Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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55 NORMAS LEGALES Viernes 17 de julio de 2026 El Peruano / Nacional de Control, que tiene como atribución supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control; Que, de acuerdo a lo que establece el artículo 16 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modi fi catorias, esta Entidad Fiscalizadora Superior es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, que cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y fi nanciera, teniendo por misión dirigir y supervisar con e fi ciencia y e fi cacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social; Que, el artículo 14 de la Ley N° 27785, señala que el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución; asimismo, que dicha regulación permitirá la evaluación, por los órganos de control, de la gestión de las entidades y sus resultados; Que, asimismo, en concordancia con lo previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, tiene como competencias o funciones, entre otras, expedir las normas reglamentarias que lo regulan; mantener actualizada y sistematizada la normatividad de este Sistema; supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos del Sistema Nacional de Control; así como, promover el perfeccionamiento y simpli fi cación permanente de los procesos técnicos de dicho sistema administrativo; Que, a través del artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; Ley que es de aplicación obligatoria en todas las dependencias de la Administración Pública a nivel nacional; siendo que, en el artículo 4 de esta Ley N° 27658 se señala que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como fi nalidad fundamental la obtención de mayores niveles de e fi ciencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; Que, el artículo 12 de la citada Ley N° 27658, señala que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) es el principal instrumento estratégico que orienta y articula el proceso de modernización de la gestión pública, hacia la creación de valor público; comprende los objetivos y contenidos principales del proceso de modernización y su conducción recae en la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública; contexto en el cual la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, tiene como situación futura deseada que “ Al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública, basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y e fi ciente”; Que, el Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, que conforme a su artículo 2 tiene como fi nalidad promover la e fi ciencia, e fi cacia, transparencia, coherencia, neutralidad y participación de las partes interesadas, en el ejercicio de la función normativa del Estado; prevé su artículo 3 que las entidades comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, entre ellas los organismos constitucionalmente autónomos, pueden, en el marco de sus competencias y las autonomías que les han sido conferidas, incorporar acciones de mejora de la calidad regulatoria en el ejercicio de su potestad para aprobar y/o proponer disposiciones normativas de carácter general; Que, entre los instrumentos de mejora de la calidad regulatoria ex post, el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1565 considera el análisis de impacto regulatorio, el cual, entre otros, permite identi fi car oportunidades de mejora, modi fi cación y/o derogación de las regulaciones vigentes; y, la revisión y derogación de normas del ordenamiento jurídico, que tiene por fi nalidad identi fi car regulaciones que han perdido vigencia a fi n de mantener el marco normativo actualizado y que la administración pública cuente con un sistema legal ordenado y sistematizado que conlleve a una e fi caz aplicación de las regulaciones por parte de las autoridades y a un mejor acceso y comprensión de la ciudadanía; Que, asimismo, conforme al literal f) del numeral 9.2 del artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025- PCM, la mejora continua constituye una fase del ciclo regulatorio, la cual comprende la revisión de la norma de carácter general ya sea para modi fi carla, optimizarla o derogarla; considerando que las mejoras están vinculadas al cumplimiento de la fi nalidad y los objetivos de la norma, así como a la revisión de los mecanismos o instrumentos establecidos para su logro; Que, esta Entidad Fiscalizadora Superior mediante Resolución de Contraloría N° 159-2024-CG aprobó la Directiva N° 003-2024-CG/GJNC, “Gestión Normativa en la Contraloría General de la Republica”, que establece el marco normativo de la gestión de documentos normativos y en cuyo numeral 6.4 dispone que los documentos normativos se clasi fi can según la materia que regulan en: i) documentos normativos de control gubernamental; ii) documentos normativos de gestión institucional; iii) documentos normativos de gestión académica; y, iv) documentos normativos de gestión de la potestad administrativa sancionadora; Que, la norma referida en el considerando precedente defi ne a los documentos normativos de control gubernamental como aquellos emitidos por la Contraloría General de la República, en su calidad de ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, los cuales regulan el ejercicio del control gubernamental a través de los servicios de control y servicios relacionados que aplican los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control; y, a los documentos normativos de gestión institucional como aquellos documentos normativos que emite la Contraloría General de la República para regular la gestión administrativa institucional; Que, como parte de la etapa de implementación y seguimiento del proceso de gestión de documentos normativos, el numeral 7.2.4 de la Directiva N° 003-2024-CG/GJNC prevé que el seguimiento de la aplicación del documento normativo consiste en la evaluación permanente, por parte del órgano o unidad orgánica propietaria del proceso, respecto a la utilidad y vigencia del documento normativo emitido; señalando a su vez que como buena práctica se recomienda que los documentos normativos ingresen a un ciclo de revisión general; en ese mismo sentido, la “Norma Técnica N° 001-2025-PCM- SGP para la Gestión del Conocimiento en el Sector Público”, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2025-PCM-SGP, aplicable, entre otros, a los organismos constitucionalmente autónomos, en lo que corresponda, señala como parte de sus objetivos especí fi cos mejorar de manera permanente las regulaciones en las entidades de la administración pública, previendo en su numeral 7.4 que el período de revisión y actualización de documentos normativos internos de toda entidad pública no puede superar los dos (2) años; Que, en atención al marco normativo antes descrito y con la fi nalidad de identi fi car, simpli fi car y eliminar aquellas normas que resultan innecesarias, ine fi caces, injusti fi cadas, desproporcionadas, redundantes o que no estén adecuadas a las normas con rango de ley que les sirven de sustento, esta Entidad Fiscalizadora Superior emitió la Resolución de Contraloría N° 117-2026-CG, en