Norma Legal Oficial del día 27 de marzo del año 2017 (27/03/2017)

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NORMAS LEGALES

Lunes 27 de marzo de 2017 /

El Peruano

para diseñar e implementar políticas multisectoriales, un enfoque basado en evidencias nacionales e internacionales, una policía que reconozcan el valor de coordinar con otras instituciones civiles, y una sociedad civil abierta a apoyar y hacer suya los cambios propuestos por el Estado (Hoelscher & Nussio, 2015). Existe vasta evidencia sobre la naturaleza y las características de la violencia urbana. Por ejemplo, mientras el crimen y la violencia se incrementan y se adhieren a la cultura y sociedad, las soluciones son más difíciles, lo que obliga a enfocarse en territorios con índices de criminalidad ascendente, para no llegar a situaciones difíciles de remediar. Además, la violencia se expande con patrones epidemiológicos, por lo que se debe trabajar tanto con agresores como con víctimas, para cambiar su comportamiento y el de su entorno (World Health Organization, 2010). Adicionalmente, se necesitan estrategias que aborden el problema a corto plazo para recuperar el dominio de las calles y la confianza de la población en la policía (con patrullaje efectivo, inteligencia, operativos certeros, alianzas con la población, etc.), a la par de acciones de prevención y consolidación del tejido social de más largo aliento (abordando el desempleo, la deserción escolar, la violencia en cualquiera de sus formas, la desprotección de niñas, niños, adolescentes, etc.), permitiendo que la población adquiera capacidades de autoprotección e identificación de factores de riesgo. En este sentido, el trabajo debe focalizarse en lugares, personas y conductas de alto riesgo (Muggah, de Carvalho, Alvarado, Marmolejo, & Wang, 2016). Además, las acciones necesarias para reducir el crimen y la violencia no siempre coinciden con las que previenen su aparición. En otras palabras, la prevención no es retroactiva (Betancourt, 2016), lo que hace necesario efectuar acciones que disminuyan el crimen y la violencia, junto con otras acciones que consolidan el proceso y previenen un nuevo escalamiento. La inseguridad imperante ha provocado que los ciudadanos se vayan confinando al ámbito de sus domicilios, sin hacer uso de los lugares públicos y abiertos al público. La instalación de rejas, alambradas, contratación de vigilantes informales, y otras decisiones similares, parecen ser el signo de los tiempos, sin que se pueda afirmar el pleno ejercicio de libertades y derechos democráticos. Los ciudadanos son acosados por raqueteros, extorsionadores, asaltantes, pandilleros, pendencias entre bandas de criminales, etc. Esto ha generado tal sensación de inseguridad que impide el disfrute de una vida en democracia y la concreción de los proyectos personales, familiares o comunales. En muchos casos, las personas ya no se sienten seguras ni siquiera en el interior de sus viviendas (Carrión Zavala, 2016). Barrio Seguro es una respuesta inmediata a estos problemas. 2 PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN El crecimiento económico puede llevar a un incremento de la violencia si coincide con instituciones débiles, altos niveles de inequidad y tensiones entre grupos sociales (Institute for Economics and Peace, 2015). La relación entre crecimiento y criminalidad, en un contexto de urbanización acelerada y excluyente, ha recibido el nombre de "dilema urbano" (Muggah, 2012). En el Perú existe evidencia del dilema urbano. Un estudio demuestra que el PBI per cápita, la densidad poblacional y las desigualdades económicas tienen un impacto significativo sobre la cantidad de robos registrados en la última década; y, consistentemente, mientras las desigualdades económicas explicarían la violencia urbana, no sucede lo mismo con la pobreza (Hernández Breña, 2016). A diferencia de la pobreza, la correlación entre desigualdad y delincuencia podría tener incluso una relación de causalidad (Fajnzylber, Lederman, & Loayza, 2012). Es más, aunque las brechas económicas se hayan reducido ligeramente en el Perú, estas son todavía lo suficientemente altas para incentivar delitos aspiracionales: aquellos que buscan satisfacer expectativas de consumo y movilidad social (PNUD, 2013). Esto se explica también porque el crecimiento económico aumenta el consumo, expande la clase media y genera nuevas empresas locales, creando, a su vez, nuevos mercados para las redes criminales (Garzón Vergara, 2015). En suma, pese a la reducción de la pobreza, el crecimiento económico peruano de los años recientes ha venido acompañado de

