Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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36 NORMAS LEGALES Martes 11 de agosto de 2026 El Peruano / 1 Aprobado por la Resolución Nº 0844-2025-JNE, publicada el del 31 de diciembre de 2025 en el diario oficial El Peruano. 2 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026 en el diario oficial El Peruano 3 Aprobado por la Resolución Nº 830-2025-JNE, publicada el 4 de enero de 2026 en el diario oficial El Peruano. 2541505-1 Revocan la Resolución N° 00731-2026-JEE- CHYO/JNE emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo RESOLUCIÓN N° 1691-2026-JNE Expediente N° ERM.2026024572 PÁTAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE JEE CHICLAYO (ERM.2026014084) ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026APELACIÓN Lima, 8 de julio de 2026VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Robert Charlton Chávez Torres, personero legal titular de la organización política Partido Aprista Peruano (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00731-2026-JEE-CHYO/JNE, del 23 de junio de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (en adelante, JEE), que declaró improcedente la solicitud de inscripción de don Juan Alberto Ramos Díaz, candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pátapo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque (en adelante, señor candidato), presentada por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. PRIMERO. ANTECEDENTES En el Expediente N° ERM.2026014084 1.1. El 16 de junio de 2026, el señor recurrente presentó la solicitud de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Pátapo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, por la organización política Partido Aprista Peruano (en adelante, OP). 1.2. Por medio de la Resolución N° 00731-2026-JEE- CHYO/JNE, del 23 de junio de 2026, el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción del señor candidato por encontrarse incurso en el impedimento establecido en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), debido a que: a) El señor candidato cuenta con una sentencia fi rme del 10 de octubre de 2018, recaída en el Expediente N° 5049-2015, por el “delito de cohecho pasivo propio”, previsto en el artículo 393 del Código Penal, ilícito que forma parte de los delitos contra la administración pública comprendidos en la Sección IV, “Corrupción de funcionarios”. b) Pese a estar rehabilitado mediante resolución del 24 de junio de 2024, dicha condena constituye un impedimento legal para postular como candidato municipal; máxime si se veri fi ca que el precitado impedimento fue incorporado por el artículo 3 de la Ley N° 30717, la cual entró en vigor el 10 de enero de 2018. SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS 2.1. El 26 de junio de 2026, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00731-2026-JEE-CHYO/JNE, alegando, esencialmente, lo siguiente: a) La aplicación de la norma establecida en el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM contraviene los derechos a la participación política y resocialización, así como los principios de literalidad, presunción de inocencia y de rehabilitación del condenado. b) El Tribunal Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos en sede de procesos de amparo, en los cuales ha fi jado criterios interpretativos relevantes y una línea jurisprudencial respecto de la aplicación de la Ley N° 30717. c) Por ello, frente a las reiteradas exhortaciones efectuadas por el Máximo Intérprete de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió la Resolución N° 0085-2026-JNE orientándose por privilegiar el derecho a la participación política y el principio de resocialización del candidato, e inaplicar el impedimento previsto en la ley. d) Ahora bien, con la sentencia del 27 de abril de 2018 (Expediente N° 5049-2015-94), el Décimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo le impuso al candidato una condena de cuatro (4) años de pena privativa de libertad de carácter suspendida en su ejecución, por el delito de cohecho activo genérico. Dicha sentencia fue confi rmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones, por medio de Sentencia de Vista del 13 de agosto de 2018. e) Posteriormente, mediante la Resolución N° 30, del 24 de junio de 2024, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo declaró tener por no pronunciada la condena; por consiguiente, a la fecha, la condición jurídica del candidato es de rehabilitado. f) Asimismo, el JEE no tomó en cuenta que la prohibición recae en ciudadanos condenados que cometieron el delito bajo la condición de funcionarios o servidores públicos, condición que no ostentaba el candidato al momento de la comisión de la condena por el delito de cohecho activo genérico. CONSIDERANDOSPRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) En la Constitución Política del Perú1.1. El artículo 31 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. 1.2. El numeral 4 del artículo 178 estipula, como atribución de este Supremo Órgano Electoral, la administración de justicia en materia electoral. En concordancia, el artículo 181 señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia fi nal, de fi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. En la LEM 1.3. El literal h del numeral 8.1. del artículo 8 determina: Artículo 8.- Impedimentos para postular. No pueden ser candidatos en las elecciones municipales: 8.1 Los siguientes ciudadanos: […] h. Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas. […]