Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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79 NORMAS LEGALES Martes 11 de agosto de 2026 El Peruano / de Elecciones Municipales, el cual exige una sentencia “consentida o ejecutoriada”; por tanto, mientras no exista cosa juzgada, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia del candidato. e) El Tribunal Constitucional ha fi jado una línea jurisprudencial (como en los Expedientes Nº 01648-2023-PA/TC y Nº 00005-2020-PI/TC) señalando que mantener impedimentos para el acceso a la función pública vulnera el principio de resocialización, pues el ciudadano debe recuperar plenamente sus derechos tras la rehabilitación. f) El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en la Resolución Nº 0085-2026-JNE, ha establecido un criterio que protege el derecho de participación y a ser elegido, señalando que interpretaciones contrarias afectan ilegítimamente la fi nalidad de la pena y el objeto constitucional de la rehabilitación. CONSIDERANDOSPRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) En la Constitución Política del Perú1.1. El numeral 17 del artículo 2 precisa que toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 1.2. El artículo 31 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. 1.3. El artículo 34-A señala: Artículo 34-A.- Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. 1.4. El numeral 4 del artículo 178 indica, como atribución de este Supremo Órgano Electoral, la administración de justicia en materia electoral. 1.5. El artículo 181 señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia fi nal, de fi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2026 1 1.6. El numeral 28.2 del artículo 28 señala: Artículo 28.- Requisitos e impedimentos para ser candidatos […]28.2 No estar incurso en los impedimentos establecidos en los artículos 33 y 34-A de la Constitución Política del Perú, o en los impedimentos regulados en el artículo 8 de la LEM, salvo que se hayan presentado las renuncias o solicitudes de licencia precisadas en el citado artículo, en caso corresponda; o en el impedimento previsto en el artículo 29 de la Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. En el Reglamento de noti fi caciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones 2 (en adelante, Reglamento) 1.7. El artículo 14 sobre la noti fi cación de los pronunciamientos, contempla lo siguiente:Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica Todas las partes de los procesos jurisdiccionales –electorales y no electorales– son noti fi cadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas. En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por noti fi cados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación: <https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/ fi ltros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 2.1. Corresponde a este Supremo Tribunal Electoral resolver la presente controversia en ejercicio de su función jurisdiccional, garantizando que la cali fi cación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos se realice con arreglo a la normativa electoral vigente y en observancia del derecho de participación política, así como del derecho a elegir y ser elegido, reconocidos en la Constitución Política del Perú (ver SN 1.1. y 1.2.). 2.2. En este caso, el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción del señor candidato al considerar que este se encuentra inmerso en el impedimento previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política, toda vez que registra una sentencia condenatoria vigente emitida en primera instancia por el delito doloso de tenencia ilegal de armas de fuego, expedida en el Expediente Nº 05017-2014-53-1706-JR-PE-02. 2.3. Al respecto, el artículo 34-A de la Constitución Política (ver SN 1.3.) establece expresamente que se encuentran impedidas de postular a cargos de elección popular las personas que cuentan con sentencia condenatoria vigente, en primera instancia , por delito doloso , en calidad de autoras o cómplices. En ese sentido, la con fi guración del impedimento constitucional exige únicamente la existencia de una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, sin establecer como requisito adicional que dicha decisión haya adquirido fi rmeza o la calidad de cosa juzgada. 2.4. Ahora bien, con el escrito presentado el 18 de junio de 2026, el señor recurrente adjuntó documentación con relación a la situación jurídica actual del señor candidato, de la que se desprende lo siguiente: a) Mediante la Sentencia (Resolución Nº 13) del 11 de enero de 2023 (Expediente Nº 05017-2014-53-1706-JR-PE-02), se condenó al señor candidato como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, a cuatro (4) años de pena privativa de la libertad efectiva, convertidas a doscientos cinco (205) jornadas de prestación de servicios a la comunidad. b) Con la Resolución Nº 15, del 20 de mayo de 2026, se declaró consentida la Sentencia (Resolución Nº 13) impuesta al señor candidato. c) A través de la Resolución Nº 17, del 29 de mayo de 2026, expedida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, se declaró fundado el pedido de nulidad deducido por el señor candidato y nula la Resolución Nº 15. d) Con la Resolución Nº 19, del 15 de junio de 2026, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo concedió el recurso de apelación interpuesto por el señor candidato en contra de la sentencia que lo condenó como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego. 2.5. De lo expuesto, se concluye que el hecho de que la referida sentencia condenatoria por delito doloso impuesta al señor candidato se encuentre actualmente sometida a revisión por el órgano jurisdiccional superior no desvirtúa la confi guración del impedimento previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política, toda vez que la propia disposición constitucional establece como presupuesto su fi ciente la existencia de una sentencia condenatoria emitida en primera