Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2026 (23/01/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 88

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 54

54 NORMAS LEGALES Viernes 23 de enero de 2026 El Peruano / Coordinadora de O fi cina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Tumbes informó que, en dicha fecha, recibió una llamada telefónica de la citada juez de paz accesitaria, quien le informó que se había hecho presente al juzgado la alimentista Maryuri Garavito Morales, reclamando pensiones de alimentos que le había depositado el obligado William Agapito Becerra, por la suma de doscientos soles, cuyo hecho era desconocido por ella. De igual manera, expresó que por la tarde llegaron otras usuarias quienes indicaron el mismo problema. iv) En las seis actas de recepción de quejas recibidas los días cinco y diez de octubre de dos mil veintidós, por la Jefatura de la O fi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a fojas diecisiete, diecinueve, veintitrés, veinticinco, veintisiete; y, veintinueve a treinta, se veri fi ca que seis usuarias se quejaron de la investigada, por no haberles entregado las consignaciones de depósitos que habían efectuado los demandados en los procesos de alimentos de los cuales son parte demandante. Al respecto, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial concluye, a fojas trescientos ocho a trescientos nueve, lo siguiente: “De las citadas documentales, se colige que la investigada al ausentarse de sus funciones por razones de salud, no realizó la entrega de cargo a la juez de paz accesitaria e incluso las llaves del juzgado recién le fueron entregadas a esta última en fecha 04 de octubre de 2022 por personas ajenas al juzgado conforme se tiene del Acta de Levantamiento obrante a folio 13, así como tampoco entregó los expedientes a cargo del juzgado de paz a efecto de continuar con el trámite de los mismos, ni mucho menos puso en conocimiento la existencia de diversos depósitos de alimentos que debían entregarse, situación que motivó que diversas usuarias se apersonen al juzgado a fi n de exigir la entrega de las consignaciones correspondientes y ante sus reclamos, la jefatura del órgano desconcentrado de control tuvo que realizar visitas judiciales al Juzgado de Paz de Aguas Verdes hasta en dos oportunidades, situación que perjudicó a los usuarios judiciales, especialmente a los menores alimentistas. Lo anterior nos permite concluir que la jueza de paz investigada inobservó su deber previsto en el inciso 5) del artículo 5 de la Ley de Justicia de Paz, relativo a: “Desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia”, incurriendo en falta muy graves, prevista en el inciso 11) del artículo 50º de la Ley de Justicia de Paz – Ley Nº 29824, referido a: “Son faltas muy graves: 11. No devolver los bienes muebles e inmuebles, útiles de escritorio, expedientes, libros de registro, textos y todo aquello que le haya sido cedido en propiedad o uso al órgano jurisdiccional, al concluir sus funciones”, en concordancia con el artículo 24º del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz” . Quinto. Postura de la O fi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, respecto a la responsabilidad disciplinaria de la juez de paz investigada. Según la O fi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, de la revisión de la propuesta de destitución y de los actuados, se advierte que la investigada ha incurrido en las faltas muy graves imputadas; en consecuencia, recomienda que se debe aprobar la propuesta de destitución. Sexto. Análisis de la propuesta de destitución.6.1. Respecto a la propuesta de destitución, está plenamente acreditado que la investigada se desempeñó como jueza de paz del Juzgado de Paz de Única Nominación de Aguas Verdes, del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve hasta el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, como obra del “Directorio de Jueces de Paz del Distrito Judicial de Tumbes”, de fojas ciento setenta y nueve a ciento noventa. 6.2. Los hechos que se le imputan a la investigada, en el cargo d) apropiarse del dinero depositado en dicho Juzgado por siete demandados en procesos de alimentos y, por el cargo e) no entregar el cargo (expedientes, dinero consignado y las llaves del local), se suscitaron en el periodo comprendido entre diciembre de dos mil diecinueve y octubre de dos mil veintidós, periodo en el cual la investigada se desempeñaba como jueza de paz titular, a cargo del Juzgado de Paz de Única Nominación de Aguas Verdes. 6.3. En relación al cargo d) , está plenamente acreditado que en los casos de las quejosas, señoras Maryuri Garavito Morales y Yessica Karina Navarro Torres, la investigada retuvo los depósitos por la suma de cuatrocientos y mil soles, respectivamente, entregándoles a las demandantes dichas sumas luego de tres años en el caso de la primera; y, en el caso de la segunda, realizando un giro no autorizado por la demandante en el Banco de Crédito del Perú, pese a que con fecha quince de agosto de dos mil veintidós mediante O fi cio Nº 25-2022-JPUN/ AV la investigada solicitó al Banco de la Nación, con sede en Zarumilla, abrir la cuenta de pensiones de alimentos a nombre de la quejosa, señora Yessica Karina Navarro Torres, como obra a fojas veintiuno. Respecto a las otras cinco quejosas, en sus respectivas actas de quejas (a fojas diecisiete, veintitrés, veinticinco, veintisiete; y, veintinueve a treinta) señalan unánimemente que, en análogas circunstancias advirtieron que el dinero consignado por los demandados no les fue entregado por la investigada, quien no se encontraba en el local; y, les indicó que no existían los depósitos o les informaba que dependía de que el Banco de la Nación les abriera la cuenta de pensiones; y, que a la fecha de las quejas (cinco de octubre de dos mil veintidós) la investigada no cumplía con entregarles el dinero. 6.4. En consecuencia, si bien no existe una prueba directa de que la investigada se ha apropiado del dinero depositado en consignación de las cinco quejosas, de las pruebas actuadas se puede a fi rmar que la investigada recibió el dinero; que las cinco quejosas coinciden en que ésta se ha apoderado de todo o parte del dinero depositado. Además, las quejosas a fi rman, unánimemente, que la investigada las ha evadido para no responder a sus quejas. Por lo tanto, se concluye que la investigada se ha apropiado del dinero depositado en forma de consignación, dinero destinado a la pensión alimenticia de menores de edad. 6.5. En relación al cargo e), está plenamente acreditado que la investigada comunicó con fecha treinta de setiembre de dos mil veintidós que encargaría el despacho judicial a la jueza accesitaria, por razones de salud, por siete días computados desde ese mismo día. Asimismo, en el Acta de Visita Judicial de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, obra que la jueza de paz accesitaria re fi rió que la investigada no le entregó el cargo, lo que incluye entrega de expedientes, dinero depositado en consignación en el juzgado y las llaves del local; y, que recién recibió las llaves el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, de las actas de quejas se advierte que la investigada tenía en su posesión dinero depositado en consignación, en materia de alimentos; hecho que, también, es referido por la Coordinadora de la O fi cina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Tumbes en su correo electrónico de fecha treinta de setiembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, está plenamente acreditado que la investigada no cumplió con la entrega del cargo ante la jueza de paz accesitaria, al momento de iniciar su licencia por motivo de salud. 6.6. Siendo así, la investigada incurrió en las faltas muy graves, previstas en el artículo cincuenta, incisos nueve y once, de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, que señalan: “9. Adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge o conviviente, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de a fi nidad, directamente o por intermedio de terceros, los bienes objeto de un litigio que conozca o haya conocido ”; y, “11. No devolver los bienes muebles e inmuebles, útiles de escritorio, expedientes, libros de registro, textos, y todo aquello que haya sido cedido en propiedad o uso al órgano jurisdiccional, al concluir sus funciones”, en concordancia con el artículo veinticuatro del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa