Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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123 NORMAS LEGALES Sábado 31 de enero de 2026 El Peruano / 4. Ello evidencia de manera inequívoca que el candidato no mantenía vínculo laboral alguno con una institución pública, sino que prestaba servicios de manera independiente. En ese contexto, cualquier duda interpretativa que el Jurado Electoral Especial de Huamanga (en adelante, JEE) hubiera podido tener respecto del contenido de la información no puede ser atribuido al candidato, quien cumplió con declarar su situación conforme a la estructura y categorías previstas en el propio formulario. En consecuencia, el requerimiento para que presente licencia sin goce de haber, aclare su situación o adjunte contratos resulta innecesario e irrazonable, pues parte de una premisa errónea: la existencia de un vínculo laboral que no se desprende de la información consignada. 5. Por lo expuesto, se concluye con claridad, que el candidato no mantenía vínculo laboral con la administración pública, pues la existencia de una relación laboral presupone necesariamente la percepción de una remuneración, siendo ambos elementos jurídicamente inseparables; en ese sentido, no se encontraba comprendido en el supuesto normativo del artículo 114 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE). 6. Si bien el artículo 35 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 6 regula la subsanación de observaciones por incumplimiento de requisitos legales; y el numeral 36.1 del artículo 36 de dicho reglamento autoriza a declarar la improcedencia en dos supuestos: i) incumplimiento de un requisito de ley no subsanable; o ii) no subsanación de una observación. Además, debe señalarse que, cuando la exigencia misma carece de sustento normativo o fáctico, no puede operar mecánicamente el plazo de subsanación ni derivarse de él una consecuencia sancionadora, ello porque no corresponde declarar la improcedencia por el incumplimiento de una carga que la ley no impone. 7. En el presente caso, no se con fi gura ninguno de los supuestos de improcedencia, pues no existió incumplimiento de un requisito legal –al no ser exigible la licencia– ni una observación jurídicamente válida que deba subsanarse. 8. La resolución que declara inadmisible la solicitud de la mencionada organización política, en tanto constituye una cali fi cación preliminar del JEE, no se erige en una barrera infranqueable para el propio órgano jurisdiccional que le impida advertir, incluso de o fi cio, que se viene exigiendo un requisito no previsto por la ley, ni reconducir el procedimiento por el cauce de la legalidad a fi n de evitar una restricción injusti fi cada del derecho fundamental a la participación política. 9. Dicha cali fi cación inicial, aun cuando haya transcurrido el plazo otorgado para la subsanación, no adquiere la calidad de cosa juzgada ni agota la potestad decisoria del órgano electoral de primera instancia. En ese contexto, el error en que incurrió el JEE pudo y debió ser corregido, sin trasladar sus efectos en perjuicio del señor candidato. 10. En tales términos, cabe señalar que la función jurisdiccional electoral no se agota en la veri fi cación ritual de plazos, sino que impone al órgano colegiado el deber de adoptar decisiones sustantivamente justas, especialmente cuando del propio expediente se desprende, de manera indubitable, que no existía la obligación cuyo incumplimiento se le reprocha. Más aún, la demora del actor, por haber respondido fuera del plazo frente un requisito inexistente, no puede eximir al órgano jurisdiccional el deber de resolver conforme a la ley. 11. En este escenario, resulta aplicable el principio pro participatione , consagrado en el artículo X del Título Preliminar de la LOE, conforme al cual, en materia electoral, toda interpretación debe favorecer el ejercicio del derecho fundamental a la participación política. Las restricciones al acceso a la contienda electoral deben ser excepcionales, claras y estrictamente necesarias. Optar por la interpretación más restrictiva –esto es, excluir al candidato–, pese a contar con información su fi ciente para concluir que no existía obligación legal incumplida, contraviene dicho principio y erige una barrera irrazonable al derecho de ser elegido. 12. Convertir una exigencia indebidamente formulada en una causal de exclusión de fi nitiva resulta desproporcionada y contraria a la función constitucional del sistema electoral, cuya fi nalidad no es erigir barreras artifi ciales, sino garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos dentro del marco de la ley. Por estas razones , MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de apelación y, en consecuencia;