Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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55 NORMAS LEGALES Miércoles 21 de octubre de 2026 El Peruano / 2.2. Frente a dicha información, el JEE, a través de la Resolución N° 01676-2026-JEE-CPOR/JNE, del 23 de agosto de 2026, dispuso la exclusión del señor candidato por haber omitido consignar en su DJHV la referida resolución penal con reserva de fallo condenatorio emitida en su contra, al considerar que dicha omisión con fi guraba la causal de exclusión prevista en el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.2.), referida a la omisión de la información sobre sentencias condenatorias fi rmes impuestas al candidato por delitos dolosos, incluidas las sentencias con reserva de fallo condenatorio. 2.3. Respecto de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones políticas. 2.4. Así, las DJHV coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también establecer mecanismos que aseguren el registro de toda la información solicitada y la veracidad de los datos consignados, lo que acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general -como la sanción de exclusión de candidatos- orientados a disuadir la omisión de información relevante o la consignación de datos falsos en las declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. No obstante, este Supremo Tribunal Electoral también ha establecido de manera uniforme que la sanción de exclusión, al constituir una severa restricción al derecho constitucional de participación política y al ejercicio del sufragio pasivo, debe ser aplicada bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y primacía de la verdad material, evitando interpretaciones formalistas y automáticas que desnaturalicen la fi nalidad de la norma constitucional. 2.5. En relación con lo indicado, se advierte que el numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP (ver SN 1.2.), en concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.7.), prevé que, cuando se detecte la omisión de información en las DJHV de los candidatos, relacionada con las sentencias condenatorias fi rmes por delitos dolosos impuestas en su contra, corresponde su exclusión del proceso electoral. Al respecto, para la con fi guración de esta infracción electoral de máxima gravedad, es presupuesto indispensable que al momento de la postulación exista una condena penal vigente y efi caz, o en su defecto, una reserva de fallo condenatorio penalmente activa y exigible. 2.6. De las normas legales y reglamentarias expuestas, se aprecia que los candidatos están obligados a declarar, entre otros, la relación de sentencias condenatorias fi rmes que se les hayan impuesto, lo cual incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio. Así las cosas, en el supuesto de omisión en este rubro, la consecuencia es el retiro del candidato. Sin embargo, este órgano colegiado determina que dicha exigencia de declaración obligatoria no resulta aplicable respecto de mandatos o reservas de fallo cuyos efectos penales y punitivos se encuentren extinguidos de manera de fi nitiva con anterioridad a la presentación de la DJHV, toda vez que no se puede imputar la omisión de una situación jurídica penal que ha dejado de tener vigencia y efectos en dicha vía. 2.7. Estando a lo señalado, de los actuados obrantes en autos, se veri fi ca que el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo imputó al señor candidato haber omitido consignar en su DJHV la sentencia con reserva de fallo condenatorio dictada en su contra por el Tercer Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, recaída en el Expediente N° 1667-2021-26-1903-JR-PE-03, por el delito contra la familia, en la modalidad de omisión de asistencia familiar, en agravio de su menor hijo.2.8. Ahora bien, el señor recurrente sostiene que, al momento de suscribir la DJHV, la acción penal correspondiente al proceso penal por omisión de asistencia familiar ya se encontraba prescrita, conforme lo dispuso de o fi cio la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto mediante la Sentencia de Vista (Resolución N° 11), del 19 de setiembre de 2023, la cual únicamente con fi rmó de manera parcial los extremos de naturaleza civil referidos al pago de S/ 500.00 por concepto de reparación civil y de S/ 3 993.37, por concepto de pensiones alimenticias devengadas. Asimismo, re fi ere que no existió una conducta de ocultamiento deliberado, en tanto que el candidato declaró de buena fe en el rubro V de su DJHV una sentencia por alimentos recaída en el Expediente N° 1279-2020-01903-JP-FC-03 del Juzgado de Paz Letrado de San Juan. Al respecto, este órgano electoral concluye que, al haberse declarado de o fi cio la prescripción de la acción penal en segunda instancia judicial, se extinguió la potestad punitiva del Estado sobre el candidato, dejando sin efecto la reserva de fallo condenatorio inicialmente dictada. Por consiguiente, al momento de la postulación, no existía una reserva de fallo condenatorio penalmente vigente que declarar, y la subsistencia de los extremos patrimoniales con fi rmados (reparación civil y alimentos devengados) corresponden a obligaciones de naturaleza estrictamente civil que no se subsumen en la causal de exclusión de la LOP, por lo que el recurso de apelación debe ser estimado. 2.9. En tal sentido, si bien la obligación de declarar las sentencias con reserva de fallo condenatorio en la DJHV tiene naturaleza electoral y busca garantizar la transparencia y el voto informado, este Supremo Tribunal Electoral considera que dicha exigencia no puede extenderse a procesos penales donde la acción penal ha sido expresamente declarada prescrita por el órgano jurisdiccional superior con anterioridad a la presentación de la DJHV. Una interpretación conforme con la Constitución exige determinar que la prescripción de la acción penal, al extinguir la pretensión punitiva del Estado de manera de fi nitiva, elimina la existencia de una reserva de fallo penalmente vigente, por lo que su no declaración no puede ser cali fi cada como una omisión sancionable o destinada a ocultar información al electorado. 2.10. En esa línea, la Sentencia de Vista (Resolución N° 11), del 19 de setiembre de 2023, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, al declarar de o fi cio la prescripción de la acción penal a favor del señor candidato, reformó sustancialmente su situación jurídica penal, dejando sin efecto y extinguiendo la reserva de fallo condenatorio dictada primigeniamente en primera instancia por el delito de omisión de asistencia familiar. Por lo tanto, al haber cesado los efectos penales y ordenado el archivo defi nitivo del proceso penal con anterioridad al inicio de las ERM 2026, ya no existía un mandato punitivo vigente ni una condena fi rme que el candidato estuviera obligado a consignar en el rubro V, bajo apercibimiento de exclusión en los términos del numeral 23.5 del artículo 23 de la LOP. 2.11. Asimismo, este órgano electoral precisa que la confi rmación parcial efectuada por la Sala Superior en la referida sentencia de vista respecto a los extremos de naturaleza civil -consistentes en el pago de S/ 500.00 por concepto de reparación civil y de S/ 3 993.37 por pensiones alimenticias devengadas- no altera la extinción de la vía penal por prescripción. Las deudas alimentarias o reparaciones de carácter pecuniario que subsisten en un proceso penal archivado constituyen obligaciones de carácter estrictamente patrimonial y civil que no con fi guran bajo ningún supuesto una condena penal fi rme por delito doloso ni una reserva de fallo activa. Sostener que la subsistencia de deudas civiles obliga a declarar un proceso penal extinguido implicaría realizar una equiparación analógica en perjuicio del candidato, vulnerando el principio de legalidad y el derecho fundamental a ser elegido. Ello resulta más evidente aun cuando se constata que el señor candidato sí declaró en el rubro V de su DJHV el proceso de alimentos concomitante recaído en el Expediente N° 1279-2020-01903-JP-FC-03 del Juzgado de Paz Letrado de San Juan, lo que descarta