Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (21/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 128

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 44

44 NORMAS LEGALES Viernes 21 de agosto de 2026 El Peruano / diligencia” ; así como, inobservado lo previsto en el literal b) del artículo cinco del Reglamento para el Ejercicio de Competencias de Jueces de Paz en Conflictos Patrimoniales, aprobado por Resolución Administrativa número trescientos cuarenta guion dos mil catorce guion CE guion PJ, que establece: “Conforme al artículo 547° del Código Procesal Civil y 16°, numeral 1, de la Ley de Justicia de Paz, en los conflictos cuya pretensión se puede estimar patrimonialmente, los jueces de paz son competentes: (...). b) Para resolver mediante conciliación, cuando la pretensión sea hasta cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal”, y lo regulado en el inciso dos del artículo dieciséis de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz que prevé: “El juez de paz puede conocer las siguientes materias: (...). 2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de Referencia Procesal” ; incurriendo en falta muy grave regulada en el numeral tres del artículo cincuenta de la Ley de Justicia de Paz que señala: “Son faltas muy graves: (...) 3. Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo (...)”. 3.2. Se debe precisar que mediante la resolución número diez, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, entre otros, declaró de oficio la prescripción de la acción disciplinaria, respecto al extremo de los cargos referidos a la supuesta infracción en la celebración del acta de conciliación de fecha trece de abril de dos mil veintitrés, debido a que el procedimiento administrativo disciplinario se abrió mediante resolución número dos, de fecha veintinueve de mayo de dos mil veinticinco; y, notificada a la investigada el veintiséis de junio de dos mil veinticinco, cuando evidentemente ya había transcurrido dos años; y, por lo tanto, habría operado la prescripción de la acción disciplinaria, conforme al numeral treinta y uno punto tres del artículo treinta y uno del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz. De modo que dicho extremo de los cargos, no será objeto de pronunciamiento en la presente resolución. 3.3. Por lo tanto, únicamente corresponde emitir pronunciamiento respecto al extremo del cargo referido a haber conocido directamente una causa en la que legalmente se encontraría impedida, por razones de cuantía, en el Expediente N° 034-2024-JPSN- Y/P (Proceso Ejecutivo), no siendo competente para conocer conflictos patrimoniales superiores a las treinta Unidades de Referencia Procesal, dado que la pretensión patrimonial en el caso expuesto es de cuarenta y cinco mil soles; configurando así un exceso en sus atribuciones. Cuarto. Argumentos de defensa de la jueza de paz investigada. 4.1. En su escrito de fecha cuatro de julio de dos mil veinticinco, de fojas ciento ocho a ciento once, la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera señaló que la imputación, respecto a haber resuelto mediante conciliación, no ha tenido en cuenta que el artículo treinta y cuatro, numeral treinta y cuatro punto dos, del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, excepcionalmente, permite que las partes puedan acudir a un juez de paz que no sea competente, por razón de territorio o de cuantía, para resolver un conflicto mediante la conciliación; y, respecto a haber ejecutado el acta de conciliación, fuera de su competencia, señala que el artículo treinta de la Ley de Justicia de Paz confiere al juzgado de paz competencia para ejecutar forzadamente las actas de conciliación llevadas a cabo por el mismo juzgado. 4.2. En la audiencia única de fecha siete de agosto de dos mil veinticinco, de fojas ciento veintitrés a ciento treinta y dos, la investigada señaló ser docente de profesión; que revisó los archivos de los jueces [de paz] anteriores y verificó [la existencia de] actas de conciliación por esos montos; que asistió a los cursos de capacitación organizados por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, en los que le manifestaron que los juzgados de paz son conciliadores; reconociendo que hay asuntos que no pueden ser conciliables ante el juzgado de paz, pero que en el presente caso, fueron las partes quienes se apersonaron al despacho del juzgado y señalaron que el problema se produjo en la Notaría de Jauja, en la que debía hacerse un documento, pues una de las partes ya había hecho el depósito de dinero a la otra; señala, además, que siempre se han producido problemas en la Notaría de la Provincia de Jauja, y las personas concurren al Juzgado de Paz de Yauyos, como última opción. Quinto. Trámite del procedimiento administrativo disciplinario. 5.1. Mediante Oficio número cuatrocientos ochenta y ocho guion dos mil veinticuatro guion UDAJUP guion P guion CSJJU diagonal PJ, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, a fojas uno, la Jefa de la Unidad de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín puso en conocimiento de la Jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de dicha Corte Superior, el Oficio número quinientos noventa y cinco guion dos mil veinticuatro guion CNJ diagonal D, remitido por el Colegio de Notarios de Junín (obrante de fojas dos a dos vuelta), en el cual se cuestiona la actuación de la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera, jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos; Provincia de Jauja, respecto al otorgamiento de una escritura pública a favor del señor Edwin Justo Huánuco Montalvo, representante de la Empresa de Servicios Múltiples “Cruz de Mayo” Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en el proceso ejecutivo, Expediente N° 034-2024-JPSN-Y/J, tramitado en dicho juzgado de paz. 5.2. Mediante resolución número dos, de fecha veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, de fojas noventa y cinco a ciento dos, la Jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín dispuso abrir procedimiento administrativo disciplinario contra la señora Fanny Carola Altamirano Rivera, en su actuación como jueza de paz de Segunda Nominación del Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja de la citada Corte Superior. 5.3. Culminada la instrucción del procedimiento administrativo disciplinario, la magistrada contralora de la Unidad Descentralizada de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín propuso se imponga a la investigada la medida disciplinaria de destitución y elevó el expediente a la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. 5.4. Mediante resolución número diez, de fecha doce de febrero de dos mil veintiséis, como ya se ha mencionado, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial propone al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, imponga la medida disciplinaria de destitución a la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera; y, al respecto, la Jefa de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) mediante Oficio número cero cero cero ciento setenta y seis guion dos mil veintiséis guion ONAJUP guion CE guion PJ, acompaña el Informe número cero cero cero cero veintitrés guion dos mil veintiséis guion ONAJUP guion CE guion PJ, de fecha nueve de abril de dos mil veintiséis, de fojas doscientos treinta y nueve a doscientos cuarenta y cuatro, en el que opina porque se apruebe dicha propuesta de destitución. Sexto. Sobre el debido procedimiento administrativo disciplinario. 6.1. El Tribunal Constitucional se ha referido al debido procedimiento administrativo en los siguientes términos: “4. (…), el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los