Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (05/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 236

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 129

129 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / presentar los medios probatorios que considera pertinentes para sustentar su pretensión. En ese contexto, en ejercicio de la potestad constitucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de fi scalizar la legalidad de los procesos electorales y administrar justicia en materia electoral, prevista en el artículo 178 de la Constitución Política del Perú y desarrollada en el literal a del artículo 5 de la LOJNE (ver SN 1.2. y 1.3.), y en observancia de los principios de celeridad y economía procesal, este órgano colegiado considera, de manera excepcional, que corresponde realizar una valoración integral de los actuados. 2.12. Ahora bien, la información recabada por el fi scalizador de hoja de vida adscrito al JEE, sustentada en la documentación remitida por Sunarp, será contrastada con los argumentos señalados por el señor recurrente en su recurso de apelación, los cuales serán evaluados bajo el principio de presunción de veracidad, a fi n de determinar si los hechos alegados desvirtúan la infracción determinada por el JEE. 2.13. En ese sentido, se advierte que el señor recurrente declaró, en el rubro II de su DJHV, su experiencia como docente en la Universidad Continental S. A. C.; sin embargo, según lo manifestado por el señor recurrente en su escrito de apelación y de la información advertida por Sunarp, también cuenta con experiencia como gerente general en el Grupo Trey Perú S. A. C. 2.14. Al respecto, conforme al inciso 2 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.5.), el señor candidato debe declarar su experiencia laboral correspondiente a los últimos diez (10) años (ver SN 1.5.). Por lo tanto, en el presente caso, su cargo de gerente general en Grupo Trey Perú S. A. C. debió ser declarado en su DJHV. En ese sentido, el hecho de que la empresa no haya tenido operatividad ni que el señor recurrente hubiera ejercido efectivamente funciones gerenciales o laborales no lo exime de cumplir con dicha obligación, más aún cuando el propio FUDJHV, aprobado por el JNE, establece expresamente que deben consignarse los o fi cios, ocupaciones o profesiones desempeñados en el sector público, privado o independiente durante los últimos diez (10) años. Asimismo, este criterio ha sido establecido de manera reiterada en la jurisprudencia emitida por este órgano electoral. 2.15. En cuanto al argumento del señor recurrente, quien sostiene que el JEE interpretó de manera restrictiva y formalista los requisitos del rubro II, corresponde precisar que la DJHV constituye un instrumento de naturaleza formal y de cumplimiento obligatorio, cuya veracidad es asumida bajo responsabilidad directa del candidato, conforme a lo desarrollado en los considerandos 2.5., 2.6., 2.7. y 2.8. de la presente resolución. Así, no consignar dicha información determina que la declaración efectuada no se condiga con la realidad, con fi gurándose el supuesto de información falsa, conforme al numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.6.). 2.16. Además, el señor recurrente, al suscribir el Anexo 11, declaró bajo juramento la veracidad de su DJHV . Por tanto, al no consignar lo requerido en el rubro II, se in fi ere que ha declarado información que no re fl eja la situación real, de acuerdo con la información obtenida por la Sunarp. 2.17. En atención a lo expuesto, si bien se advierte que el JEE no cumplió con trasladar al señor recurrente el informe de fi scalización y comunicarle el inicio del procedimiento sancionador, dicha irregularidad debe analizarse a la luz de su incidencia real en el ejercicio del derecho de defensa. En el presente caso, el señor recurrente, al tomar conocimiento de la resolución sancionadora, interpuso recurso de apelación mediante el cual cuestionó los hechos imputados, expuso los argumentos de hecho y de derecho que estimó pertinentes y presentó los medios probatorios destinados a desvirtuar la infracción atribuida. En atención a ello, y con el objeto de garantizar plenamente su derecho de defensa, este colegiado ha procedido, de manera excepcional, a efectuar una revisión integral de los hechos materia de imputación, así como a valorar todos los medios probatorios obrantes en el expediente, incluidos aquellos aportados en esta instancia. 2.18. Del análisis conjunto de los actuados, incluyendo la documentación incorporada en sede de apelación, se concluye que ha quedado acreditada la comisión de la infracción imputada, sin que los elementos probatorios aportados por el señor recurrente resulten su fi cientes para enervar los hechos materia del procedimiento ni desvirtuar su responsabilidad. 2.19. En consecuencia, considerando la actuación excepcional realizada en esta instancia para garantizar el derecho de defensa del señor recurrente, la valoración integral de los actuados conduce a concluir que este ha incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP. Sobre la graduación de la sanción de multa2.20. Con relación al alegato del señor recurrente de que la sanción impuesta resulta excesiva y desproporcionada –pues el JEE le impuso una multa de dos (2) UIT–, corresponde señalar que, al haberse verifi cado la con fi guración de la infracción, corresponde imponer una multa dentro del rango previsto por la ley, esto es, entre una (1) y diez (10) UIT. 2.21. Considerando que el reglamento de la materia establece criterios de graduación, este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de su función jurisdiccional y apreciando los hechos con criterio de conciencia, procederá a evaluar directamente el monto de la multa, el cual debe determinarse, además, conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 2.22. Para tal efecto, este órgano colegiado ha aprobado una tabla de graduación de la multa en el Expediente Nº EG.2026029211 . Para el desarrollo de dicha herramienta se han tenido en consideración las disposiciones contenidas en los artículos 23 y 36-B de la LOP, así como a los criterios reglamentarios previstos en el artículo 24 del Reglamento de la DJHV, como son: a) La naturaleza del cargo al cual postula el candidato. b) El número de votantes de la circunscripción electoral correspondiente (rango). 2.23. Asimismo, considerando que se debe hacer un análisis integral de los mencionados criterios, se tuvo en consideración: i) la trascendencia de la infracción; ii) la existencia de múltiples rubros afectados, de ser el caso; iii) la eventual presencia de acciones adicionales de ocultamiento indebido; y iv) la veri fi cación de circunstancias atenuantes. 2.24. Así, en el presente caso, se advierte que el señor candidato postula a la Cámara de Diputados por el distrito electoral de Junín, cuya circunscripción electoral cuenta con 1 062 500 votantes, según el padrón electoral publicado por el Registro Nacional de Identi fi cación y Estado Civil para las EG 2026. Asimismo, se advierte que la información omitida se encuentra vinculada con el inciso 2 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.5.). Del mismo modo, no se evidencia la existencia de ocultamiento indebido de información y la omisión se circunscribe a un único extremo de la DJHV. 2.25. En atención a lo expuesto y luego de la evaluación conjunta de los criterios antes señalados mediante la herramienta de graduación adoptada por este Supremo Tribunal Electoral y el criterio de conciencia, se considera que corresponde modi fi car la sanción impuesta, reduciendo la cuantía de la multa a una (1) UIT. 2.26. Ante ello, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación; en consecuencia, revocar la resolución venida en grado en el extremo referido al monto de la sanción impuesta y, reformándola en dicho extremo, fi jar la sanción de multa en una (1) UIT. Asimismo, corresponde con fi rmarla en lo demás que contiene, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la DJHV y la LOP. Cuestión adicional 2.27. La LOP dispone que, si se veri fi ca la falsedad de la información de la DJHV, el JNE la corrige, impone una multa entre una (1) y diez (10) UIT y remite los actuados al Ministerio Público (ver SN 1.6.). Por su parte el Reglamento de la DJHV establece que el procedimiento sancionador es tramitado en primera instancia por el JEE (ver SN 1.11.); sin embargo, del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE), se veri fi ca que, al concluir la función jurisdiccional de los JEE, aún existen