Norma Legal Oficial del día 02 de enero del año 2020 (02/01/2020)

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NORMAS LEGALES

Jueves 2 de enero de 2020 /

El Peruano

mes de setiembre se desarrolló un proceso de priorización y validación de los compromisos propuestos en la etapa de co-creación. Dicho proceso consistió en una serie de reuniones de coordinación con todas aquellas entidades que asumirían el liderazgo de los compromisos. Proceso de priorización y validación El objetivo de esta etapa fue analizar las propuestas a iniciativas viables en el término de 2 años durante los cuales estará vigente el IV PAGA; así como evaluar si las propuestas se encuentran dentro del marco de competencias legales de las entidades, respetando el marco normativo nacional y verificando la disponibilidad de recursos económicos y humanos para el cumplimiento de los compromisos. Como producto de los 5 talleres desarrollados para la co-creación del IV PAGA, se definieron un total de 35 compromisos distribuidos para las 9 materias priorizadas. En ese sentido, la Secretaría de Gestión Pública delimitó la responsabilidad de cada uno de estos compromisos dirigido a establecer las coordinaciones correspondientes con las entidades del sector público que asumirían su cumplimiento. En tal sentido, se comunicó a cada una de las entidades involucradas sobre los compromisos que estarían a su cargo solicitando que se realice un análisis interno sobre la viabilidad, pertinencia y eficiencia de los compromisos propuestos. Para ello, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo con cada una de estas entidades, con el fin de establecer su posición e inquietudes sobre los pasos de aprobación de los compromisos que serían asumidos. La Secretaría de Gestión Pública, como paso previo a estas coordinaciones, estableció una valoración propia en cada una de las materias priorizadas, tranzando como objetivo el proponer a las entidades la fusión, depuración o validación de los distintos compromisos. De este modo, las entidades públicas fueron adecuando los compromisos hacia el fortalecimiento de los principios de Gobierno Abierto. Las iniciativas que no agregaban valor a los principios, las que ya venían siendo impulsadas por las entidades o que constituyen un mandato obligatorio propio de la entidad, fueron candidatas a ser depuradas. De otro lado, algunos compromisos propuestos fueron fusionados debido a su complementariedad en aras de integrar esfuerzos y fortalecer las propuestas. Como resultado de estas coordinaciones, de los 35 compromisos propuestos, se validaron un total de 22, los cuales se plasmaron tanto en forma virtual y física en Fichas de Compromiso acorde a los formatos establecidos por la OGP. Cabe resaltar, que en el marco de las reuniones con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Justicia, se plantearon nuevas propuestas de compromisos en salud, programas sociales y justicia. Con dichas adhesiones sumaron un total de 25 compromisos validados. Tanto los compromisos depurados, validados y nuevos, fueron compartidos en una reunión final de retroalimentación, realizada el día 15 de octubre en la Escuela Nacional de Administración Pública ­ ENAP; la cual sirvió además para validar el funcionamiento del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, en la cual se contó con la participación de las entidades públicas que lideran los compromisos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional, gremios empresariales y sector académico. En relación a esta última actividad de retroalimentación con los diversos actores involucrados, es importante destacar que el objetivo no solo fue mostrar los resultados del proceso de priorización y análisis de la viabilidad, sino que se buscó contar con sugerencias, comentarios y observaciones, que fueron tomadas en cuenta para mejorar y validar la lista final de compromisos de este IV PAGA. Cabe resaltar que en esta actividad se dieron, principalmente, consultas por parte de los actores, respecto al funcionamiento y la implementación de los compromisos propuestos. Para ello, la reunión contó con la participación de los equipos técnicos de los diversos ministerios y entidades responsables de los compromisos, quienes absolvieron las consultas formuladas. Debido a que en las temáticas de salud y programas sociales se superó el número de compromisos planificados, obteniendo nuevas propuestas formuladas

por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, respectivamente, se planteó realizar una consulta virtual con el fin de poner a votación los 4 compromisos que conforman a cada materia. Del total de estos 8 compromisos en materia de salud y programas sociales, se buscó priorizar 6 de ellos. En ese sentido, se llevó a cabo una consulta virtual para los participantes de la mesa de trabajo realizada el 15 de octubre. Luego de la consulta, se priorizaron 6 compromisos, quedando fuera un compromiso por cada materia en consulta, llegándose a un total de 23 compromisos que fueron puestos en consideración de las instancias revisoras de los proyectos normativos propuestos por el Poder Ejecutivo. c. Etapa de aprobación y difusión Esta etapa comprendió la elaboración de informes que sustentan la aprobación del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú 2020-2021, el cual debido a la relevancia de contar con propuestas co-creadas desde un enfoque participativo y descentralizado, en el que se sumó la participación de entidades que trascienden al Poder Ejecutivo, se tomó la decisión de aprobarlo a través de un decreto supremo. Dicho instrumento normativo se sitúa en el más alto nivel reglamentario en el ordenamiento jurídico del Perú; por lo que otorga al Plan de Acción de un marco de sostenibilidad que permita trascender a las diversas gestiones y autoridades a cargo de su cumplimiento. Dicho ello, es oportuno precisar que, en el ámbito del poder ejecutivo, los proyectos normativos de carácter multisectorial cuentan con una instancia de revisión previa denominada Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV, la cual tiene como función opinar de manera sustentada sobre los proyectos de Ley, proyectos de Decretos Legislativos, proyectos de Decretos de Urgencia, proyectos de Decretos Supremos y proyectos de Resoluciones Supremas, que requieren el voto aprobatorio del Consejo de Ministros o versen sobre temas multisectoriales, que sean puestos a consideración por uno de sus miembros. En dicha instancia de revisión, el presente Plan recibió diversas observaciones dentro de las cuales destaca la posición del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el cual propone eliminar dos compromisos previamente validados. Al respecto, el compromiso orientado a "Implementar Unidades de Integridad en los siete (7) Programas Sociales Adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social" es retirado bajo el argumento que la implementación de la función integridad no supone el crecimiento de la estructura orgánica de las entidades, sino la implementación de las funciones vinculadas a la materia. Para ello, el MIDIS ya cuenta con una Oficina de Integridad a cargo de la implementación de dichas funciones, siendo esto suficiente para el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP, que regula los Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública. Asimismo, se retira el compromiso de "Fortalecer las capacidades del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana ­ CTVC a fin de promover el control social", bajo el argumento que si bien el fortalecimiento de las competencias de los miembros del CTVC es importante; en el contexto del Gobierno Abierto, no es un compromiso directo a la población, sino una articulación entre actores del MIDIS que se puede realizar independientemente del Plan de Acción de Gobierno Abierto. Adicionalmente, la naturaleza del CTVC es mantener la independencia e imparcialidad sobre las actividades de veeduría y el sistema de alertas de control social que provee el CTVC. Si bien el fortalecimiento de capacidades es necesario para armonizar criterios, este fortalecimiento también debe contemplar un criterio de imparcialidad, por lo que se recomienda realizar dichas funciones a través de otras entidades que no sean juez y parte del proceso de provisión de bienes y servicios. Atendiendo a dichas consideraciones, las observaciones planteadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fueron acogidas, por lo que se procedió a la depuración de compromisos antes detallados; concluyendo así en un total de 21 compromisos que forman parte del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú 2020-2021 "Rumbo al Bicentenario".