Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (05/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 236

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 53

53 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / de los principios de legalidad ni tipicidad, puesto que la conducta infractora se encontraba previamente prevista en la ley y la actuación administrativa se limitó a veri fi car la adecuación de los hechos acreditados al supuesto normativo aplicable. Segundo agravio: inexistencia de nexo causal, falta de materialidad y vulneración del principio de razonabilidad 2.19. El señor recurrente sostiene que el órgano sancionador no habría acreditado afectación concreta al bien jurídico tutelado ni perjuicio material derivado de los gastos observados, alegando además que los montos en referencia serían marginales y carentes de relevancia sancionadora. 2.20. Sobre el particular, corresponde precisar que la infracción imputada a la OP se con fi gura con la sola utilización del FPD para fi nes distintos a los autorizados legalmente, sin que la norma exija la acreditación de un daño patrimonial efectivo, cuanti fi cable para la confi guración de responsabilidad administrativa. 2.21. En efecto, el bien jurídico tutelado en este tipo de infracciones está constituido por la correcta administración, transparencia y control en el uso de recursos públicos asignados a las organizaciones políticas, atendiendo a que dichos fondos provienen del Presupuesto General de la República y se encuentran sujetos a fi nalidades especí fi cas establecidas en la normativa vigente (ver SN 1.5.). 2.22. Asimismo, el argumento referido por el recurrente en cuanto a la escasa cuantía de los gastos observados no resulta su fi ciente para excluir responsabilidad administrativa, toda vez que el tipo infractor no condiciona su con fi guración a la existencia de un monto mínimo o porcentaje determinado de utilización indebida del FPD. 2.23. Respecto de la alegada vulneración del principio de razonabilidad (ver SN 1.15.), se advierte que la sanción impuesta se encuentra comprendida dentro de los márgenes previstos por el literal c del artículo 36-A de la LOP (ver SN 1.7.), el cual establece para las infracciones muy graves una multa no menor de 31 (treinta y uno) ni mayor de cien (100) UIT, además de la pérdida parcial del FPD. 2.24. En consecuencia, la sanción impuesta responde a los parámetros establecidos legalmente para las infracciones cali fi cadas como muy graves, no advirtiéndose arbitrariedad ni desproporción mani fi esta en su determinación que permita cuestionar la validez del acto administrativo impugnado. Tercer agravio: motivación insu fi ciente y vulneración del debido procedimiento 2.25. Respecto del argumento formulado en el recurso de apelación, referido a que la resolución impugnada contendría una motivación aparente e insu fi ciente al no desarrollar adecuadamente las razones por las cuales determinados gastos no guardaban relación con las actividades autorizadas por la LOP, corresponde señalar que dicho cuestionamiento carece de sustento. 2.26. En efecto, de la revisión integral de los actuados que sustentan el PAS, se advierte que el órgano sancionador desarrolló de manera expresa los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron la determinación de responsabilidad administrativa a la OP, precisando que los gastos observados no podían ser considerados gastos válidos de funcionamiento ordinario ni de actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. 2.27. Asimismo, el órgano sancionador explicó que los gastos fi nanciados con recursos provenientes del FPD debían encontrarse vinculados directamente con actividades consustanciales al objeto de la OP, y que la sola presentación de comprobantes de pago no resultaba sufi ciente para acreditar dicha vinculación cuando no existían elementos objetivos adicionales que permitieran verifi car la necesidad o pertinencia del gasto para las fi nalidades legalmente autorizadas. 2.28. En tal sentido, no resulta amparable el argumento del recurrente, pues la resolución impugnada sí contiene una exposición clara y congruente de los hechos acreditados, la norma aplicable en este caso y las razones que justi fi caron la decisión adoptada, cumpliéndose con el deber de motivación. Cabe precisar que este no exige una extensión argumentativa o reiterativa, sino que la autoridad sancionadora exponga de manera su fi ciente las razones esenciales que sustentan su decisión, permitiendo al administrado comprender las causas de la medida adoptada y ejercer adecuadamente su derecho de defensa, lo cual ocurrió en el presente caso (ver SN 1.15.). 2.29. En consecuencia, no se advierte vulneración del deber de motivación ni afectación al debido procedimiento, por lo que corresponde desestimar el presente extremo del recurso de apelación. Cuarto agravio: errónea determinación de la culpa y vulneración del principio de culpabilidad 2.30. Respecto de la alegada vulneración del principio de culpabilidad, corresponde señalar que la responsabilidad atribuida a la OP no se sustenta en un régimen de responsabilidad objetiva, sino en el incumplimiento del deber reforzado de diligencia y control que recae sobre las organizaciones políticas en materia de fi nanciamiento partidario. 2.31. En cuanto a la presunta responsabilidad objetiva, corresponde señalar que el órgano sancionador no dispuso aplicar la sanción por la mera existencia de una infracción, sino por incumplir el deber de diligencia que le correspondía en la administración y ejecución de recursos públicos sujetos a control y fi scalización. 2.32. Ahora bien, debe considerarse que, conforme al principio de publicidad normativa, las normas debidamente publicadas son obligatorias y se presumen conocidas por los administrados, más aún si se trata de organizaciones políticas bene fi ciarias de FPD, quienes tienen el deber prioritario de administrar dichos recursos con estricta observancia del marco legal vigente (ver SN 1.5., 1.11., y 1.13.). 2.33. Por tanto, se advierte que el órgano sancionador sí efectuó un análisis de la responsabilidad subjetiva de la OP, descartándose la existencia de responsabilidad objetiva encubierta o vulneración al principio de culpabilidad previsto en el artículo 230 del TUO de la LPAG. Quinto agravio: vulneración del principio de predictibilidad 2.34. En lo que respecta a la presunta vulneración del principio de predictibilidad, es pertinente señalar que dicho principio exige que las actuaciones de la administración sean congruentes con el ordenamiento jurídico vigente y con criterios razonablemente previsibles para los administrados (ver SN 1.15.). 2.35. En el presente caso, los conceptos de gasto autorizados para la utilización del FPD se encuentran expresamente regulados en el artículo 29 de la LOP y el artículo 26 del Reglamento FSFP, normas que delimitan los gastos vinculados al funcionamiento ordinario y a las actividades como la formación, capacitación, investigación y difusión (ver SN 1.5. y 1.13.). 2.36. En ese contexto, es razonablemente previsible para la OP identi fi car qué gastos guardaban relación directa con las fi nalidades autorizadas por ley y cuales excedían dicho marco normativo, más aún si se considera que el FPD constituye una subvención estatal sujeta a control y fi scalización posterior. 2.37. Asimismo, no se advierte que el órgano sancionador haya incorporado criterios nuevos o imprevisibles en la evaluación de los gastos observados, puesto que el análisis efectuado se sustentó en las disposiciones legales vigentes, limitándose a veri fi car si los gastos declarados se encontraban comprendidos dentro de los supuestos permitidos por la normativa aplicable. 2.38. En consecuencia, no se acredita vulneración al principio de predictibilidad o con fi anza legítima, por lo que corresponde desestimar también este extremo. Pretensión subordinada: disponer el archivo del PAS por inexistencia de infracción válida y vulneración de garantías sustanciales.