Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO 2026 (13/01/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 148

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 54

54 NORMAS LEGALES Martes 13 de enero de 2026 El Peruano / o servidor público, para que actúen conforme a sus atribuciones. Caso contrario, el JEE de considerar que no se ha incurrido en alguna infracción, dispondrá el archivo del expediente. En el Reglamento de noti fi caciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales mediante Casilla Electrónica 3 (en adelante, Reglamento) 1.8. El artículo 14 contempla lo siguiente: Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica Todas las partes de los procesos jurisdiccionales electorales y no electorales son noti fi cadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas. En caso de que los sujetos antes mencionados no cuenten con casilla electrónica o en caso de que esta se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por noti fi cados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación: <https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/ fi ltros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, etc.). <https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE. De manera excepcional, en los expedientes no vinculados a procesos electorales, la parte procesal que no ha iniciado dicho expediente ante el JNE, que no tenga casilla electrónica, solo el primer pronunciamiento podrá ser noti fi cado -por única vez- en formato papel en el domicilio registrado en el documento nacional de identidad. Segundo.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETOSobre el principio de neutralidad2.1. Se advierte que el Congreso Constituyente de 1993 elevó la neutralidad estatal como principio constitucional que debe regir durante el desarrollo de todos los procesos electorales o de participación ciudadana, es decir, que, en el desenvolvimiento de estos procesos, se le impone un deber a todas las autoridades, funcionarios o servidores del Estado, para que no inter fi eran en el normal desenvolvimiento de estos procesos. Este principio ha sido desarrollado en la normativa electoral (ver SN 1.3., 1.5. y 1.6.). 2.2. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la LOE establece prohibiciones a toda autoridad política o pública, en el marco de un proceso electoral (ver SN 1.3.); en ese sentido, el Pleno del JNE emitió el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, regulando, entre otros, el tratamiento al deber de neutralidad que debe guiar el actuar de todo representante del Estado. 2.3. Así pues, conforme a lo establecido en el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad (ver SN 1.7.), cuando una autoridad política o pública infringe el deber de neutralidad, no se inicia un procedimiento sancionador, sino que se realizan las actuaciones necesarias para recabar la información su fi ciente, con la fi nalidad de emitir una decisión fundamentada sobre la existencia de una vulneración al principio de neutralidad. Respecto del caso concreto2.4. En este caso, es materia de cuestionamiento la decisión del JEE que determinó que el señor recurrente, como alcalde la Municipalidad Metropolitana de Lima, incurrió en la infracción que formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato, prevista en el subnumeral 32.1.5. del numeral 32.1. del artículo 32 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad (ver SN 1.5.). La decisión se sustentó en que el señor recurrente ha realizado la difusión de propaganda electoral en favor de su OP, en la circunscripción del departamento de Huancayo. 2.5. Con relación a la infracción imputada al señor recurrente, en el recurso de apelación, sostiene que en el presente caso se está asumiendo y a fi rmando la comisión de infracción al principio de neutralidad sin que existan medios probatorios su fi cientes que determinen su participación en los hechos imputados. 2.6. En tal sentido, corresponde evaluar si, en este caso, la conducta del señor recurrente se subsume dentro del supuesto previsto en el subnumeral 32.1.5. del numeral 32.1. del artículo 32 del Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad. 2.7. En el Informe Nº 000067-2025-MCP- JEEHUANCAYO-EG2026/JNE, del 12 de julio de 2025, emitido por la coordinadora de fi scalización del JEE, se detalla las acciones realizadas a efectos de determinar si el señor recurrente vulneró el principio de neutralidad. De ahí que, en mérito a la veri fi cación efectuada, se observan elementos publicitarios en las cuales se aprecia el uso de la imagen y/o nombre del actual exalcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, acompañado del símbolo y/o nombre de la OP. 2.8. Ante lo expuesto, no se advierte que los elementos verifi cados cumplan las condiciones exigidas por el Reglamento de Propaganda, Publicidad y Neutralidad, respecto de la infracción al deber de neutralidad, prevista en el subnumeral 32.1.5., puesto que el señor recurrente no ha realizado propaganda a favor o en contra de alguna organización política o candidato. 2.9. Dicho ello, el JEE, en la resolución impugnada, presenta una falta de motivación, puesto que no se acreditó de forma indubitable que el señor recurrente de manera directa o indirecta ha tenido incidencia en los elementos publicitarios señalados, siendo este hecho el medular a fi n de determinar si la infracción al deber de neutralidad ha sido quebrantada. 2.10. Debe destacarse que la sola pertenencia a un comité u organismo político no constituye, por sí misma, una infracción directa. Entenderlo de esa manera implicaría adoptar una interpretación rígida y literalista que, lejos de proteger el principio de neutralidad, afectaría de manera desproporcionada el derecho fundamental a la participación política, reconocido por la Constitución. Tal interpretación constituiría una restricción exorbitante, en la medida que limitaría el ejercicio de derechos políticos más allá de lo necesario para proteger el bien jurídico en juego, lo cual genera un efecto disuasorio injusti fi cado. Por ello, el análisis debe realizarse bajo un criterio de ponderación constitucional, evaluando en cada caso la necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta de la restricción. En este caso, debe ponderarse, de un lado, el principio de neutralidad estatal, que exige que las autoridades se abstengan de interferir en el proceso electoral; y, de otro, el derecho de participación política que asiste a toda persona, incluyendo a quienes ejercen funciones públicas. Solo una interpretación que armonice ambos principios permite alcanzar un equilibrio constitucional adecuado. En tal sentido, el criterio de evaluación no puede limitarse a la mera constatación formal de la pertenencia a un comité político, sino que debe atender al contenido material de la conducta, sus circunstancias, contexto y fi nalidad. Para que se con fi gure la infracción materia de análisis, se requiere acreditar la realización de actos concretos, activos o pasivos, que en el contexto electoral constituyan propaganda, favorecimiento o perjuicio efectivo hacia determinada organización política o candidato, en contravención de las normas de neutralidad. Finalmente, el Pleno del JNE, en ejercicio de su criterio de conciencia previsto por la Constitución 4 y la legislación