Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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52 NORMAS LEGALES Martes 13 de enero de 2026 El Peruano / Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, al realizar propaganda en favor de la organización política Renovación Popular (en adelante, OP). 1.2. A través de la Resolución Nº 00496-2025-JEE- HCYO/JNE, el 26 de julio de 2025, el JEE dispuso correr traslado de los actuados para que el señor recurrente presente sus descargos. Sin embargo, al no haberse concretado la noti fi cación correspondiente, mediante la Resolución Nº 00856-2025-JEE-HCYO/JNE, del 16 de septiembre de 2025 se ordenó reiterar la noti fi cación, la cual fi nalmente se efectuó el 30 de septiembre de 2025, según consta en la Noti fi cación Nº 27643-2025-HCYO. 1.3. El 1 de octubre de 2025, el señor recurrente presentó su descargo respecto a las Resoluciones Nº 00856-2025-JEE-HCYO/JNE y Nº 00496-2025-JEE- HCYO/JNE, en el cual señaló, entre otros, lo siguiente: a) El Informe Nº 000067-2025-MCP-JEEHUANCAYO- EG2026/JNE identi fi ca una posible infracción a la normativa electoral por la presencia de 133 elementos publicitarios que mostrarían la imagen, nombre y color celeste asociados a la OP, lo que sugeriría proselitismo político a favor de dicha organización y una presunta intencionalidad de su presidente, Rafael López Aliaga. No obstante, este niega haber autorizado el uso de su imagen, indicando que varios de esos materiales corresponderían a otras personalidades o candidatos, y rechaza toda vinculación con ellos. b) Niega toda responsabilidad, a fi rmando que no existen pruebas ni indicios que lo vinculen con la autoría, fi nanciamiento o autorización de dichos paneles. Además, aclara que nunca autorizó el uso de su imagen, que no puede responder por actos de terceros y que no utilizó recursos públicos ni ordenó la colocación de publicidad alguna. c) Argumenta que no se con fi guran las condiciones legales para considerar una conducta infractora, ya que la presunta propaganda no se realizó en el marco de una actividad o fi cial ni está relacionada con funciones propias del cargo de alcalde. Además, no existe prueba que demuestre que la supuesta acción fue plani fi cada, fi nanciada o ejecutada por la Municipalidad de Lima, ni sustento normativo que la vincule con sus atribuciones institucionales. Además, en los materiales observados no se invoca su condición de autoridad, requisito necesario para con fi gurar la infracción, pues no se hace referencia a su cargo en las evidencias presentadas. d) Alega que el Informe no considera el artículo 33, necesario para determinar la existencia de la supuesta infracción, y que interpretar el reglamento de manera distinta contraviene el marco normativo vigente. Según el principio de legalidad y normas constitucionales y civiles, no se pueden aplicar de forma analógica disposiciones restrictivas en un procedimiento sancionador. Además, la presunta infracción, aunque descrita en abstracto en la norma, no basta para iniciar un procedimiento, pues no se ha veri fi cado que los hechos cumplan concretamente todos los elementos requeridos para que esté con fi gurada. e) Al no haberse demostrado que los hechos imputados con fi guren efectivamente la infracción, el inicio del procedimiento sancionador vulnera los principios de tipicidad, legalidad y debido procedimiento establecidos en la Ley Nº 27444. Por ello, sostiene que el procedimiento debe ser declarado “NO HA LUGAR” y archivado. 1.4. Con la Resolución Nº 01167-2025-JEE-HCYO/ JNE, del 20 de octubre de 2025, el JEE declaró que el señor recurrente infringió lo establecido en el numeral 32.1.5. del artículo 32 del citado cuerpo normativo, por lo siguiente: a) El señor recurrente, habría hecho proselitismo usando su imagen y nombre para favorecer a la OP, lo que contraviene el principio de neutralidad que exige a las autoridades no intervenir en procesos electorales. b) El artículo 33 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad establece que la infracción a la neutralidad ocurre solo si la autoridad actúa en el ejercicio de sus funciones o