Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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108 NORMAS LEGALES Sábado 31 de enero de 2026 El Peruano / 1.3. Mediante los escritos presentados el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, de fojas ciento veintiuno a ciento veintidós; y, diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, de fojas doscientos dieciséis a doscientos diecinueve, el juez de paz investigado sostiene, principalmente, en su defensa que: i) Se avocó a la causa y actuó conforme a la competencia que le otorga el artículo dieciséis, inciso dos, de la Ley de Justicia de Paz, dado que la cuantía de la demanda asciende a la suma de seis mil ciento veinte soles, y no supera las treinta Unidades de Referencia Procesal. ii) Desconoce haber infringido el artículo quinientos cuarenta y seis del Código Procesal Civil, pues al no tener conocimiento de la norma y no estar establecido en sus atribuciones, no se ha realizado un abuso de derecho. iii) No favoreció a los demandantes, ya que se declaró la nulidad de todo lo actuado y se archivó de forma defi nitiva el expediente N° 18-2023-JPULEDCH-PJ-PPV, no habiéndose demostrado con pruebas vinculantes, que haya actuado de forma parcial para favorecer a dicha parte, ya que solo se le vincula en base a una supuesta conducta realizada por el secretario del juzgado de paz. iv) No obra ningún depósito en su cuenta del BCP ni alguna dádiva que hayan realizado los quejosos a su favor, que acredite que inobservó la prohibición establecida en el artículo siete, numeral cinco, de la Ley de Justicia de Paz, no existiendo medios probatorios contundentes que demuestren el incumplimiento funcional que se le atribuye. v) Las actuaciones de los secretarios judiciales no son responsabilidad de los jueces de paz, habiéndose interpuesto la queja en su contra, con medios probatorios insufi cientes, siendo esto una venganza por haber emitido la resolución número ocho de fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, que declaró la nulidad de todo lo actuado y el archivo de fi nitivo del proceso. 1.4. Mediante resolución número once, de fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, de fojas doscientos setenta a doscientos ochenta y dos, expedida por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, se resolvió proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial imponga la sanción disciplinaria de destitución al investigado, por los cargos imputados. 1.5. Por O fi cio Exp. N° 064-2024-JN-ANC/PJ presentado el doce de setiembre de dos mil veinticinco, a fojas doscientos noventa y seis, se eleva la presente investigación disciplinaria a este Órgano de Gobierno, que mediante resolución de fecha dieciséis de setiembre de dos mil veinticinco, a fojas doscientos noventa y siete, entre otros, se avoca a su conocimiento y remite los actuados a la Jefatura de la O fi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena para que emita el respectivo informe técnico, conforme lo establecido en el artículo cincuenta y siete, numeral uno, del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ. 1.6. Mediante O fi cio número cero cero cero seiscientos trece guion dos mil veinticinco guion ONAJUP guion CE guion PJ, de fecha tres de octubre de dos mil veinticinco, de fojas trescientos uno a trescientos dos, la Jefatura de la Ofi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena remitió a la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Informe número cero cero cero cero ochenta y cuatro guion dos mil veinticinco guion ONAJUP guion CE guion PJ, de la misma fecha, de fojas trescientos tres a trescientos siete, informe técnico en el que se emite opinión. en el sentido de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial apruebe la propuesta de destitución del investigado. Segundo. Normas aplicables. 2.1. La norma vigente al momento de la comisión del hecho infractor es la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, que en sus artículos del cuarenta y siete al cincuenta y cuatro regula el tipo de faltas en las que pueden incurrir los jueces de paz y las sanciones aplicables; así como, el Decreto Supremo número cero cero siete guion dos mil trece guion JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro - Ley de Justicia de Paz. 2.2. Asimismo, es de aplicación supletoria, cuando sea compatible con la naturaleza y fi nalidad del presente procedimiento, el Texto Único Ordenado de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo número cero cero cuatro guion dos mil diecinueve guion JUS, en observancia del artículo VIII del Título Preliminar del citado cuerpo normativo. Tercero. De la competencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 3.1. El artículo setenta y dos del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que: “La dirección del Poder Judicial corresponde al Presidente de la Corte Suprema, al Consejo Ejecutivo y a la Sala Plena de la Corte Suprema. (…)”. 3.2. A su turno, el artículo cincuenta y cuatro de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz establece que: “La destitución se impone en caso de la comisión de faltas muy graves, o cuando el juez de paz es condenado o inhabilitado por la comisión de un delito doloso. Consiste en su separación de fi nitiva del ejercicio del cargo y acarrea la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, sea honorario o remunerado, por un período de cinco (5) años. La destitución es impuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, requiriéndose el voto de más de la mitad del número total de sus integrantes”. Cuarto. Sobre los deberes y prohibiciones de los jueces de paz. Los jueces de paz ejercen sus funciones dentro de un marco normativo que les impone deberes y prohibiciones con carácter obligatorio, que al estar previstas en la ley y en los reglamentos adquieren fuerza vinculante y condicionan, directamente, su actuación jurisdiccional y administrativa. De este modo, la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz en sus artículos cinco 1 y siete2 establecen un catálogo especí fi co de deberes y prohibiciones que determina, de manera expresa, las conductas exigidas y las conductas prohibidas a los jueces de paz, garantizando así que el ejercicio de su función se ajuste al principio de legalidad y a los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. Quinto. De los cargos atribuidos y hechos acreditados. 5.1. Respecto al cargo a) , atribuido al investigado, consistente en avocarse y tramitar el expediente N° 18-2023-JPULEDCH-PJ-PPV, relativo a un proceso de desalojo, sin contar con la competencia correspondiente. Se debe anotar que dicho cargo se acredita con los documentos que continuación se detallan: a) Resolución número uno, corregida por resolución número dos, emitidas los días diecisiete y veintiuno de julio de dos mil veintitrés, de fojas sesenta y dos a sesenta y tres; y, a fojas sesenta y ocho, respectivamente, mediante las cuales el juez de paz investigado admitió a trámite la demanda de “desahucio por precario” interpuesta por el señor Miguel Ángel Laurente Ocaña y la señora Miva Melcy Rodríguez Portella. b) Resolución número tres, de fecha ocho de setiembre de dos mil veintitrés, a fojas setenta y cuatro, mediante la cual se programó la audiencia única. c) Resolución número cuatro, de fecha ocho de setiembre de dos mil veintitrés, a fojas setenta y cinco, mediante la cual se declaró rebeldes a los demandados. d) Resolución número cinco, de fecha veinticinco de setiembre de dos mil veintitrés, de fojas setenta y ocho a