Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (22/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 112

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 61

61 NORMAS LEGALES Sábado 22 de agosto de 2026 El Peruano / calendario electoral, son debatidos y resueltos sin necesidad de programarse audiencia pública [resaltado agregado]. En el Reglamento de noti fi caciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales 3 (en adelante, Reglamento) 1.9. El artículo 14, sobre la noti fi cación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente: Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son noti fi cadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas. En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por noti fi cados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación: <https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/ fi ltros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). […] SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETOCuestión previa 2.1. De conformidad con el numeral 13.2. del artículo 13 del Reglamento de Audiencias Públicas (ver SN 1.7.), el presidente del JNE fi ja los expedientes que, en razón de la materia y preclusión de los plazos del calendario electoral, son debatidos y resueltos sin necesidad de programarse audiencia pública. 2.2. Sobre el particular, del examen del expediente, se advierte que se cuenta con la información y el marco legal para emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En esa medida, considerando la preclusión de los plazos del calendario electoral de las ERM 2026, dentro del cual se enmarca el recurso de apelación que se tramita en el presente expediente, este órgano colegiado considera que no resulta necesario que la causa sea vista en audiencia pública, toda vez que se cuenta con elementos necesarios para emitir pronunciamiento. Del caso concreto2.3. En el presente caso, el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Piura, debido a que, a la fecha de su presentación, la señora candidata, contaba con 29 años, 5 meses y 25 días de edad, por lo que la lista de candidatos no cumplía con la cuota de jóvenes. 2.4. Al respecto, en su recurso de apelación, la señora recurrente señala, principalmente, que la edad de la señora candidata no debe constituir una causal para declarar improcedente toda la lista presentada, debido a que el rango etario de la población joven previsto en normas distintas de la normativa electoral comprende a las personas de entre 15 y 29 años, incluidas aquellas que aún no han cumplido treinta (30) años, en aplicación del principio de participación política reconocido en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. 2.5. Ahora bien, el artículo 9 del Reglamento de Inscripción (ver SN 1.7.), concordante con el artículo 10 de la LEM (ver SN 1.5.), establece que no menos del 20 % de la lista de candidatos a regidores debe estar integrada por jóvenes, quienes deben ser mayores de 18 y menores de 29 años, computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos. 2.6. Por su parte, el artículo I del Título Preliminar y el artículo 2 de la Ley del Consejo Nacional de la Juventud (ver SN 1.6.) desarrollan el marco conceptual y el ámbito de aplicación de la ley, y de fi nen la juventud desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. Así, mientras que el artículo I del Título Preliminar fundamenta la dimensión sustantiva al caracterizar esta etapa como un proceso integral de maduración física, psicológica y social -crucial para consolidar la identidad y estructurar un proyecto de vida autónomo-, el artículo 2 complementa este enfoque al delimitar su alcance a las personas de entre 15 y 29 años, bajo un principio de no discriminación. 2.7. En ese contexto, en aplicación del principio en favor de la participación política (ver SN 1.4.), resulta pertinente adoptar una interpretación sistemática, de modo que el derecho fundamental a ser elegido no sea restringido con una interpretación estricta de la cuota de jóvenes, sino que se promueva la incorporación efectiva de ciudadanos jóvenes en la representación municipal. La interpretación de las normas electorales debe orientarse a facilitar la participación de las listas provenientes de procesos democráticos internos, siempre que se acrediten una mínima diligencia y la voluntad de cumplimiento. 2.8. En ese sentido, se advierte que, si bien el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada por la señora recurrente, ello obedeció a la aplicación del rango de edad establecido para la cuota de jóvenes en el artículo 10 de la LEM y en el artículo 9 del Reglamento de Inscripción (ver SN 1.5. y 1.7.). No obstante, dicho órgano de primera instancia no efectuó una evaluación integral de la normativa vigente -descrita en los considerandos precedentes- referida a la delimitación cuantitativa de las personas que deben ser consideradas jóvenes, ni adoptó una interpretación que favoreciera el ejercicio de su derecho a la participación política pasiva, es decir, su derecho a ser elegidas. 2.9. En efecto, el ordenamiento jurídico peruano no contiene una noción única e invariable de juventud, pues esta responde a la fi nalidad de cada regulación. Así, la Ley N° 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud, considera jóvenes a las personas comprendidas entre los quince (15) y los veintinueve (29) años de edad, mientras que el artículo 10 de la LEM, al regular la cuota de jóvenes, exige que las listas estén integradas por no menos de veinte por ciento (20 %) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes “menores de veintinueve (29) años”. En ese contexto, corresponde determinar el alcance jurídico de esta última expresión, pues la sola referencia literal a “menores de veintinueve (29) años” no resuelve, según la posición expuesta, de manera inequívoca si la condición de joven cesa al cumplir los veintinueve (29) años o solo al alcanzar los treinta (30), máxime cuando el propio ordenamiento jurídico reconoce, para efectos de las políticas públicas de juventud, que esta etapa comprende a las personas de hasta veintinueve (29) años de edad. En consecuencia, dicha disposición debe interpretarse de manera sistemática y fi nalista, atendiendo a la fi nalidad de la cuota de jóvenes como mecanismo de promoción de la participación política de este grupo etario y privilegiando, conforme al principio pro participatione , aquella interpretación que otorgue mayor e fi cacia al derecho a la participación política sin desnaturalizar el mandato legal. 2.10. En tal sentido, este Supremo Tribunal Electoral considera que la expresión “menores de veintinueve (29) años”, prevista en la legislación electoral, debe interpretarse de forma armónica con el resto del ordenamiento jurídico y con la fi nalidad de la cuota joven. Dado que el legislador no ha de fi nido expresamente el momento en que cesa dicha condición para efectos electorales y que el ordenamiento reconoce como jóvenes a las personas de hasta veintinueve (29) años, corresponde entender que integran la cuota joven quienes, a la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, cuentan con veintinueve (29) años de edad, perdiendo dicha condición al cumplir los treinta (30) años. 2.11. La cuota joven constituye una medida de acción a fi rmativa dirigida a promover la participación política efectiva de las nuevas generaciones en los órganos de representación democrática. Su fi nalidad no es establecer una restricción adicional al derecho de ser elegido, sino corregir las barreras que históricamente