Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (05/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 236

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 42

42 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / se le informó que quien fi rmó el Acta de Conformidad de Servicios Nº 5826-2025 y la Conformidad de Servicio fue el secretario general de la Municipalidad Distrital de Manantay. Dichos documentos no podían ser fedateados, debido a que los originales cuentan con la fi rma electrónica que se encuentra registrada en el sistema de trámite documentario (SISTRADOC). c) En la respuesta brindada a la señora recurrente, se adjuntó el documento original con fi rma digital del secretario general de la entidad municipal. Por ello, los documentos presentados por la señora recurrente contendrían información inexacta y, además, no obrarían en los archivos de la entidad. En consecuencia, considera que debe rechazarse la solicitud de vacancia presentada en su contra. Decisión del concejo municipal 1.4. En la sesión extraordinaria de concejo realizada el 5 de marzo de 2026, el Concejo Distrital de Manantay rechazó la solicitud de vacancia presentada por la señora recurrente contra el señor regidor con cuatro (4) votos a favor y cinco (5) votos en contra. El señor regidor se abstuvo de votar en dicha sesión. 1.5. Dicha decisión se formalizó a través del Acuerdo de Concejo Nº 015-2026-MDM, de la misma fecha. SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS 2.1. El 12 de marzo de 2026, la señora recurrente interpuso recurso de apelación en contra del Acuerdo de Concejo Nº 015-2026-MDM, del 5 de marzo de 2026, con los siguientes argumentos: a) No se han valorado correctamente los medios probatorios ni los hechos, pues se ha acreditado objetivamente que el señor regidor intervino directamente en actos propios de la administración municipal al fi rmar la conformidad de servicio, y participar activamente en la fase de ejecución contractual, con lo cual se con fi guraría la causal de vacancia. b) La conformidad de servicio constituye un acto administrativo propio de la gestión municipal, por lo que la emisión de dicha conformidad constituye una función administrativa. c) El señor proveedor, al inicio de sus actividades, ha consignado como responsable del área usuaria al señor regidor, quien ha fi rmado la conformidad del servicio. Asimismo, el señor regidor no ha cuestionado la autenticidad de su fi rma. Por tanto, habría asumido funciones incompatibles con su labor fi scalizadora. d) El Concejo Distrital de Manantay decidió rechazar la solicitud de vacancia sin realizar un análisis jurídico adecuado de la conducta del señor regidor ni efectuar una valoración objetiva de los medios probatorios aportados durante el procedimiento, omitiendo cumplir con el deber de motivación de los actos administrativos que rige a toda entidad pública. CONSIDERANDOS PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) En la Constitución Política del Perú 1.1. El numeral 4 del artículo 178 indica, como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la administración de justicia en materia electoral. 1.2. El artículo 181 señala: Artículo 181.- Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia fi nal, de fi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.En el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 1 1.3. El artículo IV del Título Preliminar precisa: Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron conferidas. 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser noti fi cados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 1.3. Principio de impulso de o fi cio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de o fi cio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califi quen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 1.5. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos a fi rman. Esta presunción admite prueba en contrario. […]1.10. Principio de e fi cacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la fi nalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión fi nal, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la fi nalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la fi nalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá veri fi car plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a veri fi car por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signi fi que una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a