Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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63 NORMAS LEGALES Sábado 10 de enero de 2026 El Peruano / Justicia de Paz, son faltas muy graves: (…) 3.Conocer, infl uir o interferir, directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial” , pues de la valoración de la prueba documental y la propia declaración del juez de paz investigado se corrobora que ejerció funciones notariales, a pesar de tener pleno conocimiento de su impedimento legal; por lo que, cometió una conducta disfuncional de forma deliberada y contraria al marco normativo que rige su función. En consecuencia, corresponde que el juez de paz investigado sea sancionado con la destitución, como lo prevé el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Justicia de Paz, concordante con el artículo veintinueve del reglamento antes mencionado; fundamentos por los cuales se debe aprobar la propuesta formulada por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Tercero. Del informe técnico emitido por la O fi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP). 3.1. La O fi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) en su Informe número cero cero cero cero setenta y cinco guion dos mil veinticinco guion ONAJUP guion CE guion PJ, de fecha veintidós de setiembre de dos mil veinticinco, obrante de fojas ciento veinticinco a ciento veintinueve, re fi ere que de acuerdo a la Investigación De fi nitiva N° 119-2024-Puente Piedra- Ventanilla, seguida contra el señor Edio Carhuapoma García, en su condición de juez de paz urbano del Asentamiento Humano La Ensenada de Chillón del distrito de Puente Piedra de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla, a quien se le atribuye haber ejercido funciones notariales, a pesar de estar impedido de hacerlo; el origen de la causa se ve incoada por la queja presentada por la señora Marleni Tupia Pagan, quien señaló que el investigado como juez de paz había suscrito una carta, que no se encontraba dentro de su competencia funcional, emitida el nueve de febrero de dos mil veinticuatro, por la Directiva del Asentamiento Humano Cristo Rey, mediante el cual se le emplazaba a desalojar un área de ochenta punto sesenta metros cuadrados. 3.2. En atención a la denuncia, la O fi cina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla mediante resolución número uno del ocho de marzo de dos mil veinticuatro, de fojas nueve a diez, dispuso la apertura de investigación preliminar; y, posteriormente, tras la emisión del informe respectivo, derivó la apertura del procedimiento administrativo disciplinario con resolución número dos de fecha dos de mayo de dos mil veinticuatro, de fojas diecisiete a veintitrés. 3.4. Cabe señalar que, durante el desarrollo de la investigación, se llevaron a cabo las actuaciones probatorias y la audiencia única de fecha dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, en la cual el investigado asistió, junto a su defensa técnica, y reconoció su fi rma en la referida carta; así como, admitió conocer que carecía de competencia notarial desde el mes de julio de dos mil veintitrés, cuando la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla restringió dichas atribuciones, mediante Resolución Administrativa número cero cero cero quinientos treinta y siete guion dos mil veintitrés guion P guion CSJPPV guion PJ, de fecha diez de julio de dos mil veintitrés, obrante de fojas seis a ocho. Asimismo, se tiene que el magistrado itinerante de la O fi cina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla emitió el informe fi nal, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro, de fojas cincuenta y uno a sesenta, recomendando la sanción de destitución al investigado, al haberse acreditado la comisión de una falta muy grave; y, posterior a ello, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial con resolución número nueve del trece de agosto de dos mil veinticinco, propone al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que imponga la medida disciplinaria de destitución al señor Edio Carhuapoma García. 3.5. Indica que corresponde evaluar el cumplimiento o no de las garantías del debido procedimiento; así como, del pleno ejercicio del derecho de defensa del juez de paz. Estas garantías del debido procedimiento tienen que ver, en primer término, con que haya sido emplazado adecuadamente, observando el principio de imputación sufi ciente o necesaria; esto es, que los cargos hayan tenido una descripción detallada y minuciosa de los hechos que son materia de la acción disciplinaria; que se haya expresado la valoración jurídica que se le da a estos, dado que el investigado tiene derecho a discutirla: así como, los elementos de convicción, los medios de prueba y los recaudos de la investigación que permitieron arribar a una conclusión incriminatoria. También implica que haya sido noti fi cado con los actos procedimentales, las opiniones y decisiones del órgano contralor; así como, de la actuación del quejoso, en relación a los cuales haya podido ejercer sus derechos de control de prueba, de recurrirlos o impugnarlos oportunamente. 3.6. Por consiguiente, en el caso objeto de análisis, de la revisión del expediente se veri fi ca que el procedimiento administrativo disciplinario respetó las garantías mínimas, al desarrollar los siguientes actos procesales: a) Notifi cación de la apertura de procedimiento administrativo disciplinario en el mes de mayo de dos mil veinticuatro. b) Audiencia única con participación del investigado y su defensa técnica, realizada en el mes de junio de dos mil veinticuatro; y, c) Aplicación del principio de verdad material, a fi n de veri fi car los hechos, aun en ausencia de descargos escritos. 3.7. En este sentido, la O fi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) señaló en su informe que corresponde imponer la sanción de destitución al juez de paz investigado; y, señaló que el accionar del investigado evidencia su falta de idoneidad y compromiso con la legalidad, afectando gravemente la misión del Poder Judicial de garantizar una recta administración de justicia en instancia de proximidad. Por lo que, se concluye que, para el caso de autos, la sanción disciplinaria propuesta (destitución) resulta proporcional y razonable. Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 1553- 2025 de la quincuagésima quinta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y los señores Bustamante Zegarra y Cáceres Valencia, sin la intervención del señor Zavaleta Grández por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De conformidad con la ponencia del señor Bustamante Zegarra. Por unanimidad, SE RESUELVE:Imponer la medida disciplinaria de destitución al señor Edio Carhuapoma Garcia, en su actuación como juez de paz urbano del Asentamiento Humano La Ensenada de Chillón del distrito de Puente Piedra, de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla; con las consecuencias establecidas en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Justicia de Paz. Inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.-JANET TELLO GILARDI Presidenta 1 Ley N° 29824 - Ley de Justicia de Paz “ Artículo 54. Destitución. La destitución se impone en caso de la comisión de faltas muy graves, o cuando el juez de paz es condenado o inhabilitado por la comisión de un delito doloso. Consiste en su separación definitiva del ejercicio del cargo y acarrea la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, sea honorario o remunerado, por un período de cinco (5) años. (…)”. 2475254-1