Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (05/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 236

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 71

71 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / 2.26. De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria de concejo del 30 de enero de 2026, el pedido de vacancia fue rechazado sin distinguir si la decisión recaía sobre una o ambas causales. En esa medida, al tratarse de un rechazo integral de la solicitud, corresponde entender que el pronunciamiento comprendió tanto la causal de nepotismo como la de infracción a las restricciones de contratación. Sin embargo, en el Acuerdo de Concejo Municipal N° 007-2026-MDS/CM-SO se consignó que la vacancia fue denegada respecto de la causal de infracción a las restricciones de contratación. 2.27. A su vez, el recurso de apelación presentado por la señora recurrente contiene agravios vinculados con ambas causales. En consecuencia, la controversia elevada a esta instancia no se circunscribe únicamente a la causal de infracción a las restricciones de contratación, sino que también comprende la imputación por nepotismo. 2.28. En ese contexto, la discordancia entre el acta de sesión y el acuerdo de concejo constituye una irregularidad atribuible a la propia municipalidad. El concejo distrital conocía que la solicitud de vacancia fue planteada por dos causales y que así debía ser objeto de pronunciamiento. Por ello, no resulta razonable que el acta consigne un rechazo general del pedido y que, recién en el acuerdo formal, se restrinja la decisión a una sola causal. 22.29. Dicha irregularidad no puede impedir que este Supremo Tribunal Electoral emita pronunciamiento de fondo sobre ambas causales. Retrotraer el procedimiento para que la municipalidad precise el alcance de su decisión solo prolongaría indebidamente una controversia que ya ha sido materia de trámite municipal y de apelación, en perjuicio de la señora recurrente y del interés público comprometido en la regularidad del ejercicio del cargo municipal. Además, los actuados contienen elementos sufi cientes para resolver la controversia en su integridad, por lo que corresponde analizar tanto la causal de nepotismo como la de infracción a las restricciones de contratación. Sobre la prueba nueva ofrecida por la señora recurrente en esta instancia 2.30. En sus escritos de apelación, la señora recurrente ofreció como medios probatorios las documentales que ya había presentado ante el Concejo Municipal de Salitral mediante escrito del 4 de diciembre de 2025. Por tanto, dicho ofrecimiento resulta improcedente como prueba nueva, en tanto no se trata de medios probatorios incorporados por primera vez en esta instancia, sino de documentos que ya forman parte de los actuados y que fueron oportunamente presentados por la propia recurrente en sede municipal. 2.31. Respecto del acta de matrimonio del señor alcalde, las partidas de nacimiento de sus hijas, el enlace de la red social Facebook que correspondería al video en el que se observa el abastecimiento de combustible a la camioneta que sería de propiedad del señor alcalde, presuntamente conducida por don Gamio Castillo García, y la primera página de dos denuncias formuladas el 12 y 15 de diciembre de 2025 ante el Ministerio Público, se advierte que tales medios probatorios no están vinculados a hechos nuevos acaecidos de forma posterior a la Sesión Extraordinaria del 30 de enero de 2026. 2.32. Por tanto, tales medios probatorios no cumplen con el requisito de temporalidad previsto en el artículo 374 del TUO del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. Además, la señora recurrente no ha sustentado que recién tomó conocimiento de dicha documentación con posterioridad a la emisión del acuerdo materia de apelación. En consecuencia, corresponde declarar improcedente su admisión como prueba nueva en esta instancia. Sobre la causal de nepotismo2.33. En su solicitud de vacancia, la señora recurrente sostuvo que se con fi guró la causal de nepotismo debido a la existencia de una presunta relación contractual verbal entre el señor alcalde y su cónyuge, en tanto ambos serían propietarios de la camioneta de placa de rodaje P4T856, la cual habría sido abastecida con combustible de la Municipalidad Distrital de Salitral. 2.34. En su recurso de apelación, la señora recurrente desarrolló dicha causal a partir de tres elementos que denominó uso indebido de personal, uso indebido de bienes municipales y doble imputación. En esencia, alegó que se utilizó combustible municipal y los servicios de un chofer contratado por la entidad para favorecer el uso de un vehículo particular vinculado al señor alcalde y a su cónyuge. 2.35. Al respecto, corresponde precisar que la causal de nepotismo no sanciona, en términos generales, el uso indebido de bienes o servicios municipales, sino la intervención de una autoridad en la contratación, nombramiento o designación de sus parientes dentro de los grados prohibidos por la ley. Conforme a la jurisprudencia de este órgano colegiado, su con fi guración exige acreditar, de manera secuencial, tres elementos: la existencia del vínculo de parentesco, la contratación o designación del familiar en el ámbito municipal y la intervención o injerencia de la autoridad cuestionada en dicha contratación o designación. 2.36. Bajo ese marco, la imputación formulada por la señora recurrente no se adecúa a la estructura propia de la causal de nepotismo. Aunque se a fi rma que el señor alcalde y su cónyuge serían copropietarios del vehículo abastecido con combustible municipal, no se identi fi ca que dicha cónyuge haya sido contratada, nombrada o designada para desempeñar alguna labor o función en la municipalidad. Tampoco se precisa el cargo, servicio o actividad que habría realizado en favor de la entidad edil, ni se aportan medios probatorios dirigidos a acreditar ese extremo. 2.37. En consecuencia, los hechos expuestos por la señora recurrente, en los términos planteados, no permiten tener por acreditada la causal de nepotismo, al no veri fi carse el elemento referido a la contratación, nombramiento o designación de un familiar de la autoridad cuestionada en el ámbito municipal. Por tal razón, corresponde rechazar el recurso de apelación en este extremo. Sobre la causal de restricciones a la contratación 2.38. Es posición constante de este órgano colegiado que el numeral 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la LOM, tiene por fi nalidad la protección de los bienes y servicios municipales, precepto de vital importancia para que las entidades locales cumplan con las funciones y propósitos de desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Así, se entiende que estos bienes y servicios municipales no estarían lo su fi cientemente protegidos cuando quienes están a cargo de su protección (alcaldes y regidores) contraten, a su vez, con la misma municipalidad o adquieran directamente sus bienes. Al respecto, la norma establece que las autoridades que así lo hicieren sean retiradas de sus cargos. 2.39. Desde esa perspectiva, la vacancia por restricciones de contratación se produce cuando se comprueba la existencia de una contraposición entre el interés de la comuna y el interés de la autoridad, alcalde o regidor, pues es claro que esta no puede representar intereses contrapuestos. 2.40. En este sentido, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido tres elementos que con fi guran la causal contenida en el artículo 63 de la LOM: a) La existencia de un contrato, en el sentido amplio del término, cuyo objeto sea un bien municipal. b) La intervención, en calidad de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como persona natural, por interpósita persona o de un tercero (persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor tenga un interés propio (si la autoridad forma parte de la persona jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de accionista, director, gerente, representante o cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierte una razón objetiva por la que pueda considerarse que el alcalde o regidor tendría algún interés personal con relación a un