de presupuesto anual otorgando a los gobiernos subnacionales y garantizando estrategias para un incremento en inversión pública y una disminución en gastos ordinarios.

• Transferencia efectiva de competencias estratégicas a las 25 regiones Reducción significativa de brechas territoriales de inversión • Al menos 95 % del presupuesto de inversión pública asignado a las regiones y municipalidades, debidamente ejecutados anualmente.

• % del presupuesto nacional transferido a regiones y municipios equitativo • Número de competencias efectivamente transferidas. • % de inversión pública ejecutada por gobiernos regionales y locales