Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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106 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / 3. Los hechos expuestos pretenden ser considerados como una intromisión administrativa directa que excede sus facultades de fi scalización, porque habría intervenido materialmente en un acto de mando, presionado para recon fi gurar las rotaciones del personal en el lugar y coadyuvar activamente al desorden y la paralización del servicio edil. 4. Sobre este particular se debe tener presente lo regulado estrictamente en el artículo 11 de la LOM, en cuanto establece que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de con fi anza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. 5. De los hechos expuestos no se evidencia que la autoridad municipal haya ejercido una función administrativa o desempeñado algún cargo dentro de la estructura de la administración municipal. El video que da cuenta de lo ocurrido no permite establecer de manera clara e indubitable que la conducta del señor regidor se pueda enmarcar en la causal invocada o que se haya excedido de la función de fi scalización que la Ley le atribuye. Señalar que las acciones de la autoridad habrían generado y coadyuvado activamente al desorden y la paralización del servicio edil son planteamientos que no corresponden ser evaluados en un procedimiento de vacancia. En virtud de tales fundamentos, mi VOTO es por declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Gregoria Estela Auris Rojas; en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N° 016-2025- MDT/CM/SE, del 15 de diciembre de 2025, que rechazó su solicitud de vacancia presentada contra don Iván Jhoel Medina Esquivel, regidor del Concejo Distrital de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, por la causal de ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o administrativos, prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. S. MAISCH MOLINA Clavijo Chipoco Secretaria General Expediente N° JNE.2026005397 EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN VACANCIAAPELACIÓNLima, 7 de julio de 2026 EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO AARÓN OYARCE YUZZELLI, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE: Con el debido respeto a la posición asumida por la mayoría del Pleno, discrepo de la decisión que declara fundado el recurso de apelación interpuesto por doña Gregoria Estela Auris Rojas; y, en consecuencia, revoca el Acuerdo de Concejo N° 016-2025-MDT/CM/SE, del 15 de diciembre de 2025, que rechazó su solicitud de vacancia presentada contra don Iván Jhoel Medina Esquivel, regidor del Concejo Distrital de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, por la causal contemplada en el artículo 11 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM); y reformándolo, se declara fundada la vacancia de la citada autoridad. En tal sentido, emito el presente voto en minoría por los siguientes fundamentos: 1. En reiterada jurisprudencia, el Pleno del JNE ha determinado que para que se con fi gure la causa de vacancia prevista en el artículo 11 de la LOM deben concurrir dos presupuestos: a) que el acto ejecutado por el regidor debe constituir una función administrativa o ejecutiva, y b) que dicha acción suponga una anulación o afectación al deber de fi scalización que tiene como regidor. 2. Por función administrativa o ejecutiva debe entenderse a toda actividad o toma de decisión que suponga una manifestación concreta de la voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos. De ahí que, cuando el segundo párrafo del artículo 11 de la LOM establece la prohibición de realizar función administrativa o ejecutiva a los regidores, determina que estas autoridades no están facultadas para tomar decisiones sobre la administración, dirección, gerencia u otro de los órganos que comprenden la estructura municipal, ni para ejecutar las acciones asignadas a estos. 3. Esta disposición responde a que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 10 de la LOM, los regidores cumplen, fundamentalmente, una función fi scalizadora, lo cual les impide asumir funciones administrativas o ejecutivas, ya que entrarían en un con fl icto de intereses al asumir el doble papel de fi scalizar y ejecutar. 4. En el caso que nos ocupa, se atribuye al señor regidor la causal de vacancia sobre la base de los siguientes hechos concretos: c) El 27 de setiembre de 2025, durante la formación matutina, el regidor habría ingresado sin autorización a la Base de Serenazgo de El Tambo con el fi n de confrontar a los mandos operativos. En dicho acto, la autoridad cuestionada habría exigido la revisión inmediata del rol de servicios e instó al personal de Serenazgo a realizar un “plantón”, lo que desató la desobediencia de los agentes y paralizó el servicio preventivo por más de una hora, afectando la seguridad ciudadana del distrito en un horario de alta sensibilidad social. d) Por estos hechos, se le imputa una intromisión administrativa directa que excede sus facultades de fi scalización. Especí fi camente, se le acusa de intervenir materialmente en un acto de mando, presionar para recon fi gurar las rotaciones del personal en el lugar y coadyuvar activamente al desorden y la paralización del servicio edil. 5. En cuanto a las competencias y atribuciones de la administración pública, resulta pertinente recordar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 3283-2003-AA/TC, ha indicado lo siguiente: Al respecto, cabe señalar que los derechos constitucionales se constituyen en la forma más efectiva para proteger a la persona humana frente al ejercicio abusivo del poder, siendo evidente que los órganos del Estado no tienen derechos o facultades, por su propia naturaleza, sino competencias previas y taxativamente señaladas por la Constitución y demás normas del bloque de constitucionalidad . Por ende, no les alcanza lo previsto en el numeral 24, inciso a) del artículo 2 de nuestro Texto Fundamental, que expresamente dispone que: “Toda persona tiene derecho: [...] A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a) Nadie está obligado, a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” [resaltado agregado]. 6. En esa medida, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, los funcionarios -incluidos los regidores- solo pueden realizar estrictamente lo que la ley les autoriza de manera expresa (principio de legalidad). 7. Bajo esa premisa legal, el numeral 4 del artículo 10 de la LOM prevé que los regidores tienen como atribución fi scalizar la gestión municipal. Esta función fi scalizadora se entiende como el control de las actuaciones que lleva a cabo la administración municipal bajo la dirección del alcalde, y que está conformada por la gerencia municipal y los diferentes órganos de línea y de apoyo. 8. En consecuencia, la competencia de los regidores se limita a fi scalizar la actuación realizada por el alcalde y los órganos de la administración edil, con el propósito de veri fi car el estricto cumplimiento de las funciones que les fueron asignadas por la Constitución, las leyes y otras normas especiales (como sería, por ejemplo, el