SALVEMOS AL PERU
Partido Politico - Elecciones 2026
Datos del Partido
Partido político
29/05/2023
GUILLERMO ANTENOR SUAREZ FLORES
28,254
85.70%
Principios e Ideario
La organización política ""SALVEMOS AL PERU"", se define como un Movimiento Político de Centro y Progresista, y tiene como eje ideológico la libertad y la dignidad de la persona, y el fortalecimiento de la familia como unidad celular principal de la sociedad. Tiene como objetivo político lograr el progreso económico y social que permita un mayor bienestar para los ciudadanos. El ideario de la organización política ""SALVEMOS AL PERU” se sustenta en principios que permitan la consolidación de una nación única-plural y diversa conformada por ciudadanos libres e iguales. Para ello, el ideario se sustenta en principios como: Persona y familia, participación y democracia, y progreso económico y social. Tiene como principios: 1. El respeto a la Constitución Política que rija en el año 2026, como la máxima expresión de soberanía y guía del comportamiento político del gobierno y gobernados, con énfasis en una administración honesta y transparente. 2. El respeto a las libertades individuales y a la promoción de condiciones para que cada individuo se realice, despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino, contribuyendo al Desarrollo Nacional. 3. La defensa de la Democracia, la Justicia y los Derechos Fundamentales. 4. El fomento del trabajo como medio por excelencia para la inclusión social, facilitando las mejores vías para superar los abismos de la desigualdad por falta de oportunidades. 5. La priorización en la GENERACIÓN DE RIQUEZA LA EDUCACIÓN, LA SALUD LA SEGURIDAD CIUDADANA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 6. La promoción en la INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO como base para alcanzar un mejor futuro. 7. La promoción de una Economía Social de Mercado para alcanzar el Bienestar Nacional y el desarrollo de cada departamento a través de una efectiva descentralización con predominio en el desarrollo de infraestructura e industrias sin descuidar la Prevención del Medio Ambiente. 8. El respeto a las normas del Derecho Internacional que consideran la Paz como garantía de respeto entre los países sin descuidar la Seguridad Integral del Perú en el marco de su Independencia y Soberanía. Fuente: Acta de Fundación.
Presidencia 2 candidatos
Senadores DM 21 candidatos
Diputados 76 candidatos
Parlamento Andino 5 candidatos
Documentos del Plan
Dimension social
El Desarrollo Infantil peruano es un proceso que abarca desde la etapa de gestación hasta los 5 años de edad, etapa clave para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños La evidencia científica demuestra que el desarrollo de las capacidades cognitivas y socioemocionales de los seres humanos se dan en esta etapa Alrededor del 50 de los niños de 0 a 5 asiste a la escuela inicial Además que la cobertura es baja, no es integral, porque no cuenta con servicios de salud y nutrición.
Fortalecer y mejorar la estrategia de articulación intersectorial e intergubernamental “Primero la Infancia” que tiene como propósito incrementar el acceso al paquete integral de servicios que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 5 años de edad. Fortalecer y mejorar “ EduCuna ”, el servicio educativo gratuito de cuidado diurno y atención integral que ofrece 8 horas de atención a niños de 12 a 36 meses de edad para que sus madres, en condición de pobreza, pobreza extrema o situación de vulnerabilidad puedan trabajar con tranquilidad y confianza.
Atención completa y homogénea en el 100% de puntos de atención Aumentar la cobertura de programas educativos en zonas priorizadas al 90% Menos del 30% de niñas y niños menores de 36 meses tiene anemia.
% de niños y niñas de 12 a 36 meses del ámbito urbano en situación de vulnerabilidad en cunas y cunas jardín públicas % de niños y niñas de 0 a 5 años atendidos por “Primero La Infancia” en el ámbito de intervención: • Distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental con especial atención a distritos de Amazonía, corredor minero, oleoducto, inundaciones, VRAEM, frontera y La Pampa • Zonas con mortalidad infantil por encima del promedio nacional, desnutrición o bajo niveles de asistencia a la escuela inicial.
El Desarrollo Infantil peruano es un proceso que abarca desde la etapa de gestación hasta los 5 años de edad, etapa clave para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños La evidencia científica demuestra que el desarrollo de las capacidades cognitivas y socioemocionales de los seres humanos se dan en esta etapa Alrededor del 50 de los niños de 0 a 5 asiste a la escuela inicial La anemia afecta al 43 7 de los niños menores de tres años constituyendo un problema de salud pública Según UNICEF, al 2019 12 de niños peruanos menores de 5 años presenta desnutrición crónica, pero existen brechas entre regiones en la Huancavelica el promedio es 33 mientras que en Lima Metropolitana es 5.
Impulsar los Lineamientos de “Desarrollo Infantil Temprano” (DIT) aprobado por en el Foro del Acuerdo Nacional para propiciar una mejor articulación intersectorial e intergubernamental en este política que tiene como Objetivo proteger la vida, la salud y desarrollo integral de niños y niñas desde su gestación hasta los cinco años. Al término de 2030, el Perú tiene como objetivo la reducción de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses al 37,2 % según el Ministerio de Salud del Perú. Reducir de manera sostenida la desnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de cinco años a nivel nacional, cerrando brechas territoriales y socioeconómicas, mediante intervenciones integrales de nutrición, salud materno infantil, acceso a agua segura y fortalecimiento del entorno familiar.
Menos del 5% de mujeres gestantes y niños menores de 3 años con anemia o deficiencia de micronutrientes (hierro, ácido fólico). 90% de gestantes reciben controles prenatales completos y oportunos (mínimo 6 controles, tamizajes y vacunación). 90% de gestantes y madres evaluadas en salud mental perinatal (detección de depresión, ansiedad y violencia). 60% de niñas y niños menores de 6 meses que reciben lactancia materna exclusiva. 90% de hogares con niñas y niños menores de 3 años que participan en programas de crianza, apego seguro o acompañamiento familiar temprano. 70% de niñas y niños menores de 5 años que viven en hogares con condiciones adecuadas de entorno saludable (agua segura, saneamiento, vivienda segura y acceso a servicios básicos). Reducir la desnutrición crónica infantil nacional del 12 % (línea base 2019) a menos del 6 % al año 2031, con reducción sostenida de brechas territoriales.
% de mujeres gestantes y niños menores de 3años con anemia o deficiencia de micronutrientes (hierro, ácido fólico). % de gestantes reciben controles prenatales completos y oportunos (mínimo 6 controles, tamizajes y vacunación). % de gestantes y madres evaluadas en salud mental perinatal (detección de depresión, ansiedad y violencia). % de niñas y niños menores de 6 meses que reciben lactancia materna exclusiva. % de hogares con niñas y niños menores de 3 años que participan en programas de crianza, apego seguro o acompañamiento familiar temprano. % de niñas y niños menores de 5 años que viven en hogares con condiciones adecuadas de entorno saludable (agua segura, saneamiento, vivienda segura y acceso a servicios básicos). Tasa de desnutrición crónica infantil (%) en niñas y niños menores de 5 años a nivel nacional.
El arte, la cultura, la danza y el deporte son actividades importantes para una salud mental plena de los ciudadanos de todas las edades.
Se implementarán Centros Culturales y Deportivos la siguiente infraestructura: *Taller de arte y cultura *Centros polideportivos *Pequeños huertos *Pequeñas granjas de crianza de animales menores
50% Centros Culturales y Deportivos para distritos que no cuentan con dicha infraestructura en la actualidad. 100% de los distritos del país cuenta con infraestructura que promueva la cultura y deporte
# de Centros culturales y deportivos implementados
La Ley N 30364, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, recoge el concepto de violencia contra las mujeres de la Convención de Belem do Pará y exige un rol activo del Poder Judicial y de la Policía Nacional del Perú. Al cierre del primer semestre de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió un incremento peligroso, reportando que entre 2024 y mediados de 2025 ya han ocurrido más de 200 feminicidios. Hasta el mes de octubre del 2025, el MIMP ha implementado 242 CEM Regulares, 5 CEM 7x24, 185 CEM en Comisaría y 1 CEM en Centro de Salud, llegando a un total de 433 CEM a nivel nacional, con presencia en el 100% de las provincias del País.
Fortalecer la Ley N 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, su reglamento y su implementación. Fortalecer los CEM a nivel nacional ofreciendo una mayo cobertura. Reducir de manera sostenida la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, garantizando una respuesta estatal oportuna, articulada y efectiva en prevención, atención, protección y sanción.
Reducir en al 100% la tasa de feminicidios a nivel nacional Alcanzar al menos el 90% de los casos atendidos por los CEM con medidas de protección otorgadas dentro de las 72 horas.
Tasa de feminicidios por cada 100 000 mujeres. 450 Centros Emergencia Mujer (CEM) para atender a las víctimas de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en todo el país % de casos atendidos en los Centros de Emergencia Mujer que reciben medidas de protección efectivas dentro de las 72 horas posteriores a la denuncia.
Según un estudio del MINCUL (2018), más del 50% de los encuestados consideran que los peruanos son racistas o muy racistas. El 31% de los peruanos ha sido discriminado. El lugar donde ocurre mayor discriminación es en las postas médicas u hospitales.
Reducir todo tipo de discriminación garantizando una vida plena, con igualdad de libertades y oportunidades.
Reducir al 100% los niveles de racismo en nuestro país impulsando la formación de una ciudadanía solidaria, honesta, con respeto mutuo y humilde.
% de personas que sufrieron algún tipo de discriminación
La pobreza no solo debe entenderse como la privación de recursos financieros para acceder a una canasta básica familiar (pobreza monetaria), sino como la limitación en acceso a salud, educación y calidad de vida. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reafirmó la importancia de los enfoques multidimensionales para la erradicación de la pobreza que van más allá de las privaciones económicas. El IPM de 2018 responde al llamado para medir mejor el progreso en el cumplimiento del ODS 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas.
