Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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65 NORMAS LEGALES Martes 13 de enero de 2026 El Peruano / el 19 de abril de 2025 (en adelante, el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad), en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026). Oído el informe oralANTECEDENTES 1.1. Mediante los Informes Nº 000038-2025-LLC- JEEPACASMAYO-EG2026/JNE y 000039-2025-LLC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE, de 3 de noviembre de 2025, la coordinadora de fi scalización del JEE informó sobre la presunta infracción a las normas de neutralidad en periodo electoral por parte del señor recurrente, entre otros, por el uso indebido de bienes a favor de la organización política Fuerza Popular (en adelante, OP). 1.2. A través de la Resolución Nº 00097-2025-JEE- PCYO/JNE, del 4 de noviembre de 2025, el JEE resolvió, entre otros, correr traslado de ambos informes al señor recurrente y otro. 1.3. El 6 de noviembre de 2025, se recibió el descargo del señor recurrente en los siguientes términos: a) Existe atipicidad por ausencia de acto imputable al señor recurrente. No se ha acreditado que haya cometido acto alguno para favorecer a una organización política, ni que haya dado orden, autorización o consentimiento para el uso de la cámara en el evento partidario. b) Se han inobservado las condiciones del artículo 33 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, ya que no concurren los literales a y b. c) Las funciones del señor recurrente son de dirección político-institucional y para garantizar el funcionamiento del Congreso, pero no son de gestión operativa directa de bienes ni de custodia inmediata de equipos, responsabilidad que corresponde, según el reglamento, a la O fi cialía Mayor. Además, no se ha alegado ni probado que el presidente haya invocado su cargo para in fl uir en la intención de voto o se haya manifestado contra otra opción política, conforme al literal b del artículo 33 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad. d) Hay insu fi ciencia probatoria y falta de individualización del hecho. La denuncia se basa en un video y registros fotográ fi cos que no acreditan acto, autorización o conocimiento del señor recurrente. El uso indebido denunciado no se individualiza ni se demuestra el nexo de participación o conocimiento del recurrente, por lo que no puede atribuirse responsabilidad por neutralidad en su contra. e) El artículo 32.1.2 sanciona a quien “practica actos” de favorecimiento. Aunque el artículo 33 menciona “conducta comisiva y omisiva”, ello no amplía el artículo anterior para sancionar una “omisión de vigilancia” sin demostrar acto propio o invocación de su condición. f) El artículo 33 establece cuándo una conducta puede constituir infracción, pero no modi fi ca el contenido del numeral 32.1.2, que exige un acto de favorecimiento. La imputación se sustenta en un deber genérico de supervisión, sin acreditarse acto alguno del señor recurrente. g) En cuanto a la división de roles y deberes señalada en el Reglamento del Congreso, la O fi cialía Mayor tiene a su cargo la dirección, supervisión y control del servicio parlamentario, y responde ante el señor recurrente por la marcha y resultados de sus dependencias. Esto impide atribuir automáticamente al presidente cualquier falta operacional sobre bienes sin evidencia de orden, autorización o conocimiento. En el caso, no existe prueba de instrucción o participación del señor recurrente en el uso de la cámara en el evento partidario. h) El artículo 346.b de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), menciona explícitamente “practicar actos […] que favorezcan o perjudiquen”, lo que refuerza que la sanción por nulidad se activa con acto atribuible o invocación de la condición de autoridad en el sentido del artículo 33. 1.4. A través del Informe Nº 000053-2025-LCC- JEEPACASMAYO-EG2026/JNE, del 9 de noviembre de 2025, la coordinadora de fi scalización del JEE dio a conocer que el ciudadano que hizo uso de la videocámara fue don Daniel Constantino Luza Amésquita. Asimismo, se señaló que quien estuvo en reemplazo del o fi cial mayor del Congreso, don Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, durante su periodo vacacional fue el director general parlamentario, don Jaime Abensur Pinasco. 1.5. El 13 de noviembre de 2025, a través de la Resolución Nº 00133-2025-JEE-PCYO/JNE, se declaró que el señor recurrente, entre otros, incurrió en infracción al deber de neutralidad, previsto en el subnumeral 32.1.2 del numeral 32.1, del artículo 32 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad; y se dispuso la remisión de copias de los principales actuados al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Congreso de la República, para que procedieran de acuerdo con sus atribuciones. 1.6. En la resolución el JEE sostuvo que el señor recurrente en su calidad de máxima autoridad del pliego, tenía el deber superior e inexcusable de cautelar el patrimonio estatal y garantizar que ningún recurso sea usado con fi nes proselitistas. Su omisión en establecer controles efectivos constituyó el factor causal que permitió que un bien del Congreso fuera puesto al servicio de la OP lo cual se subsume en el tipo infractor de “favorecer”. 1.7. El 17 de noviembre de 2025, fue noti fi cado el señor recurrente con la Resolución Nº 00133-2025-JEE-PCYO/JNE, a través de la Mesa de Partes Digital del Congreso de la República. 1.8. El 19 de noviembre de 2025, el señor recurrente interpuso recurso de apelación en los siguientes términos: a) Resulta lesivo al principio de tipicidad pretender subsumir una supuesta conducta omisiva dentro de un tipo normativo que exige, de manera expresa y categórica, la realización de un acto positivo, como es el “practicar actos […] que favorezcan o perjudiquen”. La inacción, por defi nición, no constituye un “acto” y, por ende, no puede subsumirse en un tipo construido para sancionar actos. b) No se con fi gura ninguna de las condiciones del artículo 33. c) Existe una distribución normativa de competencias en el Congreso. Así, el Reglamento del Congreso establece que la O fi cialía Mayor es el órgano responsable de la dirección, supervisión y control del servicio parlamentario y del uso de los bienes del parlamento; y el presidente tiene funciones de dirección política e institucional, no de administración operativa de bienes. Por ello, no cabe responsabilizar al presidente ni al primer vicepresidente encargado de la Presidencia por actos operativos de servidores d) Hay ausencia de prueba mínima y vulneración del estándar probatorio, debido a que el expediente evidencia: a) falta de individualización inicial del servidor; b) inexistencia de nexo causal entre el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso y el uso de la cámara; y c) ausencia de evidencia de conocimiento, orden o autorización. e) Según el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el Expediente Nº 01553- 2023- PA/TC (fundamento 30), la responsabilidad no puede derivarse de la mera posición jerárquica; ya que debe acreditarse la conducta propia, individualizada y relevante jurídicamente. Tanto es así que el principio de con fi anza impide imputar actos de terceros cuando existe reparto funcional de competencias. Así, en este caso: a) el señor recurrente con fi ó y debía con fi ar en la O fi cialía Mayor para la administración de bienes, b) no existe prueba de quebrantamiento del deber de garante, y c) extender responsabilidad por el solo cargo constituye responsabilidad objetiva prohibida. f) Finalmente, existe una vulneración a la debida motivación, toda vez que la resolución no explica a) cómo una omisión no prevista en el tipo puede subsumirse en el subnumeral 32.1.2, b) qué acto concreto del señor recurrente con fi gura favorecimiento político, c) cómo se cumplen las condiciones del artículo 33, d) cuál es la prueba que vincula al primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso con el hecho. 1.9. A través de la Resolución Nº 00170-2025-JEE- PCYO/JNE del 19 de noviembre, se concedió el recurso de apelación solicitado por el señor recurrente; en