Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (05/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 236

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 104

104 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / presionar para recon fi gurar las rotaciones del personal en el lugar y coadyuvar activamente al desorden y la paralización del servicio edil. 2.8. En cuanto a las competencias y atribuciones de la administración pública, resulta pertinente recodar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 3283-2003-AA/TC, ha indicado lo siguiente: Al respecto, cabe señalar que los derechos constitucionales se constituyen en la forma más efectiva para proteger a la persona humana frente al ejercicio abusivo del poder, siendo evidente que los órganos del Estado no tienen derechos o facultades, por su propia naturaleza, sino competencias previas y taxativamente señaladas por la Constitución y demás normas del bloque de constitucionalidad . Por ende, no les alcanza lo previsto en el numeral 24, inciso a) del artículo 2 de nuestro Texto Fundamental, que expresamente dispone que: “Toda persona tiene derecho: [...] A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a) Nadie está obligado, a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” [resaltado agregado]. 2.9. En esa medida, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo lo que ley no prohíbe, los funcionarios -incluidos los regidores- solo pueden realizar estrictamente lo que la ley les autoriza de manera expresa (principio de legalidad). 2.10. Bajo esa premisa legal, el numeral 4 del artículo 10 de la LOM prevé que los regidores tienen como atribución fi scalizar la gestión municipal (ver SN 1.4.). Esta función fi scalizadora se entiende como el control de las actuaciones que lleva a cabo la administración municipal bajo la dirección del alcalde, y que está conformada por la gerencia municipal y los diferentes órganos de línea y de apoyo (ver SN 1.3. y 1.7.). 2.11. En consecuencia, la competencia de los regidores se limita a fi scalizar la actuación realizada por el alcalde y los órganos de la administración edil, con el propósito de veri fi car el estricto cumplimiento de las funciones que les fueron asignadas por la Constitución, las leyes y otras normas especiales (como sería por ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la entidad edil). Esta facultad de control no los faculta en ningún caso a realizar actos de gestión, ejecutivos o de mando. 2.12. De ahí que, en el presente caso, se debe determinar si las acciones del señor regidor (descritas en el considerando 2.7.), constituyeron un exceso en sus funciones que implicó la realización de actos administrativos o ejecutivos ajenos a su cargo. De ser así, se deberá establecer si dicha intromisión material menoscabó o desnaturalizó sus funciones fi scalizadoras. 2.13. A efectos de acreditar los hechos atribuidos y fundamentar el pedido de vacancia, se han adjuntado a la solicitud los siguientes documentos: el Informe N° 035-2025-MDT/GSP-SGSC-US-JO-MARB, del 27 de setiembre de 2025; el Informe Técnico N° 029-2025-MDT/GSP-SGSC, del 13 de octubre de 2025; el Informe Legal N° 481-2025-MDT/GAJ, del 22 de octubre de 2025; el Informe Técnico N° 017-2025-MDT/GSP del 31 de octubre de 2025, y el Informe Legal N° 508-2025-MDT/GAJ, del 4 de noviembre de 2025. 2.14. Al respecto, debe partirse de la premisa de que los informes señalados supra , poseen pleno valor probatorio al constituir documentos públicos emitidos por los órganos competentes de la propia entidad municipal. En ese sentido, quedaría acreditado -en base a los informes- el supuesto de que el señor regidor habría usurpado funciones ajenas a su cargo y que se habría extralimitado en su facultad fi scalizadora. Esto se sustentaría en una conducta que fracturó la cadena de mando, paralizando el servicio de serenazgo, provocando un retraso de más de una hora y una pérdida técnica de entre 10.8 y 21.6 horas-hombre, lo que constituiría un entorpecimiento real y desproporcionado de un servicio público esencial en perjuicio de la seguridad ciudadana. 2.15. Ahora bien, la labor de fi scalización de un regidor es de naturaleza indagatoria, de control y de revisión, pero siempre de carácter formal (solicitudes de información, visitas de constatación, etc.). No faculta al regidor a emitir órdenes, alterar procedimientos administrativos o intervenir de forma directa en la operatividad de los servicios que presta la municipalidad. 