Lucha contra la pobreza extrema, inequidad y exclusión social. Utilizar el criterio de la pobreza multidimensional para medir el ODS 1 que es poner fin a la pobreza y dejar paulatinamente el uso de la medición bajo la medición de pobreza monetaria.
100% de implementación del IPM por parte del INEI y uso para toma de decisiones en políticas públicas Reducir la pobreza multidimensional en al menos 30% respecto al nivel base del primer IPM oficial adoptado, y utilizar el IPM como indicador complementario obligatorio en la formulación y evaluación de políticas sociales y presupuestos públicos
Índ ice de Pobreza Multidimensional (IPM) oficial del Perú, medido y publicado anualmente por el INEI, con cobertura nacional y desagregación territorial (urbano/rural y regiones). % de población con IPM
Actualmente el Perú sufre una crisis de valores, el incremento de casos de corrupción, estafa, crimen. Se requiere fortalecer la cohesión social en base a la familia y fortalecer el sentido de ciudadanía.
Fortalecer la cohesión social y los valores éticos en la sociedad peruana, con énfasis en la familia como núcleo formativo. Reducir la tolerancia social frente a la corrupción, el delito y las prácticas ilícitas, fortaleciendo la ética pública y privada.
Incrementar en 30% los niveles de confianza interpersonal y valoración de principios éticos a nivel nacional. Reducir en 40 % la tolerancia social frente a actos de corrupción, estafa y crimen.
% de población que manifiesta altos niveles de confianza interpersonal y valoración de principios éticos básicos (honestidad, respeto, solidaridad), según encuestas nacionales. Índice de percepción de tolerancia social frente a la corrupción y el delito (encuestas nacionales de percepción ciudadana).
A nivel nacional, aproximadamente 90.4 % de los hogares accede a agua mediante red pública. Sin embargo, e n zonas urbanas, la cobertura de agua por red pública es 93.2%, mientras que en zonas rurales baja a 78.7%, mostrando altas brechas territoriales. Aproximadamente 23% de la población no tiene acceso a un sistema de alcantarillado por red pública, lo que equivale a más de 6.4 millones de peruanos sin desagüe en sus viviendas. Más del 70 % de hogares pobres no cuentan con acceso seguro al agua potable.
Garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable en hogares pobres, priorizando zonas rurales y periurbanas Mejorar la calidad sanitaria del agua potable suministrada en los hogares pobres para prevenir enfermedades de origen hídrico Reducir el impacto del déficit de agua potable en la salud, educación y productividad de los hogares pobres
Reducir al 40% la proporción de hogares pobres sin acceso seguro al agua potable. Incrementar del nivel actual (5 10% en zonas rurales) al 50% los sistemas de agua con cloración adecuada en ámbitos rurales y periurbanos pobres. Reducir en 30% la incidencia de EDA en niños menores de 5 años en hogares pobres.
% de hogares pobres con acceso a agua potable segura (servicio continuo, clorado y disponible). % de sistemas de agua que cumplen estándares de calidad (cloración adecuada según MINSA). Tasa de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños menores de 5 años en hogares pobres.
Según estimaciones oficiales sistematizadas por CEPLAN, más del 60% del déficit habitacional es de tipo cualitativo, asociado a viviendas precarias, hacinamiento, materiales inadecuados y ausencia de servicios básicos. En zonas rurales, cerca del 30% de los hogares carece de acceso adecuado a agua potable y saneamiento, mientras que en áreas periurbanas se observa una expansión urbana desordenada, frecuentemente localizada en zonas de alto riesgo.
Reducir el déficit habitacional cualitativo y la exposición de los hogares vulnerables a condiciones de vivienda precaria y zonas de riesgo, garantizando el acceso progresivo a servicios básicos y vivienda segura
Menos del 40% de hogares con déficit habitacional cualitativo a nivel nacional, priorizando zonas rurales y periurbanas de alto riesgo (materiales + servicios básicos)
% de hogares con déficit habitacional cualitativo. (viviendas con materiales inadecuados, hacinamiento y/o sin acceso a agua potable y saneamiento).
Brecha digital en los servicios de salud. Las historias clínicas del sector público no son uniformes y son sólo archivos físicos en cada institución. Las plataformas de salud pública actuales tienen redundancia de datos, repetición de procedimientos o información incompleta que puede ser causa de negligencias o errores diagnósticos. Las estadísticas de salud son inexactas porque no comparten datos entre las distintas plataformas de salud y su relevancia se pierde vigencia.
Apoyo en la implementación del “Plan de implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas” (RENHICE) Mejoría de la relación Estado médico Estadística de necesidades de medicamentos en cada región del país (largo plazo) y diseños de planes de salud. Integración de sistemas de respuestas a emergencias. Mejores seguros al contar con mayor información sobre el asegurado. Plataforma electrónica base sobre la cual se puede incorporar servicios públicos.
Al menos el 40% de la población usuaria del sistema público de salud cuenta con una Historia Clínica Electrónica interoperable y actualizada.
% de la población usuaria del sistema público de salud cuya atención se registra en una Historia Clínica Electrónica interoperable a nivel nacional.
La telesalud consiste en atender a un paciente en cualquier lugar, sin tener al especialista en persona, usando la tecnología actual para verse por video. El Perú cuenta con una red de fibra óptica nacional que puede soportar la velocidad de internet requerida para tener telemedicina en zonas alejadas del país. Según MINSA, en un año se pueden gastar alrededor de S/. 400 millones de soles en pagos de viáticos y dietas a pacientes derivados a Lima. El 60% de estos gastos se pudo haber evitado de haberse tratado a pacientes de manera local.
Participación ciudadana de forma preventiva en los temas de salud para controlar enfermedades y epidemias fortaleciendo y ampliando el uso de la TeleIEC Telesalud con la Comunidad. Fortalecer y adaptar los sistemas de salud para la implementación de la Telesalud en las 25 Regiones, de su dinámica, procesos, formalización institucional de las “tele especialidades” por ejemplo telepediatría , teleoncología , etc.; y la consecución de su propio pliego como servicio de salud.
Al menos el 40% de las atenciones que actualmente se presentan son preventivas para controlar enfermedades y epidemias. Resolver al menos el 40% de las atenciones que actualmente generan derivaciones presenciales innecesarias por telesalud, contribuyendo a la descentralización del sistema de salud 40% de establecimientos de salud que integraron o iniciaron actividades en la Red Nacional de Salud Digital
% de las atenciones que actualmente se presentan son preventivas para controlar enfermedades y epidemias % de las atenciones que actualmente generan derivaciones presenciales innecesarias por telesalud, contribuyendo a la descentralización del sistema de salud. % de establecimientos de salud que integraron o iniciaron actividades en la Red Nacional de Salud Digital
Débil implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS) por débil gestión, financiamiento y baja calidad del primer nivel de atención, lo que limitando el acceso a servicios de salud.
Garantizar un sistema RIS operativo y eficiente, que asegure el acceso continuo, oportuno y de calidad a los servicios de salud con énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención.
80% de los establecimientos públicos de salud integrados a Redes Integradas de Salud que cumplan con los tres criterios establecidos.
% de establecimientos públicos de salud integrados a una RIS con capacidad resolutiva básica del primer nivel, disponibilidad de medicamentos esenciales, y uso efectivo de sistemas de información interoperables.
Se tiene un sistema altamente dividido que afecta la calidad del servicio. El MINSA, a través del SIS, tiene un 47.3% de población asegurada; el MTPE, a través de EsSalud , un 26.2%; y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un 1.4%. Además, solo los establecimientos de salud de Lima son administrados por el MINSA, el resto es gestionado por las DIRESA, GERESA o direcciones de redes integradas (
Gestión de la Salud Salud Pública. Para que se cumplan las políticas nacionales sectoriales y multisectoriales en salud. Planes de Asistencia Técnica deben ser formulados y evaluados bajo enfoque de resultado e impacto en la mejora de procesos. En favor de los usuarios de los servicios de salud.
85% de establecimientos públicos de salud operando bajo estándares comunes al 2031. 70% de los usuarios cuente con continuidad efectiva de atención interinstitucional al 2031.
% de establecimientos públicos de salud que operan bajo protocolos y estándares comunes definidos por el MINSA (RIS). % de usuarios que reciben atención continua entre establecimientos del MINSA SIS, EsSalud y sanidades. % de establecimientos de salud que indicaron actividades en la Red Nacional de Tecnologías aplicadas en salud.
Los retrasos en la compra de medicamentos para personas vulnerables causado por la gestión CENARES (cambios de directores, deudas), deudas de EsSalud a proveedores, lentos registros sanitarios en DIGEMID, falta de stock y materia prima, y la delegación de compras a regiones sin la capacidad adecuada, afectando a pacientes con cáncer, VIH, enfermedades raras, y crónicos. 13.4% de establecimientos públicos no alcanzan el 80 % de disponibilidad de medicamentos esenciales (más de 1 de cada 10 establecimientos carece de un stock adecuado de medicamentos básicos, umbral MINSA
Garantizar el acceso oportuno, continuo y equitativo a medicamentos esenciales para la población, especialmente para los grupos vulnerables, fortaleciendo la gobernanza, eficiencia y sostenibilidad del sistema público de abastecimiento de medicamentos. Fortalecer la gobernanza y gestión del sistema público de compras de medicamentos, el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos Fortalecer la gobernanza y gestión del sistema público de compras de medicamentos
más del 95% de establecimientos públicos tiene disponibilidad de medicamentos esenciales al 2031 más del 95% de las compras son ejecutas cumpliendo cronograma y plazo al 2031 Más del 98% de pacientes vulnerables con tratamiento continuo sin interrupciones
% de establecimientos públicos con disponibilidad promedio de medicamentos esenciales % de procesos de compra ejecutados según cronograma anual % de establecimientos de primer nivel de atención con cantidad óptima de medicamentos
Según el plan de infraestructura educativa al 2025, el primer Censo de Infraestructura Educativa (CIE 2014) provee la línea de base para la formulación del PNIE y pone en evidencia que gran parte de los locales educativos (principalmente en zonas rurales) no cuenta con condiciones básicas en cuanto a sismorresistencia , tienen necesidades de mantenimiento correctivo, mobiliario y equipamiento, saneamiento físico legal, y de acceso a los servicios (de calidad) de agua, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones y accesibilidad para la población con discapacidad.
Asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en todas las IIEE del país. Ampliar la capacidad, fortalecer la gestión y garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa.
Cierre de brecha en infraestructura educativa al 100% para 2031.
% de IIEE con condiciones básicas de seguridad y funcionalidad
Según una encuesta realizada por la organización "Ciudadanos al Día" en el 2019, el 67% de los padres en el Perú se involucran poco o nada en la educación de sus hijos (García, 2019). Esto se debe en parte a la falta de tiempo debido a la carga laboral y la falta de comprensión de la importancia del involucramiento de los padres en la educación de sus hijos.
Fomentar el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, como la creación de programas de capacitación para padres y la implementación de plataformas virtuales para mejorar la comunicación entre padres y docentes (MINEDU, 2020).
Reducir al 40 % la proporción de padres con bajo o nulo involucramiento, logrando que al menos el 60 % de los padres participe activamente en la educación de sus hijos.
% de padres y madres de familia que participan activamente en al menos una actividad educativa escolar anual
educativos) e incluir contenidos pertinentes con la vida territorial de los estudiantes. Los estudiantes tienen bajo conocimiento de las potencialidades de su región y/o localidad.
Mejorar el contenido de recursos educativos con contenido territorial para la Identificación de potencialidades locales en recursos naturales, culturales, económicas, financieras, entre otros. Optimizar el proceso de adquisición y/o elaboración de material educativo
100% de recursos educativos con contenido de calidad acorde a cada grado de la EBR 80% de actividades curriculares relacionadas con el conocimiento del territorio. 50% de actividades curriculares utilizando el enfoque STEAM 100% de IIEE cuentan con recursos educativos antes del Buen inicio del año escolar.
% del catálogo de material educativo con contenido de calidad acorde a cada grado de la EBR. % de actividades curriculares relacionadas con el conocimiento del territorio. % de actividades curriculares utilizando el enfoque STEAM % de material educativo entregado a tiempo antes del Buen inicio del año escolar
Problemas recientes en PRONABEC se centran en una crisis presupuestal severa para el año fiscal 2026, donde se proyectaron S/ 793 millones pero se asignaron solo S/ 50 millones, poniendo en riesgo miles de becas (como Beca 18, Beca Tec ), generando gran incertidumbre para más de 90,000 postulantes,
Fortalecer PRONABEC y evitar que se incremente la brecha de becas debido a un aumento de la pobreza.
Al 2031 se tiene 0% de brecha entre demanda potencial y beca entregada
Tasa de cambio de pobreza anual % de becas y créditos educativos otorgados por tipo de beca
Perú se encuentra en la posición 48 de 64 países en la prueba PISA 2022 en la capacidad de pensamiento creativo (último en Sudamérica). Según el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa ( Sineace ), de las 100 mil IE operativas en el país, menos del 1% cuenta con acreditación vigente. En Perú, el 70% de los jóvenes se ven obligados a trabajar en sectores diferentes a su formación académica, siendo la elección de la carrera una decisión vital para la vida, los jóvenes no reciben adecuada orientación, llevándoles a trabajar en la informalidad debido a la escasa demanda y la baja remuneración en su carrera estudio. Según e estudio Talento Digital en Perú 2023, el 75% de las empresas no pueden conseguir trabajadores con competencias digitales. Según un estudio sobre brecha de talento de datos de 2025, existen 2,700 vacantes sin cubrir con un p erfil técnico especializado en machine learning , infraestructura de datos y arquitectura tecnológica.
Mejorar la calidad de la educación nacional considerando l a Matriz de Indicadores Educativos al 2021. Mejorar el proceso de acreditación de calidad del Sineace Implementar y mejorar el nuevo modelo de acreditación para programas de estudios de educación universitaria del Coneau Incorporar de laboratorios STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics) y bibliotecas funcionales, uso de plataformas y de Inteligencia Artificial (IA) en ´ EBR Fortalecer la conectividad digital en las instituciones educativas Mejorar la inserción laboral de jóvenes egresados de educación superior tecnológica y técnico productiva, así como de universitarios
Subir 10 puestos en base a los resultados del la prueba PISA 2025. 40% de IIEE acreditados por Sineace al 2031 100% de implementación del nuevo modelo de acreditación para programas de estudios de educación universitaria en universidades públicas y privadas. Top 5 de universidades de Latino América con mayor publicaciones científicas Reducir en 70% el número de publicaciones de artículos científicas observados. 50% de IIEE con metodología STEAM 50% de IIEE con uso de plataformas y herramientas digitales para la educación 50% de IIEE con conectividad digital 90% de los jóvenes con carrera técnica insertados en el mercado laboral ejerciendo su carrera profesional. 90% de los jóvenes universitarios insertados en el mercado laboral ejerciendo su carrera profesional
Puntuación en la Prueba PISA Nivel de desempeño suficiente al concluir primaria y secundaria % de IIEE de Educación básica acreditados % de universidades implementadas con del nuevo modelo de acreditación para programas de estudios de educación universitaria Ratio de publicaciones de investigaciones científicas por docente en revistas indexadas % de universidades e institutos acreditados % de IIEE con metodología STEAM % de IIEE con uso de plataformas, IA y herramientas digitales para la educación % de IIEE con conectividad digital % de egresados de educación superior tecnológica y técnico productiva insertados en el mercado laboral % de egresaros de educación superior universitaria que trabajan en lo que han estudiado.
Deserción escolar: En una supervisión realizada en más de 7,500 escuelas públicas de primaria entre 2022 y 2023 por la Defensoría del Pueblo reveló que más de 46.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo, mientras que más de 35 mil fueron diagnosticados con anemia y más de 18 mil no contaban con documento nacional de identidad. El 75% abandona la escuela por problemas económicos y el 12.3% por problemas familiares.
Reducir la deserción de la Educación Básica Regular (EBR) en zonas rurales y semi urbanas. Sensibilizar a los padres de familiar sobre la importancia de la educación de los hijos. Capacitación docente para atender necesidades de aprendizaje. Apoyar a las familias en programas de ayuden a generar más ingresos para que tengan mayor sustento económico.
Disminuir la deserción escolar permanente en 50% para el 2031 en los tres niveles de la educación básica regular. Disminuir la deserción universitaria pública en 50% para el 2031 Disminuir el atraso escolar en 50% para 2031 % de matricula este por encima del 98% del total anual
Evolución del porcentaje de matrícula en EBR por nivel educativo, tipo de gestión pública y zona de residencia. Tasa de conclusion escolar en EBR Porcentaje de estudiantes de EBR con atraso escolar Tasa de deserción permanente en EBR y universidad
Dimension economica
Pesca: Existe una presión creciente por parte de flotas industriales que operan en gran escala cerca del límite de las 200 millas peruanas. Según registros del sector, durante el año 2024 fueron 1.359 embarcaciones operando dentro de las 500 millas náuticas frente al Perú. Entre ese total, 525 fueron de origen chino, cifra equivalente al 38%. A ellas se sumaron 370 naves ecuatorianas y 239 peruanas. Turismo: Entre enero y septiembre de 2025, Perú recibió 3.12 millones de visitantes extranjeros, un 22% menos que en 2019, afectando ingresos y empleo. Crisis en Machu Picchu: Los conflictos sociales provocaron una caída del 15% en reservas a Cusco y pérdidas millonarias, afectando a miles de familias dependientes del turismo. Agricultura y forestal: El u so de plaguicidas químicos para combatir las plagas afecta la salud de las comunidades rurales y consumidores. El uso de plaguicida se da principalmente en el sector agrícola, pecuario, forestal e industria. Los plaguicidas son absorbidos por los cultivos afectando al ser humano, pero también existe filtración subterránea por lluvia o riego adhiriéndose a las partículas del suelo.
Garantizar la sostenibilidad de la pesca frente a la presión de flotas industriales, promoviendo la conservación de recursos marinos dentro de las 200 millas y la regulación de embarcaciones extranjeras. Recuperar y consolidar el turismo internacional en Perú posicionando al Perú como destino premium de Sudamérica promocionando no solo Machu Picchu, sino otros destinos de la costa norte, centro y sur, amazonia y sierra norte, centro y sur Promover y fortalecer la cooperación y coordinación entre la Cancillería, Proinversión y Promperú. Reducir el impacto de los plaguicidas químicos en la salud humana y el medio ambiente, promoviendo agricultura y manejo forestal sostenible.
100% de las embarcaciones dentro de la zona económica exclusiva operando bajo regulación sostenible y monitoreo electrónico. Alcanzar 8 millones de visitantes internacionales al año en al menos 80% de los principales destinos turísticos. # de eventos realizados coordinados entre Cancillería, Proinversión y Promperú 60% de cultivos y bosques bajo prácticas sostenibles con mínima o nula contaminación por plaguicidas químicos.
% de embarcaciones que operan dentro de las 200 millas bajo control y regulaciones sostenibles. # de visitantes internacionales a destinos turísticos estratégicos y sostenibles. Incremento de eventos de promoción con colaboración tripartita. Establecer número mínimo de eventos anuales con las correspondiente partidas presupuestales. % de cultivos y áreas forestales que utilizan métodos sostenibles o plaguicidas orgánicos/biológicos certificados.