un número mayor de ocurrencias criminales. El aumento de la delincuencia se ha localizado en algunas zonas urbanas del país que, habiendo gozado de los beneficios del crecimiento, sufrieron una súbita expansión urbana, tan desigual como desordenada, carente de instituciones y autoridades que salvaguarden el bienestar y la seguridad de todos sus ciudadanos. Desde el año 2011, la percepción de inseguridad en el Perú supera el 85%, mientras la victimización por delincuencia disminuyó de 40% a 30% entre los años 2011 y 2015 (INEI, 2016). Existe una aparente contradicción entre estos indicadores, que muestran una percepción de inseguridad en ascenso en un contexto de victimización que se reduce. Sin embargo, esta aparente contradicción se puede explicar por características y tendencias criminológicas que justifican tanto la preocupación de la ciudadanía como la urgente respuesta del gobierno. Estos datos cobran mayor relevancia desde una perspectiva comparada, es decir, cuando se miran a nivel regional y/o local. En primer lugar, la tasa de homicidios a nivel nacional subió de 5.4 a 7.2 homicidios por cada 100,000 habitantes entre los años 2011 y 2015 (Consejo Nacional de Política Criminal, 2016). Este incremento es poco significativo si se considera que la tasa de homicidios del Perú es una de las más bajas de América Latina, donde el promedio regional es 20 por 100,000 habitantes. No obstante, en varias ciudades del Perú, especialmente en la costa norte y centro, los asesinatos han aumentado muy por encima del promedio nacional y regional, como es el caso de Pisco (28.1%), Barranca (33.5%) o Tumbes (41.2%). Al aumento de la tasa de homicidios, en muchos casos generada por el sicariato y los ajustes de cuenta, se suman crímenes predatorios como extorsión y trata de personas. Por otro lado, el Perú sigue teniendo uno de los porcentajes más altos de victimización por delincuencia en la región (Carrión, Zárate, & Zechmeister, 2015). La percepción de inseguridad puede provenir de la llamada "desorganización social", que afecta al ciudadano de manera directa y frecuente en forma de pequeños delitos patrimoniales, accidentes de tránsito, violencia sexual en las calles, entre otros (Mujica & Zevallos, 2016). En este sentido, la mayoría de denuncias policiales provienen de delitos patrimoniales, especialmente robos de carteras, billeteras, dinero y celulares, además de algunos de mayor envergadura como vehículos y domicilios. Los delitos, además, son cada vez más violentos debido al uso de armas de fuego por parte de los agresores. Ello trae consigo, en muchas ocasiones, lesiones o el fallecimiento de las víctimas. A esto se suma la desconfianza hacia la policía, que supera el 70% a lo largo del país (CONASEC, 2015). La falta de respuesta de las autoridades responsables de hacer cumplir la ley genera incertidumbre. En términos prácticos, la percepción de inseguridad es una manifestación del miedo al ambiente por el que transitan los ciudadanos de las urbes peruanas. La situación se agrava por la inoperancia y, en algunos casos, la inexistencia de comisarías en varios distritos del Perú. En el segundo semestre del 2016, había 1,505 comisarías para 1,838 distritos. Dado que la demarcación distrital no coincide necesariamente con las jurisdicciones de las comisarías que allí operan, las coordinaciones entre el comisario y los gobiernos locales se dificultan. Si bien casi el 100% de comisarías tiene computadoras propias y operativas, y el 91% cuenta con algún equipo de comunicación propio, solo el 61% tiene servicios básicos adecuados (agua, desagüe y electricidad todos los días de la semana y las 24 horas al día), mientras el 41% tiene conexión permanente y adecuada a Internet. Además, solo un tercio de las 1,397 comisarías básicas (no especializadas) tiene acceso al Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), la mitad al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y aproximadamente dos tercios a las requisitorias policiales (INEI, 2016). Por último, pero no menos importante, hay cerca de 40,385 policías trabajando en las comisarías del país (4,000 más que en el año 2015), de los cuales más de 1,730 son oficiales. Al 2015, había un policía en comisaría por cada 856 habitantes. A lo largo del territorio nacional, hay una distribución insuficiente de efectivos policiales, además de inequitativa, pues su número no corresponde ni con la densidad poblacional ni con los índices criminales. La distribución de efectivos en comisarías