Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 (21/10/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 104

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 51

51 NORMAS LEGALES Miércoles 21 de octubre de 2026 El Peruano / EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE: Derecho constitucional de participación política 1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, así como también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica (artículo 31 de la Constitución Política del Perú); por tanto, el derecho de ser elegido tiene carácter fundamental, pero no absoluto, pues se puede restringir y condicionar por ley orgánica. Sin embargo, la reserva legal no puede signi fi car que la norma sea desproporcionada o irrazonable. 2. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 206 de la sentencia, del 23 de junio de 2005, declaró lo siguiente: La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defi na de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refi ere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fi n, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue [resaltado agregado]. [Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Prohibición constitucional de reelección de alcaldes 3. Los derechos políticos no son absolutos (artículo 31 de la Constitución), máxime cuando la restricción surge del propio texto fundamental: “No hay reelección inmediata para alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones” (tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución). 4. La prohibición constitucional de reelección de alcaldes constituye un mandato destinado a preservar el valor de la alternancia en el gobierno, propio de los sistemas democráticos, bajo la premisa de que todos tienen derecho a participar en los asuntos públicos y no únicamente una persona o un grupo reducido. En la democracia, basada en los principios de libertad e igualdad, no existen iluminados, imprescindibles o predestinados. Además, dicha prohibición busca frenar la posibilidad del uso indebido del poder y de los recursos públicos en bene fi cio de una campaña política reeleccionista. 5. Por otro lado, el debate público planteado sobre la “conveniencia de la reelección” tiene carácter político o extrajurídico, por lo que no es relevante para la solución judicial del caso, pues un tribunal de justicia, en cualquier materia, incluida la electoral (artículos 178, inciso 4, y 181 de la Constitución), resuelve sobre la base del ordenamiento jurídico válido y vigente (tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución), no sobre la base de especulaciones futuras o inciertas respecto de “lo que debería ser”. Alcances de la prohibición constitucional 6. La prohibición de reelección implica que la autoridad que ejerce o ha ejercido un cargo determinado en el periodo anterior no puede aspirar a ocupar el mismo puesto en el periodo inmediatamente sucesivo. Nótese que la Constitución prohíbe una consecuencia, un resultado, un objetivo o una meta especí fi ca: “no reelección” (tercer párrafo del artículo 194), pero no se refi ere a los medios o vías destinados a alcanzar ese resultado prohibido. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando una norma “prohíbe derribar árboles”, sin que resulte necesario especi fi car todos los medios mediante los cuales podría producirse ese resultado. Por tanto, la prohibición de reelección comprende todos los mecanismos directos o indirectos que pretendan eludir sus efectos. 7. La prohibición opera desde el momento de la postulación, por lo que se convierte en un impedimento para iniciar la carrera electoral, en virtud del tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución: “Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular”; es decir, la autoridad no puede postular en el periodo inmediatamente siguiente. Sin embargo, la prohibición también alcanza al ejercicio o a la asunción del cargo si, por determinadas circunstancias, el anterior alcalde pretendiera asumir nuevamente la misma función en el periodo sucesivo. 8. En tal sentido, los siguientes casos se consideran incluidos en el impedimento de postulación, pues desde el inicio se prohíbe la candidatura: a) Alcalde elegido en el periodo anterior que postula para el periodo sucesivo. b) Alcalde en funciones, luego de la vacancia del alcalde elegido, que postula para el periodo sucesivo, bajo la premisa de que su elección como regidor llevaba implícita la posibilidad de asumir la alcaldía en virtud de la sucesión legal; por tanto, quien ejerce efectivamente el cargo de alcalde no puede postular para el siguiente periodo. La misma consecuencia se aplicaría, por ejemplo, a un vicepresidente o a una autoridad interina que hubiese asumido la presidencia, respecto de quienes también operaría la prohibición de reelección. c) Alcalde elegido en el periodo anterior que ha renunciado antes de la conclusión del mandato y que postula para el periodo sucesivo. d) Alcalde elegido en el periodo anterior o que hubiese renunciado previamente, que postula como primer regidor en el periodo sucesivo y en cuya lista el candidato a alcalde ha renunciado o su postulación fue rechazada, por lo que, con ello, aspira a un nuevo periodo como alcalde. e) Alcalde elegido en el periodo anterior o que hubiese renunciado previamente, que postula en la lista de regidores en el periodo sucesivo y en cuya lista los candidatos que lo preceden han renunciado o sus postulaciones han sido rechazadas, por lo que, con ello, aspira a un nuevo periodo como alcalde. Un caso distinto es el siguiente, en el que el impedimento se produce al momento de la posterior asunción del cargo por un hecho sobrevenido, pues la postulación fue válida: f) Alcalde elegido en el periodo anterior o que hubiese renunciado previamente, que postula en una lista de regidores y, luego de la proclamación de resultados, ante la renuncia o vacancia, por causas voluntarias y no fortuitas, del nuevo alcalde elegido o ya en funciones, pretende asumir la alcaldía. En este supuesto, no puede asumir el cargo por efecto de la prohibición de reelección, sino que el llamamiento debe recaer en la persona que sigue en la lista. En esta hipótesis, el impedimento no opera respecto de la postulación, sino del ejercicio del cargo, por lo que corresponde denegarle las credenciales de alcalde. La Constitución no regula las distintas combinaciones fácticas, pues la prohibición se centra en el resultado. Por ello, la referencia a “reelección encubierta”, “indirecta” o “fraudulenta” no es necesaria, pues el solo enunciado de la prohibición impide recurrir a medios directos o indirectos destinados a frustrar su fi nalidad. La constitución no protege la trapacería 9. La Constitución pretende con fi gurar la convivencia social en diversos aspectos, sobre la base del bien común,