Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 62
62 NORMAS LEGALES Viernes 16 de octubre de 2026 El Peruano / SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS 2.1. El 17 de marzo de 2026 el señor recurrente interpuso recurso de apelación contra el Acuerdo de Concejo Municipal N° 015-2026-CM-MDCH/C, solicitando que se revoque y en consecuencia, que se declare infundada la solicitud de suspensión. Sustenta su pretensión, en síntesis, en los siguientes argumentos: a) Se vulneró su derecho de defensa y el debido procedimiento, pues la convocatoria a la sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026 le fue noti fi cada el 23 del mismo mes y año, sin respetarse el plazo mínimo de cinco días hábiles previsto en el artículo 13 de la LOM. a) La sanción carece de una base normativa válida y efi caz, dado que no se acreditó la publicación o fi cial de la Ordenanza Municipal N° 004-2019-MDCH/A, mediante la cual se aprobó el RIC. Por ello dicho reglamento no adquirió e fi cacia jurídica para sustentar una sanción. b) No se acreditó la con fi guración de la falta grave prevista en el literal h del artículo 79 del RIC. Los hechos imputados corresponden al ejercicio regular de sus funciones como alcalde y presidente del Concejo Municipal, especialmente en la convocatoria y conducción de las sesiones de concejo, sin que se haya demostrado uso indebido de recursos municipales, perjuicio patrimonial o una actuación dolosa. c) El acuerdo impugnado vulnera los principios de tipicidad y debida motivación, pues no identi fi ca con precisión la conducta concreta que constituiría la falta grave, ni desarrolla de qué manera los hechos atribuidos se subsumen en la causal invocada. Añade que tampoco contiene una valoración su fi ciente de los medios probatorios. d) Las actuaciones cuestionadas vinculadas con los dos procedimientos de suspensión seguidos contra el regidor Gregorio Rojas Paniura fueron realizadas dentro del marco de sus atribuciones. TERCERO. TRÁMITE ANTE EL JNE3.1. Mediante el O fi cio N° 00161-2026-MDCH-A, del 18 de marzo de 2026, la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho remitió el recurso de apelación, conjuntamente con la documentación vinculada al procedimiento de suspensión. 3.2. Asimismo, en atención al requerimiento de información efectuado mediante el Auto N° 1, del 17 de junio de 2026, la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, a través del O fi cio N° 530-2026-MDCH-A, del 13 de julio de 2026, remitió la documentación solicitada. CONSIDERANDOS PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) En la Constitución Política del Perú 1.1. El numeral 4 del artículo 178 indica, como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la administración de justicia en materia electoral. 1.2. El artículo 51, respecto a la supremacía de la Carta Magna, prescribe que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 1.3. Sobre la vigencia y obligatoriedad de la ley, el artículo 109 dispone que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario o fi cial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. En la LOM 1.4. El numeral 4 del artículo 25 precisa que el cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de concejo, entre otros, por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al RIC. 1.5. El artículo 44, respecto a la publicidad de las normas municipales, señala:Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados : 1. En el Diario O fi cial El Peruano en el caso de todas las municipalidades de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao. 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones , o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad [resaltados agregados]. 3. En los carteles municipales impresos fi jados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su vigencia. No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión. En el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 1 (en adelante, TUO de la LPAG) 1.6. Los numerales 1.1., 1.2., 1,3, y 1.11. del artículo IV del Título Preliminar establecen: 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo [resaltado agregado]: 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben efectuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron conferidas. 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser noti fi cados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y a impugnar las decisiones que los afecten. […]1.3. Principio de impulso de o fi cio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de o fi cio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. […]1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá veri fi car plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. […] 1.7. El artículo 88 indica: Artículo 88.- Causales de abstención La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan infl uir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos: […] 3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de a fi nidad, tuviere interés en el asunto de que