Minería : La minería es un sector clave para la economía peruana, representando cerca del 66 % de las exportaciones y generando más de 256 000 empleos directos, con un crecimiento interanual del 15 % en valor exportado en 2025. Sin embargo, el sector enfrenta conflictos sociales y ambientales, informalidad e ilegalidad que genera deforestación, contaminación, evasión fiscal, y riesgos sanitarios, que limitan su sostenibilidad y el aprovechamiento pleno de su potencial económico. Industria: La industria manufacturera representa alrededor del 12 % del PIB del país, con crecimiento interanual superior al 11 % en diciembre de 2024. Sin embargo, enfrenta dependencia de insumos importados, brechas tecnológicas, baja productividad y altos costos, lo que limita su competitividad y capacidad de generar valor agregado. Comercio: La experiencia internacional sugiere que las zonas económicas especiales (ZEE) pueden ser útiles para impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, la falta de infraestructura, escasa planificación técnica, débil gestión regional, y desconexión con sectores estratégicos, además de no exigir resultados en empleo, inversión o encadenamientos limita los beneficios.
Promover una minería sostenible y responsable, reduciendo conflictos sociales y ambientales y fortaleciendo la gobernanza del sector. Reducir los costos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal con condiciones en el uso de materiales que no contaminen el entorno ambiental. Reducir la evasión fiscal minera. Reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia energética y ambiental en la industria manufacturera. Fortalecer la implementación y gestión de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), asegurando su articulación con sectores estratégicos, infraestructura adecuada y mecanismos de evaluación de resultados en empleo, inversión y encadenamientos productivos, sin comprometer la recaudación fiscal.
90% de los proyectos mineros operando bajo estándares de sostenibilidad y gobernanza certificados. Incrementar al 90% la tasa de formalización plena de mineros inscritos en el REINFO para diciembre de 2026 con condiciones en el uso de materiales que no contaminen el entorno ambiental Reducción del 30% de evasión fiscal minera 50% de las empresas industriales operando bajo estándares de eficiencia y sostenibilidad ambiental. Ley Marco para las Zonas Económicas Especiales aprobada que considera resultados en empleo, transferencia tecnológica, inversión privada y encadenamientos productivos locales sin comprometer la recaudación fiscal.
% de proyectos mineros con certificaciones ambientales y sociales y monitoreo de cumplimiento regulatorio. % de mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera ( REINFO) con condiciones en el uso de materiales que no contaminen el entorno ambiental % de recaudación minera % de empresas que aplican eficiencia energética, reciclaje de materiales y prácticas de economía circular. Ley Marco para las Zonas Económicas Especiales que considera resultados en empleo, transferencia tecnológica, inversión privada y encadenamientos productivos locales sin comprometer la recaudación fiscal.
En el Perú, la tasa de “ninis” experimentó un aumento general de 8,4 puntos porcentuales entre 2010 y 2024, pasando del 15,2% al 23,6%; y se prevé que para 2026, la tasa de ninis se reduzca mínimamente al 23,3%. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, cerca de 1,98 millones de personas en Lima Metropolitana enfrentaron el subempleo (recibir sueldos por debajo del mínimo o no contar con suficientes horas de trabajo.) El emprendimiento del adulto mayor no ha sido considerado en este país como una política pública. En el Perú, como en otras partes del mundo, se viene registrando un incremento en la longevidad de las personas. Actualmente, 5 millones de peruanos son personas adultas mayores (PAM), lo que equivale al 14% de la población total.
Reducir la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) mediante programas de educación, capacitación y vinculación laboral. Disminuir el subempleo en Lima Metropolitana y otras áreas urbanas mediante generación de empleo formal y promoción de salarios dignos. Se promueve empleo formal flexible voluntario que las partes puedan ajustarlos a sus necesidades específicas y responder eficazmente a coyunturas de caída en la oferta de empleo. Fortalecer actividad fiscalizadora de SUNAFIL Empoderar al adulto mayor trabajador debido a que cada año este grupo pasa a tener mayor peso en la demografía nacional.
Reducir la tasa de ninis al 10%. Reducir el subempleo al 10% de la población económicamente activa. 20% de los jóvenes de 15 a 29 años cuenta con flexibilidad con características de empleo formal incrementar en 50% el presupuesto para las actividades de fiscalización de SUNAFIL 50% de Adultos mayores con acceso a empleo formal 24 incubadoras para el emprendedor del adulto mayor (1 en cada Región)
% de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan (tasa de ninis). % de trabajadores en situación de subempleo (ingresos por debajo del salario mínimo o insuficientes horas de trabajo). % de jóvenes de 15 a 29 años que cuentan con flexibilidad laboral # de instrumentos legales generados para potenciar la gestión institucional de SUNAFIL # de adultos mayores con trabajo formal # de adultos mayores con ingresos superiores a la RMV
Muchos productores que buscar obtener certificaciones ambientales o de sostenibilidad (como orgánicas o de economía circular) enfrentan costos elevados, burocracia compleja y procesos costosos, lo cual limita la formalización de negocios “verdes”. En 2024, la matriz energética nacional estuvo dominada por las centrales hidroeléctricas, responsables del 50,2 % de la generación total, seguidas por el gas natural con un 39,5 %. Las energías renovables no convencionales, como la solar, eólica y bioenergía, alcanzaron el 9,1 %, destacando la eólica con un 6,1 % y la solar con un 2,0 %. A pesar del potencial técnico disponible en diversas regiones
Facilitar la formalización y certificación de negocios verdes mediante la reducción de costos y simplificación de procesos. Incrementar la participación de energías renovables no convencionales en la matriz energética nacional (promoviendo proyectos de energía eólica, energía solar y olamotriz)
60% de los negocios verdes formalizados y certificados Alcanzar al menos 20% de generación eléctrica con energías renovables no convencionales.
% de productores y empresas verdes que obtienen certificaciones ambientales (orgánica, economía circular, sostenibilidad). % de generación eléctrica proveniente de energías renovables no convencionales (solar, eólica, bioenergía).
Las PyMES representan más del 98% del tejido empresarial en el Perú, generan el 42% del PBI y sostienen el 45% de la fuerza laboral. pero generan menos del 40 % del valor agregado, según el PRODUCE. Esta brecha se explica por bajos niveles de productividad, informalidad, limitado acceso a financiamiento y escasa adopción tecnológica. Según el Think Digital Report 2024, el 76% de las empresas peruanas ya han iniciado su proceso de digitalización. Sin embargo, solo el 14% de las pymes usa inteligencia artificial con conocimiento real, y un 87% declara no saber cómo utilizarlo. Limitada información de los Servicios de Desarrollo Exportador (SDE) que consisten en la prestación de asesoría técnica especializada proporcionada a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) exportadora no consolidada y con potencial exportador que permite desarrollar o mejorar sus capacidades técnicas en la producción de oferta exportable, gestión empresarial para la exportación, facilitación para la exportación, comercialización y acceso a mercados internacionales, con el objetivo de insertarse competitivamente al mercado exterior y lograr su internacionalización.
Incrementar la adopción de tecnologías digitales y procesos de automatización en las PyMES peruanas. Mejorar el acceso a financiamiento innovador y servicios de extensión tecnológica para PyMES Fortalecer la articulación de las PyMES a cadenas de valor nacionales e internacionales. Fomentar la innovación y la investigación y desarrollo (I+D) en productos y servicios de PyMES Difundir y promover formación de los Servicios de Desarrollo Exportador (SDE)
60% de las PyMES con adopción de soluciones digitales y automatización en sus procesos productivos. 50% de las PyMES acceden a financiamiento y servicios de apoyo tecnológico. 40% de las PyMES integradas a cadenas de valor nacionales o internacionales. 1,200 proyectos de I+D implementados con impacto en la competitividad de las PyMES 100% de centros de desarrollo exportador implementados
% de PyMES que adoptan tecnologías digitales y de automatización % de PyMES con acceso a financiamiento y servicios tecnológicos. % de PyMES vinculadas a cadenas de valor y mercados internacionales. # de proyectos de I+D implementados por PyMES con apoyo de CITE, universidades o PRODUCE. % de centros de desarrollo exportador implementados
A fines de 2024, el Perú superó los 4 millones de conexiones de internet fijo, un aumento del 15% con respecto al año anterior, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones ( Osiptel Sin embargo, solo el 58.4% de los hogares a nivel nacional tuvo servicio de internet fijo a diciembre de 2024, cifra que disminuye al 21.7% en los hogares rurales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI En el caso de la cobertura de internet móvil, esta es mayor al 90% en hogares urbanos y el 80% en hogares rurales, cuentan con dicho servicio, según el Osiptel. Existe un alta brecha en infraestructura para el turismo nacional y extranjero. Se requiere crear infraestructura como el teleférico de Choquequirao , Playas del Norte y el Corredor Turístico Macro Nororiental.
Incrementar la cobertura y calidad del servicio de internet fijo en los hogares peruanos, con énfasis en zonas rurales, asegurando acceso universal y sostenible para 2031.con los gobiernos regionales. Mejorar la cobertura y calidad del servicio de internet móvil en zonas rurales y urbanas, reduciendo brechas de acceso y garantizando conectividad confiable y de alta velocidad. Promover el acceso equitativo a servicios digitales, educación en línea y herramientas tecnológicas en todo el territorio nacional, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso. Promover la creación de infraestructura para el turismo complementando con infraestructura que incremente la capacidad hotelera y servicios de alta calidad en cada departamento.
90% de hogares a nivel nacional con servicio de internet fijo, 70% a nivel rural 98% de hogares a nivel urbano con internet móvil, 95% a nivel rural 80% rural con acceso y capacitación básica 80% de los destinos turísticos estratégicos con infraestructura desarrollada y servicios de alta calidad, incluyendo proyectos como Choquequirao , Playas del Norte y el Corredor Turístico Macro Nororiental, entre otros.
% de hogares con servicio de internet fijo % de hogares con cobertura de internet móvil % de población rural con acceso a servicios digitales y capacitación tecnológica % de destinos turísticos estratégicos con infraestructura completa y servicios de calidad (transporte, accesos, capacidad hotelera y servicios complementarios).
El 95.9% de los 9,200 establecimientos de centros de salud del primer nivel de atención al cierre de 2024 no tiene el equipamiento o la infraestructura para atender adecuadamente a la población, es decir, no presentan mantenimiento ni actualización de equipos o infraestructura en los últimos cinco años. A nivel subnacional, la brecha aumentó en 17 de 25 departamentos. La brecha de infraestructura vial y portuaria en Perú para 2025 se estimada en más de US$100,000 millones. A setiembre de 2025, las inversiones acumuladas en terminales concesionados alcanzaron US$ 2,318 millones, equivalentes al 67% del compromiso total de US$ 3,455 millones, según cifras de Ositrán para cerrar brechas logísticas, estimada en US$ 24,000 millones según el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte a 2032. La evolución de la brecha nacional de “Porcentaje de la Red Vial Nacional en condiciones inadecuadas” se mantuvo constante en 50.39%, sin mostrar avances pese a la ejecución acumulada de S/ 5,168 millones (S/ 1,793 millones en el 2022, S/ 1,647 millones en el 2023 y S/ 1,728 millones en el 2024).
Garantizar la disponibilidad de equipamiento e infraestructura adecuada en los centros de salud de primer nivel mediante mantenimiento periódico, actualización tecnológica y mejoras estructurales. Reducir la brecha de infraestructura logística y portuaria con prioridad en terminales concesionados, puertos y nodos logísticos clave articulando infraestructura portuaria , conectividad digital y logística productiva Mejorar la condición de la Red Vial Nacional, reduciendo a la mitad las carreteras en condiciones inadecuadas mediante un programa sostenido de mantenimiento, rehabilitación y construcción de tramos críticos articulando infraestructura vial, conectividad digital y logística productiva Incrementar la proporción de carreteras departamentales en condiciones adecuadas al 60% para 2031, priorizando las rutas con mayor impacto socioeconómico y fomentando la gestión territorial eficiente en coordinación con los gobiernos regionales.
Reducir la brecha al 30% de establecimientos de salud sin mantenimiento o actualización (es decir, al menos 70% de los establecimientos con infraestructura y equipamiento adecuados). Cubrir al menos el 60% de la brecha total estimada, con ejecución de proyectos estratégicos de inversión pública y privada. Reducir el porcentaje de carreteras en condiciones inadecuadas al 25%. Alcanzar al menos 60% de la red departamental en condiciones adecuadas.
% de centros de salud de primer nivel con equipamiento e infraestructura adecuados % de brecha de infraestructura logística cubierta mediante inversión efectiva (terminales portuarios, concesiones y otros proyectos). % de Red Vial Nacional en condiciones adecuadas % de carreteras departamentales en condiciones adecuadas
La economía peruana creció 3,3 % en 2024, posicionándose entre las de mayor crecimiento de América Latina, pero es insuficiente para el desarrollo sostenible del país. Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones peruanas alcanzaron US $55,64 mil millones, con un crecimiento de 18,8 % respecto al mismo periodo de 2024. Se debe aprovechar el ciclo de materias primas para un mayor impulso y recuperación económica post pandemia. La inversión privada en 2025 se proyecta alrededor de US $57,7 mil millones, con US $48,3 mil millones no mineros. Sin embargo, la entrada de capital extranjero sigue siendo sensible a inestabilidad política y regulatoria.
Fortalecer las cuentas fiscales con el objetivo de recomponer el espacio fiscal y asegurar la solvencia fiscal por medio de una reducción gradual y prudente del déficit fiscal, y elevarse a categoría de leu orgánica la ley de responsabilidad fiscal. Garantizar la autonomía del Consejo Fiscal para fortalecer la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas a través del análisis y seguimiento de políticas fiscales Garantizar la autonomía del Banco Central de Reserva y mantener la tasa de i nflación dentro del rango meta. Generar facilidades para la inversión privada en sectores no mineros.
Déficit fiscal = 1,0 % del PBI, manteniéndose dentro de la regla fiscal estructural y con una Ley de Responsabilidad Fiscal elevada a rango de ley orgánica y plenamente vigente. Al menos 70 % de las recomendaciones técnicas del Consejo Fiscal consideradas o incorporadas en la política fiscal. Preservar la autonomía constitucional del BCRP durante todo el periodo de gobierno. Incrementar la participación de la inversión privada no minera en más del 65% del total de la inversión privada, con énfasis en agroindustria, manufactura, energía, infraestructura, economía digital y servicios
Déficit fiscal del Sector Público No Financiero (% del PBI) Grado de cumplimiento de recomendaciones del Consejo Fiscal por parte del MEF (%) Inflación anual promedio dentro del rango meta del BCRP (1 % 3 %) Participación de la inversión privada no minera en el total de la inversión privada (%)
El bajo nivel de inversión en investigación, desarrollo e innovación constituye una de las principales barreras para elevar la productividad Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( el Perú invierte menos del 0 2 del PBI en Investigación y Desarrollo (I+ muy por debajo del promedio regional y de los países desarrollados El Banco Mundial señala que esta brecha limita la capacidad del país para absorber y generar tecnología El Ministerio de la Producción ( destaca que una proporción significativa de empresas, especialmente MIPYMES, no accede a servicios de innovación ni a mecanismos de transferencia tecnológica que les permita competir con éxito en los mercados locales e internacionales
Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( promoviendo la transferencia tecnológica hacia los sectores productivos, el escalamiento de innovaciones y la articulación entre universidades, institutos tecnológicos, CITE y empresas. Promover el uso estratégico de tecnologías digitales e inteligencia artificial para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible que contribuya al fortalecimiento de la industria nacional. Fortalecer la vinculación entre los Institutos Públicos de Investigación para generar la articulación y el trabajo colaborativo para el desarrollo de investigaciones que brinden soluciones a los problemas que afectan al sector empresarial y la ciudadanía.
Se incrementará el bajo porcentaje del PBI destinado a I+D+i (cercano al 0.13% 0.18%) hasta un valor de 1.0% Al menos 1,500 proyectos de transferencia tecnológica implementados con impacto productivo. 90% de empresas con adopción de tecnologías digitales/IA 500 proyectos colaborativos con resultados implementables. 60% de proyectos de investigación aplicados exitosamente.
Número de proyectos de transferencia tecnológica implementados desde universidades/institutos/CITE hacia empresas. % de empresas que implementan soluciones digitales o de IA en sus procesos productivos. Número de proyectos colaborativos entre institutos públicos de investigación y empresas/sector público. % de proyectos de investigación pública que se traducen en soluciones aplicadas al sector productivo o ciudadanía.
Dimension ambiental
La c ontaminación de cuencas hidrográficas es un problema bastante serio en el país, ya sea por actividades extractivas, industriales o acción de personas naturales. De acuerdo con el indicador global de calidad del agua de las Naciones Unidas, solo el 37 % de los cuerpos de agua superficiales monitoreados en el Perú mantiene buena calidad ambiental. Según la Autoridad Nacional de Agua (ANA), esa negligencia pública incrementa los costos de potabilización y expone a millones de personas a riesgos sanitarios que, con gestión adecuada, es, por supuesto, evitable. A nivel nacional en Perú (y globalmente), en 2025, persisten graves problemas de contaminación en cuencas clave como el Rímac, Mantaro, Moche, Santa y en Puno (Lago Titicaca/ Coata ), debido a minería, aguas residuales urbanas y desechos industriales, afectando la salud y ecosistemas, con reportes de metales pesados y riesgo hídrico elevado. El deterioro generalizado de las fuentes de agua no solo es en los ríos sino en agua subterránea.
Mejorar la calidad del agua superficial en las cuencas hidrográficas prioritarias, reduciendo la contaminación por actividades industriales, extractivas y urbanas. Reducir la contaminación de aguas subterráneas mediante control de vertidos industriales, mineros y residuales urbanos. Fortalecer la gestión integral de cuencas y la capacidad institucional para prevenir y controlar la contaminación hídrica. Apoyo al artículo 125 A del Decreto Legislativo 635 que establece sanciones penales para quienes expongan a personas a peligro de muerte o grave daño a la salud mediante esta práctica. Fortalecer las capacidades técnicas de la ANA, INAIGEM y gobiernos regionales, incorporando información hidrológica, climática y productiva para la toma de decisiones Generar conciencia ambiental en la población para evitar su contaminación por residuos domésticos.
Incrementar al 70 % el número de cuerpos de agua superficiales con buena calidad ambiental. Alcanzar 75 % de los pozos y acuíferos con calidad de agua dentro de los parámetros seguros 100 % de las cuencas prioritarias con planes de gestión integral en operación y seguimiento continuo. Aplicación de l artículo 125 A del DL 635 Se cuenta con un s istema de i nventario de reciclado de efluentes líquidos en los sistemas industriales ( re uso de agua) al 100%
% de cuerpos de agua superficiales monitoreados que alcanzan buena calidad ambiental según estándares nacionales e internacionales. % de pozos y acuíferos monitoreados que cumplen con los estándares de calidad de agua para consumo humano y uso agrícola. % de cuencas hidrográficas con planes de gestión integral implementados y efectivamente monitoreados. Implementación del artículo 125 A del DL 635 Sistematización de i nventario de emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos de cada proceso industrial (Balance materia y energía)
Para el 2050, Perú enfrentará un estrés hídrico severo , intensificado por el cambio climático, la alta demanda poblacional (Lima podría llegar a 40 millones) y la contaminación, afectando a gran parte del país, especialmente la costa (Ica, Lima, Lambayeque), con riesgos para la producción agrícola y el empleo, exigiendo inversión en innovación, soluciones basadas en naturaleza y mejor gestión para mitigar la vulnerabilidad y asegurar el recurso vital
Fortalecer al Comité Multidisciplinario sobre Estrés Hídrico (CM EH) que tiene como objetivo plantear propuestas estratégicas para garantizar la disponibilidad, calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos, mediante una gestión sostenible y eficiente, en un contexto de estrés hídrico, en articulación con en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Fortalecer la infraestructura de regulación hídrica, combinando infraestructura gris (reservorios, canales) con infraestructura natural. Integrar información climática del SENAMHI y del INAIGEM en la planificación de inversiones públicas y productivas. Priorizar territorios de alta vulnerabilidad climática, orientando recursos públicos y cooperación internacional. Articular seguridad hídrica con seguridad alimentaria. Incorporar cooperación técnica internacional en gestión integrada de recursos hídricos y adaptación climática
100% de propuestas del comité se concretaron en políticas públicas 50% de cuencas priorizadas con infraestructura hídrica combinada implementada y operativa. 100% de proyectos relevantes incorporan información climática. 50% de territorios vulnerables priorizados cuentan con programas e inversiones activas 100% de los planes de seguridad alimentaria incluyen gestión hídrica articulada. Al menos 10 proyectos de cooperación técnica internacional activos y con transferencia tecnológica.
