Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 106
106 NORMAS LEGALES Sábado 31 de enero de 2026 El Peruano / Lo cual motivó que se proponga su destitución, por haber incumplido el deber establecido en el artículo cinco, numeral uno, de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz que establece: “Actuar con independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones” ; y, por haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo siete, inciso seis, de la misma ley, consistente en: “Conocer, in fl uir o interferir de manera directa o indirecta en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especia” . Por lo que, habría incurrido en la comisión de la falta muy grave prevista en el inciso tres del artículo cincuenta de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz que dispone: “Conocer, in fl uir o interferir de manera directa o indirectamente, en causas a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la jurisdicción especial”. 2.2. En el presente procedimiento administrativo disciplinario se advierte que la jueza de paz investigada no ha cumplido con ejercer su derecho de defensa; es decir, que pese a haber sido noti fi cada con la resolución número dos, que dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario en su contra, la investigada no cumplió con presentar su descargo. Sin embargo, cabe señalar que cumplió con presentar un “informe de lo actuado” , que obra de fojas treinta y nueve a cuarenta, en el cual narra los hechos y las circunstancias en las que se otorgaron las escrituras de transferencia de posesión. 2.3. Ahora bien, la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial con el fi n de determinar que la jueza de paz investigada incurrió en la falta muy grave, contenida en el inciso tres del artículo cincuenta de la Ley de Justicia de Paz, ha recabado diversa documentación, como la que se detalla a continuación: i) El “informe de lo actuado” , de fojas treinta y nueve y cuarenta; así como, el acta de audiencia de fecha once de marzo de dos mil veinticinco, de fojas ochenta y siete a noventa y uno, en el cual la jueza de paz investigada señala principalmente: a) En un primer momento se presentó la señora Carmen Mescua Figueroa, para solicitar una constancia de posesión del terreno a favor del denunciante Alcalá Clementino Rojas Aguirre; pedido que fue negado por la jueza de paz investigada, por conocer qué quienes estaban en posesión del inmueble eran los hijos del señor Rojas Aguirre. b) Posteriormente, el denunciante Alcalá Clementino Rojas Aguirre se presentó ante la jueza de paz investigada, quien le sugirió que diera parte del terreno a favor de sus hijos, para compensar el daño por haberlos abandonado. c) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, el denunciante Alcalá Clementino Rojas Aguirre se presentó junto con la señora Carmen Mescua Figueroa ante la jueza de paz investigada, para poder llevar a cabo las transferencias de posesión a favor de sus hijos. d) Finalmente, el señor Alcalá Clementino Rojas Aguirre procedió a presentar su denuncia, a fi rmando haber sido engañado por la jueza de paz investigada. ii) De fojas cuarenta y uno a cuarenta y cuatro obra la escritura de transferencia posesoria de bien inmueble, efectuada por el señor Alcalá Clementino Rojas Aguirre a favor del señor Yordan Uber Rojas Veliz, en la que aparece la fi rma y huella digital del transferente, la fi rma del adquiriente, pero sin su huella digital y sin la fi rma de la jueza de paz investigada. iii) De fojas cuarenta y cinco a cuarenta y ocho, obra la escritura de transferencia posesoria de bien inmueble efectuada por el señor Alcalá Clementino Rojas Aguirre a favor de la señora Nataly Liliam Rojas Veliz, en la que aparece la fi rma y huella digital del transferente, pero no aparece fi rma ni huella digital de la adquirente, ni la fi rma de la jueza de paz investigada. iv) De fojas cincuenta a cincuenta y tres, obra la escritura de transferencia posesoria de bien inmueble efectuada por el señor Alcalá Clementino Rojas Aguirre a favor de la señora Maribel Luz Rojas Veliz, en la que aparece la fi rma y huella digital del transferente, pero no aparece fi rma ni huella digital de la adquirente, ni la fi rma de la jueza de paz investigada. 2.4. En el presente caso, se aprecia que la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a partir de una valoración conjunta y razonada de la documentación antes señalada concluyó que la jueza de paz investigada incurrió en la conducta disfuncional que se le imputa; esto es, que inter fi rió directamente para que el denunciante, señor Alcalá Clementino Rojas Aguirre, varíe su solicitud de constancia de posesión, respecto de un inmueble; y, sugiriéndole que en su lugar solicite la expedición de escrituras de transferencia de posesión del inmueble antes referido a favor de sus hijos; toda vez que, como la propia jueza de paz investigada ha señalado en su “informe de lo actuado” ; y, rati fi cado con su manifestación en la audiencia única, en efecto, sugirió o pidió al señor Alcalá Clementino Rojas Aguirre que entregue parte del terreno a sus hijos, como compensación por el daño que les provocó con su abandono, lo cual se corrobora con las escrituras de transferencia posesoria. 2.5. De esta forma, ha quedado acreditada una clara contravención al deber de independencia e imparcialidad que debía mantener la jueza de paz investigada en el ejercicio de sus funciones, toda vez que la investigada actuó con pleno conocimiento de que su conducta, consistente en sugerir al denunciante que efectúe las escrituras de transferencia de posesión a favor de sus hijos, contravenía la prohibición prevista en el artículo siete, inciso seis, de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz que proscribe in fl uir o interferir en causas, a sabiendas de estar legalmente impedida; conducta irregular que se encuentra tipifi cada como falta muy grave en el inciso tres del artículo cincuenta de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz. Asimismo, los elementos fácticos expuestos, permiten acreditar la existencia del elemento subjetivo del dolo, necesario para poder atribuir responsabilidad administrativa disciplinaria a la investigada; por lo tanto, se concluye que debe imponérsele la sanción correspondiente a la gravedad de la falta que cometió. 2.6. De otro lado, en el presente caso amerita tener en consideración el principio de “presunción de juez lego” , recogido en el literal c) del artículo seis del Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos noventa y siete guion dos mil quince guion CE guion PJ. Al respecto, corresponde tener presente que si bien la jueza de paz investigada manifestó en la audiencia única que tiene estudios escolares completos, al haber terminado el quinto de secundaria, que tiene el o fi cio de artesana; y, que además es una pequeña empresaria, no se puede dejar de observar lo señalado por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en el numeral cuatro punto seis del cuarto considerando de la resolución número nueve, en el cual establece que si bien los jueces de paz actúan conforme a su leal saber y entender, sí es posible exigirles mínimamente el conocimiento de las normas que regulan su propia actuación y su competencia, como los deberes y prohibiciones contenidos en el inciso uno del artículo cinco; y, en el inciso seis del artículo siete de la Ley de Justicia de Paz. Además, se debe valorar que venía ejerciendo el cargo por más de dos años con once meses; por lo tanto, en el caso de autos se veri fi ca que la investigada tenía las facultades su fi cientes para tener conocimiento de sus competencias y prohibiciones, con lo cual se concluye que la presunción de juez lego ha quedado enervada. 2.7. En cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, se debe tener en cuenta que el artículo cincuenta y cuatro de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro, Ley de Justicia de Paz, establece que la sanción de destitución se impone, entre otros, “en caso de la comisión de faltas muy graves” 1; así como, el literal k) del artículo sesenta y tres del Reglamento de la Ley número veintinueve mil ochocientos veinticuatro,