Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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62 NORMAS LEGALES Viernes 21 de agosto de 2026 El Peruano / efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación: <https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/ filtros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). […] SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 2.1. Corresponde a este Supremo Tribunal Electoral determinar si la resolución venida en grado fue emitida conforme al marco constitucional y legal aplicable (ver SN 1.4. y 1.5.), garantizando que la calificación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos se realice con arreglo a la normativa electoral vigente y en observancia del derecho de participación política, así como del derecho a elegir y ser elegido, reconocidos en la Constitución Política del Perú (ver SN 1.1. y 1.2.). Respecto al candidato Félix Juan Amoretti Mendoza 2.2. De la revisión de los actuados, este Supremo Tribunal Electoral advierte que don Félix Juan Amoretti Mendoza declaró en su DJHV la existencia de una sentencia firme del 25 de setiembre de 2014, por el delito de peculado doloso, emitida por la Sala Penal Liquidadora de Chincha. Esta información fue considerada por el JEE al calificar la solicitud de inscripción; sin embargo, no se advierte que dicho órgano electoral haya efectuado una verificación suficiente de la situación jurídica actual del candidato. 2.3. En ese contexto, corresponde determinar si la sola declaración en la DJHV sobre la existencia de una (1) sentencia condenatoria resulta suficiente para configurar el impedimento previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el numeral 28.2 del artículo 28 del Reglamento de Inscripción de Listas, o si, por el contrario, la autoridad electoral debía efectuar actuaciones mínimas de verificación orientadas a corroborar la vigencia de dicho impedimento. 2.4. Al respecto, el control a cargo de la autoridad electoral es de naturaleza objetiva; sin embargo, ello no la exonera de efectuar una verificación mínima y razonable de los presupuestos fácticos que sustentan la restricción del derecho a la participación política, más aún cuando la situación jurídica del candidato no se encuentra plenamente delimitada en el expediente. 2.5. No obstante, en el presente caso, se advierte que, durante la etapa de subsanación, el señor recurrente adjuntó el cargo de la solicitud de rehabilitación respecto de la condena, presentada ante la Mesa de Partes de la Corte Superior de Justicia de Chincha el 25 de junio de 2026. Asimismo, solicitó que, de manera excepcional, se le concediera un plazo adicional para presentar la resolución judicial de rehabilitación. Además, con su recurso de apelación, el señor recurrente presentó la Resolución N° 01, del 2 de mayo de 2019, por la cual el Juzgado Penal Liquidador de Chincha dispuso la rehabilitación del señor candidato. La copia certificada de dicha resolución fue expedida el 1 de julio de 2026, es decir, con posterioridad a la emisión de la resolución recurrida, por lo que su ofrecimiento se encuentra comprendido en los supuestos previstos en el artículo 374 del Código Procesal Civil, respecto del ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia. 2.6. De la revisión de los actuados, este órgano colegiado concluye: a) La situación jurídica actual del candidato no se encuentra comprendida en el supuesto previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.3.), pues no se trata de un ciudadano con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, en calidad de autor o cómplice, toda vez que la pena que se le impuso ya fue cumplida.b) En el Expediente N° ERM.2026024032, el Pleno del JNE, de conformidad con la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ejerció el control difuso respecto del literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la LEM (ver SN 1.6.) y determinó que no se encuentran impedidas de postular las personas que, por su condición de funcionarios o servidores públicos, hayan sido condenadas, en calidad de autoras, a una pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de los delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, siempre que se encuentren rehabilitadas. En consecuencia, dado que el candidato se encuentra rehabilitado desde 2019, no está impedido de postular en las ERM 2026. Respecto de los candidatos doña Giovanna Úrsula Quiroga Bautista, don Luis Eduardo Santiago Martínez y doña Yolanda Fiorella Amado Sale 2.7. Sobre el particular, cabe señalar que la exigencia de domiciliar durante, cuando menos, los dos (2) últimos años en la circunscripción por la que se postula tiene por finalidad garantizar que el ciudadano que pretende representar a una comuna mantenga un vínculo real con ella, así como que conozca las necesidades y los intereses de los vecinos de la jurisdicción que desea gobernar. 2.8. Ahora bien, el medio probatorio por excelencia -aunque no el único- para acreditar que el candidato domicilia de manera habitual y continua en la circunscripción municipal por la que postula es el DNI, puesto que en este consta la dirección domiciliaria declarada por el ciudadano ante el Reniec. Ello concuerda con lo previsto en el artículo 33 del Código Civil, según el cual el domicilio está constituido por la residencia habitual de la persona en un lugar. 2.9. En el caso concreto, de la revisión de los padrones electorales emitidos por el Reniec y utilizados en los correspondientes procesos electorales, se advierte que, en aquellos comprendidos entre junio de 2024 y la fecha, doña Giovanna Úrsula Quiroga Bautista y doña Yolanda Fiorella Amado Sale registran como domicilio la provincia de Chincha, departamento de Ica. Por lo tanto, se acredita el cumplimiento del requisito de domicilio continuo durante, por lo menos, dos (2) años en la circunscripción por la que postulan. 2.10. De lo expuesto, se concluye que el JEE debió verificar o solicitar la información contenida en el padrón electoral -documento oficial en poder del Reniec, de conocimiento del JNE y de los jurados electorales especiales, en el que constan los datos relativos al domicilio declarado por los ciudadanos-, a fin de determinar si las precitadas candidatas cumplían el requisito de domiciliar durante, por lo menos, dos (2) años continuos en la mencionada circunscripción. 2.11. Por consiguiente, este Supremo Tribunal Electoral concluye que las señoras candidatas cumplen el requisito de domicilio continuo en la provincia de Chincha, departamento de Ica. En consecuencia, corresponde estimar el recurso de apelación interpuesto por el señor recurrente y revocar la resolución impugnada en ese extremo. 2.12. Ahora bien, respecto de don Luis Eduardo Santiago Martínez, se advierte que este registró como domicilio el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, durante el período comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Por lo tanto, no se acredita el requisito de domiciliar durante, por lo menos, dos (2) años continuos en la circunscripción por la que postula. Asimismo, el referido candidato no presentó documentos de fecha cierta que acrediten dicho requisito. 2.13. En ese sentido, corresponde desestimar la apelación en ese extremo y declarar improcedente la solicitud de inscripción del candidato antes mencionado. 2.14. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.9.). Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,