Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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46 NORMAS LEGALES Viernes 21 de agosto de 2026 El Peruano / cuarenta y siete del Código Procesal Civil conforme a la Cuarta Disposición Final de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz; y, en su segundo artículo derogó, expresamente, cualquier disposición contraria a la misma. 8.4. El veintiséis de junio de dos mil trece se publicó el Decreto Supremo número cero cero siete guion dos mil trece guion JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, en cuyo numeral treinta y cuatro punto dos del artículo treinta y cuatro señala que: “34.2 Excepcionalmente, ambas partes podrán acudir a un Juez de Paz, que no sea competente por razón del territorio o de la cuantía, para resolver un conflicto mediante conciliación” . Dicha disposición reglamentaria genera nuevamente cierta confusión en cuanto a la cuantía que podría conocer un juez de paz; y, que ha servido como justificación a la investigada, para señalar que la misma le permitiría obviar el tope máximo de la cuantía a conocer, que se encuentra regulada en el Código Procesal Civil. No obstante, debe tenerse presente que el aludido reglamento es jerárquicamente inferior a la Ley número veintinueve mil ochocientos ochenta y siete, Ley que modifica el artículo quinientos cuarenta y siete del Código Procesal Civil, modificado por la Cuarta Disposición Final de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, en la cual se estableció finalmente que, cuando la pretensión sea hasta diez Unidades de Referencia Procesal es competente para sentenciar el juez de paz; y, hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal para resolver mediante conciliación; de modo que, al superarse dichos montos, resulta competente el juez de paz letrado. 8.5. Sin embargo, en atención a la probable confusión que podría haber generado el tratamiento antes señalado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa número trescientos cuarenta guion dos mil catorce guion CE guion PJ, de fecha uno de octubre de dos mil catorce, que aprueba el “Reglamento para el Ejercicio de Competencias de Jueces de Paz en Conflictos Patrimoniales”, en cuyo artículo cinco, en relación a la cuantía precisa que: “Conforme al artículo 547° del Código Procesal Civil y 16°, numeral 1, de la Ley de Justicia de Paz, en los conflictos cuya pretensión se puede estimar patrimonialmente, los jueces de paz son competentes: a) Para sentenciar, cuando la pretensión sea hasta diez (10) Unidades de Referencia Procesal; y b) Para resolver mediante conciliación, cuando la pretensión sea hasta cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal”. 8.6. Se debe tener en cuenta que la Resolución Administrativa número cero cero cero cuatrocientos setenta y cuatro guion dos mil veintidós guion CE guion PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el seis de enero de dos mil veintitrés, fijó el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para el año dos mil veintitrés, en la suma de cuatrocientos noventa y cinco soles. Así, el numeral dos del artículo dieciséis de la Ley de Justicia de Paz estableció que los jueces de paz conocen conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta Unidades de Referencia Procesal; esto es, para el año dos mil veintitrés, la suma de catorce mil ochocientos cincuenta soles, mientras que el artículo quinientos cuarenta y siete del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número veintinueve mil ochocientos ochenta y siete estableció que cuando la pretensión sea hasta diez Unidades de Referencia Procesal, o sea hasta la suma de cuatro mil novecientos cincuenta soles, el juez de paz es competente para sentenciar; y, hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal, es decir, hasta la suma de veinticuatro mil setecientos cincuenta soles, para resolver mediante conciliación; y, cuando excedan esos montos es competente el juez de paz letrado. Disposición que ha sido reiterada y precisada mediante el artículo cinco del “Reglamento para el Ejercicio de Competencias de Jueces de Paz en Conflictos Patrimoniales”, aprobado por Resolución Administrativa número trescientos cuarenta guion dos mil catorce guion CE guion PJ; siendo que, en el presente caso, el “Acta de conciliación por mutuo acuerdo sobre promesa de compra venta de una empresa de transporte”, de fecha trece de abril de dos mil veintitrés, cuya ejecución se solicitó mediante el proceso ejecutivo, Expediente N° 034-2024-JPSN-Y/J tramitado por ante el juzgado de paz a cargo de la investigada, suponía la transferencia de una empresa de transportes a favor del demandante Huánuco Montalvo, por el monto de cuarenta y cinco mil soles, cuantía que notoriamente excede el valor de la cuantía a la que la investigada estaba facultada para conocer. 8.7. También, se debe tener presente que la investigada reconoció haber recibido los cursos de capacitación organizados por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, en los que, de acuerdo a la Jefa de dicha oficina distrital, a fojas ciento treinta y seis, señaló que la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera recibió cursos de capacitación, en los que se ha precisado la competencia que tienen los jueces de paz en materia de conciliación y la cuantía permitida en esta. 8.8. De este modo, se concluye que la investigada Fanny Carola Altamirano Rivera incurrió en conducta disfuncional, al haber conocido la demanda de ejecución de acta de conciliación sobre promesa de compraventa de una empresa de transportes, tramitada en el Expediente N° 034-2024-JPSN-Y/J, sin tener competencia por razón de cuantía, incurriendo en la falta muy grave contenida en el inciso tres del artículo cincuenta de la Ley de Justicia de Paz, que establece: “3. Conocer, influir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo (...)” , que en similares términos recoge el inciso tres del artículo veinticuatro del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ. Por lo que, corresponde que se imponga a la investigada la medida disciplinaria proporcional al hecho cometido. Noveno. Determinación de la medida disciplinaria a imponer. 9.1. Determinada la responsabilidad disciplinaria de la investigada, corresponde analizar si la sanción propuesta es proporcional al hecho imputad. En relación con ello, se debe tener en cuenta el principio de “juez lego”; así, conforme al artículo seis, inciso c), del Reglamento del Régimen Disciplinario de Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ, establece que: “c) (…) El juez de paz tiene derecho a que se presuma su condición de lego en derecho, salvo prueba en contrario por ser abogado o haber estudiado derecho a nivel universitario. En consecuencia: c.1 El juez contralor a cargo del procedimiento disciplinario debe evaluar si éste comprendía la complejidad jurídica, a nivel normativo y conceptual, de la conducta que se le imputa y proceder a sancionarlo solo en casos exista dolo manifiesto. (…)”. 9.2. De los antecedentes, se advierte que la investigada es docente contratada en programas educativos y en las instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva, en la especialidad de “industria del vestido y alta costura”, como obra de fojas ciento sesenta y cuatro a ciento setenta y tres. Por lo que, podría considerarse que puede comprender aspectos de su competencia funcional, deberes y funciones; tanto más que la propia investigada admitió haber asistido y recibido los cursos de capacitación brindados por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Junín, como se desprende de su declaración, en el acta de registro de audiencia única de fecha siete de agosto de dos mil veinticinco, de fojas ciento veintitrés a ciento treinta y dos, en el presente procedimiento administrativo disciplinario, en el que, además, ante las preguntas de la señora Juana Virginia Alvarado Pérez, magistrada de control de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín señaló haber redactado el acta de conciliación en ejercicio de sus funciones como jueza de paz. 9.3. Lo anterior se corrobora, además, con lo dicho por la Jefa de la Unidad de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de