Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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69 NORMAS LEGALES Martes 13 de enero de 2026 El Peruano / prohibida de practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a un determinado partido o candidato (ver SN 1.2.). Asimismo, el subnumeral 32.1.2 del numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad señala, entre las infracciones en las que incurren las autoridades públicas, practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato (ver SN 1.15.). 2.19. Con relación a ello, conforme ha sido mencionado en la jurisprudencia (ver SN 1.17.), resulta necesario verifi car el cumplimiento de los tres (3) requisitos del tipo infractor que se atribuyen a la mencionada autoridad edil. Por lo tanto: a) El señor recurrente, en su condición de primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, ostenta la calidad de autoridad política a la que le resulta plenamente exigible el cumplimiento y respeto del principio de neutralidad electoral , por lo que se constituye en el presunto sujeto activo de la comisión de la conducta infractora. b) Ahora corresponde determinar si se con fi gura una conducta omisiva del señor recurrente que haya implicado un favorecimiento hacia una determinada organización política: i. Sobre el particular, corresponde señalar que, conforme al Reglamento del Congreso, el señor recurrente tiene el deber de supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio parlamentario , así como disponer lo necesario para la adecuada administración de los recursos físicos y humanos puestos al servicio del Congreso. ii. Los órganos parlamentarios están conformados por el Pleno, Consejo Directivo, la Presidencia, Mesa Directiva las Comisiones y Junta de Portavoces (ver SN 1.7), mientras que, entre los conformantes del servicio parlamentario encontramos a la O fi cialía Mayor el cual cuenta con autonomía funcional y de gestión.(Ver SN 1.10 y 1.11). iii. Además, la O fi cialía Mayor es el máximo órgano del Servicio Parlamentario del Congreso responde ante el presidente del Congreso por la marcha y resultados de las dependencias y del personal del Servicio Parlamentario . Le corresponde la dirección, supervisión y control, directo o por delegación, de los órganos y las unidades orgánicas a su cargo, así como todas las actividades del servicio parlamentario destinadas a preparar, asistir, apoyar y facilitar el desarrollo de las funciones orgánicas y funcionales de los congresistas. Asimismo, ostenta la representación legal de la administración, ejerce la jefatura sobre todo el personal y cuenta con competencia disciplinaria, organiza y dirige el Servicio Parlamentario. (ver 1.11, 1.12 y 1.13). iv. A su vez, tiene como dependiente a la Dirección General de Administración que tiene como funciones supervisar los procesos administrativos de la gestión de los recursos humanos, abastecimiento , entre otros v. En tal sentido, se colige que, si bien el señor recurrente tiene un deber de supervisión, este se encuentra circunscrito exclusivamente a los órganos y servicios parlamentarios (véase SN 1.9); entre ellos, la Ofi cialía Mayor, instancia que le rinde cuenta respecto de la marcha y resultados de las dependencias y del personal del servicio parlamentario (véase SN 1.11). vi. Asimismo, si bien el señor recurrente tiene el deber de disponer lo necesario para la adecuada administración de los recursos físicos y humanos al servicio del Congreso (véase SN 1.9), ello no supone que sea su función directa supervisar y controlar las actividades laborales de la totalidad del personal. Tales atribuciones corresponden de manera directa a la O fi cialía Mayor. vii. En ese contexto, el deber de cautelar que la cámara del Congreso no sea sustraída de su esfera patrimonial ni utilizada para fi nes distintos a los institucionales se encuentra comprendido dentro de la responsabilidad directa de la O fi cialía Mayor, y no del Presidente del Congreso. Ello obedece a que la O fi cialía Mayor rinde cuentas ante la Presidencia respecto de la marcha y resultados de las dependencias a su cargo, entre las cuales se encuentra la Dirección General de Administración, responsable de la gestión de los recursos humanos y del abastecimiento. viii. Por lo expuesto, se advierte que no resulta atribuible al señor recurrente la acción omisiva consistente en la falta de supervisión y control respecto de la cámara que fue utilizada en el evento proselitista, toda vez que dicha función no se encuentra comprendida dentro de sus deberes funcionales ni dentro de sus atribuciones institucionales. En consecuencia, no puede imputársele una conducta omisiva que haya favorecido a determinada organización política. c) Respecto al tercer elemento, los hechos han ocurrido en el contexto de las EG 2026. 2.20. En adición a lo señalado previamente, si bien no se han incorporado a los actuados elementos que acrediten la supervisión ejercida por el señor recurrente respecto de la O fi cialía Mayor —que forma parte del servicio parlamentario— (véase SN 1.9), se aprecia que el colaborador del Área de Participación Ciudadana que efectuó el uso indebido de la cámara ya no presta servicios en el Congreso, lo cual constituye un indicio de una acción de supervisión por parte del señor recurrente. 2.21. Ahora bien, resulta pertinente precisar que, si bien el señor recurrente ostenta la condición de máxima autoridad del Congreso, ello no implica que recaiga sobre él un deber superior e inexcusable de cautelar directamente el patrimonio estatal ni de garantizar que todo recurso bajo el ámbito institucional sea impedido de un eventual uso con fi nes proselitistas. Ello obedece, como se mencionó, a la O fi cialía Mayor, en su calidad de órgano responsable del personal y de la administración, que son las instancias competentes para tales labores. En consecuencia, no puede exigirse al recurrente una supervisión permanente de dichos bienes, pues ello implicaría el descuido de sus funciones propias, máxime cuando existe un órgano especí fi camente encargado de tales responsabilidades. 2.22. Además, el Tribunal Constitucional en la línea de lo que ya la Corte Suprema ha de fi nido jurisprudencialmente, ha señalado que ésta ha sostenido que los funcionarios públicos solo responden por las consecuencias derivadas de sus actos propios delineados normativamente en el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad; y descarta que respondan por actos de terceros funcionalmente ubicados en un nivel inferior u horizontal (ver SN 1.18.). 2.23. De lo hasta aquí expuesto, al no haberse constatado que se infringieron las normas sobre neutralidad estatal, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por señor recurrente, en su calidad de primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República; revocar la Resolución Nº 00133-2025-JEE- PCYO/JNE, del 13 de noviembre de 2025, en el extremo en que se determinó que dicha autoridad había infringido lo dispuesto en el subnumeral 32.1.2 del numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral; y, reformándola, disponer que la mencionada autoridad no ha incurrido en la infracción al deber de autoridad prevista en la citada disposición normativa. 2.24. Asimismo, corresponde precisar que el presente pronunciamiento no alcanza a don Jaime Abensur Pinasco, director general parlamentario, y don Daniel Constantino Luza Amésquita, en ese entonces, servidor de la O fi cina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, fueron incluidos en la determinación de la infracción señalada en la Resolución Nº 00133-2025-JEE-PCYO/JNE, del 13 de noviembre de 2025, materia de apelación, toda vez que no han interpuesto recurso impugnatorio alguno y la resolución ha quedado fi rme. 2.25. La noti fi cación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.19.). Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,