Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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64 NORMAS LEGALES Jueves 15 de octubre de 2026 El Peruano / de Registros Judiciales del Poder Judicial, el señor candidato registra una sentencia condenatoria por el delito de conducción en estado de ebriedad, recaída en el Expediente N° 00900-2013-0-1508-JR-PE-01, la cual fue declarada consentida mediante la Resolución N° 13. 2.5. De otro lado, de la revisión de la DJHV del señor candidato se veri fi ca que, en el rubro V, consignó que no tenía información por declarar. Por consiguiente, se encuentra objetivamente acreditado que la referida sentencia no fue registrada en su DJHV. 2.6. Ahora bien, los agravios formulados por el señor recurrente no se orientan a desvirtuar la existencia de la sentencia condenatoria identi fi cada por el JEE, sino, esencialmente, a cuestionar los efectos que esta puede producir en el ámbito electoral, pues sostiene que, debido al tiempo transcurrido, al cumplimiento de la pena y al pago de la reparación civil, el señor candidato se encontraba rehabilitado y, por ello, habría considerado que no tenía antecedentes que declarar. 2.7. Sobre el particular, debe distinguirse entre la inexistencia actual de antecedentes judiciales y el deber electoral de declarar una sentencia condenatoria fi rme. En efecto, la información exigida por el numeral 5 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP no está referida a que el candidato registre actualmente antecedentes, sino a la existencia de sentencias condenatorias fi rmes impuestas por delitos dolosos (ver SN 1.4. y 1.8.). 2.8. En esa línea, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que la obligación de consignar en la DJHV las sentencias condenatorias fi rmes por delitos dolosos comprende tanto aquellas que se encuentran vigentes como aquellas que han sido cumplidas y respecto de las cuales se produjo la rehabilitación. Por ello, independientemente de la condición de rehabilitado del candidato, subsiste el deber de declarar la sentencia, pues la normativa electoral no contempla excepción alguna en función de dicha condición y su fi nalidad es que esta información sea conocida por los electores como parte de un voto informado (ver SN 1.10.). 2.9. En cuanto al Certi fi cado de Antecedentes Judiciales a Nivel Nacional N° 2026-151553, presentado con el recurso de apelación, se advierte que fue expedido el 12 de agosto de 2026 y señala que el señor candidato no registra antecedentes judiciales. Tal documento acredita su situación registral a dicha fecha; sin embargo, ello no supone que la sentencia condenatoria fi rme deje de existir como hecho que debía ser declarado en la DJHV. Por tanto, el certi fi cado presentado no desvirtúa la omisión que dio origen al procedimiento de exclusión. 2.10. Respecto al argumento de que no existió dolo ni ánimo de ocultamiento, cabe señalar que el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP vincula la consecuencia jurídica a la omisión de la información prevista en el numeral 5 del numeral 23.3 del citado artículo, sin exigir, adicionalmente, que se acredite una intención de ocultarla (ver SN 1.4. y 1.9.). 2.11. A ello se agrega que la información contenida en la DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato. En ese sentido, la alegada convicción del señor candidato de que, por encontrarse rehabilitado, no correspondía declarar la sentencia no modi fi ca su deber de veri fi car que la información consignada fuera auténtica, completa y actualizada ni las consecuencias jurídicas derivadas de su omisión (ver SN 1.5.). 2.12. Respecto al argumento de que la fi nalidad de transparencia podría alcanzarse mediante una anotación marginal, si bien el Reglamento de Inscripción contempla esta posibilidad en determinados supuestos (ver SN 1.6.), para la omisión de una sentencia condenatoria fi rme por delito doloso el ordenamiento electoral ha previsto expresamente la exclusión del candidato (ver SN 1.4., 1.7. y 1.9.). Por tanto, no corresponde sustituir esta consecuencia jurídica por una anotación marginal. 2.13. En cuanto a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y pro participatione invocados por el señor recurrente, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que el derecho a la participación política es de confi guración legal, por lo que su ejercicio se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento electoral. Entre estos se encuentra el deber de declarar las sentencias condenatorias fi rmes por delitos dolosos, independientemente de la condición de rehabilitado del candidato (ver SN 1.10.). 2.14. En ese sentido, la exclusión cuestionada no deriva de que el señor candidato registre actualmente antecedentes judiciales ni constituye una nueva consecuencia de la condena penal que le fue impuesta. Se sustenta en un hecho distinto: la omisión de consignar en su DJHV una sentencia condenatoria fi rme por delito doloso, información que el ordenamiento electoral exige declarar y cuya omisión determina el retiro del candidato (ver SN 1.4. y 1.9.). En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación y con fi rmar la resolución venida en grado. 2.15. La noti fi cación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.11.). Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minoría del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones, RESUELVE, POR MAYORÍA 1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Edwin William Escriba Cuba, personero legal titular de la organización política Partido Político Perú Primero; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 00444-2026-JEE-CHAN/JNE, del 7 de agosto de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Chanchamayo, que dispuso la exclusión de don Luis Alberto Samaniego Ramos, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Río Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán noti fi cados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de noti fi caciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE. Regístrese, comuníquese y publíquese a través de la Secretaría General. Interviene como ponente el magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli. SS.BURNEO BERMEJOMAISCH MOLINA TORRES CORTEZ OYARCE YUZZELLIClavijo Chipoco Secretaria General Expediente N° ERM.2026035028 RÍO TAMBO - SATIPO - JUNÍNJEE CHANCHAMAYO (ERM.2026030448)ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALESAPELACIÓN Lima, 27 de agosto de 2026 EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE: DERECHO CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (art. 31 Constitución), por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter