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Pág. 222120 NORMAS LEGALES Lima, lunes 29 de abril de 2002 los casos de violencia sexual en agravio de adolescentes y niñas/os menores de 14 años, la ley que garantiza el ini- cio o la continuidad de la educación a las niñas y adoles- centes embarazadas o madres, la inclusión de la anticon- cepción quirúrgica como un método más de planificación familiar, así como su reglamentación para garantizar que no se cometan abusos; así como los esfuerzos que se es- tán promoviendo para una atención más humanizada del aborto inseguro en los servicios de salud y la implementa- ción del seguro materno/infantil progresivo. Todo esto en el marco de la aprobación del Plan de Igualdad de Oportuni- dades entre Mujeres y Hombres 2000-2005, el Plan Nacio- nal de Población 1998-2002 y el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000- Así mismo, se observa un importante avance en el tema de educación sexual, aunque dichos contenidos no han sido formalmente incorporados en las currículas escolares; una mayor democratización del acceso a información y servi- cios de planificación familiar; mayor preocupación por las necesidades de los y las adolescentes; la promoción de la participación masculina en los programas de salud sexual y reproductiva; y esfuerzos por mejorar las habilidades téc- nicas y conceptuales de los recursos humanos en los sec- tores salud y educación. Todos estos cambios y medidas son favorables para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y evi- dencian la importancia que estos derechos van adquiriendo en la sociedad nacional, particularmente entre sectores del Estado y de la ciudadanía. No obstante, los avances logra- dos tienen que consolidarse, pues de un lado, en el marco legal aún subsisten vacíos y contradicciones que obstaculi- zan la atención de la salud sexual y reproductiva, y de otro, aún no se ha alcanzado el cumplimiento cabal y pleno de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo entre la po- blación de adolescentes y jóvenes y la de menor nivel so- cioeconómico3; igualmente, continúan existiendo ataques vigorosos de los sectores conservadores opuestos a los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género, llegando incluso a negar su condición de derechos huma- nos, a pretender limitar la participación pública de las muje- res4, y a proponer la desactivación del PROMUDEH5. De esta manera, en el plano de los derechos sexuales y reproductivos, considerados generalmente como de escasa importancia en las agendas políticas y con fuertes oposicio- nes conservadoras, existe una gran necesidad de impulsar acciones sostenidas de advocacy dirigidas a generar con- ciencia pública y compromisos políticos de una amplia base de la sociedad civil y los sectores gubernamentales, a fin de que influyan con sus recursos, decisiones y opiniones en normas, programas y proyectos de población. Se encuentran pendientes aún importantes desafíos: la inclusión plena de estos derechos en las políticas públi- cas y en la prestación de los servicios de salud y su incor- poración en el proceso de reforma del sector salud; el per- feccionamiento de las leyes y normas que los reconocen y garantizan y su aplicación a nivel regional y local; así como la participación activa y la presencia amplia de la sociedad civil en la aplicación de estas políticas y en la vigilancia ciudadana. Por último, pero no por ello menos importante, en el Perú, como resultado de la aplicación de la Ley de Cuotas, la presencia femenina a nivel local se incrementó del 7% al 26%, mientras que a nivel del legislativo significó un incre- mento del 10.8% al 21.6%6. La presencia de las mujeres en las actividades y organi- zaciones políticas crea un escenario propicio para difundir los derechos sexuales y reproductivos, para lograr com- promisos concretos del sector político del país, de las au- toridades municipales y del conjunto de instituciones loca- les de diversos ámbitos geográficos. Más aún, si tenemos en cuenta que durante la ejecución de este proyecto debe- remos enfrentar la instalación de un nuevo gobierno demo- crático y las elecciones municipales previstas para octu- bre del 2002. El escenario electoral y de transición democrática descrito, ofrece diversas oportunidades para trabajar por la vigencia real de los derechos sexuales y reproducti- vos y satisfacer las necesidades no satisfechas, gene- ralmente de mujeres. Nos coloca igualmente, frente a la necesidad de dar a conocer a la clase política y a las autoridades, los compromisos del Estado peruano fren- te al PoA de la CIPD y la PA de Beijing, requisito indis- pensable para ganar su voluntad y trabajar por su imple- mentación.Instituciones Ejecutoras El presente proyecto será ejecutado por la Red Nacio- nal de Promoción de la Mujer, el Movimiento Manuela Ra- mos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, ONGs con larga trayectoria en la defensa de los derechos huma- nos de las mujeres y las/os adolescentes y niñas, que han conseguido posicionarse en importantes espacios de in- fluencia social y política, siendo requeridas constantemente para dar opinión y participar en comisiones de trabajo a pedido del Gobierno, el Congreso y las instituciones bilate- rales de apoyo. Es importante mencionar, que estas tres ONGs y RedessJóvenes ejecutaron durante el período 1999-2000 el Proyecto "Obtención de Apoyos Sociales y Políticos para el Ejercicio de los DSR"; sin embargo dadas las caracte- rísticas de la aguda crisis política que atravesó el Perú, la que culminó con el desmoronamiento del régimen fujimo- rista y la instalación de un gobierno de transición hacia la democracia, así como los recortes presupuestarios que tuvo que enfrentar, este nuevo proyecto representaría la consolidación del trabajo iniciado. Igualmente, MR, RJ y la RNPM, durante los meses de febrero y marzo del 2001, ejecutaron un Plan de Contin- gencia destinado a visibilizar en la campaña electoral los temas vinculados al reconocimiento y vigilancia de los DSR. La oficina local del UNFPA, dadas sus características institucionales, apoyará la implementación de las interven- ciones planteadas en el presente Proyecto. Entre ellas, faci- litará la relación sociedad civil-instituciones de gobierno (en- tre otros a través de la Mesa Tripartita de Seguimiento al PoA/Cairo); apoyará las intervenciones con el sector públi- co y privado, a nivel central y descentralizado, así como orien- tará las acciones de la cooperación técnica internacional en este campo. Así mismo, apoyará el fortalecimiento de la ca- pacidad nacional e institucional para la ejecución del Pro- yecto, así como prestará directamente apoyo técnico a tra- vés de su Unidad de Comunicación Social, y de un equipo calificado de consultores internacionales (EAT), con com- probada experiencia en las áreas de Advocacy , Género, Salud Sexual y Reproductiva y Población y Desarrollo. Para este fin y de acuerdo con los procedimientos administra- tivos del UNFPA, adicionalmente al presupuesto de las 3 ONGs, se incluirá fondos para cubrir costos específicos de las actividades relacionadas con la asistencia técnica para la implementación, ejecución y administración del proyecto. Entre éstos se incluirán: honorarios de consultores y apoyo técnico-administrativo, asesores del EAT, consultores en comunicación de la Unidad de Comunicación Social, del UNFPA, gastos de comunicaciones, mantenimiento de equi- pos, viajes de supervisión y monitoreo, tanto de funciona- rios del UNFPA como de la SECTI. Red Nacional de Promoción de la Mujer Se constituyó en marzo de 1990, con número de reins- cripción Nº 051-98/PRES-SECTI. Tiene como misión im- pulsar la formulación y gestión de políticas públicas y como propósito visibilizar la participación de las mujeres en la actividad social, económica y política del país, y la equidad entre hombres y mujeres; su objetivo estratégico es pro- mover la articulación de la sociedad civil y el Estado. Está conformada por 25 Coordinaciones Departamentales, ubi- cadas en todos los departamentos del país; e integradas por instituciones públicas, privadas organizaciones de base y personas individuales, incluyendo a aproximadamente a 700 miembros. A través de sus Coordinaciones Departa- mentales se relaciona con Gobiernos locales, regionales, 3Según la ENAHO, en 1998 se estimó que un 37,3% de la población vivía en pobreza y que la extrema pobreza afectaba al 15,6% de la población. 4Los representantes de los sectores conservadores se encuentran estraté- gicamente ubicados en las distintas agrupaciones políticas y sectores del ejecutivo. 5Mecanismo para el adelanto de la mujer con rango ministerial contemplado en la PA de Beijing. 6Recientemente el Congreso de la República elevó la cuota del 25 al 30%, igualmente instituyó el distrito nacional múltiple para la elección de los/as representantes al congreso.