invoca su cargo para in fl uir en el voto. Basado en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de fi ne las condiciones para evaluar casos en que autoridades favorezcan o perjudiquen a un partido o candidato, aplicándose de manera restrictiva según la jerarquía del cargo. c) Para la infracción del numeral 32.1.5 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, que sanciona hacer propaganda a favor o en contra de un partido o candidato, no es necesario cumplir las “condiciones” del artículo 33º, ya que estas solo aplican a los casos del numeral 32.1.2 en concordancia con el literal b del artículo 346 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE). d) El señor recurrente, en su calidad de exalcalde de Lima y presidente de la OP, habría hecho proselitismo político usando su imagen y los colores del partido, lo que podría vulnerar el principio de neutralidad, aunque no se ha presentado denuncia formal. e) Las autoridades públicas deben mantener la neutralidad electoral, ya que su posición puede in fl uir en la opinión y emociones de los ciudadanos, lo cual afecta la libre expresión del voto y genera un posible desbalance en el proceso electoral. f) El JEE determinó la existencia de infracción en materia de neutralidad electoral, por parte del señor recurrente, por haber incurrido en la infracción establecida en el inciso 32.1.5, del numeral 32.2, del artículo 32 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, aprobado mediante Resolución Nº 0112- 2025-JNE, por lo que se le ordena abstenerse de nuevas infracciones, con posible sanción a él y al partido, y se remite el caso a la Contraloría y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para las acciones correspondientes. Segundo.- SÍNTESIS DE AGRAVIOS2.1. El 29 de octubre de 2025, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 01167-2025-JEE-HCYO/JNE, del 20 de octubre de 2025, emitida por el JEE, solicitando que se revoque dicha decisión con base, fundamentalmente, en los siguientes argumentos: a) La Resolución Nº 01167-2025-JEE-HCYO/ JNE interpreta que las condiciones del artículo 33 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad no aplican al numeral 32.1.5, sino solo al 32.1.2. Sin embargo, cuestiona dicha interpretación, señalando que ningún órgano administrativo puede modi fi car o reinterpretar el sentido de una norma sin seguir el procedimiento legal correspondiente. Así, advierte que el Jurado Electoral Especial no tiene facultad normativa y que su interpretación extensiva vulnera los principios de legalidad y tipicidad. Además, sostiene que no existen pruebas que lo vinculen con la supuesta propaganda política, y que las resoluciones citadas por el JEE no justifi can la inaplicación del artículo 33 en este caso. b) La Resolución Nº 0528-2025-JNE, emitida en el caso del exgobernador César Acuña Peralta, constituye un precedente vinculante sobre “la correcta interpretación y aplicación del numeral 32.1.5 y del artículo 33 del Reglamento de Conducta de Neutralidad”. El JNE determinó que el Jurado Electoral Especial de Tumbes actuó de forma arbitraria al interpretar extensivamente la norma y sancionar sin pruebas que acreditaran la participación directa o indirecta del investigado en actos de propaganda, vulnerando los principios de legalidad, tipicidad y motivación. Por tanto, sostiene que este criterio debe aplicarse al presente expediente, dado que los hechos son análogos y no existen pruebas fehacientes ni nexo causal con la presunta infracción, correspondiendo el archivo del caso en respeto a la uniformidad jurisprudencial y al principio de legalidad. c) El Informe Nº 000067-2025-MCP-JEEHUANCAYO- EG2026/JNE atribuye a Rafael López Aliaga una presunta infracción al numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, al señalar que existirían 133 elementos publicitarios con su imagen, nombre, color celeste y símbolo de la OP, interpretando ello como propaganda a favor de dicha organización. Sin embargo, sostiene que no existe prueba que demuestre su autoría, fi nanciamiento o autorización de los paneles, ni indicios razonables que acrediten su participación.