Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (28/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 184

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 169

169 NORMAS LEGALES Viernes 28 de agosto de 2026 El Peruano / SE RESUELVE: Artículo Primero.- Nombrar como fi scales adjuntos provinciales provisionales del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolos en la Coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a los siguientes abogados: • Rubén Oswaldo Anicama Medina, con retención de su cargo administrativo. • José Asunción Morales Romero Artículo Segundo.- Disponer la noti fi cación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, Coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, Gerencia General, O fi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, O fi cina General de Potencial Humano, O fi cina de Integridad Institucional, Ofi cina de Imagen Institucional y a los abogados mencionados. Regístrese, comuníquese y publíquese. TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS Fiscal de la Nación 2548432-12 Conforman la “Comisión encargada de elaborar una propuesta de reforma integral del marco normativo de extinción de dominio” RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 2621-2026-MP-FN Lima, 27 de agosto de 2026 VISTO Y CONSIDERANDO: El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de promover de o fi cio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, así como de conducir desde su inicio la investigación del delito, de conformidad con los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Perú. El artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que “el Fiscal de la Nación representa al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad funcional especializada” . En este sentido, el Fiscal de la Nación es el titular de la entidad y, en consecuencia, es el responsable de diseñar, dirigir y reformular la política institucional con la fi nalidad de lograr los objetivos institucionales. La criminalidad organizada constituye una estructura económica que genera, moviliza, oculta y reinvierte ganancias ilícitas para preservar su capacidad operativa; por ello, la persecución penal e fi caz exige complementar la investigación y sanción de sus integrantes con una estrategia institucional dirigida a identi fi car, rastrear, inmovilizar, decomisar, extinguir y recuperar el patrimonio criminal. El Decreto Legislativo Nº 1373 estableció un proceso autónomo, real y de contenido patrimonial para impedir el ingreso al comercio o extraer de este los bienes de origen o destinación ilícita; sin embargo, la Ley Nº 32326, publicada el 9 de mayo de 2025, modi fi có sustancialmente dicho régimen, entre otros aspectos, al sujetar la autonomía del proceso a la existencia de sentencia fi rme y consentida o de un laudo —salvo determinados delitos—, exigir en diversos supuestos una sentencia penal fi rme, determinar la carga de ofrecer pruebas o indicios para declarar fundada la demanda y establecer un plazo de prescripción de cinco años.Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 135/2025, recaída en el Expediente Nº 00008-2024-PI/TC, de fecha 27 de junio de 2025, delimitó el ámbito de aplicación de la extinción de dominio. En los fundamentos jurídicos 214, 217 y 218 sostuvo que esta fi gura debe vincularse al patrimonio que fi nancia al crimen organizado, que está destinado a desarticular organizaciones criminales y que su aplicación debe ser residual; asimismo, en el numeral 1, inciso ii), del fallo declaró inconstitucional el numeral 2.5 del artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1373 y estableció que dicho decreto legislativo solo resulta aplicable a supuestos acaecidos después de su entrada en vigor. Además, el fundamento jurídico 279 de la citada sentencia rea fi rma que la extinción de dominio tiene por fi nalidad des fi nanciar a las organizaciones criminales e impedir la continuidad de sus actividades delictivas; mientras que el fundamento jurídico 280 determina que los criterios interpretativos establecidos por el Tribunal Constitucional son de observancia obligatoria para los fi scales y jueces competentes. La permanencia de estas normas y criterios legales e interpretativos no ha despejado toda incertidumbre respecto de la aplicación de la extinción de dominio, así como toda incompatibilidad con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Asimismo, no se avizora la efi cacia de la extinción de dominio en nuestro ordenamiento jurídico por la poca claridad de la normatividad y criterios aplicables vigentes; por lo que se hace necesario impulsar una reforma legislativa integral, técnicamente sustentada y compatible con la Constitución, el debido proceso, el derecho de propiedad lícitamente adquirido y la protección del tercero adquirente de buena fe; reforma que, al mismo tiempo, preserve la naturaleza patrimonial y la e fi cacia de la extinción de dominio como mecanismo para privar a las organizaciones criminales de los recursos que sostienen sus actividades. El Despacho de la Fiscalía de la Nación ha de fi nido como política institucional la implementación de una estrategia integral de recuperación de activos, orientada a transformar la experiencia individual en una capacidad institucional permanente. En esa línea, es necesario articular el apoyo operativo especializado, la inteligencia criminal estratégica, la coordinación interinstitucional y la gestión del conocimiento, con el propósito de identi fi car, rastrear, inmovilizar, decomisar y recuperar sistemáticamente los activos criminales. En atención a la especialidad y complejidad de la materia, resulta necesario conformar una comisión temporal y multidisciplinaria, con participación de representantes del Ministerio Público, entidades públicas, cooperación técnica especializada y defensa jurídica del Estado, encargada de elaborar una propuesta de reforma de la legislación sobre extinción de dominio que fortalezca la persecución del patrimonio criminal de las organizaciones criminales, asegure garantías procesales y contribuya a consolidar una política de Estado de recuperación de activos. De otro lado, cabe señalar que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2826-2016-MP-FN 1, del 10 de junio de 2016, se aprobó el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio Público y Basel Institute on Governance , destinado a brindar asistencia técnica en materia de recuperación de activos ilícitos; en ese marco, esta institución prestará apoyo técnico a la comisión en el desarrollo de sus funciones. Finalmente, el artículo 159, numeral 7, de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 66, numeral 4, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo Nº 052, reconoce al Fiscal de la Nación la atribución de ejercer el derecho de iniciativa legislativa. En virtud de esta facultad, corresponde adoptar las medidas institucionales necesarias para formular una propuesta normativa integral en materia de extinción de dominio, acorde con la Constitución, los estándares internacionales aplicables y la política institucional de recuperación de activos. Contando con las atribuciones conferidas por el artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;