% de propuestas del Comité Multidisciplinario tiene respuesta del PODER Ejecutivo y prioridad para asegurar la seguridad hídrica del país. % de cuencas con infraestructura hídrica combinada (gris y natural) funcional % de proyectos de inversión pública y productiva que incorporan información climática en su planificación. % de territorios de alta vulnerabilidad climática con inversión pública y cooperación internacional efectiva. % de planes de seguridad alimentaria que incorporan gestión hídrica integrada. # de proyectos de cooperación internacional en gestión hídrica y adaptación climática implementados.
Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento EPS) de Lima y regiones no cuentan con recurso hídrico suficiente, para proyectar una ampliación a sus plantas de tratamiento PTAP Según datos de SUNASS en el año 2022 de las 253 localidades del ámbito de las Empresas P restadoras de Servicios de Saneamiento ( 61 no cuentan con tratamiento de aguas residuales, por lo que el agua residual se vierte directamente a los ríos, mares, pampas o drenes
Garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para la expansión y operación eficiente de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) en Lima y regiones. Garantizar que todas las localidades atendidas por EPS cuenten con sistemas de tratamiento de aguas residuales adecuados, evitando vertidos directos a ríos, mares y terrenos
80 % de las PTAP estratégicas cuentan con recursos hídricos asegurados para su operación y futuras ampliaciones. 80 % de las localidades atendidas por EPS con tratamiento de aguas residuales en funcionamiento, cumpliendo estándares ambientales nacionales.
% de PTAP con disponibilidad hídrica suficiente para su operación y ampliación proyectada. % de localidades atendidas por EPS que cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales operativas y eficientes.
Inadecuada gestión de residuos sólidos por parte de gobiernos regionales y municipales. Según OEFA (2022) existen más de 1700 botaderos de basura en el país . Existen botaderos de basura críticos, siendo las principales regiones afectadas La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco y Tacna. Según CEPLAN, a nivel nacional, la generación de residuos sólidos municipales ha mostrado una tendencia al alza, pasando de 6,90 millones de toneladas en 2014 a 8,71 millones de toneladas en 2023. En los establecimientos de salud del Perú se generan alrededor de 20,000 toneladas de residuos bio contaminados al año, el 75% en Lima. Existe una inadecuada gestión de residuos sólidos hospitalarios siendo los casos más graves los centros de salud. Los deshechos bio infecciosos son débilmente regulados en la legislación peruana. En lugar de dar tratamiento adecuado, residuos hospitalarios se botan como residuos domésticos a recolectores de basura local, generando un alto riesgo a la salud en el personal de recojo de basura
Fortalecer la segregación en la fuente y el reciclaje inclusivo, integrando a recicladores formalizados y promoviendo de valorización de residuos, según su naturaleza. Cerrar progresivamente botaderos informales y ampliar la infraestructura adecuada para disposición y tratamiento de residuos, priorizando ciudades intermedias y zonas rurales. Incorporar criterios de economía circular en las compras públicas, incentivando la demanda de productos reciclados y ecoeficientes. Promover MIPYMES y emprendimientos circulares, mediante asistencia técnica, financiamiento verde y acceso a mercados. Fortalecer la articulación intersectorial, integrando a PRODUCE, MINAM y gobiernos subnacionales en políticas de producción limpia Fortalecer y homogeneizar la gestión de residuos sólidos hospitalarios a nivel nacional
60% de los residuos sólidos generados son valorizados y reciclados mediante programas inclusivos. 80% de los botaderos informales clausurados y cobertura de disposición segura de residuos en ciudades intermedias y zonas rurales. 80% de las compras públicas integran criterios de economía circular y productos reciclados. Al menos quinientas MIPYMES y emprendimientos circulares formalizados y operando con asistencia técnica y financiamiento verde. 10 políticas o programas intersectoriales plenamente operativos en producción limpia y economía circular. 100% de residuos hospitalarios tratados y dispuestos en un relleno de seguridad
% de residuos sólidos valorizados y reciclados mediante programas formales e inclusivos. % de botaderos informales clausurados y reemplazados por infraestructura adecuada de disposición y tratamiento de residuos. % de compras públicas que cumplen criterios de economía circular y ecoeficiencia. # de MIPYMES y emprendimientos circulares formalizados y activos con apoyo técnico y financiero. # de políticas o programas intersectoriales implementados para producción limpia y economía circular. # toneladas de residuos sólidos hospitalarios tratados o procesados
Hasta junio de 2025, el OEFA ha realizado 1051 supervisiones en electricidad, industria, hidrocarburos, agricultura y minería. Sin embargo, aún tiene debilidades en la delimitación de competencias, normas de supervisión, límite de personal capacitado para las supervisiones. El Departamento de Comercio Sostenible creado en 2013, el cual busca promover e implementar criterios de sostenibilidad en las empresas exportadoras como elementos diferenciadores en la oferta exportable y contribuir a incrementar su competitividad para alcanzar los mercados internacionales; así como a contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente se tienen 78 áreas de administración nacional, 146 áreas de conservación privada y 36 regionales. Aún se tiene una brecha para alcanzar la meta global del 30% de territorio protegido (conocida como la meta 30 × 30), ya que Perú se encuentra actualmente en un 18.1% continental y 8% del dominio marítimo. Aunque el 96% mantiene un buen estado de conservación, la minería ilegal y la seguridad en zonas remotas son las mayores amenazas.
Fortalecer la fiscalización y control de la calidad ambiental, reduciendo progresivamente la contaminación del aire, agua y suelo. Promover cadenas de valor de bioeconomía, como biocomercio, bioenergía, agroindustria sostenible, productos forestales no maderables y servicios ecosistémicos. Impulsar investigación aplicada en biodiversidad, articulando universidades, institutos, comunidades y empresas. Facilitar certificaciones y acceso a mercados, nacionales e internacionales, para bioproductos sostenibles. Articular la conservación y el desarrollo productivo, generando ingresos sostenibles para poblaciones locales y reduciendo presiones sobre los ecosistemas.
Incremento del 30% en el cumplimiento de los ECAS y LMP Al menos 12 cadenas de valor de bioeconomía consolidadas a nivel nacional y regional, con enfoque territorial y sostenibilidad ambiental. 20 empresas certificadas 200 proyectos de investigación aplicada ejecutados y con resultados transferidos a actividades productivas o de conservación. 100 bioproductos sostenibles certificados, con presencia en mercados nacionales y al menos 30 % con acceso a exportación. 30% del territorio nacional protegido (meta 30x30) 60 % de áreas priorizadas de conservación y territorios rurales articuladas a actividades productivas sostenibles, reduciendo presiones sobre los ecosistemas.
ECAS y LMP para agua, aire, suelo, ruido, radiaciones no ionizantes # de cadenas de valor de bioeconomía formalizadas y en operación sostenible # de empresas certificadas # de proyectos de investigación aplicada en biodiversidad desarrollados en articulación academia empresa comunidades. # de bioproductos certificados con estándares ambientales y de sostenibilidad, con acceso a mercados nacionales e internacionales. % de áreas de conservación protegidas o que cuentan con actividades productivas sostenibles generadoras de ingresos locales.
En abril de 2025 se publicó la Ley N 32279, que crea la Ley de Ordenamiento Territorial y el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT) siendo sus a) Desarrollo económico productivo multisectorial. b) Ordenamiento territorial, ambiental, económico e integral. c) Acondicionamiento territorial y planificación urbana y rural. d) Zonificación forestal (ZF) e) Gestión integrada de recursos hídricos por cuencas hidrográficas. f) Catastro multipropósito El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, y esta expuesto a actividad sísmica y otros fenómenos del alcance mundial como el Fenómeno del Niño. En el país 3 de cada 5 viviendas son vulnerables a terremotos.
Coordinar y facilitar los recursos a los gobiernos locales para la elaboración, aprobación y articulación del plan de acondicionamiento territorial, y de desarrollo urbano y rural, en el ámbito de su jurisdicción, tomando en consideración lo establecido por el ente rector y la normativa sectorial correspondiente. Gestionar el territorio nacional con visión estratégica e integral en todos los niveles, de tal manera que se propicie el uso y la ocupación del territorio, y el manejo de los recursos naturales de manera adecuada y sostenible para el desarrollo humano Articular la gestión del riesgo de desastres a la planificación y gestión urbana y territorial, con énfasis en el uso de tecnologías digitales y datos dejando de lado el enfoque reactivo.
30% de gobiernos locales con plan de ordenamiento territorial aprobado y articulado 70% de la población residente en zonas de alta exposición a sismos , lluvias intensas y tsunamis informada mediante herramientas digitales para alertar previa al evento 40% de población ubicados en zonas de muy alta exposición a sismos, lluvias intensas y tsunamis con infraestructura adecuada para el/los eventos
# de gobiernos locales con plan de ordenamiento territorial aprobado y articulado % de jurisdicciones departamentales gestionados en base a instrumentos de Ordenamiento Territorial % de población ubicados en zonas de muy alta exposición a sismos, lluvias intensas y tsunamis informada mediante herramientas digitales para alertar previa al evento % de población ubicados en zonas de muy alta exposición a sismos, lluvias intensas y tsunamis con infraestructura adecuada para el/los eventos
Dimension institucional
Los pobladores de Jauja (distritos de Yauli, Ricrán y Pancán ) están exigiendo al Gobierno Regional de Junín y que la ejecución de la obra de la carretera JU 103 sea asumida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) MTC), la cual lleva años paralizada, generando malestar, desabastecimiento y afectando a las comunidades mencionadas. Se requiere tomar mejores decisiones de manera descentralizada. Esto implica promover el diálogo y la formación de alianzas en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) sobre principios y valores nacionales. Es necesario organizar el territorio en función de sus características geográficas y climáticas, para un mejor uso sostenible de los recursos naturales.
Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión en gobiernos regionales y locales para la ejecución eficiente y oportuna de proyectos de inversión pública en los gobiernos regionales y locales Mejorando la coordinación intergubernamental, alineando políticas nacionales con prioridades territoriales. Impulsando mecanismos de participación ciudadana y vigilancia social. Mejorando la transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano en la gestión regional y local. Reforzando la rendición de cuentas subnacional mediante información pública accesible. Condicionando los presupuestos de gobiernos regionales y locales a la eficiencia y eficacia en el gasto. Fortalecer la gobernanza territorial mediante la articulación efectiva entre los tres niveles de gobierno y el ordenamiento sostenible del territorio.
Alcanzar y sostener una ejecución mínima del 85 % de ejecución presupuestal de inversión pública en gobiernos regionales y locales a nivel nacional. El 100 % de los gobiernos regionales y 80% de gobiernos locales cumplan con los estándares de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo información de obras, contrataciones y avances físicos. Al menos el 70 % de regiones y provincias cuenten con instrumentos de ordenamiento territorial aprobados y mecanismos activos de coordinación multinivel
% de ejecución del presupuesto de inversión pública en gobiernos regionales y locales % de gobiernos regionales y locales que cumplen estándares de transparencia y acceso a la información pública (MEF Contraloría PCM) % de regiones y provincias que cuentan con instrumentos de ordenamiento territorial y mecanismos formales de coordinación intergubernamental vigentes.
Se require tener un mayor control de manejo de armas para evitar poner en riesgo la vida de personas inocentes.
Prohibir el uso de armas para personas con antecedentes penales, judiciales y policiales. reducir el número de armas de uso indebido e ilegal, elevar la penalidad.
Al menos el 95% de detección y rechazo efectivo de solicitudes de licencias de armas presentadas por personas con antecedentes penales, judiciales o policiales, mediante interoperabilidad total entre SUCAMEC, PNP, Poder Judicial y Ministerio Público. 100% de armas de fuego ilegales incautadas, respecto al promedio 2022 2024, priorizando: • armas sin registro, • armas con número de serie adulterado, • armas vinculadas a crimen organizado, extorsión y sicariato.
% de solicitudes de licencia de armas rechazadas por antecedentes penales, judiciales o policiales # de armas de fuego ilegales e incautadas anualmente
El narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal y otros delitos mueven más de US $15 000 millones anual, con el tráfico ilícito de drogas representando aproximadamente US $1 134 millones. Se debería fortalecer e implementar a corto plazo los acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado con EEUU.
Reducir de manera sostenida el peso económico de las economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal y delitos conexos), debilitando su capacidad financiera y su influencia sobre la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo del país. Fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas apoyando la adquisición de equipamiento y asesoría de estados aliados.
Reducir en al menos 60 % el valor económico de las economías ilícitas respecto al nivel estimado de 2024, y reducir la participación del narcotráfico. 100% del acuerdo de cooperación en materia de narcotráfico y crimen organizado implementado
Valor estimado anual de las economías ilícitas como porcentaje del PBI nacional # de operaciones conjuntas, intercambios de inteligencia y programas de asistencia técnica ejecutados anualmente en el marco de los acuerdos Perú EE. UU.
A finales de julio de 2025, Perú registraba 199 conflictos sociales, con 150 activos y 49 latentes, siendo Loreto la región más afectada, según la Defensoría del Pueblo, con una cifra que se redujo respecto a 2024 (251) pero se mantuvo elevada , con 8 nuevos conflictos reportados en ese periodo y seguimientos mensuales que revelan tendencias y focos de tensión.
Fortalecer la prevención, gestión y resolución temprana de los conflictos sociales y conflictos socio ambientales mediante una presencia efectiva del Estado, el diálogo territorial y la atención oportuna de las demandas sociales, priorizando las regiones con mayor conflictividad.
Reducir en al menos 40 % el número de conflictos sociales activos a nivel nacional, y lograr que al menos el 70 % de los conflictos identificados sean gestionados en fase preventiva o latente, evitando su escalamiento.
# de conflictos sociales activos a nivel nacional registrados por la Defensoría del Pueblo
De acuerdo con una encuesta sobre el uso de servicios financieros del año 2019 liderada por la SBS, el 70% de los usuarios del sistema financiero manifestó su preocupación por haber sido víctima de algún tipo de fraude; el 25% señaló que había perdido en alguna ocasión su tarjeta de crédito; el 69% no actualizó su aplicación antivirus; el 78% no cambió la contraseña de sus cuentas; y solo el 35% admitió que revisaba con frecuencia sus estados de cuenta. Un 7% de los encuestados no reconoció transacciones de su tarjeta de crédito; y el 5% había experimentado la pérdida de dinero por el hackeo de su cuenta o algún otro tipo de fraude electrónico.
Fortalecer la seguridad financiera y digital de los usuarios del sistema financiero, reduciendo la incidencia de fraudes y mejorando las prácticas de protección y educación financiera digital. Fortalecer la supervisión del sistema financiero para prevenir y detectar oportunamente la evasión tributaria, el lavado de activos y el financiamiento del narcotráfico, garantizando la integridad y transparencia del sistema financiero nacional.
Reducir del 7 % a menos del 3 % la proporción de usuarios que reportan haber sido víctimas de fraude financiero o electrónico, e incrementar sostenidamente las prácticas de seguridad digital entre los usuarios del sistema financiero. Incrementar al menos 70 % la detección y reporte oportuno de operaciones sospechosas, y lograr que el 100 % de las entidades supervisadas cuenten con sistemas automatizados de monitoreo de riesgos financieros y lavado de activos.
% de usuarios del sistema financiero que reportan haber sido víctimas de fraude financiero o electrónico en los últimos 12 meses. % de operaciones financieras sospechosas detectadas y reportadas oportunamente a la UIF respecto del total de operaciones supervisadas por la SBS.
Según Centeno, Gerónimo y Huarha , e l tráfico de tierras que se oferta a los pobladores más vulnerables para solucionar su problema de hábitat, en medio de alternativas autogestionarias informales de vivienda, constituye una degeneración de mecanismos no formales de acceso al suelo. Esto responde a la necesidad de ciudadanos de bajos recursos que recurren a este mecanismo de toma de tierras como medio para satisfacer su necesidad de vivienda ante la carencia de programas de vivienda orientados desde el Estado.
Optimizar los informes de inteligencia a fin de anticipar y evitar el tráfico de terrenos que se produce después de una invasión pre planeada de terrenos privados o del estado
Prevenir y desarticular al menos el 60 % de las invasiones y operaciones de tráfico de terrenos identificadas como pre planeadas, antes de su consolidación física o registral
# de casos de tráfico de terrenos % de intentos de invasión o tráfico de terrenos detectados y desarticulados de manera preventiva mediante informes de inteligencia interinstitucional.
El 33.7% de víctimas de algún hecho delictivo en zonas urbanas a nivel nacional no denuncia el hecho por considerarlo una pérdida de tiempo y el 11.1% porque desconfía de la policía. La desconfianza en la policía se incrementa al 13.6% en centros poblados urbanos.
Recuperar la confianza y respecto en la PNP. Reforzar la educación basada en valores, conceptos éticos y morales en la PNP, enfocado en el respeto a los DDHH, lucha contra la corrupción, vocación de servicio y cumplimiento de la Constitución y las leyes. Fortalecer el sistema de especialización policial sobre la base de (1) Una Policía Nacional uniformada de prevención del delito y seguridad ciudadana; y (2) Una Policía Nacional no uniformada de investigación criminal
Alcanzar al menos un 60 % de aprobación ciudadana de la PNP a nivel nacional. Incrementar la confianza ciudadana en la PNP hasta al menos el 65 % de la población. Lograr que el 100 % del personal operativo de la PNP esté capacitado y recertificado periódicamente en protocolos de derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y trato al ciudadano.
% Aprobación de la PNP por la ciudadana % de población que confía en la PNP % de la PNP capacitada en protocolos de respeto a los derechos humanos
No se tiene un liderazgo claro ni gestión que asegure la seguridad ciudadana . Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de los peruanos considera la delincuencia su principal preocupación, el crimen y la falta de autoridad impactan en la economía familiar y la vida cotidiana. Según el INEI, el 18.6% de los hechos delictivos en áreas urbanas a nivel nacional son robos de dinero, cartera, celular o intento de robo.
Empoderar a la Policía Nacional y sus direcciones especializadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Se focaliza la lucha contra la delincuencia en los distritos o barrios más peligrosos. Estableciendo Presupuestos adecuados que permitan viabilizar la seguridad ciudadana a nivel nacional Disuadir los delitos de crimen organizado, empezando por el raqueteo, extorsión, sicariato, secuestros, asaltos a mano armada, entre otros; así como por acumulación de delitos menores. Incremento de penas por delitos violentos y por acumulación de delitos menores.
