Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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58 NORMAS LEGALES Miércoles 21 de enero de 2026 El Peruano / 2. Por lo expuesto, se concluye , con claridad, que la candidata no mantenía vínculo laboral con la administración pública, pues la existencia de una relación laboral presupone necesariamente la percepción de una remuneración, siendo ambos elementos jurídicamente inseparables; en ese sentido, no se encontraba comprendida en el supuesto normativo del artículo 114 de la LOE. 3. Ahora bien, la observación formulada por el Jurado Electoral Especial de Huamanga, en la que se exigía la presentación de la licencia laboral, partió de una premisa fáctica errónea: asumió que la candidata tenía vínculo laboral con el Estado. 4. En ese contexto, si bien el artículo 35 del Reglamento de Inscripción de Listas regula la subsanación de observaciones por incumplimientos de requisitos legales; y el numeral 36.1 del artículo 36 de dicho reglamento autoriza a declarar la improcedencia en los supuestos de: i) incumplimiento de un requisito de ley no subsanable; o ii) no subsanación de una observación; debe señalarse que, cuando la exigencia misma carece de sustento normativo o fáctico, no puede operar mecánicamente el plazo de subsanación ni derivarse de él una consecuencia sancionadora, ello porque no procede la improcedencia por el incumplimiento de una carga que la ley no impone. 5. En el presente caso, no se con fi gura ninguno de los supuestos de improcedencia, pues no existió incumplimiento de un requisito legal –al no ser exigible la licencia– ni una observación jurídicamente válida que deba subsanarse. 6. La resolución que declara inadmisible la solicitud de la organización política, y que constituye la cali fi cación preliminar del Jurado Electoral Especial de Huamanga, no se erige en una barrera infranqueable para el propio órgano jurisdiccional, que le impida advertir, de o fi cio, que se viene exigiendo un requisito no previsto por la ley, y corregir ese yerro en aras de reconducir el procedimiento por el cauce de la legalidad y evitar una restricción injusti fi cada del derecho fundamental a la participación política. 7. Dicha cali fi cación inicial, aun cuando haya transcurrido el plazo otorgado para la subsanación, no adquiere la calidad de cosa juzgada ni agota la potestad decisoria del órgano electoral de primera instancia. Por el contrario, subsiste la facultad –y el deber– del Jurado Electoral Especial de advertir el error en que ha incurrido y enmendarlo antes de emitir la resolución de improcedencia, máxime cuando se trata de una exigencia carente de sustento legal. 8. Aceptar que una observación errónea se torne inmutable por el solo transcurso del plazo equivale a convertir un acto preliminar en una barrera formal defi nitiva, aun cuando se funde en una premisa jurídica equivocada. 9. Asimismo, si bien el escrito presentado por la organización política fue ingresado fuera del plazo otorgado, debe advertirse que, en rigor, no existía nada que subsanar, ya que desde la propia Declaración Jurada de Hoja de Vida se desprendía que la candidata no estaba obligada a presentar licencia alguna. El error en que incurrió el Jurado Electoral Especial pudo y debió ser corregido incluso de o fi cio, sin trasladar sus efectos en perjuicio de la señora candidata. 10. A mayor abundamiento, no puede soslayarse que, en el escrito presentado por la organización política, se adjuntó la orden de servicio de la señora candidata, documento que acredita de forma objetiva y fehaciente que su vínculo con el Gobierno Regional de Ayacucho era de naturaleza civil, en calidad de locadora de servicios, y no laboral. Este medio probatorio despeja cualquier duda respecto de la inexistencia de la obligación de solicitar licencia. 11. En tales términos, el Jurado Electoral Especial no se encontraba constreñido a una lectura meramente formal del plazo, sino que, en observancia de los principios de verdad material e impulso de o fi cio, pudo –y debió– valorar dicho documento incluso como prueba de o fi cio, a fi n de resolver conforme a la realidad de los hechos. 12. La función jurisdiccional electoral no se agota en la veri fi cación ritual de plazos, sino que impone al órgano el deber de adoptar decisiones sustantivamente justas, especialmente cuando el propio expediente revela, de manera indubitable, que no existía la obligación cuyo incumplimiento se le reprocha. Peor aún, la demora de la actora, por haber respondido fuera del plazo ante un requisito inexistente, no puede minimizar el deber del órgano jurisdiccional de resolver conforme a la ley. 13. En este escenario, resulta aplicable el principio pro participatione o favor participación, conforme al cual, en materia electoral, toda interpretación debe favorecer el ejercicio del derecho fundamental a la participación política. Las restricciones al acceso a la contienda electoral deben ser excepcionales, claras y estrictamente necesarias. Optar por la interpretación más restrictiva – excluir a la candidata–, pese a contar con información sufi ciente para concluir que no existía obligación legal incumplida, contraviene dicho principio y erige una barrera irrazonable al derecho de ser elegida. 14. Del mismo modo, la decisión adoptada vulnera el principio del debido proceso y de tutela efectiva, pues no es compatible con un procedimiento justo que un error atribuible al propio órgano jurisdiccional electoral se traduzca en la pérdida de fi nitiva del derecho a la candidatura. La tutela efectiva exige que las decisiones no sacri fi quen derechos fundamentales por un rigor formal carente de sustento real. 15. Convertir una exigencia indebidamente formulada en una causal de exclusión de fi nitiva resulta desproporcionado y contrario a la función constitucional del sistema electoral, cuya fi nalidad no es erigir barreras artifi ciales, sino garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos dentro del marco de la ley. 16. Por estas razones, estimo que correspondía declarar FUNDADO el recurso de apelación; declarar NULA la resolución impugnada que declaró improcedente la inscripción de doña Soledad Yovana Gutiérrez Mitma como candidata a la Cámara de Senadores por la organización política Libertad Popular, y disponer la inscripción de la señora candidata. S.MAISCH MOLINA Clavijo Chipoco Secretaria General 1 Aprobado por la Resolución Nº 0164-2025-JNE, publicada el 14 de abril de 2025, en el diario oficial El Peruano. 2 Aprobado con la Resolución Nº 117-2025-JNE, publicada el 19 de abril de 2025 en el diario oficial El Peruano. 2478731-1 Revocan la Res. N° 00026-2026-JEE- HNCO/JNE, que declaró improcedente inscripción de lista de candidatos al Senado por el distrito electoral de Huánuco, de la organización política Libertad Popular RESOLUCIÓN N° 0051-2026-JNE Expediente N° EG.2026018551 HUÁNUCO JEE HUÁNUCO (EG.2026016218)ELECCIONES GENERALES 2026APELACIÓN Lima, 12 de enero de 2026VISTO : en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por don Jesús Marcelino Haro Cabello, personero legal titular de la organización política Libertad Popular (en adelante, señor recurrente), en contra de la Resolución N° 00026-2026-JEE-HNCO/JNE, del 4 de enero de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco (en adelante, JEE), que declaró improcedente la solicitud