Fuente: Diario Oficial El Peruano.
TEXTO PAGINA: 49
49 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de agosto de 2026 El Peruano / el artículo 29 de la LOP, pese a que dicho concepto constituiría una cláusula jurídica indeterminada que carece de desarrollo reglamentario y de criterios previamente establecidos. b) Se habría incurrido en una interpretación extensiva y discrecional de la norma sancionadora, construyendo ex post facto los criterios para determinar qué gastos son permitidos y cuales no son permitidos. c) No existe nexo causal ni afectación material al bien jurídico protegido, toda vez que la resolución impugnada no habría acreditado de manera concreta el perjuicio ocasionado ni la vinculación especí fi ca entre los recursos del FPD y los gastos cuestionados. d) La sanción impuesta resultaría desproporcionada, al haberse aplicado una sanción tipi fi cada como muy grave respecto de gastos que, a criterio de la OP, serían de escasa cuantía y mínima trascendencia. e) Por otro lado, se habría vulnerado el principio de culpabilidad, dado que el órgano sancionador presume la existencia de negligencia únicamente sobre la base del principio de publicidad normativa, sin acreditar conducta culposa concreta atribuible a la OP. f) Asimismo, respecto de la resolución impugnada, esta adolecería de motivación insu fi ciente, debido a que no explica de manera concreta e individualizada por qué determinados gastos -como alimentación, pasajes e intereses- no guardan relación con las actividades autorizadas por la LOP. g) Finalmente, sostiene que se trasgrede el principio de predictibilidad, en tanto el órgano sancionador aplicó criterios interpretativos no o fi cializados previamente respecto del concepto de gasto permitido con recurso del fi nanciamiento público directo. CONSIDERANDOS PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) En la Constitución Política del Perú1.1. Los numerales 3 y 4 del artículo 178 establecen, como atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones, así como la administración de justicia en materia electoral. 1.2. El artículo 181, sobre las resoluciones del JNE, determina que: El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia fi nal, de fi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional Elecciones (en adelante, LOJNE) 1.3. El literal a del artículo 5 determina que es función de este órgano colegiado, entre otras, administrar justicia, en instancia fi nal, en materia electoral. En la LOP 1.4. El sexto párrafo del artículo 4 establece que: Artículo 4.- Registro de Organizaciones Políticas […]Los representantes legales del partido político gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario del Estatuto. […] 1.5. El artículo 29 dispone lo siguiente: Artículo 29.- Financiamiento público directo: […]29.3. Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados, durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, conforme a las siguientes reglas: a) Hasta el 50 % del fi nanciamiento público directo recibido para ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política, así como para la contratación de personal y servicios diversos, los que incluyen servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política y a sus directivos, representantes y voceros en el ejercicio de cargo. En caso de dictarse sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, se debe devolver el dinero empleado para tal fi n. b) No menos del 50 % del fi nanciamiento público directo recibido para ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales convocados e involucrar realización de encuestas, desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales y procesamiento masivo de datos, así como la implementación o mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación como publicaciones en medios físicos o digitales u otras homólogas. […] 1.6. El numeral 7 del literal c del artículo 36 prescribe que: Artículo 36.- Infracciones […]c) Constituyen infracciones muy graves:[…]7. Utilizar el fi nanciamiento público directo para fi nes diferentes a los señalados en la presente ley. […] 1.7. El artículo 36-A establece que: Artículo 36.- Infracciones El jefe de la O fi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), previo informe de su Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, impone las sanciones siguientes: […]c) Por la comisión de infracciones muy graves, una multa no menor de treinta y uno (31) ni mayor de cien (100) unidades impositivas tributarias (UIT) y la pérdida del fi nanciamiento público directo. […] En el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de la O fi cina Nacional de Procesos Electorales 2 (en adelante, Reglamento del PAS) 1.8. El artículo 21 precisa: Artículo 21.- Ampliación o variación de la imputación de cargos Durante el desarrollo de las fases instructiva y resolutiva del procedimiento administrativo sancionador se debe tener por fi nalidad recabar elementos de convicción que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y permitan determinar la existencia de la responsabilidad administrativa que se atribuye al administrado, es probable que, como resultado de tales indagaciones, puedan descubrirse nuevos hechos pasibles de imputación, hechos relacionados con la imputación inicialmente formulada; o que incluso pueda variar la cali fi cación jurídica de dicha infracción. La Ampliación o variación de la imputación de cargos no modi fi ca el plazo del inicio del procedimiento administrativo sancionador y, puede realizarse como máximo hasta antes de la emisión de la resolución jefatural respectiva y debe ser comunicada al administrado para garantizar el ejercicio de su derecho de defensa.