Diario oficial El Peruano

NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 (05/08/2026)

CANTIDAD DE PAGINAS: 236

Fuente: Diario Oficial El Peruano.

TEXTO PAGINA: 50

50 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / 1.9. El artículo 45 menciona: Artículo 45.- Prescripción La facultad para determinar la existencia de una infracción administrativa e iniciar el procedimiento administrativo sancionador respectivo, prescribe a los cuatro (4) años para el caso de las organizaciones políticas, personas jurídicas distintas a éstas, personas naturales distintas a las personas candidatas, promotores y autoridades sometidas a consulta popular de revocatoria, un (1) año para el caso de personas candidatas a cargos de elección popular y seis (6) meses para las infracciones instantáneas relacionadas a las obligaciones fi nancieras y contables ligadas al informe fi nanciero anual. […] 1.10. El artículo 48 señala lo siguiente: Artículo 48.- Capacidad Procesal El personero legal, tesorero o representante legal de una organización política , la persona candidata a cargo de elección popular, el promotor o la autoridad sometida a consulta de revocatoria o, el representante legal de la persona jurídica, según corresponda, se encuentra debidamente legitimado para interponer recursos administrativos contra las resoluciones emitidas por la ONPE [resaltado agregado]. En el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE 3 (en adelante, Reglamento FSFP) 1.11. El artículo 16 dispone: Artículo 18.- Responsabilidades Las/os tesoreras/os y las/os representantes legales de los partidos políticos y alianzas electorales receptoras de fondos del fi nanciamiento público directo son responsables de destinar esta subvención a los fi nes señalados en la LOP. En caso contrario, la ONPE comunica tales hechos a las autoridades competentes. […] 1.12. El artículo 22 menciona lo siguiente: Artículo 22.- Actividades de difusión Se entiende por actividad de difusión, divulgar las diversas actividades relacionadas a la formación, capacitación e investigación a través de los medios de comunicación, con la fi nalidad de mantener informados a los a fi liados y a la ciudadanía en general. En el caso de la contratación en medios masivos como radio y televisión, deben estar autorizados por la entidad competente, con registro de contribuyente activo y con condición de habido. 1.13. El artículo 26 regula lo siguiente: Artículo 26.- Sobre los conceptos de gasto por actividades y funcionamiento ordinario […]26.1 Por funcionamiento ordinario:a) Gastos de Personal: referidos a sueldos, salarios, seguridad y previsión social. Sera acreditado con la planilla de remuneraciones, contrato de trabajo, boleta de pago, control de asistencia u otros medios sustentatorios. […]26.2 Por actividades de formación, capacitación, investigación y difusión: a) Por honorarios de las/os expositoras/es o investigadoras/es. b) Por alquiler de local, mobiliario, equipos para las actividades. c) Por útiles de o fi cina, impresiones y material didáctico utilizados en la actividad. d) Por adquisición de material bibliográ fi co y/o hemerográ fi co. e) Por producción de materiales audiovisuales. f) Por difusión de las actividades de formación, capacitación e investigación.g) Otros vinculados con las actividades de formación, capacitación e investigación. […] En el Estatuto de la organización política Renovación Popular (en adelante, Estatuto de la OP) 1.14. El artículo 46 señala que: Artículo 46.- Personeros legales inscritos ante el JNE […]Para el ejercicio de sus funciones, gozan de todas las prerrogativas y obligaciones que las normas electorales establecen para quienes ejercen la personería de un partido político; representan al partido ante las entidades del Sistema Electoral y autoridades electorales, nacionales o internacionales. […] En el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 4 (en adelante, TUO de la LPAG) 1.15. El artículo IV del Título Preliminar preceptúa lo siguiente: 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron conferidas. 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser noti fi cados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten […]1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califi quen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. […]1.15. Principio de predictibilidad o de con fi anza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y con fi able sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. […] 1.16. El artículo 230, respecto a la potestad sancionadora administrativa, regula lo siguiente: