Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2026 (14/01/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 152

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 97

97 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de enero de 2026 El Peruano / la LOE, persigue un fi n legítimo y si resulta apto para alcanzarlo. En el presente caso, corresponde reconocer que dicha norma tiene como fi nalidad preservar el principio de neutralidad del Estado en el proceso electoral, evitando que los trabajadores públicos utilicen su posición funcional para in fl uir indebidamente en dicho proceso. 3.2. Desde esa perspectiva, la normal resulta idónea en abstracto, en tanto busca garantizar que la función pública no sea instrumentalizada con fi nes partidiarios. La preservación de la neutralidad constituye un objetivo constitucionalmente válido y compatible con el orden democrático, especialmente en contextos electorales. 3.3. No obstante, la sola constatación de un fi n legítimo no basta para validar cualquier restricción derivada de la norma, siendo necesario evaluar si la forma concreta de su aplicación supera los subcriterios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Subcriterio de necesidad3.4. El subcriterio de necesidad evalúa si la medida consistente en exigir al docente la solicitud de licencia sin goce de haber es indispensable para alcanzar el fi n de neutralidad, o si existen medidas menos restrictivas del derecho a la participación política que resulten igualmente efi caces. 3.5. En el caso de los docentes, dicha exigencia no resulta necesaria, pues estos no ocupan cargos de dirección, no toman decisiones institucionales, ni administran fondos o recursos públicos dentro del centro educativo. Su función se limita a la actividad pedagógica, lo que reduce signi fi cativamente cualquier riesgo real de afectación a la neutralidad estatal. Subcriterio de proporcionalidad 3.6. El subcriterio de proporcionalidad en sentido estricto exige ponderar si el bene fi cio que se obtiene con la medida justi fi ca el nivel de afectación que se genera sobre el derecho fundamental a la participación política. 3.7. En el presente caso, el bene fi cio que la medida aporta a la neutralidad del Estado es mínimo o inexistente, dado que la función docente, por su naturaleza, no genera ventajas indebidas ni compromete la imparcialidad del proceso electoral. En consecuencia, el sacri fi cio impuesto resulta claramente superior al bene fi cio perseguido, lo que torna la medida desproporcionada, irrazonable y contraria al contenido esencial del derecho a la participación política. 3.8. Asi mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos, en el caso Yatama vs. Nicaragua (SN 1.8.). en armonía con los estándares interamericanos que ha desarrollado precisó que el derecho a participar en los asuntos públicos y a ser elegido no se agota en su reconocimiento formal, sino que debe poder ejercerse de manera real y efectiva, en condiciones materiales de igualdad. Las regulaciones estatales en materia electoral, aun cuando se presenten como neutrales, no pueden producir efectos que, en la práctica, excluyan o desincentiven injusti fi cadamente la participación de determinados sectores de la población. 3.9. Desde esta perspectiva, exigir al docente que solicite licencia sin goce de haber para postular a un cargo de elección popular implica imponerle una carga económica directa como condición para ejercer un derecho fundamental. Tal exigencia no es neutra en sus efectos: impacta con mayor intensidad en quienes dependen de su remuneración para su subsistencia, convirtiendo el acceso a la competencia electoral en un privilegio condicionado por la capacidad económica del postulante. De este modo, el derecho a ser elegido deja de ser universal y se transforma en un derecho materialmente restringido. 3.10. Esta consecuencia solo podría ser constitucional y convencionalmente admisible si existiera una justifi cación racional, objetiva y estrictamente vinculada al fi n que la norma pretende tutelar, esto es, la preservación de la neutralidad del Estado en el proceso electoral. Sin embargo, tratándose de quienes ejercen exclusivamente funciones docentes -limitadas a la formación de alumnos en la educación básica regular, técnica o universitaria-, no se advierte una relación razonable entre la medida impuesta y el riesgo que se busca evitar, pues dicha actividad no comporta funciones de dirección, gestión o administración pública que puedan generar ventajas indebidas frente a otros candidatos. 3.11. A ello se suma una inconsistencia normativa relevante: en el marco de las elecciones subnacionales 2, el ordenamiento electoral (ver SN. 1.3 Y 1.4) ha reconocido expresamente que los trabajadores públicos que ejercen la docencia no se encuentran obligados a solicitar licencia sin goce de haber para postular como candidatos; mientras que, en el ámbito de las elecciones generales (diputados y senadores), se pretende exigir dicho requisito. Esta diferencia de trato carece de una justi fi cación objetiva y razonable, pues la naturaleza de la función docente es idéntica en ambos procesos electorales y el riesgo que se busca evitar -la afectación de la neutralidad estatal- es el mismo. 3.12. No existe razón constitucionalmente válida para sostener que la actividad docente compromete la neutralidad del Estado en una elección subnacional, pero sí lo haga en una elección general. La función que desempeña el profesor no se transforma por el solo hecho de variar el nivel del proceso electoral. En consecuencia, imponer la carga de dejar de percibir remuneración únicamente en las elecciones generales introduce una diferenciación arbitraria, que no supera un test mínimo de racionalidad. 3.13. Esta asimetría normativa evidencia que el requisito, lejos de responder a un fi n legítimo vinculado con la neutralidad, opera como una barrera injusti fi cada al ejercicio del derecho a ser elegido, afectando con mayor intensidad a quienes dependen de su ingreso para subsistir. Por ello, la exigencia de licencia sin goce de haber para los docentes en elecciones generales deviene en irrazonable, desproporcionada y contraria a una interpretación pro persona y pro participación democrática. 3.14. En ese sentido, el Pleno del JNE al administrar justicia en materia electoral, en reiterada jurisprudencia (ver SN 1.6.), ha señalado que no están obligados a solicitar licencia en el caso de los profesionales que desarrollan la función docente, pues la formación de alumnos no supone de modo alguno labores administrativas, de dirección o gestión educativa, que haga presumir que se privilegiaría la posición de algunos candidatos (los trabajadores del Estado) por encima de otros, violando la neutralidad del Estado. 3.15. En esa medida, dado que el señor candidato ocupa el puesto de docente en la Institución Educativa “César Calvo de Araujo”, no requirió presentar licencia, por tal razón no tenía la obligación de solicitarla, pues el ejercicio de la función docente debe entenderse a la actividad de formación de alumnos en la educación básica regular, técnica y universitaria. 3.16. En atención a lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal Electoral establecer como criterio jurisprudencial que no es necesario que los trabajadores públicos que ejerzan la docencia en la educación básica regular, técnica y universitaria deban solicitar licencia sin goce haber para participar como candidatos en las elecciones generales (ver SN 1.3. y 1.4.) 3.17. Por consiguiente, corresponde estimar el recurso de apelación y revocar la resolución venida en grado. 3.18. La noti fi cación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.9.). Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, RESUELVE 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 00611-2025-JEE-LIO3/JNE, del 26 de diciembre de 2025, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 que declaró improcedente la inscripción de don Obed Bernuy Atachagua, candidato a la Cámara de Diputados