Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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122 NORMAS LEGALES Miércoles 14 de octubre de 2026 El Peruano / EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO POR CUANTO:El Concejo Municipal de Ilo, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2026; y, CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú en el artículo 194, modi fi cado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; Que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el proceso de modernización tiene como fi nalidad fundamental la obtención de mayores niveles de e fi ciencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con el objetivo de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado, desconcentrado y transparente en su gestión; Que, el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que las Ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, la administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tenga competencia normativa; Que, el numeral 4) del Artículo 200 de la Constitución establece que las Ordenanzas tienen rango de ley; por tanto, aun cuando no provengan de una fuente formal como la parlamentaria, son equivalentes a las emitidas por ella y, como tales, solo se diferencian por el principio de competencia y no por el de jerarquía normativa; de este modo, la Ordenanza, en tanto ley municipal, constituye un instrumento importante a través del cual las municipalidades pueden ejercer y manifestar su autonomía; Que, el Artículo I del Título Preliminar del Código Civil, concordante con el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, establece que la ley solo se deroga por otra ley; esta se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella; por la derogación de una norma, no recobran vigencia aquellas que esta hubiere derogado; Que, mediante Ordenanza Municipal N° 485-2010- MPI, emitida por la Municipalidad Provincial de Ilo, publicada el 30 de diciembre de 2010 en el Diario O fi cial El Peruano, se establecieron en el numeral 20 del Artículo Primero los Derechos de Uso de la Vía y Espacios Públicos; Que, el literal c) del artículo 20 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Ilo, aprobado por Ordenanza Municipal N° 794- 2024-MPI, modi fi cada por Ordenanza Municipal N° 795-2024-MPI y Ordenanza Municipal N° 822-2025-MPI, establece una competencia esencial de la O fi cina General de Asesoría Jurídica vinculada a la función normativa y al control de legalidad de la entidad. La facultad de formular dispositivos legales comprende la potestad de elaborar, proponer, adecuar o complementar el contenido normativo de los instrumentos municipales, garantizando su coherencia con el ordenamiento jurídico vigente y con las competencias propias del gobierno local. La referencia a la coordinación con las unidades de organización debe interpretarse como un criterio de articulación funcional y no como una exigencia procedimental rígida, orientada a integrar información técnica o administrativa relevante únicamente cuando la naturaleza de la materia así lo requiera. Asimismo, la atribución de emitir opinión jurídica sobre proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones consolida a la O fi cina General de Asesoría Jurídica como el órgano garante de la legalidad, validez y adecuada motivación jurídica de los actos normativos sometidos a decisión de la Alta Dirección o del Concejo Municipal, sin sustituir las competencias decisorias de dichos órganos, pero asegurando que estas se ejerzan dentro del marco constitucional y legal vigente; Que, el espacio público constituye un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya función esencial es la circulación, la recreación y el encuentro ciudadano. Por su naturaleza jurídica, el uso del espacio público es común y de libre acceso; no obstante, cuando un particular o entidad requiere ocuparlo de manera privativa aunque temporal para actividades distintas a dicho uso común, la Municipalidad está facultada para otorgar una autorización administrativa de carácter temporal y no exclusivo, mediante el pago del correspondiente derecho municipal; Que, esta distinción es fundamental para determinar el fundamento jurídico del cobro. Conforme al literal b) del artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, constituyen “derechos” los cobros por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad municipal. El artículo 43, numeral 43.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, dispone, además, que para los servicios no prestados en exclusividad las entidades establecen sus tarifas mediante resolución del titular, función que en el ámbito municipal se ejerce a través de la ordenanza. En consecuencia, por tratarse del aprovechamiento privativo de un bien de dominio público y no de la prestación de un servicio público exclusivo, no resulta exigible una estructura de costos en sentido estricto, siendo su fi ciente que el derecho fi jado responda a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y sostenibilidad urbana, tal como lo con fi rman la Ley N° 31199 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2023-VIVIENDA; Que, la Ordenanza Municipal N° 485-2010-MPI fue publicada el 30 de diciembre de 2010. Desde esa fecha hasta la actualidad, han transcurrido más de catorce (14) años sin que el numeral 20 de su Artículo Primero haya sido objeto de modi fi cación o actualización alguna. Este hecho objetivo genera tres consecuencias jurídico-fi nancieras que justi fi can la modi fi cación propuesta: (1) desalineación con los costos reales de gestión, dado que la in fl ación acumulada y el incremento del costo de servicios municipales asociados al espacio público no se refl ejan en las tarifas vigentes, generando un desequilibrio fi nanciero en la recaudación por este concepto; (2) incentivo a la ocupación descontrolada, dado que la tarifa reducida, mantenida inalterada durante más de una década, no disuade la ocupación reiterada o prolongada del espacio público, di fi cultando la plani fi cación urbana ordenada; y (3) desfase normativo, dado que el marco legal vigente sobre gestión de espacios públicos (Ley N° 31199, Decreto Supremo N° 001-2023-VIVIENDA, Ley N° 31313 y Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA) es posterior a la Ordenanza Municipal N° 485-2010-MPI, por lo que resulta necesario adecuar la norma local a los principios, parámetros y categorías establecidos por dichos cuerpos normativos nacionales; Que, la O fi cina de Planeamiento y Modernización sustentó en el expediente que la modi fi cación es pertinente desde una perspectiva de plani fi cación institucional, al encontrarse alineada con el Objetivo Estratégico Institucional OEI 04 del Plan de Desarrollo Institucional, lo cual refuerza el interés público que motiva la propuesta y descarta que la modi fi cación responda a una conveniencia puramente administrativa interna; Que, la propuesta guarda coherencia y no genera duplicidad con los instrumentos de gestión vigentes. El TUPA aprobado por Ordenanza Municipal N° 789-2024-MPI contempla los procedimientos PA1708948A (Autorización de Uso Parcial Temporal de la Vía y Espacios Públicos) y PA1708EA93 (Autorización de Uso de la Vía Pública para Fines Extraños al Tránsito). Dichos procedimientos regulan el trámite y los requisitos para obtener la autorización de uso, es decir, el “cómo”