Fuente: Diario Oficial El Peruano.
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38 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / SN 1.3.), comporta la suspensión de las transferencias posteriores, entre ellas, la transferencia por el periodo de mayo a diciembre de 2023, que es materia de cuestionamiento. 2.14. Siendo así, estos hechos desvirtúan la imputación atribuida a la señora recurrente, en razón a que la transferencia de recursos del periodo de mayo a diciembre de 2023 no se realizó de forma tardía como equivocadamente sostiene el señor ciudadano; por el contrario, dicha transferencia se efectuó el 31 de enero de 2024, cuando aún estaba amparada la suspensión de tal transferencia debido al incumplimiento de rendición de la utilización de recursos por parte de la municipalidad del centro poblado. [Resaltados agregados] En el Reglamento de noti fi caciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones 7 (en adelante, Reglamento ) 1.18. El artículo 14 regula lo siguiente: Artículo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son noti fi cadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas. En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por noti fi cados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del día hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vínculos que se indican a continuación: <https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/ fi ltros>, para expedientes jurisdiccionales de procesos electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla del respectivo proceso electoral (ejemplos: ERM, EG, EMC, CPR, entre otros). <https://consultaexpediente.jne.gob.pe/>, para expedientes jurisdiccionales de procesos no electorales, cuya nomenclatura inicia con la sigla JNE. SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO2.1. Antes del examen de la materia en controversia, de la cali fi cación del recurso de apelación se advierte que este cumple con las exigencias previstas en los artículos 358 y 366 del TUO del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en esta instancia. 2.2. Este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de la función jurisdiccional conferida por la Norma Fundamental (ver SN 1.1.), sobre la base del citado recurso impugnatorio, debe determinar si la decisión adoptada por el Concejo Distrital de Neshuya, que aprobó la solicitud de suspensión presentado por el señor solicitante en contra de la señora alcaldesa se encuentra conforme a ley. Análisis del caso concreto 2.3. De conformidad con las Resoluciones N° 0717- 2011-JNE, N° 0763-2011-JNE, N° 0059- 2012-JNE, N° 184-2012-JNE, N° 0563-2016-JNE, N° 1027-2016-JNE y N° 0418-2017- JNE, entre otras, que constituyen jurisprudencia consolidada de este máximo órgano jurisdiccional, para el trámite del procedimiento de suspensión debe aplicarse supletoriamente lo estipulado en el artículo 23 de LOM (ver SN 1.2.), referido al trámite de la vacancia. Esto implica que el pedido de suspensión debe cumplir con ciertos requisitos, tales como estar debidamente fundamentado y sustentado, con la prueba que corresponda, según la causal. De esta manera, debe ser resuelto por el concejo municipal, bajo el procedimiento establecido por la LOM y el TUO de la LPAG. 2.4. Así, este órgano colegiado ha destacado la naturaleza especial de los procedimientos de vacancia y suspensión de autoridades municipales, debido a que el ordenamiento jurídico electoral determina que estos se tramitan, en primera instancia, por un órgano de naturaleza administrativa -el concejo municipal- y, en segunda y de fi nitiva instancia, por uno de naturaleza jurisdiccional -el Pleno del JNE-. 2.5. Respecto al procedimiento de suspensión de alcaldes y regidores de los concejos municipales, cuyo trámite se desarrolla inicialmente en las municipalidades, se debe señalar que está compuesto por una serie de actos encaminados a demostrar la existencia o no de la comisión de alguna de las causales previstas en el artículo 25 de la LOM. Ello exige el cumplimiento de las garantías propias del procedimiento administrativo, más aún si se trata de uno de tipo sancionador, pues, de constatarse que se ha incurrido en la causal invocada, se declarará la suspensión en el cargo de la autoridad y se le retirará, provisionalmente, la credencial otorgada como consecuencia del proceso electoral en el que fue elegida. 2.6. El último párrafo del artículo 133 de la LOM (ver SN 1.4.) estipula una nueva causal de suspensión del cargo de alcalde distrital y provincial, en adición a las causales ya determinadas en el artículo 25 de la propia ley. Asimismo, el artículo 134 de la LOM (ver SN 1.7.) prevé determinadas reglas que complementan los supuestos de hecho de la referida causal. recursos a las municipalidades de centros poblados y el destino que estas le den a dichos recursos, debe hacerse con arreglo a la normativa presupuestal vigente. 2.7. Por otro lado, si bien este Supremo Tribunal Electoral -en observancia de los artículos 133 y 134 de la LOM- establece que el incumplimiento de la transferencia de los recursos a las municipalidades de centros poblados, acarrea la imposición de la sanción por causal de suspensión del alcalde provincial o distrital responsable (ver SN 1.4.), debe tenerse presente que el citado artículo 133 y la norma que lo precisa -artículo 2 de la Ley N° 31970 (ver SN 1.4 y 1.6)-, prescriben que la entrega de los recursos a las municipalidades de centros poblados y el destino que estas le den a dichos recursos, debe hacerse con arreglo a la normativa presupuestal vigente. Sobre la cuestión de fondo 2.8. En el presente caso, es materia de apelación el Acuerdo de Concejo Extraordinario N° 002-2025-CM-MDN, del 21 de agosto de 2025, que aprobó la solicitud de suspensión presentada por el señor solicitante en contra de la señora alcaldesa por la causal prevista en el artículo 133 de la LOM, conforme se desprende del contenido del escrito de apelación. 2.9. Sobre el particular, se advierte que se solicitó la suspensión de la señora alcaldesa porque no habría efectuado la transferencia de recursos a la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Rosa de Guinea en los meses de octubre, noviembre y diciembre del Año Fiscal 2024, así como de los meses de abril y mayo de 2025. 2.10. Al respecto, de la lectura conjunta de los artículos 133 y 134 de la LOM (ver SN 1.4. y 1.6.), se advierte que, si bien el alcalde distrital o provincial tiene el deber de transferir recursos a las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción para el cumplimiento de las funciones delegadas, dicha obligación no es absoluta ni incondicionada. En efecto, el propio artículo 134 establece que el alcalde de la municipalidad de centro poblado debe informar mensualmente sobre la utilización de dichos recursos a su concejo municipal y a la municipalidad delegante, así como rendir cuentas anualmente a la población en acto público. Por ello, el incumplimiento de este deber de información faculta la suspensión de la entrega de recursos por parte de la municipalidad provincial o distrital, según corresponda. 2.11. Ahora bien, si bien la solicitud de suspensión data del 13 de agosto de 2025, y el Acuerdo de Concejo Extraordinario N° 002-2025-CM-MDN fue emitido el 21 de agosto de 2025, fechas comprendidas dentro del periodo vacatio legis establecido por la ley N° 32387, corresponde tener presente, ante esta instancia electoral, que los hechos que sustentan la imputación materia de