Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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101 NORMAS LEGALES Miércoles 7 de octubre de 2026 El Peruano / el Decreto Legislativo Nº 052, y modi fi cada por el artículo único de la Ley Nº 31718; SE RESUELVE:Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por la abogada Cynthia Maribel Rosado Fernández, como fi scal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y a su designación en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nºs. 2956-2024-MP-FN y 2428-2026-MP-FN, de fechas 30 de diciembre de 2024 y 18 de agosto de 2026, respectivamente, con e fi cacia anticipada a partir del 2 de octubre de 2026, sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite. Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento a la abogada Cynthia Maribel Rosado Fernández que debe efectuar la entrega de cargo, conforme a lo dispuesto en la Directiva General Nº 007-2002-MP-FN “Normas para la Entrega de Cargo”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002. Artículo Tercero.- Disponer que la O fi cina General de Potencial Humano y/o Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal respectivo, de ser el caso, realice la gestión correspondiente en relación a la abogada Cynthia Maribel Rosado Fernández, quien se encuentra con reserva de su plaza como personal administrativo registrado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). Artículo Cuarto.- Disponer la noti fi cación de la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, Gerencia General, O fi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, O fi cina General de Potencial Humano, O fi cina de Integridad Institucional, O fi cina de Control de la Productividad Fiscal, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, O fi cina de Imagen Institucional y a la abogada mencionada. Regístrese, comuníquese y publíquese. TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS Fiscal de la Nación 2562007-6 Declaran improcedente solicitud de ampliación de permanencia en el cargo y cesan por límite de edad a fiscal provincial titular penal de San Martín RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 3065-2026-MP-FN Lima, 5 de octubre de 2026 VISTOS: El o fi cio Nº 006848-2026-MP-FN-PJFS-DFLE, de fecha 21 de agosto de 2026, cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, y el informe Nº 000086-2026-MP-FN-OREF- DSCO, de fecha 23 de septiembre de 2026, y; CONSIDERANDO:Mediante el o fi cio de vistos, se eleva la solicitud de fecha 18 de agosto de 2026, presentada por la abogada América Filonila Ayasta Saavedra, fi scal provincial titular penal de San Martín, Distrito Fiscal de San Martín, designada en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, Distrito Fiscal de Lima Este, mediante la cual peticiona la ampliación de su permanencia en el cargo en mención hasta el 31 de diciembre de 2026, argumentando que cumplirá setenta (70) años de edad el 11 de octubre de 2026, por lo que invoca la aplicación de la Ley Nº 32199, norma que modi fi có el literal a) del artículo 35 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, la cual faculta a los servidores públicos a continuar en sus puestos hasta el 31 de diciembre del año en que cumple setenta (70) años. Al respecto, el artículo 158 1 de la Constitución Política del Perú y el artículo 642 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen que el Fiscal de la Nación es el titular de la institución, siendo responsable de dirigir, orientar y formular la política institucional. Una manifestación ineludible de esta potestad de dirección es la gestión de sus recursos humanos, facultad indispensable para ofrecer a la sociedad un servicio fi scal e fi ciente, probo y oportuno. En cuanto al marco constitucional y doctrinario para la resolución de la presente solicitud, es imperativo establecer los límites de la aplicación supletoria frente a regímenes especiales. Nuestra Constitución Política del Perú, en su diseño sistemático, reconoce el principio de especialidad normativa ( lex specialis derogat legi generali) , el cual determina que una norma que regula un ámbito especí fi co impera de manera absoluta sobre aquellas disposiciones de alcance general aplicables a supuestos comunes 3. En esa línea, respecto a la fi gura de la aplicación supletoria, la doctrina es unánime al sostener que esta técnica de integración jurídica únicamente resulta procedente ante la existencia comprobada de un vacío normativo, de fi ciencia o regulación incompleta en la norma especial. Al respecto, Rubio Correa (2009) precisa que la aplicación supletoria no puede utilizarse para alterar el sentido de una norma especial completa, sino exclusivamente para colmar lagunas orgánicas 4. De este modo, resulta antijurídico importar reglas de un régimen laboral general hacia un régimen de carrera especial cuando este último contiene una regulación expresa, exhaustiva e inequívoca sobre la materia tratada. Bajo este marco, corresponde analizar el régimen normativo aplicable al cese por límite de edad para los fi scales del Ministerio Público. Por un lado, el Decreto Legislativo Nº 276 establece disposiciones de carácter general para los servidores de la Administración Pública. Por otro lado, la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal, comprende disposiciones de carácter estrictamente especí fi co para el personal fi scal, regulando de manera integral su ingreso, permanencia y terminación en el cargo. El numeral 9 del artículo 106 de la citada ley especial dispone, de forma expresa y taxativa, que el cargo de fi scal termina por alcanzar la edad límite de setenta (70) años, edad en la que legalmente se produce el cese. Al existir una regulación completa y absoluta en la norma rectora, no se con fi gura ningún vacío o defi ciencia regulatoria que habilite la aplicación supletoria o complementaria de la extensión temporal hasta el 31 de diciembre dispuesta por la Ley Nº 32199 (que modi fi ca el Decreto Legislativo Nº 276). Por consiguiente, la pretensión de extender el ejercicio del cargo fi scal más allá del cumplimiento de la edad límite, bajo el argumento de una supuesta complementariedad normativa, implica una aplicación indebida de una norma general a una materia íntegramente regulada por la ley especial, lo cual desnaturaliza el régimen de la carrera fi scal y contraviene el principio de especialidad. 5 Atendiendo a lo expuesto, la solicitud y su reiterativo de ampliación de permanencia en el cargo formulada por la recurrente deviene en improcedente, al carecer de amparo legal y resultar inaplicable el régimen general invocado. En ese sentido, se veri fi ca que mediante Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 812-2005-CNM, de fecha 6 de abril de 2005, se nombró a la abogada América Filonila Ayasta Saavedra como fi scal provincial titular penal de San Martín del Distrito Fiscal de San Martín, y mediante Resolución de la fi scalía de la Nación Nº 1977-2019-MP- FN, de fecha 26 de julio de 2019, se le designó en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina en el Distrito Fiscal de Lima Este. A través del o fi cio Nº 006848-2026-MP-FN-PJFS-DFLE y de la copia de la consulta en línea efectuada al Registro