Percepción de inseguridad ciudadana por debajo del 30% en las principales ciudades de 20 mil a más habitantes. Reducir en 90 % la tasa de delitos violentos y de crimen organizado a nivel nacional, con mayor reducción en distritos priorizados. Incremento del 20% anual de Seguridad Ciudadana Al menos el 80 % de los distritos priorizados presentan una reducción sostenida de delitos durante tres años consecutivos. Aumentar en al menos 50 % el promedio de años de cárcel efectiva impuestos por delitos violentos y por acumulación de delitos menores reiterados, respecto a la línea base 2024
Percepción de inseguridad ciudadana Tasa de delitos violentos y de crimen organizado por cada 100,000 habitantes (homicidios, extorsión, sicariato, secuestro, asaltos a mano armada). Actualización de Datacrim , Sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana Porcentaje de distritos priorizados con reducción sostenida de delitos tras intervenciones policiales focalizadas. Años de cárcel efectiva por delitos violentos y acumulación de delitos menores
Ante el creciente fenómeno migratorio, se debe tener mayor c ontrol de migrantes con antecedentes penales y policiales. Según datos del Ministerio del Interior, en comparación al 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%, tenemos registrado 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18% a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao. Según información de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas Fistrap ), entre enero y diciembre del 2023, se contabilizaron 3,119 víctimas de este delito, más del doble respecto a las 1,430 víctimas registradas en 2022. Del total de personas afectadas, 753 eran niñas y adolescentes
Ordenamiento y racionalización de la admisión de los migrantes extranjeros con respeto a los DDHH y que aporte al desarrollo del país, en función de nuestros requerimientos y servicios públicos que pueda ofrecer el estado Fortalecer la seguridad ciudadana mediante prevención del delito y modernización policial. Reforzar la defensa nacional y el control del territorio para frenar la trata de personas. Articular seguridad, desarrollo y presencia efectiva del Estado. Fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas apoyando la adquisición de equipamiento y logística para el cuidado de nuestras fronteras.
95% de migrantes extranjeros debidamente registrados, regularizados y con control de antecedentes, garantizando el respeto de los derechos humanos. Reducir en 70% la tasa de homicidios y en 90% los casos de extorsión a nivel nacional. Reducir en 50% el número de víctimas de trata de personas, y erradicar progresivamente la trata de niñas y adolescentes en zonas priorizadas, mediante control territorial y presencia efectiva del Estado. Al menos el 75 % de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas con equipamiento modernizado, interoperable y en condiciones operativas óptimas.
% de población migrante regularizada, identificada biométricamente y con verificación de antecedentes penales y policiales. Tasa de homicidios y denuncias de extorsión por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. # de víctimas de trata de personas identificadas anualmente, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. % de unidades operativas de las Fuerzas Armadas que cuentan con equipamiento moderno y compatible con estándares internacionales
Instituciones como el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), e l Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Defensoría del Pueblo (DP), tienen autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. En estas instituciones se tiene una gestión eficiente. Sin embargo, existen otras entidades que deben tener el mismo o mejor eficiencia, pero se encuentran politizadas y no brindan un buen servicio al ciudadano. El exceso de traslapes en funciones y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno genera confusión en el ciudadano y abre espacio para malas gestiones y corrupción. Se debe promover la meritocracia en la función pública. Sin embargo, en la actualidad, los criterios para seleccionar personal no van por el lado meritocrático sino político.
La interoperabilidad efectiva entre entidades públicas, eliminando la solicitud de documentos que el propio Estado ya posee. Digitalización prioritaria de servicios de alto impacto ciudadano, como identidad, salud, educación, justicia y programas sociales. Diseño de servicios públicos centrados en la persona, simplificando trámites y mejorando la experiencia del usuario. Fortalecer la identidad digital, la protección de datos personales y la ciberseguridad. Cerrar brechas de capacidades digitales en el sector público. Ampliar el ámbito de las Instituciones Estatales Autónoma a instituciones de sectores como Agua y Desagüe, Vivienda, Infraestructura, Recojo y Tratamiento de Residuos Sólidos, Tráfico, Salud, Educación, Transformación Digital, Deporte, Innovación Tecnológica, Prevención de Desastres, entre otras Reducir el nivel de asesores políticos y burocracia que no fue elegida directamente pero que tiene poder de decisión en leyes y presupuesto dentro del estado.
Al menos el 90% de los trámites administrativos se realizan sin requerir documentos que el Estado ya posee. Digitalizar el 100% de los servicios públicos de alto impacto ciudadano (identidad, salud, educación, justicia y programas sociales). Alcanzar el 80% de satisfacción ciudadana en los servicios públicos priorizados. 100% de entidades públicas cumplen con estándares nacionales de identidad digital y ciberseguridad. Al menos el 90% de servidores públicos están certificados en competencias digitales. Implementar una institución autónoma operativa en al menos 5 sectores estratégicos, priorizando servicios básicos y de alto impacto ciudadano. Reducir en al menos 30% la proporción de asesores políticos con poder decisorio en leyes y presupuesto. 100% de funcionarios públicos en áreas clave de gestión vienen de SERVIR
% de trámites públicos que utilizan interoperabilidad y no solicitan documentos ya existentes en el Estado. % de servicios públicos prioritarios completamente digitalizados y operativos en línea. Índice de satisfacción ciudadana con los servicios públicos digitales y presenciales. % de entidades públicas que cumplen estándares de identidad digital, protección de datos personales y ciberseguridad. % de servidores públicos certificados en competencias digitales básicas y avanzadas. # de sectores estratégicos con instituciones estatales autónomas creadas y operativas. Proporción de cargos de asesoría política respecto al total de cargos decisorios en el Estado.
La Defensoría del Pueblo publicó el reporte “Responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional” subnacional”, en el que se advierte un total de 5719 casos de responsabilidad penal y civil, así como de procesos por responsabilidad administrativa y sancionadora cometidos entre enero 2023 y junio 2025, que involucran a 88 autoridades de todo el país, como gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. Actualmente existe un alto desprestigio de los operadores de Justicia en el país debido a los casos de corrupción de las últimas décadas. Proceso Concursal limitado y elección exclusiva de sus miembros a cargo un solo Poder del Estado, el Legislativo (Congreso de la República). Se debe recuperar la credibilidad y prestigio del sector justicia.
Elevar al máximo las penas por delitos de corrupción, extorsión y sicariato, incluyendo al corrupto como al corruptor. Fortalecer el acceso a la justicia, ampliando servicios de defensa pública, justicia itinerante y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Modernizar la gestión judicial, impulsando la digitalización de expedientes, audiencias virtuales y gestión por resultados. Reducir la carga procesal mediante simplificación normativa y fortalecimiento de juzgados especializados. Reforzar la independencia, meritocracia y capacitación continua de operadores de justicia. Incorporar un enfoque de derechos humanos y territorial, priorizando poblaciones vulnerables.
Implementar y ejecutar normas que permitan incrementar en 50% la tasa de condenas efectivas respecto a la línea base 2024, incluyendo sanción penal tanto al corrupto como al corruptor. Incrementar al 70 % la cobertura de servicios de acceso a la justicia en poblaciones vulnerables, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Alcanzar al menos el 90% de expedientes judiciales digitalizados, con uso regular de audiencias virtuales en todo el país. Reducir en 40% la carga procesal promedio por juez, priorizando juzgados penales, anticorrupción y de familia. 100 % de jueces y fiscales incorporados y ratificados mediante procesos meritocráticos, y 90% con capacitación continua anual certificada. Al menos el 80% de órganos jurisdiccionales aplicando protocolos diferenciados para poblaciones vulnerables y territorios prioritarios.
Tasa de condenas efectivas con pena privativa de libertad por delitos de corrupción, extorsión y sicariato. % de población vulnerable que accede a servicios de defensa pública, justicia itinerante o mecanismos alternativos de resolución de conflictos. % de expedientes judiciales tramitados de manera digital y con audiencias virtuales. Índice de carga procesal por juez (número promedio de expedientes activos por magistrado). % de jueces y fiscales seleccionados y evaluados bajo criterios meritocráticos y con capacitación continua certificada. % de órganos jurisdiccionales que aplican protocolos con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
La Contraloría General alertó que, al 16 de setiembre de 2025, cinco gobiernos regionales ejecutaron menos del 50 % de los S/ 1424 millones de presupuesto que en conjunto tienen disponibles para inversión pública, una situación que podría afectar el cierre de brechas de infraestructura, así como el acceso de la ciudadanía a mejores servicios públicos. La Defensoría del Pueblo publicó el reporte “Responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional, en el que se advierte un total de 5719 casos de responsabilidad penal y civil, así como de procesos por responsabilidad administrativa y sancionadora cometidos entre enero 2023 y junio 2025, que involucran a 88 autoridades de todo el país, como gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. El exceso de burocracia en procesos de licitación y el déficit de profesionales en contrataciones explican parte del problema, generando un amplio espacio para circuitos corruptos.
Fortalecer los sistemas de integridad en todas las entidades públicas, asegurando la implementación obligatoria de planes de integridad, mapas de riesgos de corrupción y mecanismos de control interno. Potenciar el rol de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, dotándola de capacidades técnicas, herramientas digitales y facultades de seguimiento intersectorial. Ampliar el uso de plataformas digitales de transparencia y trazabilidad, especialmente en contrataciones públicas, obras y programas sociales, en línea con las recomendaciones del BID. Fortalecer la protección al denunciante, garantizando mecanismos seguros, confidenciales y efectivos. Promover una cultura de integridad en el servicio público, mediante formación ética obligatoria, evaluación del desempeño y liderazgo ejemplar.
100% de entidades del Poder Ejecutivo y al menos 70% de gobiernos regionales y locales con sistemas de integridad plenamente implementados y evaluados. Cobertura de seguimiento intersectorial en el 100% de ministerios y gobiernos regionales, con reportes públicos anuales de cumplimiento. Al menos el 90 % del valor total de las contrataciones públicas con trazabilidad digital integral, incluyendo ejecución física y financiera. 100% de entidades del Poder Ejecutivo y al menos 70% de gobiernos subnacionales con mecanismos de denuncia seguros y verificados
% de entidades públicas que cuentan con Plan de Integridad, Mapa de Riesgos de Corrupción y Sistema de Control Interno implementados y evaluados anualmente. # de sectores y niveles de gobierno con seguimiento intersectorial activo por parte de la Secretaría de Integridad Pública. % del monto total de contrataciones públicas y obras con trazabilidad digital completa y acceso público en tiempo real. % de entidades públicas que cuentan con canales de denuncia seguros, confidenciales y operativos, con protección efectiva al denunciante.