Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (11/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 216

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 86

86 NORMAS LEGALES Martes 11 de agosto de 2026 El Peruano / autos a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; NOTIFIQUESE la presente resolución a los sujetos procesales, debiendo comparecer ante la Sala Penal de la Corte Suprema, fi jando nuevo domicilio procesal dentro del décimo día siguiente al de la noti fi cación. b) Mediante la Resolución s/n, del 1 de setiembre de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró: I. Declararon BIEN CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el encausado FRANKLIN MARIO SILUPÚ TELLO contra la sentencia de vista de fojas trescientos treinta y seis, de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, que con fi rmando la sentencia de primera instancia de fojas ochenta y ocho, de seis de julio de dos mil veintitrés, lo condenó como autor del delito de colusión agravada en agravio del Estado a seis años de pena privativa de libertad, trescientos sesenta y cinco días multa y seis años de inhabilitación, así como al pago solidario de veinticinco mil cuatrocientos soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. II. DISPUSIERON que permanezcan los autos en Secretaría por el plazo de diez días para que los interesados se pronuncien y en su caso formulen alegatos ampliatorios; registrándose. INTERVINO el señor Campos Barranzuela por licencia del señor Luján Túpez. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema. […] 2.4. De la documentación adjuntada se advierte que no existe controversia respecto de la existencia de la sentencia condenatoria, pues la señora recurrente no la cuestiona; por el contrario, reconoce su existencia y sostiene únicamente que no ha adquirido fi rmeza. 2.5. En efecto, del contenido de la Resolución Número Veintitrés, se veri fi ca que el señor candidato fue condenado, en primera instancia, mediante la Sentencia Número Quince, del 6 de julio de 2023, emitida por el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, como autor del delito de colusión agravada, a seis (6) años de pena privativa de libertad con carácter efectiva, según el Expediente Nº 11742-2018-28-1706-JR-PE-10. Tal decisión fue posteriormente con fi rmada por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria, y respecto de la cual se concedió el recurso de casación. Tales datos coinciden con la información consignada en su DJHV. 2.6. Ahora bien, con relación a la invocación del caso Vizcarra, este no resulta jurídicamente trasladable al presente caso, en la medida en que dicho criterio jurisprudencial fue construido sobre presupuestos fácticos y normativos sustancialmente distintos. En efecto, el referido precedente se circunscribe a un supuesto excepcional en el que el ciudadano había sido condenado, cumplido íntegramente la pena impuesta, obtenido su rehabilitación y, además, había transcurrido un plazo considerable –superior a diez (10) años desde su rehabilitación–, circunstancias que fueron determinantes para el análisis efectuado por este Supremo Tribunal Electoral respecto del alcance del derecho de participación política. 2.7. En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible extender los efectos de dicho precedente a situaciones que no comparten los elementos fácticos y jurídicos que justi fi caron su adopción, pues ello implicaría una aplicación analógica de carácter extensivo en materia de impedimentos electorales y derechos políticos. 2.8. En el presente caso, la controversia no versa sobre un ciudadano rehabilitado que ha recuperado plenamente el ejercicio de sus derechos políticos luego del cumplimiento de una condena penal y del transcurso del tiempo considerado relevante por la jurisprudencia electoral (establecido en diez (10) años desde la rehabilitación), sino sobre la aplicación de un impedimento constitucional expreso previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, disposición que establece una restricción objetiva para el acceso a cargos de elección popular respecto de las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por la comisión de delito doloso.2.9. Siendo ello así, el análisis jurídico debe efectuarse necesariamente a la luz del mandato contenido en el artículo 34-A de la Norma Fundamental, cuyo carácter es imperativo y de aplicación directa, no pudiendo ser desplazado mediante la invocación de criterios jurisprudenciales construidos para supuestos fácticos distintos. Una interpretación contraria supondría desnaturalizar el alcance del precedente invocado y vaciar de contenido una prohibición constitucional expresa, en abierta contravención de los principios de supremacía constitucional, legalidad electoral y seguridad jurídica. 2.10. Por ello, en cuanto al análisis del artículo 34-A de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.3.) se establece un impedimento expreso para postular a cargos de elección popular respecto de quienes hayan sido condenados, en primera instancia, como autores o cómplices de delito doloso. Dicho impedimento se con fi gura con la sola existencia de una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, sin exigir que esta haya adquirido fi rmeza ni que se hayan agotado los medios impugnatorios previstos por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, la interposición de un recurso contra dicha sentencia no enerva la con fi guración del impedimento constitucional mientras la condena permanezca vigente. 2.11. En esa misma línea, el argumento referido a que el recurso de casación fue bien concedido y que ello impediría atribuir efectos a la sentencia en sede electoral tampoco puede ser estimado. Ello, porque el artículo 34-A de la Constitución no exige, para la con fi guración del impedimento, que la sentencia condenatoria tenga la calidad de fi rme, consentida o ejecutoriada, sino únicamente que exista una condena emitida en primera instancia por delito doloso, como ha acontecido en el caso de autos. 2.12. Respecto del pedido de que este Supremo Tribunal Electoral inaplique el artículo 34-A de la Constitución Política mediante control difuso, corresponde precisar que dicho planteamiento no puede ser amparado. El control difuso supone la inaplicación de una norma de rango legal cuando resulte incompatible con la Constitución; sin embargo, no procede sobre las disposiciones contenidas en la propia Constitución, cuyas normas poseen la misma jerarquía normativa y deben interpretarse de manera sistemática y armónica. En consecuencia, este órgano electoral carece de competencia para dejar de aplicar un mandato expreso previsto en el texto constitucional. 2.13. En ese sentido, si bien el derecho a ser elegido constituye un derecho fundamental reconocido por la Constitución, su ejercicio no es absoluto, sino que se encuentra sujeto a las condiciones, requisitos e impedimentos establecidos por el propio texto constitucional, entre ellos el previsto en el artículo 34-A. 2.14. En consecuencia, al registrarse una sentencia condenatoria vigente emitida en primera instancia contra el señor candidato, como autor del delito doloso de colusión agravada, este se encuentra comprendido en el impedimento previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú para postular a cargos de elección popular. Por ello, corresponde desestimar el recurso de apelación y con fi rmar la resolución venida en grado, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción del señor candidato para alcalde de la Municipalidad Provincial de Zarumilla. 2.15. La noti fi cación de la presente resolución debe diligenciarse, según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.7.). Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el fundamento de voto de la señora magistrada Martha Elizabeth Maisch Molina, en uso de sus atribuciones, RESUELVE 1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Patricia del Rocío Asenjo Herrera, personera legal titular de la organización política Renovación Tumbesina; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 00145-2026-JEE-TUMB/JNE, del 30 de junio de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tumbes, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de don Franklin Mario Silupu Tello,