2.16. En ese sentido, la fi scalización no se ejecuta de forma impositiva ni obstruyendo la operatividad del personal. Si bien el señor regidor pretende justi fi car su presencia en la base de Serenazgo bajo el membrete de “fi scalización y representación”, sus actos materiales lo contradicen. Su intervención estuvo dirigida directamente al personal que se encontraba en plena formación, paralizando la base y afectando la continuidad del servicio. 2.17. Esta contradicción se colige de la propia prueba audiovisual registrada 4, donde se escucha al señor regidor manifestar textualmente ante el personal de Serenazgo, lo siguiente: “Una vez más, yo les vengo a decir, que mi labor acá es de fi scalización y de representación, no he venido acá a decirles salgan a trabajar porque eso ya corresponde al área ejecutiva, el señor Roque Jefe de Operaciones tendrá que tomar las medidas que corresponde, pero, por mi parte como regidor tendría que hacer valer ciertos derechos en las instancias que corresponden, en las sesiones de concejo ” 5. Sin embargo, a pesar de reconocer que la operatividad corresponde al área ejecutiva, su conducta en el lugar demostró lo contrario. 2.18. En ese sentido, en cuanto al primer presupuesto de la causal imputada, referido al ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas, de la declaración efectuada por el señor regidor citada en el considerando precedente, se advierte que este invadió las competencias exclusivas del ejecutivo y la estructura administrativa de la entidad, lo cual se veri fi ca cuando intervino de manera directa dirigiéndose al personal de Serenazgo Municipal, ejerciendo funciones que le corresponden a las Gerencias de Seguridad Ciudadana y de Recursos Humanos del distrito, constituyendo dicho acto una decisión de control inmediato sobre el citado personal. Esta conducta generó efectos jurídicos y fácticos instantáneos que alteraron la prestación de un servicio público esencial frente a los administrados y vecinos del distrito, esto es, el servicio de Seguridad Ciudadana. En consecuencia, se con fi gura el primer elemento de la causal imputada. 2.19. En cuanto al segundo presupuesto , referido a que la función administrativa o ejecutiva deba suponer la anulación o afectación al deber de fi scalización que tiene el regidor en virtud del cargo que ejerce, este Supremo Tribunal Electoral ha establecido que la prohibición contenida en el artículo 11 de la LOM busca evitar una situación de incompatibilidad funcional o con fl icto de intereses. Ello impide que el regidor, en lugar de ejercer control sobre los actos de la gestión municipal, intervenga directamente en su realización, lo que menoscaba irremediablemente su función primordial de fi scalización. 2.20. En el caso concreto, dicha afectación se materializó en la intervención de la autoridad cuestionada ante el personal de Serenazgo del distrito, con lo cual, dicha actuación dejó de ser el ejercicio de su función fi scalizadora y se convirtió en una acción material de gestión, manifestando una voluntad unilateral que alteró el funcionamiento de la administración municipal, atribuyéndose competencias que corresponden estrictamente a órganos de línea o gerencias municipales. 2.21. Finalmente, al involucrarse directamente y quebrar la cadena de mando del personal de Serenazgo, el señor regidor anuló su propia capacidad de fi scalizar de manera objetiva al pasar de fi scalizador a ejecutor, con lo cual, perdió la imparcialidad requerida para ejercer el control institucional de la entidad edil. Por ende, se confi gura el segundo elemento de la causal imputada. 2.22. En suma, en mérito a los fundamentos expuestos, se veri fi ca la con fi guración de los dos elementos de la causal de ejercicio de funciones ejecutivas y administrativas por parte del señor regidor, por lo que corresponde estimar el recurso de apelación, revocar el acuerdo de concejo impugnado y, reformándolo, declarar fundada la solicitud de vacancia presentada por la señora recurrente. 2.23. Como consecuencia de la declaratoria de vacancia del señor regidor, corresponde dejar sin efecto la credencial que le fue otorgada; sin embargo, resulta