Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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146 NORMAS LEGALES Viernes 28 de agosto de 2026 El Peruano / Declaran nulo extremo de la Resolución N° 00976-2026-JEE-CHYO/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo RESOLUCIÓN N° 2757-2026-JNE Expediente N° ERM.2026027203 MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE JEE CHICLAYO (ERM.2026019670) ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026 APELACIÓN Lima, 4 de agosto de 2026VISTO: en audiencia pública virtual del 3 de agosto de 2026, debatido y votado, el recurso de apelación interpuesto por don Robert Charlton Chavez Torres, personero legal titular de la organización política Partido Aprista Peruano (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00976-2026-JEE-CHYO/JNE, del 9 de julio de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (en adelante, JEE), en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de doña Natalia Elizabeth Cortez Chicoma, candidata a alcaldesa para la Municipalidad Distrital de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque (en adelante, señora candidata), presentada por la citada organización política, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Oído: el informe oral.PRIMERO. ANTECEDENTES1.1. El señor recurrente presentó ante el JEE la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, por la organización política Partido Aprista Peruano (en adelante, OP). 1.2. Mediante la Resolución N° 00976-2026-JEE- CHYO/JNE, del 9 de julio de 2026, el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de la señora candidata, por encontrarse incursa en el impedimento establecido en el literal g del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante, LEM), en concordancia con el numeral 28.2 del artículo 28 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2026. Ello debido a que la señora candidata declaró en su DJHV haber sido sentenciada por el delito de falsi fi cación de documentos, cuya sentencia ha sido expedida el 14 de agosto de 2021; por tanto, a la fecha de cali fi cación de la presente solicitud, no ha transcurrido el plazo cronológico de diez (10) años exigido por la jurisprudencia vinculante del Supremo Tribunal Electoral para habilitar la aptitud de la señora candidata. Por consiguiente, subsiste de forma objetiva e insubsanable la restricción legal para postular establecida en el literal g del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM. SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS2.1. El 13 de julio de 2026, el señor recurrente interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución N° 00976-2026-JEE-CHYO/JNE, alegando, esencialmente, lo siguiente: a) La aplicación del impedimento pese a existir una sentencia cumplida, lo que constituye una decisión contraria a la declaración de inconstitucionalidad. b) El JEE incurrió en la indebida aplicación del criterio jurisprudencial establecido en la Resolución N° 0085- 2026-JNE, la cual se re fi ere a ciertos delitos de gravedad. Al respecto, a fi rma que el caso de la señora candidata es distinto, puesto que no fue condenada como funcionaria o servidora pública ni por delito contra la administración pública. c) La restricción normativa no es aplicable a la condición de ciudadano extraneus en el delito de cohecho activo genérico. Ello debido a que el delito por el cual fue condenada la señora candidata es el de “uso de documento falso”, mediante sentencia conformada; pena que actualmente se encuentra cumplida, ostentando la condición de rehabilitada. CONSIDERANDOSPRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) En la Constitución Política del Perú1.1. El numeral 17 del artículo 2 precisa que toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 1.2. El artículo 31 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. 1.3. El numeral 4 del artículo 178 estipula, como atribución de este Supremo Órgano Electoral, la administración de justicia en materia electoral. 1.4. El artículo 181 señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia fi nal, de fi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. En el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil1 (en adelante, TUO del CPC) 1.5. Los artículos 122 y 171 prevén: Contenido y suscripción de las resoluciones Artículo 122.- Las resoluciones contienen: […]3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo accionado; 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. […] La resolución que no cumpliera con los requisitos antes señalados será nula […]. Principio de Legalidad y Trascendencia de la nulidad Artículo 171.- La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su fi nalidad […]. [Resaltados agregados]. En la LEM1.6. El literal g del artículo 8 re fi ere: Artículo 8.- Impedimentos para postular No pueden ser candidatos en las elecciones municipales: 8.1 Los siguientes ciudadanos […]g) Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, trá fi co ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.