Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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111 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / responde a los principios de seguridad jurídica y debido procedimiento, aun cuando la entidad de origen no haya cumplido de manera óptima con determinados actos posteriores. 2.3. En aplicación del artículo 181 de la Constitución Política del Perú (ver SN 1.2.), a este órgano colegiado no solo le corresponde aplicar el derecho, entendido como el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico nacional ( iurisdictio ), sino también apreciar los hechos de los casos sometidos a su conocimiento haciendo uso del criterio de conciencia. 2.4. Dicha norma constitucional le otorga al Pleno del JNE la potestad de no limitarse -en la actividad jurisdiccional que desarrolla- a la mera aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos, sino que debe poner especial énfasis en su labor de apreciar los hechos teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias sociales, políticas e incluso individuales que los rodean, siempre en armonía con el resto de los principios y valores que informan el sistema jurídico peruano. 2.5. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la actividad jurisdiccional del Pleno del JNE se circunscribe a las materias sobre las que el ordenamiento jurídico le ha otorgado competencia, entre las que se encuentran los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. 2.6. Por tanto, para el análisis del presente caso, deben tomarse en cuenta los medios probatorios actuados en la primera instancia, esto es, los incorporados con el acto postulatorio y los descargos que presentaron las partes, así como aquella documentación que haya sido incorporada de o fi cio por el concejo municipal. Sobre los votos emitidos en la sesión de concejo2.7. Al respecto, de los actuados que obran en el expediente se advierte que, una vez presentada la solicitud de vacancia, la entidad edil recabó la opinión de su O fi cina General de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 116-2025-MPV-OGAJ-RFTC, en el cual se recomendó garantizar el derecho de defensa del regidor cuestionado desde el inicio del procedimiento. En atención a ello, la Comisión Ordinaria de Regidores de Administración Municipal corrió traslado de la solicitud de vacancia mediante la Carta N° 10-2025-MPV-COAM, requiriendo al regidor cuestionado que formule sus descargos por escrito, los cuales fueron presentados mediante el O fi cio N° 01-2025-MPV-JCS, del 29 de setiembre de 2025. 2.8. De la revisión del desarrollo de la sesión y del sentido de los votos emitidos por los miembros del Concejo Provincial de Virú, se advierte que los miembros del concejo municipal emitieron cinco (5) votos en contra de la solicitud de vacancia y cuatro (4) a favor, no alcanzándose el voto aprobatorio de los dos tercios del número legal exigido por la LOM. Asimismo, se aprecia que la decisión adoptada se sustentó, principalmente, en la evaluación de los elementos probatorios incorporados al procedimiento de vacancia, así como la información proporcionada por la entidad edil respecto a la inexistencia de acuerdo de concejo que autorizara su ausencia de la jurisdicción municipal por más de treinta (30) días consecutivos, y que dicha situación se produjo por desconocimiento de la normativa aplicable, razón por la cual se determinó rechazar la solicitud de vacancia. 2.9. En ese contexto, y en tanto obran en autos elementos su fi cientes para el análisis de la causal invocada, corresponde que este órgano electoral emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, en observancia de los principios de economía y celeridad procesal. Sobre la prueba ofrecida en esta instancia 2.10. Respecto de los medios probatorios ofrecidos en el recurso de apelación, se advierte que dichos documentos no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 374 del TUO del CPC (ver SN 1.10.) para su admisión en esta instancia, toda vez que no corresponden a hechos sobrevinientes ni se acredita imposibilidad material para su obtención o presentación oportuna. Además, forman parte de los actuados administrativos que sustentaron el procedimiento de vacancia y fueron valorados por los órganos municipales competentes. Por consiguiente, no corresponde valorar los medios probatorios ofrecidos en esta instancia. Sobre la cuestión de fondo2.11. En el presente caso, conforme a la jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal Electoral (ver SN 1.12.), corresponde analizar la concurrencia de los tres elementos que con fi guran la causal de vacancia prevista en el numeral 4 del artículo 22 de la LOM (ver SN 1.7.), referida a la ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de treinta (30) días consecutivos sin autorización del concejo municipal, efectuando un estudio conjunto y concordado de todos los instrumentales obrantes en el presente expediente. 2.12. Cabe señalar que la regulación de esta causal responde al deber inherente de toda autoridad municipal de mantenerse vinculada permanentemente a la circunscripción territorial que representa, considerando que el ejercicio de las funciones de representación, fi scalización y participación en las actividades del concejo municipal que corresponden a los regidores (ver SN 1.3 y 1.4.) exige su presencia dentro del ámbito territorial de la entidad edil. Por ello, la ausencia continua e injusti fi cada por un periodo superior a treinta (30) días constituye una infracción sancionada con la vacancia del cargo. 2.13. A su vez, la referida “circunscripción/jurisdicción municipal” debe ser entendida como el espacio físico o ámbito territorial dentro del cual la autoridad municipal ostenta facultades de representación, y no dentro del local municipal. De esta manera, la autoridad edil tiene prohibido ausentarse, de manera permanente y continua, del espacio territorial del ámbito distrital o provincial respecto del cual fue elegido. 2.14. Asimismo, este Supremo Tribunal Electoral ha sostenido de manera reiterada que la causal prevista en el numeral 4 del artículo 22 de la LOM es de naturaleza objetiva, por lo que su con fi guración depende exclusivamente de la acreditación concurrente de los elementos establecidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, sin que resulte relevante analizar la existencia de buena fe, dolo o la producción de un perjuicio efectivo para la entidad edil. En consecuencia, el análisis debe centrarse en la veri fi cación de tales presupuestos a partir de los medios probatorios incorporados al expediente. 2.15. En el caso concreto, se atribuye al señor regidor haberse ausentado de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Virú por más de treinta (30) días consecutivos sin autorización del concejo municipal, debido a su permanencia fuera del territorio nacional entre el 8 de junio y el 28 de agosto de 2025. Respecto del primer presupuesto referido a la ausencia de la circunscripción municipal 2.16. De la revisión del Certi fi cado de Movimiento Migratorio N° 59269-2025-MIGRACIONES, se advierte que el señor regidor registró salida del territorio nacional el 8 de junio de 2025 con destino a España y retornó al país el 28 de agosto de 2025. 2.17. Dicho documento o fi cial acredita objetivamente que el señor regidor permaneció fuera del Perú durante el periodo antes señalado. Además, en el O fi cio N° 01-2025-MPV-JCS, presentado como descargo ante la Comisión Ordinaria de Administración Municipal, el propio regidor reconoció expresamente su ausencia, indicando que esta obedeció inicialmente a una solicitud verbal de su centro de trabajo y que se prolongó por motivos personales y familiares. 2.18. En tal sentido, al encontrarse la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Virú dentro del territorio nacional y haberse acreditado que la autoridad cuestionada permaneció en el extranjero durante el periodo materia de imputación, se encuentra plenamente acreditado el primer elemento exigido por la jurisprudencia de este órgano electoral (ver SN 1.12.).